La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

    Por cierto, que ya me extrañaría que los trabajadores de Metro fueran votantes del PP visto el largo historial de conflictos y que bastantes están afiliados a un sindicado anarco-sindicalista :)

    Para seguir profundizando:

    Si te ha gustado el artículo, que se entere todo el mundo.

    Muy bueno el análisis.
    Es una lástima que se oigan tantos comentarios a pie de calle criticando la posición de los trabajadores de Metro, y tan pocos sobre la “salvaje” gestión que hace la Comunidad de Madrid sobre los recursos públicos o sobre el abuso de fuerza que hacen las clases dirigentes de este país para pisotear y reirse de los trabajadores, incluso sea saltándose la Constitución.

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