El camino a la verdad empieza por preguntar el por qué de las cosas

Todo lo que ocurre tiene una causa, la conozcamos o no. Todas las decisiones que toma la gente tienen un motivo, lo compartamos o no. Detrás de cada comportamiento, por muy reprochable que nos pueda parecer, hay una razón, que es la que impulsa la acción. Conocer los motivos que se esconden detrás de cada cosa nos permite valorarlas adecuadamente, y tomar una decisión acertada en cada momento. Por desgracia, no estamos acostumbrados a indagar, ni se nos ayuda a pensar por nosotros mismos.

Dos son los agentes responsables, a mi entender, de la falta de interés generalizada en buscar respuestas por uno mismo: el sistema educativo y los medios de comunicación. Ninguno de los dos ayudan a las personas a desarrollar el pensamiento crítico y autónomo. En vez de eso, la función de estas instituciones se centra en facilitar de forma consistente las respuestas “correctas” (denominadas “conocimientos” o “información”) a todas las preguntas… de forma tan unánime que es difícil cuestionarse su veracidad.

El caso de los medios de comunicación es, quizá, más claro. Nos bombardean con una serie de hechos que supuestamente son representativos de la realidad, pero que ha sido seleccionados editorialmente por su interés (¿interés para quién?), sin indagar en las causas que los provocaron. De este modo, se anula la capacidad de raciocinio y se altera la percepción que tienen las masas de la realidad. Como dijo Michael Crichton, “El reto más grande al que se enfrenta la humanidad es la distinción de la realidad sobre la fantasía, la verdad sobre la propaganda”.

Esta manipulación es posible, en gran medida, gracias a que los sistemas educativos nos han preparado previamente. Dichos sistemas, basados en la transmisión y memorización de información más que en el descubrimiento y el aprendizaje, están diseñados como sistemas de instrucción para prepararnos para el mercado laboral, que ayudan a los alumnos a acostumbrarse a cumplir un horario, a repetir tareas y rutinas de comportamiento, y a aceptar el conocimiento tal y como nos es inculcado por la autoridad.

Desgraciadamente, la educación de nuestro tiempo no es una herramienta para promover la libertad, sino todo lo contrario. En vez de ayudarnos a desarrollar el pensamiento crítico y otros hábitos basados en el auto-descubrimiento y el auto-aprendizaje, mata la curiosidad y atrapa a las personas en una falsa realidad en la que es imposible hacer que las cosas sean como creemos que deberían.

Sin embargo, las cosas que creemos saber no son más que un conjunto de pre-juicios transmitidos culturalmente. Las certezas de “sentido común” se basan, como todas, en unas premisas que pudieron ser correctas en su momento, pero pueden no ser aplicables a nosotros ahora. De ahí la necesidad urgente de aprender a cuestionarse las cosas por sistema.

Por eso, no hay nada más importante para el ser humano que aprender a cuestionar sistemáticamente la validez de toda idea preconcebida, actitud que Sócrates resumió en aquello de “sólo sé que no se nada”. Una vez libres del peso de las verdades de los demás, nuestra razón puede buscar por si misma su propia verdad, la que es válida para nosotros.

La importancia de la ignorancia en la búsqueda de la verdad

El reconocimiento de nuestra propia ignorancia nos permite hacer preguntas de ignorante, que son precisamente las más importantes para comprender la realidad. Curiosamente, este tipo de preguntas son las que los niños suelen hacer a sus padres cuando aprenden a hablar… ¿por qué? y ¿cómo lo sabes?.

Preguntar es una forma de rebeldía contra la realidad, que nace del inconformismo con la situación actual y nos impulsa a conocer los motivos y las causas que hacen que la realidad en la que vivimos sea esta, y no otra. Es un intento de desvelar el mecanismo de funcionamiento de las cosas que experimentamos, ya sea para predecir su comportamiento o para alterarlo.

Sin embargo, lograr este objetivo requiere que profundicemos hasta alcanzar el motivo original que origina cada fenómeno. Como en todo, hay que tirar del hilo hasta llegar al final, sin conformarnos con falsas respuestas que ocultan las verdaderas causas. Para ello, disponemos de una amplia gama de pronombres interrogativos que nos permiten avanzar hasta nuestro objetivo.

Un forma de hacerlo es mediante un diálogo basado en la pregunta, similar al Método socrático aplicado a conceptos concretos. En él, se cuestiona cada afirmación para destapar las premisas que la sustentan, recabar toda la información complementaria que se omite y/o para obligar al interlocutor a concretar su tesis, a fin de poder evaluar su validez, bondad y veracidad, y conocer las implicaciones que lleva asociada. En ningún momento se debe tomar partido por otras alternativas posibles, ni aceptar el sentido común ni razonamientos circulares como base de legitimación.

Por ejemplo, si alguien afirma que la gestión privada de la sanidad es más beneficiosa que la pública cabría preguntarse, al menos, ¿para quién es más beneficiosa?, ¿por qué se cree que la gestión pública es menos beneficiosa? y ¿cómo siendo privada será más beneficiosa?

Cada respuesta plantea inmediatamente otra pregunta, que nos ayuda a reflexionar sobre cosas que sabemos, pero que probablemente nunca nos hemos planteado o parado a pensar. Aunque es poco probable que alcancemos alguna verdad concluyente mediante este método, el proceso suele abrir la mente de los interlocutores a planteamientos que ponen en duda que las cosas tengan que ser de la manera en las que son.

Este hilo de razonamiento, hablando de temas hipotecarios, podría conducir hasta joyas del pensamiento como “¿Me conviene aceptar un préstamo a tipo de interés variable al 2% cuando la escala va de 0 a infinito?” o, “¿porqué las hipotecas son variables (referenciadas al EURIBOR) si el préstamo se materializa en un momento concreto del tiempo?”… “¿No sería más lógico que la hipoteca fuera de tipo fijo equivalente al EURIBOR del momento en que se prestó el dinero?” o, ya rizando el rizo, “¿porqué la felicidad (e incluso la salud) de mucha gente está referenciada al EURIOBOR?”.

Una vez re-aprendido el hábito de preguntar el por qué de las cosas, es difícil dejarlo, ya que es una gran ayuda en la vida cotidiana. Tarde o temprano se empiezan a hacer preguntas cada vez más inquietantes:

Cree a aquellos que buscan la verdad; duda de los que la han encontrado

Alquilar es tirar el dinero, dijo el banquero. “La vivienda nunca baja”, dijo el constructor. La gestión privada es más eficiente, dijo el empresario. España es una democracia, dijo el político. Informaremos verazmente de lo más importante, dijo el periodista. A la luz de esta artículo, los axiomas de la sociedad contemporánea toman un nuevo significado.

Mantener la libertad para decidir por uno mismo requiere un esfuerzo consciente para entender las razones que apoyan unas u otras opciones. Frente a quienes repiten como papagayos bien amaestrados las consignas de otros sin entender sus implicaciones, debemos preguntarnos qué intereses se esconden detrás de cada afirmación.

Desafiar desde la ignorancia lo evidente, la verdad aceptada, es una necesidad muy real en las sociedades modernas. Cuando la gente empieza a preguntarse el por qué de las cosas que les afectan, la realidad empieza a transformarse. ¿Por qué será?…

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

El secuestro político de la Soberanía Popular

Aunque“la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (Artículo 1, apartado 2 de la Constitución española), y los ciudadanos tengamos derecho a“participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,” (artículo 23), el único acto vinculante de soberanía que podemos ejercer los españoles es elegir qué partido político nos representará durante los próximos 4 años. El resto de decisiones de Gobierno quedan delegadas en nuestros representantes, y lo llaman democracia.

Parece que a nadie le importe que la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de Gobierno quedara reducida a su mínima expresión en el texto constitucional. Quizá fuera una medida necesaria para proteger la estabilidad de la nueva “democracia” que se estaba desarrollando en España. Sin embargo, hoy en día, dicha medida supone una excesiva dependencia de la ciudadanía respecto a nuestros “representantes” políticos, y convierte a nuestro actual sistema en una democracia de segunda fila.

Los partidos políticos que han gobernado desde la ratificación de la Constitución nada han hecho por desarrollar nuevas formas de participación directa. A sabiendas de que el sistema electoral les favorece y que nada pueden hacer los ciudadanos para controlarlos hasta las siguientes elecciones, la clase política se ha dedicado a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, limitando el desarrollo del país a los periodos (pre)electorales: verdaderos “sprits” dónde los políticos nos bombardean con proyectos que no han considerado oportuno proponer/realizar durante los 4 años anteriores. ¡Que bien nos iría si hubiera elecciones todos los años!.

Los ciudadanos: fuente de la soberanía y de los poderes del estado

Además de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos tenemos el deber de controlar que sus decisiones sirven a nuestros intereses colectivos, una labor que no estamos realizando por diversos motivos. El más importante, a mi juicio, es la falta de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para desempeñar dicho control, aunque no menos importante es la falta de información y de formación necesaria para realizarlo de forma efectiva. Estrategias todas ellas con un único objetivo, neutralizar el control ciudadano, ya que no hay mayor pesadilla para un “político” que una ciudadanía informada y capaz de pensamiento crítico.

No ha sido hasta hace bien poco que el Gobierno ha decidido implementar la recomendación del Consejo de Europa de introducir en el currículo de la enseñanza obligatoria una formación específica que aborde los principios teóricos y prácticos de la Democracia. Una asignatura dirigida a fomentar el pensamiento crítico, a desarrollar las habilidades para defender el punto de vista propio en un debate, a enseñar a valorar las aportaciones de quienes discrepan, y a conocer tanto la organización política del Estado como los derechos que tenemos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, primer paso para defenderlos.

Educación para la Ciudadanía es una asignatura cuyo objetivo es proporcionar a los futuros ciudadanos conocimientos y capacidades suficientes para poder gobernarse por sí mismos, y constituye un importante pilar para una sociedad libre. Por eso, resulta sorprendente que políticos en activo se opongan abiertamente a la implantación generalizada de una formación que tan bien les hubiera venido (a algunos) para desempeñar sus cargos de administradores de la soberanía popular. Sin embargo, esta formación por sí sola no es suficiente si no se disponen de mecanismos adecuados para canalizar la voluntad popular.

La Iniciativa Popular limitada a proposiciones de ley

El más importante mecanismo de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno es la Iniciativa Popular, mediante la cual un número suficiente de electores pueden exigir la consideración política de un determinado asunto público. En España, la única modalidad contemplada de Iniciatica Popular es aquella que permite realizar proposiciones de ley sobre asuntos no relacionados con leyes orgánicas (como, por ejemplo, las leyes que regulan el régimen electoral, la propia iniciativa popular (:O), el referéndum, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el código penal, la educación o la libertadad sindical, por citar algunas de las muchas que hay). Tampoco se puede utilizar para decidir sobre asuntos tributarios o de carácter internacional (Art. 87).

Es triste que no se permita el uso de tan importante mecanismo de participación ciudadana para modificar el ordenamiento político del Estado, ni para exigir la convocatoria de un referéndum sobre decisiones que la ciudadanía considere importantes y que no pueden esperar a los siguientes resultados electorales (como, por ejemplo, una intervención armada).

Además, dado que sólo se insta la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, no existe ninguna obligación por parte de las Cortes de debatir seriamente la propuesta o realizar una contrapropuesta. Así se explica que ninguna de las 55 propuestas de Iniciativa Legislativa Popular presentadas hasta la fecha hayan superado su tramitación parlamentaria (en el buscador del Congreso, seleccionar todas las legislaturas e “Iniciativa Legislativa Popular” en tipo de iniciativa).

La figura del Referéndum no vinculante

El otro gran mecanismo de participación directa de que disponen los ciudadanos es el referéndum, expresión máxima de la voluntad popular. Dicho mecanismo está regulado por el artículo 92 de la Constitución, que en su apartado primero sintetiza muy bien el espíritu paternalista de Carta Magna:“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Por un lado, no se establece la obligatoriedad de someter a referéndum las decisiones de especial importancia política. Por otro, se determina que, de hacerse, el referéndum será consultivo o, lo que es lo mismo, no vinculante.

En el caso de que la palabra referéndum necesitase un adjetivo, el adecuado sería VINCULANTE, adjetivo que no aparece ni en la Constitución ni el la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum. Me pregunto qué sentido tiene solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre un asunto de Estado si no es para acatar la decisión que adopten.

Semejante medida solo se puede justificar desde el convencimiento de que los ciudadanos españoles no sabemos lo que nos conviene, a pesar de que hemos votado afirmativamente a todas las propuestas realizadas en referendo hasta la fecha, haciendo caso a lo que nos dicen los políticos.

Como colofón, el apartado tercero de dicho artículo establece que los referéndum sólo pueden ser convocados por el Presidente de Gobierno, y en ningún caso mediante Iniciativa Popular, por lo que en la práctica es un instrumento que carece de contenido. ¿Quién mejor que los propios ciudadanos, de quienes emanan los poderes del Estado, para convocar un Referendum?.

En inexistente derecho a la revocación de cargos públicos

Aunque parezca una obviedad decirlo, los cargos públicos trabajan para el conjunto de los ciudadanos, no para ellos mismos, ni para empresas privadas ni para particulares influyentes. Afirmo esto porque, a veces, parece que se olvidan de para quién deberían trabajar (Canon, Ley del Libro, Ley del Cine). Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para vetar su labor, al menos en España.

En este sentido, algunos Estados de EE.UU, Canadá y Venezuela han incorporado a los procesos de participación ciudadana la revocación de cargos, que permite a los ciudadanos desposeer de su cargo a cualquier funcionario o representante público. Este derecho, no contemplado en nuestra Constitución, sirve para apartar de la función pública a cualquier persona presuntamente corrupta y/o incompetente, y evita el fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone el transfuguismo, actualmente amparado en el artículo 67.2 de la Constitución.

De existir este derecho, nuestros representantes y los integrantes de la maquinaria del Estado tendrían mucho cuidado con lo que dicen y hacen, estarían más sensibilizados con las inquietudes de sus conciudadanos y nos ahorrarían bochornosos espectáculos como este. A diferencia de la vía penal, no es necesario esperar a juicio ni sentencia firme, y se podrían castigar actuaciones cuestionables que no constituyen un delito, pero que los ciudadanos consideren inaceptables. Es un procedimiento rápido y democrático que mejoraría drásticamente la calidad de nuestros políticos.

Hasta el día en que esto sea posible, deberemos conformarnos con cambiar el sentido del voto en las siguientes elecciones, pero eso no garantiza que la persona en cuestión sea desposeída de su escaño, porque son los partidos políticos los que establecen el orden de sus listas, y dicha medida no afecta a los cargos que son nombrados por nuestros representantes o se obtienen por oposición. No hay manera de deshacerse de un mal Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, o Presidente del Gobierno sin desacreditar al partido que lo nombró (con el que se puede seguir estando de acuerdo a pesar de su equivocada decisión).

Segunda Transición hacia la Democracia

En mi opinión, los padres de la Constitución dejaron en el tintero buena parte del concepto de Democracia. Por tanto, queda pendiente una reforma que desarrolle plenamente los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hasta equipararlos con los mecanismos de representación de que disponemos en España, y con los derechos existentes en los países de nuestro entorno.

Existe en marcha una campaña de recogida de firmas para una “Propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática“. La aprobación de las medidas que recoge la propuesta, que como hemos visto no puede plantearse como Iniciativa Legislativa Popular, abriría las puertas a la Democracia (con mayúsculas) en España y cambiaría nuestra realidad actual casi tanto como lo hizo la Constitución en su día.

Aunque recomiendo encarecidamente la lectura del (breve y claro) texto original, las ideas que plantea se pueden resumir en otorgar más importancia a la iniciativa popular, en cuanto expresión directa de la voluntad popular, permitiendo su uso para:

  • Crear o modificar leyes de cualquier rango, incluidas leyes orgánicas y la reforma constitucional (expresamente prohibido por el Art. 166). También derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento.
  • Ratificar o derogar tratados internacionales, aunque el Gobierno se oponga a hacerlo.
  • Elegir y Revocar cargos públicos.

La reforma también recoge la obligatoriedad de someter a referéndum las propuestas elevadas al Congreso por Iniciativa Popular, pudiendo optar los ciudadanos entre apoyar la formulación original del proyecto, la modificada tras la tramitación parlamentaria (de haberla), o ninguna de las dos. De esta forma se evitaría que, como hasta ahora, se ignorasen las propuestas legítimas del pueblo soberano.

Por último, redefine la figura del referéndum como una consulta vinculante en cuanto expresión directa de la voluntad popular, y se permite su convocatoria en el ámbito local y autonómico a instancia de sus Gobiernos y/o ciudadanos, siempre que el tema consultado entre dentro de las competencias que son propias a dichas instituciones.

Estas propuestas no son sino la concreción práctica de los principios de la Democracia Directa, una forma de organización política más democrática que la actual y que, de implantarse, probablemente enriquecería el debate político, aumentaría la cohesión social, produciría consensos más sólidos y duraderos sobre las normas por las que nos regimos. También mejoraría la gestión del Estado y sus recursos, ya que obliga a los poderes del Estado a justificar más y mejor sus actuaciones, y deja siempre la última palabra en manos de los ciudadanos.

La oportunidad de una vida: Reforma constitucional de 2008

Para poder disfrutar de una Democracia mejor es imprescindible reflejar medidas como estas en la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar una reforma parcial de la Constitución a principios de 2008, coincidiendo con el final de la legislatura. En principio dicha reforma se limitará a la equiparación entre hombre y mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado y a la reforma del Senado, dejando de lado iniciativas para dotarnos de una Constitución que impulse el desarrollo social y económico del país, como las aquí expuestas.

Algunos partidos políticos minoritarios se proponen aprovechar la ocasión para incluir en la reforma medidas como las mencionadas, la reforma del sistema electoral o una mayor separación de poderes, entre otras. Si quieres disfrutar de un país más Democrático tendrás que confiar en ellos, porque ni PP ni PSOE abanderarán jamás cambios de este tipo.

Esta reforma Constitucional es todavía más urgente dado que 1) Se elaboró bajo la supervisión de una dictadura militar y 2) No la han votado más del 67% de los españoles (todos los menores de 47 años, y aumentando cada año). La decisión está en tus manos: Segunda Transición o más de lo mismo. Nos vemos en las urnas.

El sistema electoral en España y la exclusión de las minorías

El sistema electoral español está deliberadamente diseñado para favorecer la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Esto se debe a la combinación de circunscripciones pequeñas con un sistema de reparto de escaños poco proporcional, que permite obtener la mayoría absoluta con poco más de un 35% de votos en la circunscripción y una diferencia de unos puntos porcentuales con el segundo.

Aunque en su momento pudo parecer la opción más segura para proteger la estabilidad política durante la Transición, al observar la distribución de los escaños en las últimas elecciones (2004) me pregunto si es democrático que la tercera fuerza más votada sea la sexta en número de representantes.

El tamaño de la circunscripción es lo que importa

Los artículos 68 y 69 de la Constitución Española de 1978 establecen que la circunscripción electoral para elegir a los representantes en el Congreso y en el Senado es la provincia. Esta forma de asignar a los parlamentarios españoles, sobre la base de mayorías provinciales, reduce considerablemente el nivel de representación de las minorías cuyos votantes no se encuentran concentrados geográficamente (el caso de Izquierda Unida).

El problema radica en que las provincias son circunscripciones demasiado pequeñas como para garantizar una adecuada proporcionalidad entre los votos recibidos y los representantes asignados a cada opción. Es inevitable que cuanto menos representantes corresponda elegir en una circunscripción, menos proporcional sea el reparto de los mismos. El caso extremo es la circunscripción que elige a un único representante (Ceuta y Melilla), en donde la lista más votada se lleva el 100% de los representantes, independientemente del número de votos.

En España, debido a la gran concentración de población en determinadas provincias, el 50% de los representantes al Congreso son elegidos en circunscripciones donde se eligen 7 candidatos o menos, siendo las más frecuentes las de 3, 4 y 5 representantes (9 provincias de cada uno de los tres tamaños, que suman el 31% del total). Con estas dimensiones, lo habitual es que sean 2 o 3 las fuerzas políticas que obtengan parlamentarios en cada circunscripción, descartándose el resto de votos sin representante.

De esta manera, es muy difícil que un partido minoritario se haga un hueco en los órganos de Gobierno. En nuestro actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden acceder a la representación parlamentaria son aquellos con un respaldo mayoritario en el conjunto de la nación o aquellos que, siendo minoritarios, tienen a su electorado concentrado en provincias clave.

En el caso de que la circunscripción electoral fuera única (el conjunto del Estado), bastarían 70.000 votos entre 26 millones (equivalentes al 78% de participación) para conseguir un representante en el Congreso. Sin embargo, al asignarse los representantes por provincias, hoy en día 70.000 votos desperdigados no valen nada.

La explosión del regionalismo

La consecuencia más directa del actual sistema de asignación provincial de representantes es el creciente protagonismo del regionalismo e independentismo, que para algunos supone una amenaza a la unidad de España. Una vez que queda claro que la forma más fácil de hacerse oír siendo pequeño es agrupando electores en una provincia, la estrategia más directa de conseguirlo es mediante programas regionalistas, cuya prioridad no sea el conjunto del país sino la región.

A modo de ejemplo, de los 93 partidos que concurrieron a las elecciones al Congreso de 2004, el 52,5% mencionaban en su denominación alguna región de España y/o los términos nacionalista/independentista/regionalista. ¡Más de la mitad! Esto no significa que los partidos regionalistas con representación parlamentaria tengan más importancia de la que les corresponde, como queda demostrado más adelante en la tabla que compara diferentes sistemas electorales, pero si que es preocupante que tanto énfasis en lo local haya dejado al país huérfano de formaciones políticas capaces de plantear una alternativa viable a los gobiernos de PP y PSOE. La cuarta fuerza política no regionalista del país, Ciudadanos en Blanco, consiguió poco más de 40.000 votos para su proyecto de hacer el voto en blanco computable, y no se presentaba con un programa de gobierno completo.

La ley electoral y la asignación de escaños

Al problema del tamaño de la circunscripción, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, añade dos nuevas trabas en su artículo 163: 1) No se computarán los votos de las candidaturas con menos del 3% de votos en la circunscripción, y 2) Los representantes se asignarán a las listas restantes en función del Sistema D’Hondt.

La barrera del 3%, ideada para excluir a los partidos minoritarios, resulta del todo antidemocrática cuando existen muchos órganos de gobierno en los que un 3% representa un escaño (en cualquier órgano con más de 34 representantes, el 3% representa, al menos, un escaño). En el congreso, el 3% representa 10,5 escaños y un escaño representa el 0,29% de los votos. De haber un umbral para participar en el recuento de escaños, debería situarse en el número de votos necesarios para conseguir un representante, aunque en mi opinión no debería excluirse “a priori” ninguna opción política por no reunir un determinado número de votos. El sistema de asignación de representantes debería ser el que se encargara de asignar a cada opción la representación que más se ajuste al número de votos recibidos.

En cuanto al sistema de recuento, si bien es cierto que el actual sistema (D’Hondt), basado en la metodología de la cifra repartidora, favorece excesivamente a los partidos mayoritarios, el sesgo que introduce es considerablemente menor que el atribuible al tamaño de las circunscripciones en España.

Existen varios sistemas de asignación proporcional de representantes que ofrecen una mejor representatividad entre votos recibidos y candidatos elegidos, basados mayoritariamente en la metodología del resto mayor. De entre ellos, el Cociente Droop es el que ofrece mayores ventajas. Aunque no tan popular como D’Hondt, el Cociente Droop se utiliza hoy en día en la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Autralia y Malta, entre otros países.

Para estudiar las cualidades de ambos sistemas, he calculado cuáles habrían sido los resultados electorales de las pasadas elecciones de 2004 al Congreso si hubiera habido una única circunscripción nacional y se hubieran asignado los escaños mediante el sistema D’Hondt (en violeta) y el Cociente Droop(en verde). La siguiente tabla recoge los resultados de ese escenario en comparación con nuestro actual sistema electoral, basado en el método D’Hondt y circunscripciones provinciales (en amarillo).

Elecciones Generales España 2004 | ir a 2008 »
Votos%
votos
D’Hont
Prov.
% EscañosDifer.
Esc./
Votos
D’Hont
Nac.
Sin 3%
% EscañosDifer.
Esc./
Votos
Droop
Nacio.
Esc. por
cociente
Resto
Votos
Esc.
Resto
%
Escaños
Difer.
Esc./
Votos
PSOE11.026.16342,59%16446,86%4,27%15744,86%2,27%15215162.959143,43%0,84%
PP9.763.14437,71%14842,29%4,58%13939,71%2%13513434.208138,57%0,86%
CIU835.4713,23%102,86%-0,37%113,14%-0,09%121136.82713,43%0,20%
ERC652.1962,52%82,29%-0,23%92,57%0,05%9871.36412,57%0,05%
EAJ-PNV420.9801,63%72,00%0,37%61,71%0,08%6557.96011,71%0,08%
IU1.284.0814,96%51,43%-3,53%185,14%0,18%181749.81315,14%0,18%
CC235.2210,91%30,86%-0,05%30,86%-0,05%3317.40900,86%-0,05%
BNG208.6880,81%20,57%-0,24%20,57%-0,24%3263.48010,86%0,05%
CHA94.2520,36%10,29%-0,07%10,29%-0,07%1121.64800,29%-0,07%
EA80.9050,31%10,29%-0,02%10,29%-0,02%118.30100,29%-0,02%
NA-BAI61.0450,24%10,29%0,05%10,29%0,05%1061.04510,29%0,05%
PA181.8680,70%00,00%-0,70%20,57%-0,13%3236.66010,86%0,16%
BLOC-EV40.7590,16%00,00%-0,16%00,0%-0,16%1040.75910,29%0,13%
PSM-EN,EU,E40.2890,16%00,00%-0,16%00,0%-0,16%1040.28910,29%0,13%
CENB40.2080,16%00,00%-0,16%00,0%-0,16%1040.20810,29%0,13%
ARALAR-ZUTI38.5600,15%00,00%-0,15%00,0%-0,15%1038.56010,29%0,14%
LV-E37.4990,14%00,00%-0,14%00,0%-0,14%1037.49910,29%0,15%
PAR36.5400,14%00,00%-0,14%00,0%-0,14%1036.54010,29%0,15%
Totales25.483.50435015,40%3506,15%350335153,42%
coeficiente Droop72.604

Comparando las tres columnas correspondientes al diferencial entre el número de votos y número de escaños asignados, la ampliación de la circunscripción a nivel nacional aumenta notablemente la representatividad del resultado y, de las dos metodologías analizadas, el Cociente Droop, pese a seguir favoreciendo a los partidos mayoritarios, es más proporcional en el reparto de escaños.

En todos los sistemas, el partido más beneficiado hubiera sido el PP, pero mientras que con el sistema actual disfruta de una sobrerepresentación del 4,58%, con una única circunscripción se habría reducido sensiblemente el problema (al 2%) y combinando circunscripción única con Cociente Droop esta sobrerepresentación se habría reducido a niveles aceptables (0,86% de escaños más de los que le corresponderían). Las mismas conclusiones se pueden sacar comparando los totales correspondientes a sumar los valores absolutos de las desviaciones entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños para las tres alternativas. La no proporcionalidad del sistema español (15,4%) está muy por encima de lo que se podría esperar (3,42%).

Al elegirse un mayor numero de representantes, la circunscripción única nacional otorga a los partidos minoritarios perjudicados por el actual sistema electoral (IU y PA) una representación acorde con la proporción de votos recibidos, siendo está más precisa en el caso de Cociente Droop, gracias al cual 7 partidos políticos que actualmente no cuenta con representación política conseguirían un diputado.

Aunque habrá gente que argumentarán que este sistema dificulta la gobernabilidad por la cantidad de escaños “sueltos” que otorga, en mi opinión estas nuevas formaciones políticas, dispuestas a comerle el terreno a quien se duerma en los laureles, son necesarias para el reciclaje en la alternancia en el poder, para un debate político más plural y para mantener la tensión en la clase política.

Soluciones para mejorar la representatividad de los órganos de Gobierno

Antes de exponer las medidas para solventar el importante déficit democrático que supone nuestro sistema electoral, quisiera llamar la atención sobre otro importante déficit que padecemos. Las elecciones, ya sean legislativas, autonómicas y municipales, son las únicas vías de participación efectiva que tienen los ciudadanos en cuestiones de gobierno.

La Jefatura de Estado es hereditaria, los poderes Ejecutivo y Judicial son nombrados por el poder Legislativo y, como he descrito, la elección del poder Legislativo está sesgada en favor de los grupos mayoritarios. En este país, la iniciativa legislativa popular no puede utilizarse para modificar la Constitución ni las leyes orgánicas (como la electoral), y aunque se pudiera utilizar no sería vinculante, por lo que no hay obligación de aprobarla, discutirla o someterla a referéndum (que por cierto, tampoco sería vinculante, así que da igual el resultado). En definitiva, los ciudadanos estamos completamente a merced de los partidos políticos, como detallo en “El secuestro político de la Soberanía Popular”.

La mejor, quizás única, oportunidad de que dispondremos será cuando se disuelvan las Cortes en 2008 según lo previsto en el procedimiento para la Reforma de la Constitución. Si de esas elecciones saliera una coalición de partidos regionalistas y nacionales minoritarios suficiente para arrebatar la mayoría a PP y PSOE, sería posible introducir “novedades” no previstas originalmente en el proyecto de reforma, como las mencionadas aquí.

Concretamente, es necesario modificar cuanto antes la Constitución para que los representantes de la soberanía popular sean elegidos por circunscripciones correspondientes a su ámbito de competencia, de modo que representen con fidelidad el apoyo que cada opción política tiene en conjunto sin importar dónde se vote. De este modo, los Diputados deberían elegirse por circunscripción nacional en cuanto representantes del conjunto de los españoles (Art. 68); y los Senadores deberían elegirse por circunscripción autonómica en cuanto representantes de los territorios que componen España (Art. 69). Está última medida, la del Senado, se baraja entre las posibles novedades para introducir en la futura reforma (parcial) de la Constitución anunciada por Zapatero.

Además sería necesario modificar el artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para eliminar (o reducir al mínimo) el límite del 3% de los votos que necesita cualquier candidatura para ser contabilizada, ya que de aplicarse la ampliación de las circunscripciones sin esta modificación, el Congreso se quedaría con sólo 4 grupos parlamentarios. También sería recomendable, ya puestos a mejorar el sistema, modificar el sistema de asignación de escaños descrito en el mencionado artículo por otro de mayor proporcionalidad, como el mencionado Cociente Droop.

No me cabe duda de que si se aprobaran estas tres sencillas modificaciones, dejaríamos de escuchar tonterías en las noticias y la productividad de nuestros políticos se dispararía. Pero claro, eso será por encima de sus cadáveres, ya que ¿quién estaría dispuesto a sacrificar la gallina de los huevos de oro?.

Deberemos ser los ciudadanos quienes apartemos a las formaciones políticas dominantes del poder si queremos renovar la Democracia en España. En tus manos está elegir entre mantener a este país en el “Pan y Circo” o iniciar la Segunda Transición, hacia una verdadera Democracia. Tienes una cita con las urnas, y con la Historia. No nos falles.

La Democracia de nuestra democracia

La Democracia, que tantas cosas buenas nos ha traído, no deja de ser una forma de dictadura: La dictadura de la mayoría. Cualquier situación de conflicto se puede resolver imponiendo (mediante votación “democrática”) el criterio mayoritario. Aunque no es un sistema de gobierno perfecto, es el que “potencialmente” puede satisfacer a más gente… mientras pertenezcan a la mayoría.

Conforme aumenta la complejidad de la cosa a gestionar, aumentan las posibilidades de que aparezca la figura del representante: un intermediario elegido periódicamente para administrar la soberanía popular. A falta de aplicar soluciones técnicas mejores, se recurre a la Democracia Representativa o Parlamentaria.

El problema de estos representantes es que, para ser elegidos, necesitan ser conocidos (ellos y sus propuestas). Y para darse a conocer necesitan recursos y el respaldo que sólo pueden proporcionarles las grandes franquicias presentes en el mercado político. Las únicas organizaciones con recursos suficientes para hacer publicidad y cuyos miembros son los únicos que reciben cobertura mediática

Estas organizaciones, que canalizan la soberanía popular, se sustentan gracias a la financiación que obtienen de los recursos públicos gestionados por sus integrantes, y a las aportaciones de organizaciones privadas: Por lo general, empresas “desinteresadas”, militantes y afines

La financiación de los partidos políticos

Sin capacidad económica propia, las franquicias políticas dependen de su capacidad de gestionar el poder para convertirlo en recursos, ya sea en forma subvenciones por votos/representantes o de donaciones privadas, con los que financiar las actividades destinadas a mantenerse en el poder. Es en este momento cuando la política deja de servir a los ciudadanos para servir a los propios partidos políticos.

Lo ideal sería que los partidos políticos no gastaran más dinero del que perciben de los recursos públicos y las cuotas de los afiliados, que éstas fueran las únicas maneras de que obtuvieran financiación y que todos contaran con unos presupuestos parecidos a la hora de pugnar por los votos. Sin embargo, en la lucha por el poder toda inversión es poca. En las elecciones generales de 2004 el PP y PSOE gastaron 12,5 y 10,6 millones de €uros respectivamente, casi el límite máximo que les correspondía por ley y muy lejos de los presupuestos que manejan el resto de partidos. En economía, a esta situación se la denomina oligopolio.

El sistema electoral y voto útil

A los 7’6 millones de votantes que eligieron no votar en las generales de 2004 (una de las elecciones con más participación en España) hay que sumar 1’5 millones de votantes que votaron a partidos políticos que no obtuvieron representación parlamentaria y 0,6 millones de votos en blanco o nulos.

En total, un 29% de ciudadanos no tienen representación en el parlamento mientras que un 39% de ciudadanos, organizados en torno a 3 partidos, pueden formar una coalición con mayoría absoluta. Por otra parte encontramos cosas inexplicables como que IU tenga la mitad de escaños que CiU habiendo recibido un 53% más de votos que esta formación en unas elecciones generales. Es evidente que este sistema no es democrático, porque la democracia se basa en el principio de igualdad. Esta es nuestra democracia.

La causa, según mi opinión, es el sistema electoral vigente. Un sistema que prima a los partidos mayoritarios a la hora de asignar los escaños, en el que las circunscripciones son demasiado pequeñas para que los partidos minoritarios logren representación (salvo los nacionalismos) y en el que sólo podemos votar las listas (cerradas) que proponen los partidos, elegidas y ordenadas según el resultado de las luchas de poder internas.

Este sistema, además, produce un sesgo peligroso hacia el bipartidismo, ya que sólo se presta atención a los partidos en condiciones de disputar el poder. ¿Sabías que en las elecciones de 2004 se presentaron 96 formaciones políticas que no consiguieron escaño en el parlamento?. ¿Qué sabemos de estas alternativas políticas? Ni siquiera que existen..

En la práctica, las opciones de elección percibidas por el ciudadano se ven reducida a las pocas opciones “viables” y, de este modo, se frena el desarrollo y la resolución de los verdaderos problemas sociales. Al votar al PSOE sólo para que no gane el PP (o viceversa) estamos excluyendo de los órganos de gobierno otras propuestas seguramente más afines a nuestra ideología, y posponiendo la resolución de los verdaderos problemas sociales por falta de debate y/o voluntad política.

Las propuestas de los partidos mayoritarios son tan similares en lo fundamental que el debate parlamentario se vuelve innecesario. Por este motivo, en la actualidad el único debate político que nos ofrecen los políticos se basa en la descalificación del contrario por hacer lo que ellos mismos hicieron en el pasado cuando estaban en su lugar. El estilo de las descalificaciones es la única diferencia significativa entre grupos que, si fueran un poco más parecidos, se presentarían en coalición a las elecciones y nos ahorrarían el esfuerzo de elegir. De esta manera podríamos disfrutar del espectáculo sin interrupciones (electorales).

En este escenario, las elecciones sólo sirven para definir qué papeles interpretarán los políticos de los partidos mayoritarios durante los próximos cuatro años. Y así seguirá siendo hasta que suficientes ciudadanos opten por dar su voto (in)útil a nuevas formaciones para dar el relevo a los partidos tradicionales.

¿Es posible otra Democracia?

No vamos a caer en engaños. El sistema electoral español está diseñado para mantener las cosas como están. La ley electoral es una ley orgánica, lo cual hace necesario que su modificación se apruebe con más del 50% de los votos. ¿Y qué partido mayoritario va a modificar una ley que le favorece?

No obstante, si estás desengañado de la política y harto de los políticos sólo tienes una opción: Votar a partidos que propongan la reforma del sistema electoral y la Constitución para que:

  • Las listas sean abiertas, es decir, se pueda votar a los candidatos que deseemos, incluso de partidos diferentes, en vez de a la lista completa.
  • Se asignen escaños mediante un sistema más proporcional que el actual. Idealmente mediante Voto Personal Transferible, que se utiliza en varios países o, en su defecto, el Método Sainte-Laguë como mal menor.
  • Se renueve una cuarta parte del Parlamento cada año. De esta manera aprovecharíamos los efectos revitalizantes que las precampañas electorales producen en los políticos: Los ciudadanos tendríamos más garantías de que se cumplirán los compromisos electorales y podríamos reconducir la situación en caso de que no nos satisfaga.
  • Se pueda utilizar la iniciativa popular para proponer modificaciones en las leyes (incluso orgánicas), revocar cualquier cargo electo o ratificar/derogar tratados internacionales. Siempre previo referéndum, cuyo resultado sea vinculante, en linea de la propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática.

¿Cuales son estos partidos? Eso te toca descubrirlo a ti… La auténtica democracia requiere de la participación e involucración directa de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Empezando por a quién votar. Todavía tienes tiempo hasta las elecciones. Suerte.