El papel de los consumidores en la economía de mercado

Cuando notamos que nuestra economía personal se deteriora la reacción instintiva de mucha gente es señalar al Gobierno, ya sea para echarle la culpa de nuestros problemas o para exigirle que los solucione por nosotros. Qué si suben los alimentos; la gasolina; la vivienda; el desempleo… ¡todo sube menos los sueldos!; y ante este panorama lo único que se nos ocurre es entregarnos a la práctica del verdadero deporte nacional: echarle la culpa a los demás, sin asumir ninguna responsabilidad sobre nuestros propios problemas; y exigir que nos los resuelvan, en vez de buscar soluciones por nuestra cuenta.

Sin embargo, por mucho que nos neguemos a ver la realidad, sigue siendo igualmente hipócrita exigir responsabilidades al Gobierno cuando la economía no está bajo control estatal. En un mercado no regulado, la interacción entre productores y consumidores determina las características de los intercambios comerciales mediante un proceso colectivo de negociación en el que todas las partes tratan de maximizar el valor o utilidad que obtienen de dichos intercambios.

El funcionamiento de este mecanismo presupone que todas las partes están dispuestas a defender sus propios intereses compitiendo contra todos los demás: contra nuestros clientes (o empleadores) para obtener más ingresos; contra nuestros proveedores (trabajadores y medioambiente incluido) para obtener materia prima a menor coste; y contra quienes se dedican a lo mismo que nosotros (competencia) para acaparar más clientes y proveedores. Esta es la premisa de la competición, sobre la que se basa la economía de mercado.

Sin embargo, al menos en España, los consumidores no estamos ejerciendo eficazmente nuestro papel de contrapeso para equilibrar y estabilizar los mercados. No nos gusta “perder” el tiempo comparado ofertas, buscando alternativas, restringiendo o posponiendo nuestro consumo cuando las condiciones no nos satisfacen, o negociado las condiciones en que se realizarán las transacciones. Por tanto, a nadie le debería sorprender que suframos los desajustes que estamos incentivando con nuestra irresponsable forma de consumir.

Cuando la demanda es inflexible, los precios suben (y los salarios bajan)

En una escena de “The Wire” unos narcotraficantes discuten sobre la nueva heroína que están despachando:

– String, la gente se está quejando… nos dice que esta basura está floja.
– Lo sé. Pero es floja en todas partes. La cosa es que no importa a qué llamamos heroína, se va a vender. Si la droga es fuerte, la venderemos. Si la droga es floja, venderemos el doble. ¿Sabes por qué? Porque un drogadicto va a tratar de conseguirla sin importarle más. Cuanto peor la hacemos, más ganamos.

Esto mismo deben pensar en España el sector de vivienda y el energético, especialmente el petroquímico (con el precio de la gasolina), entre otros. La única diferencia es que, en vez de vender más, lo que se hace es vender la misma cantidad a mayor precio; que van incrementando hasta que los consumidores no pueden pagar más, o deciden no hacerlo.

Cuando los consumidores no discriminan con sus decisiones económicas entre buenas y malas ofertas existe poco incentivo para que las empresas proveedoras compitan entre sí por mejorar el valor de sus propuestas. Independientemente de que sea por falta de interés en estudiar las ofertas o porque hay pocas opciones entre las que elegir, cuando los consumidores no participan activamente en la negociación de los precios la oferta acaba por volverse homogénea, de baja calidad y alto coste. Esto es lo que pasa en los mercados donde no hay competencia.

Según Eurostat, en 2006 los precios en España estaban un 7.71% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, pero los salarios estaban entre el 26,87% y el 29,5% por debajo de esos mismos países. ¿Es casualidad que en España tengamos precios europeos pero sueldos muy inferiores? Mi modesta opinión es que no. La gente tiene tantas necesidades creadas, y tan poca costumbre de privarse de nada, que es incapaz de defender sus propios intereses… algo que aprovechan los mercados, que sí están acostumbrados a competir contra nosotros, y a ganar.

Esta situación se conoce en economía como demanda inflexible o cautiva, que se produce cuando la demanda, ya sea de empleo o de consumo, apenas sufre variaciones conforme varían las condiciones de las transacciones. Cuando esto ocurre, una de las consecuencias más inmediatas es un rápido empeoramiento de dichas condiciones para la parte “inflexible” de la transacción, que continuará hasta que el empeoramiento empiece a afectar también a la otra parte y se restablezca el equilibrio.

El tamaño grande no siempre es el más barato
El tamaño grande NO es necesariamente el más barato

De este modo, si una empresa reduce la calidad de sus productos y/o incrementa sus precios, y estos cambios no afectan a la cantidad de unidades vendidas, los cambios se mantendrán en el tiempo. Igualmente, si empeoran las condiciones laborales y no se reduce la demanda de empleo, ni aumenta la rotación de la plantilla, las nuevas condiciones laborales se perpetuarán.

Por este motivo, tanto en nuestro papel de trabajadores como en el de consumidores, estamos obligados a contrarrestar a quienes compiten contra nosotros para maximizar sus beneficios, por la cuenta que nos trae. Esto implica acostumbrarse a prestar atención y comparar las condiciones de venta, a sondear el mercado de forma regular en busca de mejores ofertas (también de trabajo o alquiler), a cambiar de proveedor siempre que se pueda obtener una mejora sensible, y a negociar y a rechazar aquellas condiciones que no nos favorezcan. Como dicen los angloparlantes O el trato es bueno o no hay trato.

Sólo cuando una parte significativa de la población empiece a rechazar tratos que no les convienen (o no les quede más remedio, como ya le está pasando a muchos), las empresas empezarán a buscar formas alternativas para mantener sus márgenes de beneficios sin alterar la calidad de sus productos/servicios, los precios, o los salarios; y aquellas que no encuentren nuevas formas de incrementar su competitividad desaparecerán.

La concentración de la propiedad privada perjudica al consumidor

Otra de las características fundamentales de nuestra mercado es que la oferta supera ampliamente la demanda. Simplemente no hay suficientes consumidores para todo lo que se produce, por lo que muchas empresas acaban desapareciendo frente a sus competidores, otras fusionándose para tratar de sobrevivir y otras absorbiendo -o comprando- las cuotas de mercado de los menos afortunados.

La tendencia generalizada de los productores para contrarrestar su situación intrínseca de debilidad y garantizarse unos beneficios crecientes es organizarse y coordinarse para reducir el nivel de competencia del mercado, obstruyendo la entrada de nuevos competidores y pactando precios que les dejen un buen margen (price fixing). De este modo, conforme se reduce la competencia, las pocas empresas supervivientes desarrollan la capacidad de poder trasladar sistemáticamente los incrementos en sus costes a sus clientes y/o proveedores, hasta el punto de poder imponer precios que garanticen sus beneficios.

La capacidad de las empresas para alcanzar este escenario ideal -para ellas- depende en gran medida de la felixibilidad y movilidad de la demanda. ¿Cómo es posible que Telefónica se atreva a lanzar en Alemania una marca de telefonía móvil barata y diga que en España no piensa hacerlo, o que las tarifas telefónicas en España sean las tarifas más altas de toda Europa? Evidentemente, la diferencia es que los consumidores españoles y alemanes nos comportamos de diferente manera, y hemos creado mercados con características diferentes.

Mientras que en Alemania los sueldos son altos, y los precios se mantienen estables; en España los sueldos bajan en términos absolutos, lo que, combinado con una alta inflación (media anual del 3,33% entre 2002 y 2008) originada en el incremento de los márgenes empresariales, hace que el salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico, mientras que los beneficios de las empresas han crecido un 73% entre 1999 y 2006… cuatro veces más que las empresas del resto de Europa.

Este milagro económico ha sido posible gracias a la falta de competencia real, en unos mercados donde la práctica totalidad de la producción está concentrada en pocas empresas (3-4 por sector), y que es consecuencia directa e indirecta de que amplios sectores de la población acepten como normal el empeoramiento de su situación económica y mantengan sus hábitos pese a pagar precios más altos y recibir salarios más bajos.

Frente a este modelo de ciudadano despreocupado y conformista -predominante en el mercado español- encontramos al ciudadano inconformista y activo, que ha comprendido que para proteger su poder adquisitivo debe fomentar la competencia eligiendo aquellas ofertas que dinamicen en el mercado, en especial cuando las realicen empresas de reciente implantación. Este tipo de ciudadano no se casa con nadie: premia o castiga con su tiempo o dinero a las empresas dispuestas a hacerle una oferta mejor, exige a los poderes públicos que ejerzan de forma efectiva su mandato de proteger la libertad de mercado y hacer que las empresas cumplan las leyes; y orienta su voto hacia quienes cumplen cumplen adecuadamente su labor de supervisión de los mercados.

Desgraciadamente, en el mercado español predomina el perfil conformista, por lo que las empresas seguirán dictando los precios y salarios que mejor encajen con sus previsiones de incremento de beneficios hasta que la gente decida fomentar la competencia y elegir a gobiernos estrictos a la hora de supervisar los mercados.

Regular los mercados no es suficiente

El Estado, como supervisor del mercado nacional, tiene un importante papel a la hora de regular su mercado interior. Al menos en teoría, entre sus funciones deberían estar el tomar medidas contundentes para evitar que la actividad de sectores enteros se concentre en manos a unas pocas empresas (oligopolios), erradicar cualquier práctica que coarte la libertad de los consumidores para elegir, y poner freno a las estrategias que erosionan la competencia.

Sin embargo su capacidad de poder proteger la libertad de mercado depende en gran medida de que este tema sea una prioridad para los electores, y de que éstos le respalden sin fisuras a la hora de tomar medidas impopulares entre empresarios e inversores. Cuando esto no es así, lo que suele pasar es precisamente lo contrario: los gobiernos pasan a estar al servicio de los mercados, dejándoles hacer, fortaleciendo sus estructuras de beneficios y subvencionando sus ventas a costa del dinero y los impuestos de los ciudadanos (que viene a ser lo mismo).

Sólo de este modo se explica que gobiernos elegidos por una mayoría de ciudadanos apuesten de forma sistemática por la moderación salarial (¡¡¡ahora defendida hasta por los sindicatos !!!) como solución para luchar contra la inflación en detrimento de la mejora de la productividad y el aumento del nivel de competencia en los mercados. No obstante, a falta de una labor pedagógica y medidas complementarias, en la práctica, lo que se consigue con esta moderación es reducir el consumo sin reducir los precios ni aumentar la competencia.

Evidentemente, mientras el coste de los salarios puedan mantenerse, e incluso reducirse si se incrementen menos que los precios y se hacen más precarias las condiciones de empleo, cualquier inversión en aumentar la productividad y competitividad es poco atractiva. Y más aún cuando la intensidad de la competencia está controlada y resulta posible para todos (tanto a consumidores como a productores) compensar su incapacidad de competir a costa del erario público mediante subvenciones, ayudas directas (II) y bajadas de impuestos, para que podamos continuar como si no pasara nada.

Este tipo de “soluciones”, aunque pueden desahogar la situación a corto plazo, no sólo no atajan las causas estructurales de los problemas sino que, además, los agravan. Al aliviarse la crisis con estas medidas temporales, las reformas de fondo necesarias se posponen -si es que se realizan- y, cuando los precios absorben las subvenciones o rebajas fiscales, volvemos al punto de partida, iniciando un ciclo que conduce inevitablemente la quiebra del Estado. Cuando no se puedan pagar las subvenciones que todo el mundo pide con los impuestos que nadie quiere pagar ¿a quién irán a llorarle subvenciones y bajadas de precios?, ¿quien protegerá a los ciudadanos de los poderes económicos y de ellos mismos?, pero, sobre todo, ¿quién rescatará a las empresas cuando sean víctimas de su propia codicia?

Está claro, al menos para mi, que los gobiernos de España han trabajado, trabajan y posiblemente seguirán trabajando para proteger los beneficios empresariales. Eso sí, disfrazando sus iniciativas en tal sentido como medidas para la protección de empleo y lucha contra el paro… evidentemente, sin trabajadores que explotar no habría actividad económica ni beneficios.

En estas circunstancias, cualquier intervencionismo económico se limitará a ayudar a las empresas a superar las consecuencias de su mala gestión, nunca a ayudar a los consumidores en detrimento de los beneficios empresariales. Por tanto, resulta cuanto menos ingenuo reclamar ayuda al Estado, ya que cualquier solución que nos ofrezca llegará siempre tarde, será insuficiente por lo general, y muy probablemente se limitará a mitigar los efectos perniciosos por un tiempo, en vez de atajar el verdadero problema.

No obstante, tengo que insistir en que la culpa de que los gobiernos que elegimos no estén desempeñando eficazmente su labor de controlar los mercados es, en primer lugar, de los ciudadanos que se lo consienten y/o se empeñan en respaldarlos con su voto. Además, por mucho que el gobierno se esmerara en regular los mercados, cualquier esfuerzo será siempre inútil mientras la mayor parte de la población siga sin asumir su parte de responsabilidad en equilibrar la relación entre oferta y demanda… mientras sigamos consintiendo el enriquecimiento de otros a nuestra costa. El Estado no puede solucionar los problemas que nosotros mismos hemos provocado.

Ser competitivo no es resignarse, sino competir contra los mercados

Todo lo que aquí he expuesto es una obviedad. Desgraciadamente para todos, un amplio porcentaje de la población no acaba de asimilar que hay que competir contra los mercados; y con su actitud despreocupada y conformista acaban generando graves distorsiones en el mercado, que sufrimos todos.

Porque que los precios suban, los salarios bajen, y la oferta se vuelva homogénea y de baja calidad es sólo la punta del iceberg. Conforme se agudizan estas condiciones en los mercados, los consumidores tienen dos opciones: o mantener su consumo a costa de aumentar su endeudamiento, o reducirlo. En cualquier caso, el resultado a medio plazo es que la demanda disminuye sin esperanza de reactivarse, con lo que se acaba destruyendo parte de la capacidad productiva del mercado y se concentra la oferta en menos productores que antes.

Un ejemplo claro de lo que hablo es la crisis inmobiliaria: Quizás los bancos podrían no haber dado tan alegremente hipotecas, pero es que su negocio es vender dinero; quizás el Estado podría no haber incentivado la compra con desgravaciones y ayudas fiscales, pero es que ese tipo de medidas son las que desean los votantes… Sin embargo, el que verdaderamente podía haber evitado la crisis fue el consumidor dispuesto a pagar el equivalente al sueldo de 20 años para comprar una casa normalita. Si estas personas hubieran ejercido su papel de contrapeso del mercado, probablemente la oferta se habría racionalizado de forma controlada, y la burbuja no habría estallado en nuestra cara llevándose por delante a cientos de familias que trabajaban en la construcción, para alguna de las entidades bancarias afectadas por la morosidad o que tienen una hipoteca que no pueden pagar.

Para mantener el poder adquisitivo (y evitar colapsos económicos que puedan afectarle), el ciudadano tiene varias opciones a su alcance. Por desgracia, todas ellas requieren un esfuerzo de su parte y empezar a pensar por uno mismo. En cualquier caso, cambiar nuestra forma de interactuar en contextos económicos siempre será una alternativa mejor a largo plazo que seguir siendo un colectivo atomizado que vive a merced de las grandes empresas y del Estado. ¿No será mejor organizarse para defender nuestros propios intereses, por si a nadie más le preocupan?

A nivel individual, hay que acostumbrarse a utilizar nuestras transacciones mercantiles para fomentar la competencia y demostrar que somos sensibles a la oferta reduciendo el consumo -u optando por otras alternativas- cuando el valor o utilidad que conseguimos de nuestras transacciones no nos satisfaga. Todo se resume en presionar a las empresas, que son la causa de nuestros problemas económicos, para que mejoren sus ofertas (de empleo, de productos y de servicios). Como dice la sabiduría popular, “si quieres que te suban el sueldo o que te bajen el alquiler, lo mejor es que te vayas a otro sitio”.

Cuando no encontremos alternativas aceptables, debemos plantearnos la posibilidad de organizarnos para lograr mejoras de precio y calidad, y/o asumir directamente el rol de producción. Así, por ejemplo, resulta relativamente sencillo montar una cooperativa para, por ejemplo, comprar productos ecológicos directamente al productor a mejor precio (II) al eliminar intermediarios y combinar el poder de compra de los miembros de la misma; así empezó el séptimo grupo empresarial de España.

Como máxima general, conviene aliarse con aquellos que persiguen los mismos objetivos que nosotros para aumentar y coordinar la presión sobre nuestras contra-partes (base sobre las que se asienta el sindicalismo, y los oligopolios) y no subvencionar los beneficios ajenos con nuestro dinero: Si la empresa se traslada a un polígono porque es más barato (para la empresa, no para el empleado), que pague una ruta en vez de obligar a los trabajadores a desplazarse por su cuenta; si hay jornada partida, que pague un comedor; si no se puede igualar el IPC al revisar los salarios, que aumente los días de vacaciones o reduzca la jornada laboral…

Así que la próxima vez que recibas un llamamiento para presionar a determinada empresa, no olvides que proviene de un grupo de personas tratando de defender sus intereses, que muy probablemente compartas. Así que en vez de ignorarlo, o burlarte, evalúa si te beneficiarías de la acción, y en caso afirmativo ¡participa! Te sorprenderías de lo que se puede conseguir, hasta bajar el precio de la gasolina. Y ya puestos a tomar las riendas de nuestro propio destino, vota a políticos que trabajen en defensa de tus intereses, que no tengan miedo a intervenir en los mercados y se comprometan a aumentar la competencia real entre empresas y a garantizar la libertad y los derechos del consumidor.

La próxima vez que pienses que algo es muy caro o que te pagan poco, pregúntate qué méritos has hecho tu para merecer algo mejor. El primer responsable de tu destino eres tu mismo, así que decide; compite.

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

Introducción a la lucha de clases

Ricardo Llevata escribió (no recuerdo dónde lo hizo, ni quién es, porque este post es del año 2000, recuperado de las profundidades de mi disco duro):

[…] La única riqueza que puede establecer distinciones entre los seres humanos sólo puede proceder de la “transformación” de las materias primas por medio del trabajo, esa es la única riqueza que contiene un substrato “mercantil”. Sólo se pueden vender “mercancías”, no naturaleza sin transformar.

El trigo, la harina, los minerales… son materias primas sin transformar que, pese a representar una mínima parte de la riqueza global (en términos del capital que movilizan), siguen sustentando la economía mundial y a la sociedad en la que se desarrolla… al menos mientras los humanos sigamos viviendo como hasta ahora. La riqueza puede o no crearse, pero la materia no puede: Para hacer un microprocesador de 120 Euros hace falta comprar silicio, bastante más barato, por cierto.

Por lo tanto, tendrían que ser los trabajadores, que convierten un no-valor previo en un valor-mercancía los que se enriqueciesen con su trabajo. Pero ello no es así porque existe algo que se llama “explotación” y que determina que el capitalista “compra” el trabajo asalariado por un valor-precio muy inferior al que su utilización le reporta al vender en forma de precio-mercancía. El trabajo es una mercancía más que, utilizada por los previamente ricos, los enriquece aún más, sin que ello conlleve para los asalariados más que el derecho a una supervivencia, más o menos digna, mediante la nómina.

Esto ocurre porque las personas normales, con una posesión de riqueza limitada, no disponemos de los medios necesarios para la creación de riqueza transformando materias primas mediante nuestro trabajo. Por ello, nos vemos obligados a vender nuestra capacidad laboral a un empresario, capaz de movilizar esos medios de producción, para no morirnos de hambre.

El empresario, que sabe que necesitamos crear riqueza para subsistir pero no disponemos de los medios para tal creación, ofrece empleos como operador de sus medios de producción a cambio de una pequeña parte de la riqueza creada en función de la “participación” que cada uno tiene en el proceso, que incluye la compra de la maquinaria (oficinas, ordenadores, programas, mobiliario, luz, teléfono… ).

Aprovecha que el trabajador se encuentra en inferioridad y le roba, amparado por la legalidad y el orden social, una buena parte del beneficio que le corresponde a este. Sólo la liberalización de los medios de producción (haciendo que todos los trabajadores tengan la misma participación en la empresa, es decir, que la empresa sea de todos los trabajadores y no los trabajadores de la empresa) puede acabar con este orden laboral tan injusto que sigue siendo el mismo (en sus principios básicos) desde la Revolución Industrial, aunque se haya suavizado mediante iniciativas como la co-participación de los trabajadores en la gestión de la empresa o la “Responsabilidad Social Empresarial“.

EL TRABAJO ES LA FUENTE DE TODA RIQUEZA. Pero esa riqueza queda en manos de los capitalistas. Ese es, en esencia y hasta ahora, el funcionamiento del sistema. Y, por tanto, no podrían existir ricos-capitalistas sin pobres-asalariados (¿a quién explotar, entonces?). La Riqueza y la Pobreza son conceptos vivos y concretos que no pueden existir el uno sin el otro. En un modelo social más igualitario, sin explotación, la idea del “rico” resultaría tan absurda como la idea del “pobre”. Sólo se puede ser más rico “que alguien” y, sí no existe el término “pobre”, la idea-comparación de riqueza” pierde toda virtualidad.

En mi opinión, hoy en día es la riqueza la fuente de toda riqueza, puesto que donde no hay riqueza no se puede transformar nada: por falta de medios o por falta de materia prima. La Bolsa sube, pero sólo ganan aquellos que tienen dinero suficiente para invertir en ella; los bancos incrementan sus beneficios, mientras sus empleados malviven subcontratados. En definitiva, es el que tiene la riqueza el que puede movilizar los medios suficientes para crear más, en un torbellino vicioso al que la gente normal no puede acceder con facilidad (el mundo empresarial) o, si lo hace, asumiendo grandes riesgos.

Evidentemente, los términos “rico-pobre”, en cuanto que se refieren a una comparación de los niveles de riqueza, son mutuamente dependientes. Sin embargo, esto no implica que sólo puedan ser ricos unos pocos y pobres el resto. La aplicación práctica de estas ideas podría hacer que la distribución piramidal de la riqueza derivada del capitalismo se trasformara en una estructura elipsoidal más justa (aunque siempre habrá ricos y pobres).

“Sí hay ricos es porque hay pobres. Y lo triste es que los ricos lo son a costa de los pobres. ” (Karl Marx).

Que gran verdad, lástima que nadie haga nada al respecto.

La evasión fiscal causa las desigualdades en el mundo

Habiendo transcurrido la mitad del plazo para alcanzar los objetivos del milenio, Naciones Unidas anuncia que es improbable que consigamos reducir la pobreza a la mitad en 2015. Entre los motivos para el previsible fracaso figura la falta de financiación, ya que sólo 5 países dedican el 0.7% del PIB a este proyecto.

Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Esta cantidad tan sólo representa el 0,54% del PIB de los países donantes, y resulta ridícula (el 16%) si la comparamos con el presupuesto militar anual (1,2 billones de dólares al año en 2007. Por cierto, un 33% mayor que durante la guerra fría).

A la vista de cuáles son las prioridades de los políticos de los países desarrollados para invertir sus presupuestos, ¿de donde sacar el dinero necesario para acabar con la pobreza? La respuesta es sencilla: De los impuestos que dejan de pagar las empresas transnacionales y las personas ricas que utilizan los paraísos fiscales para ocultar su dinero.

El informe anual 2006 de Social Watch señala que, “Si se detuviera la evasión fiscal de los inversores extranjeros y las élites locales, la lucha contra la pobreza podría ser financiada de manera efectiva”. Por su parte, la Red de Justicia Global, en su documento divulgativo “Hacednos pagar impuestos si podéis” (muy recomendable), cuantifica en 255.000 millones de dólares anuales los impuestos que dejan de pagar los “11.5 billones de dólares de la riqueza personal de individuos ricos”, que “se mantienen en […] centros financieros extraterritoriales […] para reducir al mínimo los impuestos o para evitar pagarlos […]”.

Es decir, que si las personas que tienen su patrimonio en paraísos fiscales “pagaran impuestos en los países donde residen […] o donde obtienen sus riquezas, la recaudación tributaria adicional disponible para la financiación de servicios públicos y para la inversión en todo el mundo” sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio… ¡¡¡y en los cálculos no se incluyen las empresas!!!. Queda claro que hay dinero suficiente para arreglar los problemas del mundo. Tan sólo es necesario, como comenta el coordinador de Naciones Unidas en España, voluntad política por parte de los países.

La distribución desigual de la riqueza

En diciembre de 2006 el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas publicó un estudio en el que se concluía que el 2%
más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial
. Ese mismo estudio ilustraba con un interesante mapamundi los niveles de riqueza globales en 2000, que confirman los datos existentes previamente de que el 20% de la población acapara entre el 70% y el 90% de la producción mundial, como ilustra el gráfico.

Esta distribución tan drásticamente desigual es la prueba más palpable de la existencia de mecanismos de transferencia de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos: Los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales causan pobreza

A raíz de la culminación del proceso de Descolonización (tras la Segunda Guerra Mundial) se desarrollaron los actuales canales para facilitar el movimiento ilegal de capitales. Inicialmente ideados para permitir a líderes políticos y empresarios sacar sus fortunas de los nuevos países que iban logrando su independencia de las potencias colonizadoras, hoy en día estos canales sirven por igual para esconder y blanquear el dinero procedente de la corrupción, de actividades ilegales y de la evasión de impuestos en transacciones comerciales.

Estos canales ofrecen, a aquellos que pueden permitírselo, una gran variedad de servicios de planificación fiscal internacional diseñados para mover capitales de forma ilícita alrededor del mundo y evitar (o al menos minimizar) el pago de impuestos aprovechando las ventajas que ofrecen los denominados paraísos fiscales: Desde la exención del pago del impuesto sobre la renta para las personas físicas (Andorra, Mónaco, Somalia, Quatar, Arabia Saudi, Kuwait, Uruguay), hasta impuestos bajos (10% en Macedonia y Bulgaria, 10%-12% en Irlanda) o inexistentes (Bermudas, Emiratos Árabes Unidos) para las empresas.

El auge de la evasión fiscal ha sido tal, que el número de paraísos fiscales ha pasado de unos 25 a principios de los años 1970s hasta los 72 paraísos fiscales reconocidos en la actualidad, muchos de ellos ligados estrechamente, tanto política como económicamente a los países de la OCDE, y en especial al Reino Unido. De hecho, de los lugares identificados como paraísos fiscales, un 19% dependen directamente del Reino Unido (son Dependencias de la corona británica o territorio británico), un 30% son Estados perteneciente a la Commonwealth británica (anteriormente parte del Imperio Británico), y un 10% ex-colonias británicas. En total, casi el 60% están o han estado vinculados con el Reino Unido.

Se estima que el movimiento transfronterizo de ingresos derivados de actividades delictivas, corrupción y evasión de impuestos oscila entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales proviene de las economías en desarrollo y en transición. Según este cálculo, originariamente realizado por Raymond W. Baker, el 3% de esa cantidad anual proviene de la corrupción y un tercio de actividades ilegales. El resto, casi dos tercios, es evasión fiscal.

¿Y esto en qué me afecta a mí?

Los impuestos sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia, tanto la fuga de capitales como la evasión fiscal merman la capacidad estatal para financiar los servicios e infraestructuras públicas, lo cual perjudica seriamente a los ciudadanos de dos formas complementarias.

En primer lugar, porque se traslada la carga fiscal hacia los colectivos sin movilidad internacional, quienes no pueden escapar de las medidas compensatorias que los gobiernos deben adoptar para mantener el bienestar social. Estos colectivos, que deberían pagar menos impuestos que quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, deben asumir la parte correspondiente de los evasores a través de impuestos indirectos sobre el consumo.

Este tipo de impuestos ofrecen a los Estados la posibilidad de controlar fácilmente la recaudación, puesto que su gestión se realiza enteramente dentro del territorio nacional y resultan más difíciles de evadir al amparo de la ley. Por contra, estos impuestos, como el IVA (y próximamente el IBA), se aplican por igual a todas las personas, teniendo que pagarlos incluso a aquellas cuyo nivel de ingresos está por debajo del umbral que exime del pago del impuesto sobre la Renta.

Cuando no es posible compensar el déficit producido por la fuga de capitales mediante impuestos, los gobiernos no suelen tener otra alternativa que recortar el gasto público y privatizar servicios como la sanidad o la educación. De esta manera se excluye a los colectivos que más utilizan estos servicios (mujeres, ancianos y niños) del disfrute del crecimiento económico que les rodea, y se incrementan las desigualdades entre ricos y pobres.

Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran tener una buena oferta de servicios públicos a costa de más impuestos, o pagar menos impuestos a costa de sacrificar servicios sociales. La alternativa que proponen los evasores de impuestos (y el neoliberalismo en general) es que los ciudadanos paguen más impuestos por menos servicios sociales, lo cual supone un fuerte freno para el desarrollo y un ataque directo a la soberanía de las naciones.

En nuestra faceta de consumidores, también nos vemos perjudicados por los paraísos fiscales en la medida en que falsean la competencia en el mercado. Las empresas transnacionales pueden, mediante lo que se denomina transferencia de precios, declarar sus beneficios en la jurisdicción en que se exija pagar menos impuestos y así disponer de más capital para acelerar su expansión. De esta manera, obtienen recursos para competir con ventaja en los mercados locales contra las pequeñas empresas (que no tienen acceso a los paraísos), y se aprovechan de las infraestructuras públicas, que utilizan en sus actividades pero no financian con sus impuestos.

Varias fuentes estiman que la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, a pesar de que estos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial.

¿Y qué hacen los gobiernos al respecto?

La dimensión del problema que genera la movilidad internacional de capital hace necesario abordarlo desde la cooperación internacional, e involucrando a todas las naciones del mundo. Mientras quede un resquicio, el dinero se fugará por él.

Para una lucha eficiente contra la evasión fiscal sería necesario el intercambio automático de información fiscal entre todos los países, y la creación de impuestos globales que, por ejemplo, haga que las empresas tributen por los beneficios allí donde realmente se generan. Para la aplicación de todas estas medidas, sería necesaria la creación de una Agencia Tributaria Internacional.

Desgraciadamente, hasta la fecha todas las iniciativas para luchar contra la evasión fiscal han sido frenadas por la negativa de los paraísos fiscales a cooperar.

Estas jurisdicciones (muchas ni siquiera son Estados), que en su día hicieron de las ventajas fiscales y la opacidad el eje central de su estrategia de desarrollo, hoy en día dependen por completo de los capitales extranjeros que llegan atraídos por dichas medidas.

Dadas sus limitadas posibilidades económicas (generalmente se trata de territorios pequeños, poco habitados, mal comunicados y sin recursos que explotar), y la increíble cantidad de riqueza que genera la industria de servicios financieros que han creado artificialmente, resulta difícil imaginar que tengan interés en cooperar con el resto de la comunidad internacional.

En su lugar, los paraísos fiscales optan por competir entre ellos, ofreciendo ventajas fiscales crecientes para atraer y retener las inversiones de capital, a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas de las que dependen sus economías. Esta carrera a la baja, que llevada a su último extremo acabaría por suprimir los impuestos para los usuarios de paraísos fiscales, no sólo reduce la recaudación fiscal en otros Estados (especialmente los vecinos), sino que desvía las inversiones hacia aquellas economías que más subvenciones ofrecen, dejando de lado los criterios productivos.

En esa misma carrera a la baja también se ven obligados a participar muchas naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. En este caso, no por decisión propia, sino por la presión de organismos supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que condicionan la obtención de ayudas financieras a la aprobación de reformas fiscales que reduzcan los tipos impositivos y hagan “más competitivas” las economías de estos países.

En estos casos, no se trata de crear refugios para el dinero, sino de regularizar y acelerar el expolio que sufren estos países mediante la imposición de un programa político y económico que les es ajeno. A cambio de renunciar a la soberanía sobre su economía, los países receptores de ayudas son recompensados con créditos que acaban generando una creciente deuda externa por la acumulación de intereses, como pasa con las hipotecas.

El ejemplo más sangrante de esta realidad lo constituye el Banco Mundial. Pese a definirse como una organización que ofrece asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente, en realidad obtiene beneficios a costa de los países pobres, como recientemente ha denunciado SocialWatch. Especialmente revelador sobre la verdadera finalidad del BM y el FMI es saber que el objetivo de su programa conjunto de Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados es “reducir a niveles sostenibles la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados”. Ya no es necesario mantener un imperio colonial cuando se puede someter a los países económicamente, de forma indefinida y al amparo de Naciones Unidas, mediante ayudas que acaban por causar más subdesarrollo, en vez de combatirlo.

Estos gobiernos, además, tienen que soportar el chantaje de las empresas transnacionales. Estas empresas, atraídas inicialmente por la situación favorable para la inversión, no dudan en trasladarse a otros países tan pronto como se pueda justificar en términos de rentabilidad, sin importarles los compromisos adquiridos previamente. Por eso amenazan a los gobiernos con deslocalizar sus centros productivos a otros países si no mejoran el trato fiscal que reciben (mediante ventajas fiscales y/o subvenciones). Tanto si cede como si no, el Estado afectado dejará de recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de impuestos.

Queda claro que subvencionar la inversión (ya sea privada, pública, local o extranjera) no es una forma sostenible de hacer crecer una economía. Las actividades que sólo son rentables gracias a las subvenciones que reciben del Estado no sólo no contribuyen al crecimiento económico, sino que lo ponen en peligro.

Receta para un mundo más justo

1. Paga todos los impuestos que te correspondan. Como en todo, hay que empezar con uno mismo y predicar con el ejemplo. En algún momento de tu vida tendrás que someterte a una operación “importante”, de esas que recomiendan hacer por la seguridad social y que no cubren lo seguros privados. Querrás que tus hijos/sobrinos/nietos vayan a una guardería/escuela/universidad, aunque no puedas pagarla. Te irás de viaje por carreteras sin pagar peaje. Tirarás de la cadena… Todos los servicios públicos cuestan dinero: aunque no nos cobren nada al utilizarlos los pagamos con nuestros impuestos.

2. Infórmate. La evasión fiscal es sólo una de los múltiples frentes que anuncian la llegada de un nuevo orden mundial: Una nueva sociedad diseñada por y para una minoría bien organizada, que pretende vivir mejor que nadie a costa de los demás, como en los buenos tiempos (feudales).

Su ideología ya se ha impuesto en las mentes de los futuros oprimidos en la medida en que pensemos en la educación como una forma para “ser competitivos en el mercado laboral”, en comprar una casa “como una inversión, que se revalorizará en los próximos años”, o en la privatización como una solución para “reducir el gasto público y aumentar la calidad y eficiencia del servicio”.

Frente a esta línea de pensamiento se opone el movimiento altermundista, cuyas propuestas, como la Renta Básica o la Tasa Tobin, se basan en ideales opuestos a los del neoliberalismo:“Libertad, igualdad y justicia”.

3. Pasa a la acción. Quien no defiende sus derechos acabará por perderlos, así que tendremos que hacer algo para frenar el desarrollo del mundo que se nos avecina. El cambio ya se inició hace tiempo en la periferia del sistema, donde no nos afecta y difícilmente lo veremos hasta que se haya generalizado.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede invertir el proceso. Por ello es de vital importancia concienciar al prójimo. Ya sea por tu cuenta, o como parte de una de las muchas asociaciones con objetivos afines a nivel local, nacional o internacional.

También es crítico votar a representantes que tengan estos problemas en sus prioridades. No busquéis en los programas de las formaciones políticas mayoritarias, ya que han tenido tiempo para haber atajado el problema, y son las que han permitido que lleguemos hasta la situación actual. Existe una gran variedad de formaciones políticas, de todos los colores y sabores.

No dudes en votar a estas pequeñas formaciones. A diferencia de lo que (erróneamente) creen algunos, no estaréis tirando el voto sino votando por el “verdadero” Cambio. Un cambio de base, no más de lo mismo.

Por último, recordad: Otro mundo es posible… y cada día más necesario. Así que manos a la obra.