Lo prometido NUNCA es deuda

rux 2021.09.25 @ 00:16
Categoría(s): Política

Todo parecido entre las promesas electorales de cualquier político y su acción en el gobierno o en la oposición es mera coincidencia. La constitución Española en su artículo 67.2 lo pone bien claro: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo“. Esto significa que nadie puede decirles lo que tienen que hacer o lo que tienen que votar. Se supone que actúan en conciencia, de forma “personal e indelegable“, como añade el art. 79 CE.

Así que, aunque puedes votar a la lista de un partido para que haya más integrantes de esa lista sentados en la cámaras legislativas del Estado o de las comunidades autónomas, que también tienen artículos similares en sus estatutos de autonomía, en ningún caso eso supuestos “representantes” tienen que cumplir con lo que hayan prometido, ni tienen que tener en cuenta tus intereses o demandas concretas, o la de los habitantes de la circunscripción a la que se supone que representan.

Si solicitas una reunión con ellos y acceden, es porque quieren; si te escuchan mientras les planteas lo que les quieras trasmitir es por que les apetece; y si te prometen que lo mirarán o que harán algo al respecto es por ser educados o por quedar bien, pero sin ningún compromiso ni ninguna fecha concreta porque no existe mandato imperativo. Así que si lo que propones les parece interesante harán lo que les parezca cuando les venga bien, y si no, pues te fastidias… porque no tienen obligación alguna.

La única motivación que tienen los cargos de designación electoral para atender a las demandas de los votantes y cumplir sus compromisos electorales es el impacto negativo que NO hacerlo pudiera tener en las siguientes elecciones, pero como la mayoría de la gente vota por miedo a lo que puedan hacer los otros y cegada por la ideología y el odio que les ha inoculado sus políticos favoritos, pues no hay mucho riesgo de que alguien se cambie de bando, vote a otro partido parecido que tampoco tiene que cumplir sus promesas, o se abstengan para que ganen los otros.

El ejemplo más palmario lo tuvimos cuando el PSOE se abstuvo para que Rajoy fuera Presidente. ¿Podían haber formado gobierno? Sí, con los mismos apoyos con los que se aprobó la moción de censura. ¿El programa electoral mencionaba algo de dejar gobernar al PP antes que pactar con PODEMOS? NO. ¿Algún votante socialista quería que Rajoy fuera presidente o voto al PSOE pensando que su voto posibilitaría un gobierno del PP? NO. ¿Tenían obligación legal de haber intentado formar gobierno con PODEMOS o haber votado en contra en vez de abstenerse para evitarlo? NO. En las siguientes elecciones ¿les pasó factura permitir que Rajoy gobernara 2 años más?. NO… en las siguientes elecciones consiguieron dos millones de votos más y 48 diputados más.

Así que, si votáis a alguien que os promete construir un puente y, al llegar al poder, os construye un muro en su lugar… pues no os sorprendáis. El sistema político está diseñado así adrede. Y ningún político lo quiere cambiar, porque eso implicaría tener que dejar de hacer lo que quieran y empezar a trabajar para los españoles. Eso nunca lo van a permitir, y como las leyes que hay que cambiar sólo las pueden cambiar ellos, por ahí no hay salida.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Demandamos judicialmente por incumplimiento del programa electoral?. Eso ya se ha intentado, y ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues que las “promesas electorales” y su cumplimiento escapan al control jurisdiccional, de manera que, del acierto o desacierto en la llevanza y ejecución de las mismas, no cabe derivar responsabilidad … en términos jurídicos. Corresponde al Gobierno “la posibilidad de posponer unos compromisos por otros o sustituirlos en la forma más conveniente” y a los ciudadanos “expresar su […] disconformidad con estas actuaciones y omisiones” […] mediante “su libertad de no votarlo si defrauda sus expectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales“.

Al no estar “sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo“, ni al derecho penal -añado yo-, los actos consistentes en “promesas electorales” sólo son susceptibles de la sanción derivada del ejercicio del derecho a voto. “La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes“.

Pues más claro agua. En el régimen del 78 las promesas electorales NO hay que cumplirlas, y si la única forma de castigar al que incumple sus promesas es votar a otros que tampoco tienen que cumplirlas pues acabamos teniendo lo que tenemos. Ni colectivismo, ni libertad, sino partitocracia para todos.

Votar sin mandato imperativo de los electores y sin posibilidad de revocarlo en cualquier momento es extender cheques en blanco y tener fe en que no nos estafen. Justo todo lo contrario a la democracia, que se basa precisamente en la limitación del poder, en la total desconfianza de quienes lo ejercen, y en el sometimiento de los representantes a la voluntad de los representados.

Al parecer, ahora los partidos del Gobierno quieren poner peajes en todas las autopistas y autovias del país. ¿Eso iba en el programa electoral, o se les ha ocurrido sobre la marcha? No sé vosotros, pero como yo no soy de ir extendiendo cheques en blanco para que me mangoneen, como estoy harto de campañas electorales superfluas que no vinculan a nadie, y como no quiero ser cómplice de mi propia ruina ni de la de mi país, en vez de ir a votar cada cuatro años a ver si suena la flauta y pasarme la vida esperando a que aparezca alguien interesado en hacer las reformas necesarias, consiga los votos y cumpla sus promesas electorales pese a no estar legalmente obligado a ello; prefiero promover activamente los cambios necesarios para que los políticos tengan que trabajar para la ciudadanía, y cumplir sus promesas, o marcharse por donde han venido.

Estos políticos nefastos que tenemos no han caído del cielo, los vota la gente que se empeña en seguir extendiéndoles un cheque en blanco cada 4 años para que sigan arruinándonos la vida y el país de la forma que prefieran. Sólo tu puedes acabar con esta locura. En las próximas elecciones, no les extiendas otro cheque en blanco y súmate a la desobediencia civil pacífica. Abstente, y movilízate con la sociedad civil para poner al Estado al servicio de la sociedad, no de los partidos políticos. Rompe la rueda de mentiras en la que llevamos más de 40 años dando vueltas. No les sustentes con tu voto. Que callen las urnas hasta que la voluntad de la ciudadanía sea ley, y lo prometido por cualquier político que resulte elegido sea deuda.

No lo llames democracia

rux 2021.03.27 @ 01:28
Tiempo lectura: 6 min | Categoría(s): Política

Identificar al Régimen del 78 con la democracia no es solo un error conceptual, sino que también desprestigia el mismo concepto de democracia por asociación con la inoperancia de la política actual, y liga el futuro de la democracia en España con el destino del Régimen del 78, que no es prometedor. Aunque sea imperfecta, parcial o deficiente, si nos referimos a España como una democracia cada vez más gente se planteará buscar una solución a sus problemas políticos en sistemas no democráticos, porque la democracia no funciona.

La Alemania nazi no era una Democracia. Y a nadie se le ocurriría describirla como una democracia imperfecta, o una democracia parcial, o una democracia deficiente, o llamarla cuasi-democracia, o decir que era una democracia con graves carencias, una democracia con problemillas para aceptar a las minorías étnicas y convivir pacíficamente con sus vecinos. La Alemania nazi era una dictadura totalitaria: porque la reconocemos como tal la llamamos así, y porque la llamamos así la reconocemos como tal.

Desgraciadamente esta distinción no siempre está tan clara. Existen sistemas políticos que sin ser democracias no llegan a ser dictaduras. Un ejemplo de este tipo de sistemas políticos fue la República de Wiemar. El régimen político que posibilitó el ascenso del Nazismo era una partitocracia u oligarquía de partidos, como la que tenemos hoy en España, pero, qué curioso, a ninguna de las dos se la denomina así.

A ambas se las identifica como democracias parlamentarias a pesar de que no tienen separación de poderes, ni representación de los electores, ni mandato imperativo, ni el parlamento tiene un papel preponderante… que son algunas de las características que debería reunir una democracia que se define como parlamentaria.

Lo que sí había en la República de Wiemar, y hay en España, es un sistema electoral proporcional en el que se votaban listas de candidatos confeccionadas por los líderes de los partidos. Candidatos que le debían su puesto al partido y, en consecuencia, hacían lo que les dijeran desde partido… que básicamente es una organización jerárquica en la que manda el jefe, y a los revoltosos se les echa.

En un sistema como éste, en el que la ciudadanía carece tanto de mecanismos para ejercer el poder político de forma directa como de representantes sujetos a su mandato imperativo, los partidos políticos acaban convirtiéndose en los protagonistas de la vida política, y su principal preocupación pasa a ser consolidar y aumentar su cuota de poder para usarla en beneficio propio.

Como esta forma de ejercer el poder no es muy democrática, es normal que estos políticos dediquen muchos esfuerzos a enfrentar a la población entre sí, dividiéndola ideológicamente en facciones rivales para distraerlos de la naturaleza anti-democrática del Estado en el que viven; y otros muchos más en repetir hasta la saciedad lo buena que es la Democracia “que nos hemos dado” y que “tanto esfuerzo ha costado lograr”, por muchos problemas, deficiencias o imperfecciones que presente.

Por los paralelismos con España, el final de la República de Weimar debería alertarnos de los peligros de seguir esta inercia de llamar democracia a algo que no lo es. Cuando la República de Wiemar, al igual que pasa hoy en España y en otros muchos sitios, se enfrentó a una grave crisis que los políticos ni vieron venir, ni supieron o pudieron resolver, la población vio como esos políticos a los que se les llena la boca de democracia no hacían nada para intentar aliviar su sufrimiento, en buena medida porque no podían… el sistema político no estaba preparado para eso.

La coalición de gobierno intentó aprobar medidas legislativas impopulares para atajar los efectos de crack del 29 sobre la economía alemana, principalmente una devaluación de salarios y restricción del crédito. Pero no había una mayoría suficiente en la cámara legislativa y los partidos de la oposición estaban más preocupados en ganar las siguientes elecciones que en apoyar una medidas impopulares que reforzarían al gobierno si funcionaban, y que si no funcionaban les hundirían con él.

Así que como el parlamento no aprobaba estas medidas tan urgentes y necesarias, el gobierno las impuso mediante un decreto de emergencia, que sería el equivalente a nuestros reales decretos-ley. Al tratarse de una medida legislativa adoptada unilateralmente por el ejecutivo tenía que ser convalidada por el parlamento en un plazo de tiempo. Y no lo fue, porque el gobierno no tenía mayoría parlamentaria. Así que se adelantaron las elecciones dos años.

¿Y a qué no sabéis lo que pasó? Pues que las elecciones no resolvieron nada. Seguía sin haber una mayoría suficiente para gobernar, aunque se formó gobierno. Los únicos partidos que mejoraron sus resultados fueron los más extremos ideológicamente: los nazis y los comunistas. Este gobierno duró dos años. En 1932 decidieron volver a adelantar las elecciones, a ver si alguien conseguía una mayoría suficiente para poder gobernar. Como no fue el caso, se volvieron a repetir las elecciones ese mismo año, y dos veces más en 1933, hasta que al final el partido nazi consiguió una mayoría suficiente para ilegalizaron el resto de partidos y se acabó la “democracia”. ¿Os suena todo esto de algo?

Y estaréis pensando, ¿qué tiene que ver toda esta película con llamarlo democracia? Pues veréis, puedo imaginarme a un alemán de 1930 -o a un español de 2023- que está sufriendo los efectos de una grave crisis económica que ha dejado en paro a un 30% de la población mirando hacia sus políticos en busca de soluciones a sus problemas graves y acuciantes, y ver como éstos no hacen más que insultarse entre ellos, hacer propaganda a golpe de eslogan fácil, proponer medidas ornamentales, presentar mociones de censura sin futuro y convocar elecciones para ver si desatascan la situación.

¿Qué va a pensar esa persona del sistema político que está padeciendo? Pues que no funciona, lógicamente. ¿Y cómo dices que se llama? ¡Ah!, democracia. Bueno, pues si esto que tenemos hoy es una democracia, una democracia plena (como se encargan de recordarnos los políticos constantemente), y resulta que en esta supuesta democracia plena el Estado cumple las leyes cuando le interesa; los derechos fundamentales se suprimen a conveniencia; a los políticos les preocupan más su cuota de poder que resolver nuestros problemas: y a quien se queje le meten en la cárcel o le ponen una multa de hasta 600.000€… Bueno, pues si esto es la democracia, alguien podría llegar a pensar, entonces o ahora, que la democracia no funciona. Y como no funciona, pues habrá que plantearse buscar otras alternativas.

Y esas otras alternativas no van a ser democráticas, obviamente, porque la “democracia” ya se ha probado, y ya ha fracasado. Así ganaron popularidad las propuestas autocráticas en el periodo entre guerras, ofreciendo un sistema alternativo que prometía orden, estabilidad y un gobierno efectivo para resolver los problemas de la gente que las “democracias” en descomposición no eran capaces de lograr. A muy poca gente se le ocurrió plantear “una democracia mejor”. Ya habían tenido suficiente democracia como para saber que no quería más.

Pero ese rechazo de la población no era en realidad a la democracia, que ni existía entonces en Alemania ni existe hoy España, sino a la partitocracia u oligarquía de partidos realmente existente. Al haberse identificado democracia con partitocracia por interés político, por inercia o por décadas de condicionamiento social, el fracaso de la partitocracia destruyó toda posibilidad de implantar un sistema democrático en Alemania, dejando una única opción sobre la mesa.

Por eso, para que la democracia sea a una alternativa a considerar el día en que el Régimen del 78 termine de fracasar es necesario que dejemos de llamar democracia a lo que no lo es: ni imperfecta, ni parcial, ni deficiente. Identificar al Régimen del 78 con la democracia no es sólo un error conceptual, sino que también desprestigia el mismo concepto de democracia por asociación con la inoperancia de la política actual, y además liga el futuro de la democracia en España con el destino del Régimen del 78, que no es prometedor.

Si la gente piensa que la democracia no funciona, buscarán alternativas no democráticas. Así que si crees en la democracia, si te gusta la democracia, si quieres vivir en una democracia, no lo llames democracia hasta que no lo sea, porque si lo haces, el fracaso del sistema político actual cerrará las puertas a la democracia y nos mandará irremediablemente en la dirección contraria. Sé que es difícil, pero no contribuyas al desprestigio de la democracia refiriéndote a España como si fuera un país democrático.

El “régimen del 78” NO es la democracia

rux 2017.10.04 @ 20:02
Tiempo lectura: 22 min | Categoría(s): Política

El “régimen de 78” NO es la democracia. Aunque mucha gente se resiste a admitirlo refugiándose en eufemismos como que tenemos una democracia de baja calidad, con muchos defectos o imperfecta, en la primera hoja de su edición original se aprecia claramente que la denominada Constitución de 1978 no es fruto de la libre voluntad de la nación española sino la última de las leyes fundamentales del reino, que recibe su legitimidad política del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Fue elaborada por unas Cortes Españolas creadas ese mismo año por la Ley 1/1977 para la Reforma política. En sus escasas dos hojas no sólo configura el Congreso y el Senado en su forma actual, sino que establece las bases del que fuera el sistema electoral en España hasta la fecha y faculta al Gobierno presidido por el ex-secretario General del Movimiento Nacional, D. Adolfo Suarez, para regular las primeras elecciones (Disposición transitoria primera).

Parte muy importante de esa regulación fue la de decidir qué partidos se legalizaban para concurrir a las elecciones del 15 de junio de 1977. Por supuesto, ninguno antifranquista ni republicano; el primer partido que incluía una alusión a la república en su denominación fue Esquerra Republicana de Catalunya, legalizado un mes y medio después de las elecciones (2/Ago/1977). Cierto es que se pudieron presentar los partidos de la “izquierda” pactista, repletos de socialistas monárquicos y comunistas juan-carlistas, que habían pasado por la ventanilla de Arias Navarro traicionando a quienes sufrieron y murieron por los ideales que supuestamente representaban.

En cualquier caso, tampoco es que importase, puesto que en 1966 ya se había decidido que España fuera una monarquía cuando el Caudillo muriera, como así lo votaron el 95% de los Españoles… casi tantos como ratificaron el referéndum de la Ley para la Reforma Política (94,45%). Era una época de “extraordinaria placidez” en la que la gente votaba con conocimiento de causa, y en la que decidimos en las urnas que queríamos para España una monarquía absoluta, como la de Fernando VII, puesto que el monarca ejercería el mismo poder que Franco, pero sin su carisma. 😏

Un dato reseñable es que ni la Ley para de Reforma Política ni el decreto de convocatoria de las primeras elecciones se menciona nada de una nueva Constitución o de la apertura de un proceso constituyente. Se trataba de unas elecciones a Cortes franquistas, como las que se venían celebrando cada cuatro años para elegir a los Procuradores electivos en Cortes (el “tercio familiar“), sólo que ahora, se repartían en dos cámaras y eran mayoritariamente electivos (¡ojo!, 41 senadores “constituyentes” lo fueron por designación real [art. 2.3 Ley 1/1977]). La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 seguía en vigor.

De hecho, tan poco importante era el asunto constitucional que ni se trató en la campaña electoral, porque no era lo que se votaba. No obstante, 10 meses después de las elecciones se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (15 de mayo de 1978), en donde se elaboró un anteproyecto de consenso en el increíble tiempo de 47 días, que pasó el trámite parlamentario en el extraordinario plazo de 133 días, se sometió a referéndum en un tiempo récord de 36 días y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, es decir, tan sólo 23 días después de su ratificación. Por supuesto, el debate fue exhaustivo y con gran participación de la sociedad civil, donde se escucharon todas las propuestas y alternativas. 😒

La Constitución española tiene 17.816 palabras, se elaboró en 180 días, entró en vigor 59 días después. Una rapidez inaudita si pensamos que los estadounidenses tardaron 16 meses en acordar un texto de 3.492 palabras que sería su primera Constitución, y 3 años y medio en ratificarlo. A los pocos años, viendo que presentaba serias deficiencias, hicieron una revisión del texto, que tardaron 116 días en aprobar y más de dos años en ratificar, situando el total en 4.379 palabras, que siguen en vigor 227 años después. Claro que en el caso de EE.UU, sí que se estaba transformando realmente el sistema político; de una monarquía absoluta a un gobierno representativo.

¿Cómo fue posible tal celeridad? Lo fue por dos motivos: primero, porque la Constitución española se empezó a elaborar en secreto el 22 de agosto de 1977 por un grupo de siete parlamentarios (los denominados “padres” de la Constitución). Repito, EN SECRETO. No hay nada menos democrático que una Constitución hecha en secreto, sin debate público, por unos políticos que no han recibido el mandato constituyente. El 22 de noviembre de 1977, periodistas de la revista ‘Cuadernos para el diálogo’ filtraban a la opinión pública los 39 primeros artículos del borrador, para sorpresa de todos.

Y, segundo, porque estos padres de la Constitución contaban con una base bien trabajada. El antiguo ministro de Franco, Fraga, había elaborado un proyecto de Constitución para Arias Navarro en enero de 1975, que preveía unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo, autonomía administrativa y cultural para las regiones, y la aplicación práctica de los derechos del hombre definidos por la ONU. ¿Nos suena de algo? También se reciclaron algunos preceptos de las Leyes Fundamentales del Reino (art. 37 LO del Estado » Art. 8.1 de la CE78), por lo que sólo había que ultimar algunos pequeños detalles.

Al igual que otras leyes fundamentales anteriores, el texto final fue aprobado en referéndum… pero el porcentaje a favor bajó al 87,78 % de votantes aun cuando la elección era entre seguir con la monarquía absoluta franquista o el remozado régimen del 78. Las nuevas generaciones de españoles empezaban a perder la claridad de ideas con la que antaño votaron sus padres. O quizás se empezaban a frustrar muchas expectativas y a entender que todo aquello había sido una farsa. ¡Libertad, libertad, sin ira libertad! […] pero aquí no se cambia na”.

Así fue como, tras unas elecciones regidas por las leyes electorales franquistas en las que ni se trató el tema, unas Cortes -también franquistas- con representantes de los partidos políticos aprobados por el Gobierno y 41 senadores designados por el Rey crearon, en tiempo récord y con la mínima publicidad posible, la “democracia que nos hemos dado”™. Una nueva democracia sospechosamente parecida a lo que ya había antes, puesto que conservaba los principales órganos del Estado preexistentes; sancionada por un Rey absoluto, que seguiría siendo tan inviolable como hasta entonces; y ratificada por los Españoles que no tuvieron que exiliarse, tras 42 años de adoctrinamiento nacional católico; gracias a la que disfrutamos de unos “derechos que nos costó mucho conseguir”™.

De la legalidad franquista a la legalidad post-franquista

De acuerdo, quizás las circunstancias históricas hicieron que el procedimiento no fuera impecable, pero no juzguemos la comida por la presentación. Los platos más deliciosos pueden salir de la cocina más humilde. ¿Qué contiene la Constitución del Régimen del 78 (en adelante CE78) que sólo gusta a los paladares más envejecidos?

No existe separación de poderes

Ya lo resumió a la perfección Alfonso Guerra en dos sencillas frases: “Montesquieu ha muerto” y “Quien se mueva no sale en la foto“. ¿Qué pretendía decir? Con la segunda, pues que quien moleste a la ejecutiva de su partido político o saque los pies del tiesto se queda sin poltrona a cargo del erario público.

Esto es así porque las listas electorales las hacen los jefes de cada partido, colocando en ellas a los más leales, los que dicen que sí a todo y son obedientes. Una vez elegidos, harán lo que se les mandé si quieren repetir. Puesto que no hay limitación de mandatos, basta con no equivocarse al apretar un botón o al aplaudir para asegurarse el sueldo y una sustanciosa jubilación.

Lo mismo ocurre con la mayoría de los altos cargos del Estado, ya que son elegidos por o a propuesta del Gobierno (los jefes del partido) o de sus acólitos (el Parlamento): los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (los “jefes” de los jueces), el Presidente del Tribunal Supremo (TS), el Fiscal General del Estado, el Tribunal de cuentas (vigilan las cuentas y la gestión económica de Estado), los puestos directivos en la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, asesores, etc. Hay muchos sitios donde colocar estómagos agradecidos si el partido alcanza el poder.

Lo cual nos remite a la primera frase. Puesto que no es muy inteligente morder la mano que te da de comer, quienes ocupan altos cargos en los Órganos del Estado sufren un grave conflicto de intereses: si trataran de ejercer su labor de contrapeso al Poder su carrera profesional puede finalizar prematuramente. Por tanto, los controles institucionales al poder del Gobierno no operan. Al igual que el franquismo, no hay separación de poderes sino separación de funciones de un mismo poder. El partido que gane las elecciones ocupará todas las instituciones del Estado y podrá gobernar sin injerencias hasta las siguientes elecciones. Montesquieu yace en su tumba.

No existe la representación política

Además de obediencia ciega, otra consecuencia de la elección mediante listas de partido es que no existe representación de los gobernados. El voto sólo se pide para legitimar un régimen como democrático, como si con Franco no hubiera habido elecciones, pero los deseos de los ciudadanos no se incorporan al proceso político porque el mandato imperativo está prohibido (art. 67.2 CE78) y, en consecuencia, cualquier promesa electoral es constitucionalmente no vinculante.

No obstante, existe algo bastante parecido denominado “disciplina de voto“, gracias a la cual el diputado votará lo que diga su partido si quiere evitar ser multado o expulsado, y optar a ser reelegido. Tal es la potencia de este mandato imperativo del partido que es capaz hasta de hacer que sus diputados se abstengan para que el supuesto archienemigo forme gobierno. También explica la ausencia generalizada de disidencia interna y hace que todas las leyes aprobadas desde 1979 sean inconstitucionales.

Así las cosas se puede afirmar que no existe representación política… de los ciudadanos. La soberanía nacional no reside en el pueblo, como dice el art. 1.2 CE78, ni en la ciudad… sino en las cúpulas de los partidos políticos, que la ejercen a través del sometimiento de sus diputados a una estructura y unos procedimientos internos que tienen poco de democráticos (contraviniendo también el art. 6 CE78). Por eso España no es una democracia, sino una partitocracia.

Aunque supuestamente son el “instrumento fundamental para la participación política”, ni sus militantes de base, ni sus simpatizantes, ni sus votantes tienen acceso o influencia sobre las cúpulas de estos partidos, que son las que pueden tomar las decisiones políticas, elegir a casi todos los candidatos y deponer a secretarios generales díscolos si la situación lo requiere.

Mediante su control del Estado se aseguran una buena financiación y que no les salga demasiada competencia, de modo que puedan monopolizar el proceso electoral y los ciudadanos no tenga alternativas frente a las políticas de Estado como la monarquía, la Globalización, la Unión Europea y el Euro, las privatizaciones, la desmantelación del Estado del Bienestar, los rescates a empresas privadas con fondos públicos, más precariedad, menos salario y más impuestos.

Si no te gusta el Gobierno dentro de 4 años podrás votar a otros para que sigan haciendo lo mismo, porque no tenemos ninguna influencia sobre lo que pasa. Igual por eso la gente vota con las entrañas, porque si el voto sólo sirve para cambiar caras sólo queda evitar que los otros gobiernen, porque son mucho peores. No importa que estés votando a ladrones, rompe-patrias o corruPPtos. No importa el programa electoral; algunas ya se presentan sin tenerlo y así no tener que incumplirlo. Lo único importante es que votes a quien sea para que la rueda siga girando, por eso todos los candidatos piden de forma unánime que la gente participe (aunque sea para votar a sus enemigos).

No existe imperio de la ley

También se incumplen la Constitución y las leyes, porque no están para ser cumplidas. A la muerte del Dictador los europeos nos miraban raro y había que darle al tinglado un barniz democrático para que nos aceptaran en el mercado común, pero nada mas. Como no hay separación de poderes y rige el principio de jerarquía, no queda nadie para controlar que se respeten los procedimientos legales y el ejercicio del poder se rige por la costumbre anterior. Si lo ordena el superior o se ha publicado en el BOE se obedece automáticamente: a los empleados del Estado no les pagan para que tengan criterio propio sobre la legalidad o la constitucionalidad de lo que hacen.

Así encontramos gobiernos que declaran estados de alarma ilegales para encubrir sus errores de gestión del espacio aéreo; que no se someten al control parlamentario estando “en funciones” porque se ve que los arts. 108 y siguientes CE están de adorno; Comunidades Autónomas que establecen precios públicos por encima del máximo legal y prescindiendo de la memoria económica obligatoria, partidos políticos que se financian con dinero negro, terrorismo de Estado… y pocos jueces dispuestos a mover un dedo si no es para acelerar el trámite cuando estos asuntos llegan a juicio. Por contra, cuando se trata de las 166 órdenes de desahucio que se ejecutan cada día, ni a los jueces que las ordenan ni a los policías que las realizan parece importarles que haya ya 8 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenando a España porque la normativa hipotecaria vulnera el derecho comunitario y la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE78).

Como antes de que se aprobara la Constitución, la discrecionalidad a la hora de aplicar el derecho resulta alarmantemente alta. Al mero mortal se le aplica la legislación vigente con saña si es para castigarle, y con moderada mesura cuando hay que resarcirle. Pero si eres “alguien” las leyes se te aplican de manera distinta. Por eso en vez de mandar a los inspectores, la Agencia Tributaria “invitó” a los integrantes del clan Botín a regularizar voluntariamente su situación fiscal para no incurrir en penas de cárcel. Por eso el juez aplicó todos los atenuantes posibles a un famoso futbolista para dejar las 3 condenas por delitos castigados con entre 2 y 6 años de prisión cada uno en 7 meses, porque si fueran 8 tendría que entrar en prisión (sentencia). Estos casos son la guinda del pastel, ya que “sólo” se está produciendo un trato de favor prohibido por el art. 14 de la Constitución Española, cuyo cumplimiento parecer ser opcional.

No existe seguridad jurídica

Para que todo este despropósito sea posible es necesario que las leyes están escritas en un lenguaje ambiguo que no entienda nadie, pero pueda significar lo que sea necesario según la ocasión. Como cualquier estudiante o practicante del derecho puede corroborar, abundan los debates en los que los juristas no se ponen de acuerdo sobre el significado de un precepto legal, dividiéndose la opinión entre la doctrina mayoritaria (hagamos que esto funcione si chirriar demasiado) y la minoritaria (apliquemos la lógica y el texto literal de la ley hasta su últimas consecuencias, y que espabilen los legisladores). Sí el desconocimiento no exime de su cumplimiento, cabría esperar que las leyes fueran -además de públicas- comprensibles, para que podamos saber cómo acatarlas.

Un ejemplo de esto lo tenemos al intentar determinar cuándo nace la obligación de cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, ya que la propia ley -que no se ha cambiado desde 1970- establece unos criterios tan vagos y genéricos que nadie sabe lo que significan (art. 2 Decreto 2530/1970). El Tribunal Supremo ha emitido múltiples sentencias estableciendo un criterio objetivo para determinar cuándo se debe empezar a cotizar por la Seguridad Social, como es el facturar por importe superior al Salario Mínimo Interprofesional, que la Seguridad Social reconoce oficialmente pese a que sus funcionarios siguen sancionando sin más prueba que estar de alta en Hacienda para facturar. Si no estás de acuerdo con la sanción, pues dedica tu tiempo y dinero a reclamar, que los funcionarios cobramos igual y no nos va a pasar nada si es que nos hemos “equivocado”.

En el siguiente escalón encontramos los casos en los que la ley esta clara, pero significa otra cosa para los tribunales. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo sentencia que la responsabilidad civil no es mancomunada cuando interesa, por mucho que el art. 1.137 de Código Civil diga exactamente lo contrario. O que la declaración de nulidad de las clausulas suelo en hipotecas no obliga a devolver lo cobrado de más por mucho que diga el Código Civil (art. 1.303 y siguientes) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ambos casos se realiza una interpretación correctora, que no es sino un eufemismo para denominar a la usurpación de funciones legislativas para ignorar el texto de la ley… siempre por una buena causa.

Estas “interpretaciones creativas” se aplican hasta a la Constitución. Desde la desestimación de una demanda de paternidad decisiva para determinar quien debe ser el actual Jefe de Estado según una lectura interesada y expansiva de su art. 56.3 (referido sólo a los actos refrendados por miembros del Gobierno), hasta la vulneración del derecho de sufragio pasivo para la consecución de valores o bienes constitucionalmente protegido más importantes (de los que la Constitución ni habla); pasando por curiosidades como que se considere en vigor la ley 46/1977 de Amnistía (STS 101/2012, FD 3.3) pese a que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1976, incorporado a la Constitución a través del art. 10.2 y con efecto derogatorio por el apartado 3 de su disposición derogatoria.

Resumiendo, que en España las leyes son incomprensibles, indeterminadas, o directamente significan todo lo contrario de lo que ponen; por lo tanto, conocer de antemano las consecuencias jurídicas de tus actos resulta casi imposible; máxime cuando los funcionarios del estado tienden a interpretarlas como mejor les conviene según el caso.

No hubo desfascificación ni condena al franquismo

El dictador murió en la cama dejando todo atado y bien atado. A la mañana siguiente, los altos cargos franquistas se despertaron demócratas de toda la vida y comenzaron a edificar la España moderna y “democrática” en la que vivimos hoy. Se aprobó una ley de amnistía que dejaba impunes delitos de lesa humanidad: Los crímenes de guerra y dictadura más antiguos sin esclarecer desde que se aprobara la declaración Universal de Derechos Humanos, que sitúan a España como el país con más desaparecidos después de Camboya. El saldo provisional es de 114.000 desaparecidos. Ni los peores dictadores sudamericanos se han atrevido a tanto.

Lejos de hacer un escarmiento público de los crímenes del fascismo, como se hizo con la Alemania nazi, ni los responsables políticos ni el aparato de represión (ejercito, policía, jueces y fiscales) fueron purgados. Miles de criminales quedaron sueltos por las calles entre sus víctimas, sin muestras de arrepentimiento. El régimen se vistió de democracia, pero nunca abandonó su esencia fascista. Por eso, cuatro décadas después, todavía encontramos calles y plazas rindiendo homenaje a estos crímenes y criminales; personas que se niegan a cumplir la ley, si es de memoria histórica; y gobiernos que siguen ignorando las críticas de la ONU y obstruyendo la acción de la justicia.

Por eso, cuarenta años después de ser rebautizado como Audiencia Nacional, el Tribunal de Orden Público sigue combatiendo a quienes pretenden subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional; persiguiendo a abucheadores, twitteros (y II), raperos (y II). titiriteros y maleantes. En ocasiones, de forma tan desaforada que hasta la Unión Europea ha advertido de que intervendrá si no se respeta el principio de proporcionalidad en las penas. Mientras, los españoles como Dios manda pueden tuitear lo que quieran.

Por eso la policía ni va identificada ni se identifica cuando es requerida, saltándose la ley; y te amenazan si les grabas “trabajando”, aunque sea completamente legal. No se de qué se preocupan, si los jueces son benévolos a la hora de castigar sus “errores” y los gobiernos no dudan en indultar a los pocos que han sido condenados por delitos de torturas, permitiendo que continúen trabajando en las fuerzas de seguridad. Eso si no les condecoran.

Por eso, cuando los jueces penales se muestran escrupulosos en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el Gobierno reforma la ley para que sean órganos administrativos los que impongan sanciones económicas peores que la cárcel prescindiendo de un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE78). Por eso carecemos de un recurso de apelación contra las sentencias por delitos superiores a cinco años o contra las dictadas por la Audiencia Nacional, lo cual ha provocado reiteradas condenas a España del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Todo escrupulosamente legal y democrático, porque a una sociedad que se amoldó al fascismo, que permitió la Transición, que confunde legalidad con legitimidad, moralidad o justicia estas cosas le importan poco. Por eso a muchos nos cuesta sentir orgullo de ser español, español, español. El régimen del 78 tiene un pasado y un presente demasiado oscuro como para sacar pecho, menos aún para hablar de democracia. A la España que quiere respeto, justicia y reconciliación nos repugna que se ensucie la bandera cada vez que quienes abogan por la impunidad y el sometimiento por la fuerza de los que no piensan como ellos se envuelven con ella para jalear a tipos armados que van a agredir a otros compatriotas, en vez detener a los cabecillas de la sedición y cerrar sus medios de comunicación.

Así que acabo el artículo como la empecé: quienes piensen que España es una democracia, por favor, les ruego que la definan y luego me expliquen cómo es posible que todas las cosas que he comentado a lo largo del artículo (y muchas más que he omitido) ocurra en una Democracia. ¿Por qué en España exista una fundación “Francisco Franco”, pero no una “Adolf Hitler” en Alemania. Y no me vengan con que nuestra democracia no es perfecta porque, efectivamente, ni es perfecta, ni es democracia.

Comando “SPAM-Electoral”

rux 2014.05.22 @ 01:05
Categoría(s): Política, Práctico

Idea sencilla, barata y para toda la familia: imprimir y repartir en tu bloque ANTES DE LAS 0:00h DEL SÁBADO la propaganda electoral de las pequeñas formaciones de tu preferencia que se presentan a las elecciones europeas de esta domingo, adjuntando una carta de motivación. Todos los archivos para modificar e imprimir vuestras versiones están al final (necesitareis un editor de PDF).

Yo he impreso 74 ejemplares por unos 10€, y creo que se va a convertir en una tradición :D

PD: En las próximas elecciones pásate por www.comandospamelectoral.com, donde montaremos una aplicación que facilite la impresión de la propaganda.

Estimado/a vecina/o,

En los últimos días posiblemente habrás recibido en tu buzón conmovedoras cartas a todo color de los candidatos/as de los principales partidos políticos solicitando tu voto este próximo domingo. En ellas te cuentan lo bonito que será el futuro si les votas, pero omiten otras muchas cosas.

No te cuentan que hay proclamadas 39 candidaturas para las próximas elecciones Europeas, muchas de las cuales ni siquieras conocerás. Gente valiente que se presenta a las elecciones para defender otro modelo de España y Europa a pesar de las trabas administrativas, del silencio mediático sobre su existencia y con unos presupuestos ridículos para la campaña electoral, que generalmente salen de sus propios bolsillos y a fondo perdido.

No te cuentan que esta propaganda es impresa y buzoneada a cargo de los presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagas cuando compras cualquier cosa o te retienen de la nómina o de la pensión; y que, para enviarla, el Censo Electoral ha facilitado tus datos personales a los partidos políticos que te han escrito, por lo que te tienen “fichado/a” en sus bases de datos.

Tampoco te cuentan que este trato privilegiado sólo lo reciben los partidos que obtengan escaños, ya que el resto tienen que pagárselo de su bolsillo. Por eso es raro recibir propaganda electoral de partidos pequeños… hasta ahora. Afortunadamente somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar a estas formaciones a recorrer el último kilómetro hasta quienes de verdad pueden hacer algo para cambiar las cosas. Si, me refiero a ti, tu familia y tus amigos :)

Atribuyen a Albert Einstein la definición de locura como “hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”, yo no seré tan sutil. Cualquier persona normal entiende que si hacer mal tu trabajo no tiene consecuencias, nadie en su sano juicio se esforzaría en hacer las cosas bien; que si no yendo a trabajar lo que se consigue es que te renueven en vez de despedirte, tenemos claro que no volveremos a pisar la oficina NUNCA.

Los políticos no merecen un trato distinto, por lo que el voto de castigo es lo mínimo que cualquier demócrata debería plantearse el próximo domingo. No un voto de alternancia a otro partido sistémico, sino un verdadero voto de castigo a partidos emergentes, para que cuando la clase política vean los resultados electorales se asusten de verdad. Por eso he dedicado mi tiempo y dinero en imprimir esta carta con la propaganda electoral de las formaciones políticas de mi preferencia, aunque hay muchas otras que te animo a conocer.

No sé tu, pero a mi quien gane las elecciones dejó de importarme hace ya mucho tiempo y no me conformo con elegir el mejor de dos males cuando abundan las candidaturas compuestas por gente sencilla que sabe lo que es estar en paro, lo que cuesta el transporte público y que -desde luego- nunca ha tenido cuentas en suiza ni vehículo oficial. Gente corriente que en la mayoría de los casos han demostrado con sus acciones su voluntad de impulsar un cambio político verdadero, para el que sólo necesitan tu voto… que los técnicos y funcionarios para poner en marcha estas políticas ya los pone el Estado.

No seas parte del problema, sé parte de la solución. Atentamente, tu vecino/a.

» carta_comandospamelectoral_euro2014 (versión 2)

» dossier_comandospamelectoral_euro2014 (versión 2)

Demócratas antisitema

rux 2011.05.31 @ 20:39
Categoría(s): Política

Las movilizaciones del 15M han congregado en las plazas de toda España a miles de personas reclamando -al unísono- una democracia real a pocas horas de que se celebre otra “fiesta” en su nombre, pero sin su presencia. Mientras, desde la clase política y los medios, se alzan las voces de quienes dicen comprender la indignación generalizada al mismo tiempo que tachan de antisistema a los miles de participantes que exigen -pacíficamente, con un nivel de civismo digno del más idealizado país nórdico y, muchos de ellos, sin saberlo- que se cumpla la Constitución. Yo soy uno de ellos.

Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

La otra barrera electoral

rux 2011.02.12 @ 00:02
Categoría(s): Política

Me entero por el BOE, gracias al aviso de I’m Dario, de algo de lo que -según parece- no se han informado en los medios de comunicación. Resulta que, a partir de ahora, a las elecciones al Congreso y al Senado:

“Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria […] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

Partidos políticos que lograrán presentarse al Congreso tras la reforma
Partido	Madrid	Barcelona
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.401.785	1.309.171
PARTIDO POPULAR	1.737.688	470.677
CONVERGENCIA I UNIO	–	547.993
IZQUIERDA UNIDA / INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA	164.595	155.674
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	–	184.558
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA	132.095	5.179
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA¹	–	24.220
LOS VERDES-GRUPO VERDE / ELS VERDS – L’ALTERNATIVA ECOLOGISTA¹	10.875	12.561
LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID¹	9.925	–
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL¹	4.755	8.153
PARTIT REPUBLICA CATALA¹	–	4.250

¹ Partido que deberá reunir firmas menos firmas que votos obtuvo en 2008
Fuente: Ready for tomorrow

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Candidaturas políticas al Congreso en peligro de extinción (2012)
Circunscripción	Candidaturas ’08	Candidaturas sin Parlamentarios		Circunscripción	Candidaturas ’08	Candidaturas sin Parlamentarios
Circunscripción	Candidaturas ’08	Necesitan firmas	Votos < 0,1% elect.	Circunscripción	Candidaturas ’08	Necesitan firmas	Votos < 0,1% elect.
A Coruña	17 (100%)	12 (70,58%)	10 (58,82%)	La Rioja	18 (100%)	14 (77,77%)	12 (66,66%)
Álava	20 (100%)	15 (75,00%)	8 (40,00%)	Las Palmas	24 (100%)	19 (79,16%)	16 (66,66%)
Albacete	18 (100%)	14 (77,77%)	10 (55,55%)	León	24 (100%)	20 (83,33%)	17 (70,83%)
Alicante	27 (100%)	23 (85,18%)	16 (59,25%)	Lleida	28 (100%)	22 (78,57%)	19 (67,86%)
Almería	20 (100%)	16 (80,00%)	13 (65,00%)	Lugo	16 (100%)	11 (68,75%)	9 (56,25%)
Asturias	29 (100%)	25 (86,20%)	22 (75,86%)	Madrid	37 (100%)	33 (89,19%)	30 (81,08%)
Ávila	25 (100%)	21 (84,00%)	20 (80,00%)	Málaga	21 (100%)	17 (80,95%)	12 (57,14%)
Badajoz	17 (100%)	13 (76,47%)	9 (52,94%)	Melilla	8 (100%)	5 (62,50%)	3 (37,50%)
Barcelona	32 (100%)	26 (81,25%)	21 (65,62%)	Murcia	22 (100%)	18 (81,81%)	16 (72,72%)
Burgos	26 (100%)	22 (84,61%)	17 (65,38%)	Navarra	21 (100%)	16 (76,19%)	11 (52,38%)
Cáceres	20 (100%)	16 (80,00%)	12 (60,00%)	Ourense	16 (100%)	11 (68,75%)	9 (56,25%)
Cadiz	18 (100%)	14 (77,77%)	10 (55,55%)	Palencia	19 (100%)	15 (68,75%)	11 (56,25%)
Cantabria	20 (100%)	16 (80,00%)	13 (65,00%)	Pontevedra	17 (100%)	12 (70,58%)	9 (52,94%)
Castellón	28 (100%)	23 (82,14%)	17 (60,71%)	Salamanca	22 (100%)	18 (81,82%)	16 (72,73%)
Ceuta	11 (100%)	7 (63,63%)	3 (27,27%)	Sta C. Tenerife	24 (100%)	19 (81,82%)	15 (72,73%)
Ciudad Real	20 (100%)	16 (80,00%)	15 (75,00%)	Segovia	23 (100%)	19 (82,61%)	16 (69,57%)
Córdoba	18 (100%)	14 (77,77%)	11 (61,11%)	Sevilla	19 (100%)	15 (78,95%)	12 (80,00%)
Cuenca	19 (100%)	15 (78,95%)	14 (73,68%)	Soria	17 (100%)	13 (76,47%)	7 (41,18%)
Girona	28 (100%)	22 (78,57%)	16 (57,14%)	Tarragona	28 (100%)	22 (78,57%)	18 (64,29%)
Granada	22 (100%)	18 (81,82%)	15 (68,18%)	Teruel	21 (100%)	17 (80,95%)	14 (66,67%)
Guadalajara	23 (100%)	19 (82,61%)	15 (65,22%)	Toledo	22 (100%)	18 (81,82%)	16 (72,73%)
Guipuzcua	19 (100%)	14 (73,68%)	9 (47,37%)	Valencia	28 (100%)	22 (78,57%)	16 (57,14%)
Huelva	17 (100%)	13 (76,47%)	9 (52,94%)	Valladolid	21 (100%)	17 (80,95%)	11 (52,38%)
Huesca	21 (100%)	17 (80,95%)	13 (61,90%)	Vizcaya	21 (100%)	16 (76,19%)	10 (47,62%)
Islas Baleares	20 (100%)	16 (80,00%)	11 (55,00%)	Islas Baleares	17 (100%)	13 (76,47%)	9 (52,94%)
Jaen	19 (100%)	15 (78,95%)	13 (68,42%)	Zaragoza	23 (100%)	19 (82,61%)	14 (60,87%)

Fuente: Ready for tomorrow

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

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Representatividad con Gobernabilidad

rux 2011.01.17 @ 22:14
Categoría(s): Política

Al hacer depender la elección de dos de los poderes del estado de una única expresión de la voluntad popular, el diseño del parlamentarismo obliga a los ciudadanos a optar entre dos características igualmente necesarias de todo sistema político: la representatividad de su cámara de representantes, y la gobernabilidad de su gobierno. La elección, que se plantea como ineludible, es sobre la que versan innumerables discusiones sobre las fórmulas electorales que deben permitir la conversión de votos en escaños. Aunque son muchas las soluciones propuestas, algunas capaces incluso de conciliar ambos aspectos, lo cierto es que el error es de planteamiento.

La naturaleza del ejecutivo y del legislativo es muy distinta, por lo que no parece práctico elegirlos en una misma votación, ni se justifica desde la doctrina de separación de poderes. Al primero se le exige dirigir la política de la nación, mientras que al segundo se le encomienda la elaboración de las normas centrales del ordenamiento jurídico, el control político del Gobierno y la aprobación del régimen de ingresos y gastos del Estado.

Mientras que para el primero es necesaria una figura digna de la confianza de la ciudadanía, que cuente con un programa político que desarrollar y ejerza un liderazgo fuerte, capaz de dar soluciones satisfactorias a los imprevistos que se presenten; para el segundo, lo que se necesitan son portavoces de la pluralidad de puntos de vistas existentes en la sociedad, capaces de mantener en jaque al Gobierno y de auditar -y mejorar- el funcionamiento del Estado.

A este segundo conjunto también le corresponde el introducir en la agenda política los asuntos más relevantes para los grupos a los que representan, y plantear alternativas respecto a las iniciativas de otros. Son los encargados de ofrecer a la ciudadanía otras propuestas y otros modelos de gestión con los que comparar los que tenemos, e introducir -con ello- la competición en la política. De ahí la necesidad de cambiar las mayorías artificiales en el parlamento por la representatividad plural.

La competencia produce calidad, también en política

La competencia resulta fundamental para la democracia, porque es la que aumenta el nivel de autoexigencia de los políticos y la calidad de las ofertas que se formulan. Sin competencia ni alternativas no hay incentivos para mejorar ni para participar, solo mediocridad y desapego. Por eso, sacrificar la representatividad en aras de la Gobernabilidad es suicida, sobre todo habiéndose “superado” la Transición, momento en el que esta medida sí estuvo justificada.

Una vez consolidado el parlamentarismo en España, ya no es necesario mantener un sistema que altera la formación y manifestación de la voluntad popular al imponer altos costes y barreras de entrada a potenciales alternativas. Desgraciadamente, tanto el PSOE como el PP coinciden en la necesidad de perpetuar un sistema tan disfuncional para mantener el status quo, y proteger su duopolio del poder excluyendo a la competencia, y petrificando el sistema de partidos políticos.

Parece claro que el sistema de representación cada vez satisface menos las demandas de quienes lo sustentan, por lo que -de continuar ampliándose la brecha entre representantes y representados- acabará quebrando: siendo desmantelado por la fuerza, o desplegando la suya para reprimir y castigar a quienes lo amenazan, que cada día somos más. Que este pasado diciembre “la clase política y los partidos políticos” fueran percibidos como el tercer problema de los Españoles (p. 5), por encima de la inmigración o el terrorismo por enésimo mes consecutivo; o que 2/3 de los encuestados en noviembre estuvieran poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento (p. 18) y el 60% opine que “en las Cortes se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, en vez de discutir los problemas fundamentales del país” (p. 17) da una idea del desacoplamiento que se está produciendo entre las aspiraciones de los españoles y las prioridades de los políticos.

Como ciudadano, mi máxima prioridad política es obtener los mejores resultados posibles de mi voto y mis impuestos; algo que el sistema electoral español no me permite por su clara disfuncionalidad en términos de representatitividad, que -a su vez- genera también disfunciones en términos de competitividad. Por tanto, congratularse por “la estabilidad y la gobernabilidad” que proporciona nuestro sistema electoral es no comprender el precio que se paga para conseguirla, ni saber que puede obtenerse por otros medios.

Así es: representatividad y gobernabilidad son compatibles. Bastaría combinar la elección directa del Presidente del Gobierno con un sistema electoral plenamente proporcional para garantizar la estabilidad del sistema político, habida cuenta de que el Presidente sería investido por el voto de los ciudadanos y, en un Parlamento fragmentado, difícilmente podría prosperar una moción de censura constructiva. Sería necesario, no obstante, realizar algunos cambios para facilitar al Gobierno el proceso legislativo[¹], habida cuenta de que el aumento de la representatividad dificultaría la construcción de mayorías.

En un sistema como el propuesto, las mayorías artificiales basadas en el sistema electoral y la disciplina de partido darían paso a mayorías basadas en el consenso, sin producir por ello inestabilidad gubernamental. No obstante, el cambi probablemente generaría cierta parálisis legislativa hasta que los supervivientes del proceso de reconversión interiorizaran las nuevas condiciones en las que deberán realizar su trabajo: menos leyes, más consensuadas, más duraderas, y sólo las necesarias.

En efecto, la fragmentación permitirá -creo yo- contener la proliferación legislativa, y obligaría a realizar una política más constructiva y orientada a la ciudadanía. Nos ahorraríamos confusiones como las de Arsenio Fernández de Mesa al afirmar que “el PP representa a la mitad de los españoles“, cuando sólo le votaron un tercio de los que tenían derecho a voto (que son sólo casi dos millones más de los que se abstuvieron).

A estas medidas podrían sumarse otras como sustituir la propaganda electoral por el envío de un folleto en el que cada candidatura disponga del mismo espacio para comunicar su programa electoral, la posibilidad de presentar listas incompletas (a riesgo de que otras formaciones ocupen los escaños si faltaran candidatos), eliminación del umbral de porcentaje mínimo de votos para ser incluido en el recuento (especialmente en aquellas circunscripciones en las que un escaño representa, sobre el total, un porcentaje por debajo de la barrera electoral), el aumento del número de escaños del Congreso a 400, o la selección de los candidatos de cada lista (y su orden) directamente por los afiliados al partido en cada circunscripción.

Con estas, y otras propuestas, es posible construir un sistema político altamente competitivo y flexible, en beneficio del ciudadano. Sólo hace falta que, quienes pueden hacerlo, voten para alejar del poder a las viejas elites dirigentes y sustituirlas por personas sin intereses creados, dispuestas a llevarlas a cabo. Líderes más adecuados a los tiempos que corren, y conscientes tanto de que no deben morder la mano que les da de comer, ni criminalizar a la población por no compartir su anquilosada visión de la realidad, como de que la sociedad española no es ni roja ni azul: hay una amplia gama de colores, y su proporción varía según el tema.

_________________________________________
[¹] ↑ Por ejemplo, aumentando la vigencia temporal de los decretos leyes antes de su convalidación.

Justicia para España

rux 2009.02.08 @ 02:17
Categoría(s): Política, Sociedad

Leo, alegrado, que las cuatro principales asociaciones de jueces se disponen a convocar un acto de protesta el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones:

Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Tratado de la Unión Europea: Constitución de una Europa sin democracia

rux 2008.06.25 @ 13:18
Categoría(s): Política

Una vez más, y van tres, los ciudadanos de un país de la Unión Europea han rechazado en las urnas el proyecto político de sus gobernantes. Un proyecto político realizado de espaldas a la ciudadanía, por el cual se pretende crear un supra-Estado Europeo con “personalidad jurídica propia” (Art. 47 del Tratado de la Unión Europea, en adelante, TUE), e independiente de los estados miembros, que “sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea” y al que “los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes” (Art. 1 TUE).

Escarmentados por los referéndum de la Constitución Europea en Francia y Holanda, que se iban a celebrar en 10 de los 27 miembros de la Unión, los gobiernos optaron, para este segundo intento, por ratificar el proyecto por vía parlamentaria. La elección resulta la más lógica teniendo en cuenta que el Tratado de la Unión Europea es esencialmente lo mismo que la rechazada “Constitución Europea“, como reconocen los partidarios del texto. Además, dado que el texto debe ser aceptado por la totalidad de los países, la vía parlamentaria es la única que ofrece suficientes garantías para que el texto entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, ya que estaría por ver que los partidos no ratificaran en el parlamento las propuestas de sus propios gobiernos.

Desgraciadamente para los gobiernos, que son quienes impulsan y están detrás de la Unión Europea, en el caso Irlandés no había una forma elegante de pasar por alto a los ciudadanos, ya que una sentencia del Tribunal Supremo irlandés exige incorporar los tratados europeos como enmiendas a su Constitución, que deben ser ratificadas por referéndum. A pesar de que el Tratado recibió el apoyo casi unánime de partidos políticos, patronales y sindicatos, los votantes Irlandeses decidieron NO ratificar el texto modificado de la Constitución Europea.

Con las papeletas todavía calientes, el gobierno irlandés declaraba estar “decepcionado” por la decisión tomada por la mayoría de los votantes (supongo que el sentimiento debe ser mutuo), mientras que los líderes de media Europa ya han avisado de que da igual lo que hayan decidido los irlandeses, el texto propuesto seguirá adelante y entrará en vigor cuanto antes… así funcionan las cosas en la Europa que se está construyendo.

Golpe de estado de los gobiernos europeos

Tal y como se ha planteado, el proceso de construcción europea supone una usurpación descarada de la soberanía de los pueblos de Europa en favor de una unidad política, la Unión Europea, que no responde a los requisitos mínimos que definen una Democracia, ni representa a sus ciudadanos. Por su contenido, supone un atentado contra la soberanía de los ciudadanos, y contra el mismo concepto de Democracia.

En primer lugar porque, enterrada en las “Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa”, se incluye una Declaración (núm .17) que dice textualmente

“La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”.

Libertad para Europa

Dicho de otra manera, la legislación Europea predomina sobre las Constituciones de los Estados miembros, de modo que el Tribunal Europeo de Justicia queda establecido como Tribunal Supremo de la Unión Europea, por encima de los tribunales nacionales, cuando se traten de asuntos cuyas competencias se hayan transferido a la Unión; que, por cierto, son bastantes. Se calcula que el 80% de las leyes que se adoptan en los parlamentos nacionales son adaptaciones de directivas europeas.

Así que quienes se consuelen pensando que medidas como las 65 horas semanales no les afectarán, que sepan que el Estatuto de los trabajadores y la propia Constitución tienen inferior rango que cualquier normativa europea, como se demostrará con el tiempo si no hacemos algo para evitarlo.

La importancia de este matiz es doble si tenemos en cuenta que si de algo carece la Unión Europea diseñada en el Tratado de Lisboa es de una adecuada separación de poderes, así como de mecanismos de participación y control democrático de la ciudadanía.

De las 7 instituciones que componen la Unión Europea (Art. 13, TUE), sólo una es elegida democráticamente por los ciudadanos… ¡precisamente la que menos competencias y poder tiene!. El Parlamento Europeo probablemente sea la cámara con menos capacidad legislativa de todas las que utilizan ese nombre. Según el Artículo 14 del TUE:

El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

Sin embargo, según el punto 2 del Artículo 17 del TUE dice:

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

¿Y quién elige a los miembros de la Comisión Europea? Pues el Consejo Europeo (Art. 17. Puntos 4, 5 y 7), es decir, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (Art. 15.1)

Es decir, que a pesar de que no ha sido elegida por la ciudadanía, ni existir una conexión directa entre los ciudadanos y la Comisión, este es el único órgano de la Unión Europea con capacidad para proponer leyes. Las propuestas que hace son enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo para su enmienda o ratificación, y una vez aprobadas obligan a los a todos los países miembros, por encima de sus propias leyes.

De este modo, los Gobiernos de los países miembros pueden implantar políticas impopulares, e incluso contrarias a sus programas electorales, amparándose en las escusa de que se ven obligados a adaptar las directivas que les llegan desde Europa, cuando son ellos mismos quienes eligen al presidente de la Comisión Europea a través del Consejo Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia (Art.19 TUE), y a los miembros del Consejo, compuesto por representantes de los países miembros con rango ministerial (Art. 17 TUE) y que, a su vez, eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas (art. 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE) y a los miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que junto a los Gobernadores de los Bancos Centrales (adivina quien elige a los gobernadores) forman el Consejo de Gobierno del BCE (art. 10 y 11 del Protocolo nº4 TUE). Tampoco son elegidos directamente por los ciudadanos de Europa las figuras de Presidente y Ministro de exteriores de la UE.

Como se puede observar, toda la legitimidad de las instituciones europeas (menos el Parlamento Europeo, elegido mediante elecciones con listas cerradas, al menos en España) proviene de los gobiernos de los países miembros, no de los ciudadanos de Europa. Hay demasiados intermediarios entre los titulares de la soberanía europea y quienes la gestionan: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dependen de los gobiernos, no de los ciudadanos, y faltan mecanismos democrático de control del poder, ya que salvo los europarlamentarios, nadie tiene que rendir cuentas a los electores por lo que pasa en Europa.

Por si la falta de legitimidad y la deficiente separación de poderes no fuera suficiente, el Artículo 48 del TUE establece que, una vez aprobados, los tratados de constitución de la Unión Europea podrán ser revisados a iniciativa del Consejo Europeo, y las modificaciones propuestas ser adoptadas si no hay oposición en los parlamentos nacionales. Es decir, que la Unión Europea puede rediseñarse cuando y cómo lo deseen los jefes de Estado y Gobierno sin consultar a nadie. ¿Es esta la Europa que queremos?

Sin referendum no hay legitimidad, ni democracia

Los miembros del Grupo independiente/democrático opinan

Las disposiciones que contiene el Tratado de la Unión Europea alteran sustancialmente la organización política de Europa, y supedita en gran medida a los Estados miembros a la nueva Unión Europea. Entonces, ¿por qué no podemos ratificar su creación mediante referéndum, para que todo sea legal?.

Si tan bueno es para el futuro de las gentes de Europa, como afirman desde las instituciones (casi) al unísono, ¿qué puede costar poner una segunda urna en las elecciones europeas de 2009 para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra soberanía y juzgar las gestiones que han realizado nuestros gobiernos con respecto a esta Unión de naciones?.

Probablemente la mayoría de la clase política europea crea, no sin motivo, que no estamos preparados para valorar este nuevo tratado. No en vano, el texto “básico” consta de más de 400 artículos, y ocupa más de 300 hojas. Además, su redacción es deliberadamente ambigüa, y bastantes artículos incluyen en su redacción referencias a otro, con lo cual no queda claro a simple vista a qué se refieren o qué implicaciones prácticas tienen. Como afirma el semanario The Economist, “la opacidad del nuevo tratado no es un accidente: es su razón de ser“.

Según el propio Tratado de la Unión Europea (Art. 11):

[…]
3. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
4. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones
representativas y la sociedad civil.

A la vista de los acontecimientos, diría que ni el diseño ni el proceso de constitución de la Unión Europea cumple con los principios recogidos en su propio Tratado

Motivos para oponerse a ESTA Unión Europea

Hay muchos y variados motivos para rechazar al Tratado de Lisboa. Tantos, que es cuestión de ir revisando los artículos para encontrar cosas con lo que no estaremos de acuerdo. A mi lo que más me preocupa es la usurpación de la soberanía de los ciudadanos por un supra-Estado europeo que no es democrático, pero hay otras muchas razones que los partidarios del NO se han encargado de divulgar, pese a la oposición de los medios de comunicación convencionales.

No es sólo que estos medios esté ocultando al público la existencia de una oposición a los Tratados dentro del propio Parlamento Europeo, sino que también censuran el debate publico sobre esta propuesta al descalificar a quienes piensan distinto de la corriente institucional europea, aunque sean mayoría. Aparentemente, los únicos autorizados para determinar que es lo que nos conviene es la clase política.

Así, en vez de comentar el completísimo informe de 79 páginas donde se detallan uno por uno los motivos para votar NO, los medios convencionales de comunicación han centrado su “sesgada” cobertura informativa del NO en el hecho de que el único partido opuesto al Tratado en Irlanda es el Sin Fein, que como son muy malos no tienen derecho a tener razón en nada de lo que digan, y en que los detractores del Tratado UE estaban infundiendo miedo a los votantes con cuestiones que “no están en el Tratado”, nada más lejos de la realidad.

Entre las “preocupaciones” de los partidarios del NO están que el Tratado de la Unión Europea fomenta la militarización de Europa, ya que obliga a los Estados miembros a comprometerse “a mejorar progresivamente sus capacidades militares. La Agencia […] Europea de Defensa […] contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa […]”. También define la política común de seguridad y defensa como “parte integrante de la política exterior y de seguridad común”, y capacita a la Unión a realizar “misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos” (guerra preventiva) “y el fortalecimiento de la seguridad internacional” (como en Iraq) “, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (Art 42 TUE), incluyendo “las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos”, que “[…] podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, […] mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su territorio” (Art. 43 TUE).

Otra de las características clave de este Tratado es que institucionaliza el modelo neoliberal de libre mercado como única opción para el ordenamiento económico de la Unión, y establece que las políticas económicas se dictarán desde Europa, ya que:

“Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas […] respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 119” (Art. 120. TFUE), que son “precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable”.
“El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo.” (p.2), “el Consejo, […] supervisará la evolución económica de cada uno de los Estados miembros” (p.3). “Cuando […] se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales […] El Consejo […] podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate” (p.4) (Art.121 TFUE)
“Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos” (p.1). “Si un Estado miembro persistiere en no llevar a efecto las recomendaciones del Consejo, éste podrá decidir que se formule una advertencia a dicho Estado miembro para que adopte, en un plazo determinado, las medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considere necesaria para poner remedio a la situación.” (p.9) e imponer multas en caso de no hacerlo (p.11) (Art. 126 TFUE).

Además, se prohíbe que los organismos públicos de gobierno y empresas públicas de los Estados miembros puedan tener descubiertos en sus cuentas, o recibir cualquier tipo de créditos del Banco Central Europeo y por los bancos centrales (Art. 123 TFUE). Es decir, se obliga al superávit y a recurrir a la financiación privada (pagando intereses) en caso de necesitar más dinero, cuando antes podían tener déficit, recibir préstamo a tipo preferente e incluso emitir dinero sin interés (aunque aumentando la inflación).

En el Tratado también “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países” (Art. 60), exponiendo las economías locales a movimientos especulativos y fomentando la competición fiscal y la evasión de impuestos. Los servicios públicos, base del estado del bienestar, son rebautizados como servicios de interés económico general, y quedan sujetos a las reglas del mercado (y a su privatización), ya que las empresas que gestionen estos servicios “o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia” (Art. 106 TFUE), “y serán incompatibles con el mercado interior, […], las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”, estableciéndose algunas excepciones (Art. 107 TFUE).

Respecto a la política comercial común, el tratado establece que “la Unión
contribuirá […] a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.” (Art 206 TFUE), y define una política comercial común basada que, entre sus principios, incluye “la uniformización de las medidas de liberalización” (Art. 207 TFUE).

Por último, en la parte de los derechos de las ciudadanos, el Tratado de la Unión Europea reconoce como vinculante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), donde se recogen los derechos comunes de los Europeos, bastante descafeinados respecto a los que reconoce nuestra Constitución.

Así, el derecho a la vivienda se convierte en derecho a “una ayuda de vivienda” (Art. 34, CDFUE); el derecho a la salud pasa a ser “derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales” (¿pagando?). En vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo, se reconoce el “derecho a trabajar” (Art. 15 CDFUE) en el marco de una Unión Europea que, “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado” (Art. 9 TFUE), de modo que nadie pueda impedir que trabajemos, aunque nadie está obligado a garantizar que podamos.

Hasta la iniciativa popular, recogida en el artículo 11 del TUE, se ha descafeinado:

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

Que alguien me explique qué es “numero significativo de Estados”, o si “invitar a presentar una propuesta adecuada” significa que la propuesta la redactará la Comisión o los ciudadanos pueden acompañar la invitación con un borrador de la misma (quizás no sea adecuada).

Seguro que si hubiera ganado el SÍ se hablaría del compromiso de los irlandeses con Europa y su buen juicio al saber que aquello que es bueno para la élite económica y política tiene que ser bueno para todos.

La Europa de los pueblos contra la Europa de los gobiernos

Aquellos que creemos en la Democracia creemos también que debemos aspirar a algo mejor que el modelo de Europa plasmado en estos Tratados Europeos. No queremos vivir en una Europa en la que la voluntad de la clase política está por encima de la voluntad de los ciudadanos, y donde no esté reconocido el derecho a opinar diferente de quienes gobiernan.

También creemos que los resultados de una elecciones libres y limpias no pueden crear una crisis en instituciones verdaderamente democráticas. Por tanto, la decisión soberana de Irlanda no paraliza ni pone en crisis la construcción de una Europa unida por principios democráticos, aunque sí que despoja al Tratado de Lisboa de la poca legitimidad que pudiera quedarle, y pone en entredicho el proyecto político de los gobiernos de la Unión Europea, la Europa de los Gobiernos, que tiene bastantes paralelismos con cierto documental sobre conspiraciones.

Así que en vez de empeñarse en hacernos tragar esta Constitución con filigranas legales y repeticiones de referéndum (hasta que los resultados sean apropiados, como se hizo con el tratado de Niza en Irlanda y Dinamarca), los europeos preferiríamos que se resolviera definitivamente esta crisis de las instituciones europeas mediante la convocatoria de votaciones en todos los países de la Unión para que los ciudadanos decidan sobre si se debe participar en el proceso constituyente de una Unión Europea.

Entonces, en aquellos países en que ganase el sí, se podrían convocar elecciones en circunscripción única para crear cortes constituyentes con plenos poderes para elaborar una Constitución para Europa. Sin jefes de Estado ni de gobierno; sin tratados intergubernamentales. Sólo los representantes de las gentes de Europa y una hoja en blanco, redactada a la vista de todos.

El negocio de la política y la financiación pública de los partidos políticos

rux 2008.03.11 @ 23:36
Categoría(s): Política

La política es un negocio, que duda cabe. Sin embargo, cuando me refiero a que es un negocio no me refiero a sospechosas recalificaciones de terrenos, ni al intercambio de maletines en aparcamientos vacíos a altas horas de la noche. Hablo del negocio de hacer política, por el cual los partidos políticos facturan todos los años al menos 184,7 millones de euros a cargo de los presupuestos generales del Estado; sin contar las subvenciones electorales (Datos 2005 – Conclusión 5ª – pg 236). Estas ayudas, que tan generosamente se conceden a si mismos, son parte fundamental del engranaje que mantiene la soberanía nacional en manos de los partidos políticos, y frenan el avance electoral de otras alternativas políticas más austeras.

A pesar de lo desorbitado de las partidas presupuestarias, y de haberse incrementado un 43,85% entre 1999 y 2005, parece que no son suficiente para pagar los 144,8 millones de euros que los partidos políticos deben a las entidades de crédito, de los cuales más del 46% corresponden al PSOE (+PSC). Afortunadamente para todos ellos, sus acreedores no parecen tener mucho interés en cobrar, como pasa con los 19,5 millones de euros en deudas ya vencidas pendientes de pago (Datos 2005 – Conclusiones 9ª y 10ª – pg 237).

Me pregunto cómo serán capaces de gastar tanto dinero, por qué los bancos no cobran (¡o incluso condonan!) sus deudas y, sobre todo, con qué autoridad se presentan estos partidos a unas elecciones para gobernar un país si ni siquiera son capaces de gestionar sus propias finanzas para ser económicamente viables. Veamos como se reparte(n) el dinero de todos.

Subvención electoral: A los que ganan, la campaña electoral les sale GRATIS

La Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece, para las elecciones generales, una serie de subvenciones a través de las cuales el Estado compensa el dinero invertido en la campaña electoral, pero estas subvenciones sólo se conceden a aquellos partidos políticos que consigan representación parlamentaria.

La cuantía de las subvenciones se actualizan en cada convocatoria electoral, y se corresponden con los siguientes conceptos e importes (datos 2008):

21.167,64€ por cada Diputado o Senador obtenido.
0,79€ por cada voto al congreso en aquellas circunscripciones en las que se haya obtenido, al menos, un diputado.
0,32€ por cada voto obtenido por los candidatos que hayan obtenido un escaño de senador.

Las cantidades a percibir están limitadas a una cantidad máxima, establecida en 0,37 por habitante en cada circunscripción. Este tope lo alcanza el ganador y, en muchas circunscripciones, también la segunda fuerza política, en función de grado de bipolarización del voto.

Además de lo anterior, cada partido político recibe 0,21€ por elector en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado candidaturas si obtiene Diputados o Senadores suficientes para constituir un grupo parlamentario en alguna de las dos Cámaras. Este dinero no cuenta para el límite de subvención, y sólo puede utilizarse para compensar el gasto ocasionado por el envío postal de propaganda electoral y papeletas a los votantes.

Sabiendo esto, a partir de los resultados de las pasadas elecciones se pueden calcular las subvenciones que corresponden a cada partido político y el balance económico de su campaña electoral:

Coste Estimado de las campañas electorales de 2008
Partido	Presupuesto	Subv. Campaña	Subv. Buzoneo	Coste Campaña
PSOE	18.6 mill €	15,77 mill €	7,11 mill €	0€
PP	20,4 mill €	13,54 mill €	7,11 mill €	0,16 mill €
IU	4,5 mill €	0,30 mill €	0€	4,3 mill €
CiU	3 mill €	1,14 mill €	1,51 mill €	0,45/1 mill €
PNV	0,95 mill €	0,49 mill €	0,25 mill €	0,2/0,3 mill €
ERC	1,5 mill €	0,30 mill €	0€	1,2 mill €
BNG	?? mill €	0,17 mill €	0€	? mill €
CC	? mill €	0,16 mill €	0€	? mill €
UPD	0,25 mill €	0,13 mill €	0€	0,13 mill €
NA-BAI	0,23 mill €	0,07 mill €	0€	0,15 mill €

Fuente: Ready for tomorrow

Por supuesto, la ley electoral establece que los partidos que no obtenga representación parlamentaria no tienen derecho a subvención alguna, ni siquiera por número de votos. Supongo que cuando el presidente Zapatero se comprometió a “trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades para tener éxito” al cierre de su primer debate electoral, no se estaba refiriendo a la igualdad de oportunidades de los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

El negocio continua toda la legislatura

La transferencia de dinero público a las cuentas de los partidos políticos no acaba en la campaña electoral. La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos establece otro paquete de subvenciones anuales para atender los gastos de funcionamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria.

En este caso, la cuantía de la subvención la determina el Gobierno en los presupuestos generales del Estado y se reparte 1/3 en función del número de Escaños y 2/3 en función del número de votos obtenidos en las elecciones al Congreso de los Diputados.

La distribución del presupuesto para 2008 según los resultados de las elecciones del 9 de marzo sería el siguiente:

Subvenciones anuales estimadas a los partidos políticos (2008 final)
Partido	Votos	Escaños	Subvención por Votos	Subvención por Escaños	Subvención Anual
PSOE	11.288.698	169	40.263.101,01 €	21.242.495,24 €	61.505.596,25 €
PP	10.277.809	154	36.657.589,91 €	19.357.066,67 €	56.014.656,58 €
CIU	779.425	10	2.779.954,56 €	1.256.952,38 €	4.036.906,94 €
EAJ-PNV	306.128	6	1.091.858,65 €	754.171,43 €	1.846.030,08 €
ERC	291.532	3	1.039.799,48 €	377.085,71 €	1.416.885,20 €
IU	969.871	2	3.459.213,28 €	251.390,48 €	3.710.603,76 €
BNG	212.543	2	758.071,50 €	251.390,48 €	1.009.461,98 €
CC-PNC	174.629	2	622.844,64 €	251.390,48 €	874.235,12 €
UPyD	306.078	1	1.091.680,32 €	125.695,24 €	1.217.375,56 €
NA-BAI	62.398	1	222.553,30 €	125.695,24 €	348.248,54 €

Fuente: Ready for tomorrow

Como se puede observar, la subvención anual para gastos es sustancialmente mayor que la de la campaña electoral pero, como la anterior, sólo la disfrutan los partidos con representación parlamentaria.

Hoja de ruta hacia el bipartidismo, y cómo evitarlo

Quien se pregunte por qué la infinidad de alternativas políticas existentes no calan en el electorado aquí tiene una sencilla explicación: el sistema electoral las discrimina, la sesgada y desigual cobertura “informativa” que ofrecen las fábricas de consenso (también denominadas medios de comunicación) las ocultan a los ciudadanos, y el sistema de subvenciones estatales a partidos políticos les niega los recursos económicos para darse a conocer. Mientras, los partidos “que interesan” obtienen escaños, reciben una amplia cobertura informativa y dinero del Estado para sufragar las campañas electorales y sus gastos de funcionamiento. ¿Es esto democracia? Yo diría que no…

El hecho de supeditar la subvenciones de los partidos políticos a la consecución de un escaño es por sí mismo discriminatorio hacia las alternativas que obtienen votos, pero no representación parlamentaria. Además, vulnera el principio de igualdad de oportunidades y, sobre todo, reduce la pluralidad del discurso político.

Si a esto añadimos que nuestro sistema electoral es injusto, y favorece descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, encontramos que los partidos más votados han montado un sistema para acaparar el poder político y que, a la larga, nos conducirá al bipartidismo si no lo evitamos.

Para empezar, sería conveniente que empezarás a votar a los partidos con los que identifiques verdaderamente, ya que limitarse a elegir entre A o B no es libertad. Ya he comentado que hay muchos: en estas últimas elecciones se presentaron 92 partidos políticos, sumando un total de 1.130 candidaturas al Congreso y 1.235 al Senado, un 30% más que en 2004. Sin embargo, no esperes que los medios de comunicación te informen de otras alternativas, tendrás que informarte por tus propios medios. Es parte de la responsabilidad de ejercer tu soberanía.

También sería deseable que los partidos políticos se financiasen exclusivamente con recursos propios y de las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes, como ya han propuesto algunos partidarios de la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos.

Es evidente que quienes se benefician de estas subvenciones las defenderán con su vida mientras las sigan cobrando. Por eso en necesario que mucha gente vote “con todas sus fuerzas” a quienes proponen hacer estas y otras reformas que igualen en oportunidades a quienes se presentan a unas elecciones. Si tu no cambias las cosas, nadie lo va a hacer por ti; así que actúa.

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