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La otra barrera electoral
Me entero por el BOE, gracias al aviso de I’m Dario, de algo de lo que -según parece- no se han informado en los medios de comunicación. Resulta que, a partir de ahora, a las elecciones al Congreso y al Senado:
“Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria […] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)
Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.
Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.
Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.
Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.
Por un puñado de firmas
Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.
Partido | Madrid | Barcelona |
---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.401.785 | 1.309.171 |
PARTIDO POPULAR | 1.737.688 | 470.677 |
CONVERGENCIA I UNIO | – | 547.993 |
IZQUIERDA UNIDA / INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA | 164.595 | 155.674 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | – | 184.558 |
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 132.095 | 5.179 |
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA¹ | – | 24.220 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE / ELS VERDS – L’ALTERNATIVA ECOLOGISTA¹ | 10.875 | 12.561 |
LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID¹ | 9.925 | – |
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL¹ | 4.755 | 8.153 |
PARTIT REPUBLICA CATALA¹ | – | 4.250 |
Fuente: Ready for tomorrow
En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.
Circunscripción | Candidaturas ’08 | Candidaturas sin Parlamentarios | Circunscripción | Candidaturas ’08 | Candidaturas sin Parlamentarios | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Necesitan firmas | Votos < 0,1% elect. | Necesitan firmas | Votos < 0,1% elect. | ||||
A Coruña | 17 (100%) | 12 (70,58%) | 10 (58,82%) | La Rioja | 18 (100%) | 14 (77,77%) | 12 (66,66%) |
Álava | 20 (100%) | 15 (75,00%) | 8 (40,00%) | Las Palmas | 24 (100%) | 19 (79,16%) | 16 (66,66%) |
Albacete | 18 (100%) | 14 (77,77%) | 10 (55,55%) | León | 24 (100%) | 20 (83,33%) | 17 (70,83%) |
Alicante | 27 (100%) | 23 (85,18%) | 16 (59,25%) | Lleida | 28 (100%) | 22 (78,57%) | 19 (67,86%) |
Almería | 20 (100%) | 16 (80,00%) | 13 (65,00%) | Lugo | 16 (100%) | 11 (68,75%) | 9 (56,25%) |
Asturias | 29 (100%) | 25 (86,20%) | 22 (75,86%) | Madrid | 37 (100%) | 33 (89,19%) | 30 (81,08%) |
Ávila | 25 (100%) | 21 (84,00%) | 20 (80,00%) | Málaga | 21 (100%) | 17 (80,95%) | 12 (57,14%) |
Badajoz | 17 (100%) | 13 (76,47%) | 9 (52,94%) | Melilla | 8 (100%) | 5 (62,50%) | 3 (37,50%) |
Barcelona | 32 (100%) | 26 (81,25%) | 21 (65,62%) | Murcia | 22 (100%) | 18 (81,81%) | 16 (72,72%) |
Burgos | 26 (100%) | 22 (84,61%) | 17 (65,38%) | Navarra | 21 (100%) | 16 (76,19%) | 11 (52,38%) |
Cáceres | 20 (100%) | 16 (80,00%) | 12 (60,00%) | Ourense | 16 (100%) | 11 (68,75%) | 9 (56,25%) |
Cadiz | 18 (100%) | 14 (77,77%) | 10 (55,55%) | Palencia | 19 (100%) | 15 (68,75%) | 11 (56,25%) |
Cantabria | 20 (100%) | 16 (80,00%) | 13 (65,00%) | Pontevedra | 17 (100%) | 12 (70,58%) | 9 (52,94%) |
Castellón | 28 (100%) | 23 (82,14%) | 17 (60,71%) | Salamanca | 22 (100%) | 18 (81,82%) | 16 (72,73%) |
Ceuta | 11 (100%) | 7 (63,63%) | 3 (27,27%) | Sta C. Tenerife | 24 (100%) | 19 (81,82%) | 15 (72,73%) |
Ciudad Real | 20 (100%) | 16 (80,00%) | 15 (75,00%) | Segovia | 23 (100%) | 19 (82,61%) | 16 (69,57%) |
Córdoba | 18 (100%) | 14 (77,77%) | 11 (61,11%) | Sevilla | 19 (100%) | 15 (78,95%) | 12 (80,00%) |
Cuenca | 19 (100%) | 15 (78,95%) | 14 (73,68%) | Soria | 17 (100%) | 13 (76,47%) | 7 (41,18%) |
Girona | 28 (100%) | 22 (78,57%) | 16 (57,14%) | Tarragona | 28 (100%) | 22 (78,57%) | 18 (64,29%) |
Granada | 22 (100%) | 18 (81,82%) | 15 (68,18%) | Teruel | 21 (100%) | 17 (80,95%) | 14 (66,67%) |
Guadalajara | 23 (100%) | 19 (82,61%) | 15 (65,22%) | Toledo | 22 (100%) | 18 (81,82%) | 16 (72,73%) |
Guipuzcua | 19 (100%) | 14 (73,68%) | 9 (47,37%) | Valencia | 28 (100%) | 22 (78,57%) | 16 (57,14%) |
Huelva | 17 (100%) | 13 (76,47%) | 9 (52,94%) | Valladolid | 21 (100%) | 17 (80,95%) | 11 (52,38%) |
Huesca | 21 (100%) | 17 (80,95%) | 13 (61,90%) | Vizcaya | 21 (100%) | 16 (76,19%) | 10 (47,62%) |
Islas Baleares | 20 (100%) | 16 (80,00%) | 11 (55,00%) | Islas Baleares | 17 (100%) | 13 (76,47%) | 9 (52,94%) |
Jaen | 19 (100%) | 15 (78,95%) | 13 (68,42%) | Zaragoza | 23 (100%) | 19 (82,61%) | 14 (60,87%) |
Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.
Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.
Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?
Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.
Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.
A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).
Menos competencia, peor política
Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.
Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.
Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.
A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.
La Constitución y sus defensores
A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.
Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).
En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).
En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.
Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.
» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no
La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora
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El Gobierno provoca la rebelión de los controladores para jodernos el puente
Cuando un Gobierno en crisis decide llevar a cabo el programa electoral de la oposición no hay nada como organizar una gran cortina de humo para desviar la atención de este pequeño detalle, aprovechar para convertir en chivo expiatorio a un colectivo que es un obstáculo para sus planes, y lograr que la muchedumbre les aplauda por “resolver” enérgicamente la crisis que ellos mismos han creado. Esto es precisamente lo que ha hecho el ministro de Fomento, José Blanco, con la inestimable colaboración de todos los medios de comunicación relevantes del país, que necesitan más que nunca los ingresos de la publicidad institucional para mantenerse a flote.
La mala gestión causa el conflicto
El Gobierno, a sabiendas de cuál sería la reacción, decidió publicar el día en que se iniciaba el puente de la Constitución un Real Decreto por el que se modificaba unilateralmente -y sin preaviso- las condiciones de trabajo de los controladores aéreos. Podía haberlo publicado cualquier otro día -por ejemplo, el lunes 13- para que tuviéramos el puente en paz, pero la ocasión era perfecta y, además, ya no quedaba tiempo.
El 14 de abril se publicó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo […], en la que se establecía originalmente que:
Disposición adicional cuarta
2. Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad dejarán de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio de esas funciones […]
Esta situación se corrigió el 24 de Octubre (más de 6 meses después), a la vista de que no era posible prescindir de los controladores mayores de 57 años (en torno al 4,5% del total); pero, para entonces, el resto ya habían realizado demasiadas horas extra para suplir estas bajas, y los controladores retirados por el Gobierno no se encontraban en condiciones de reincorporarse rápidamente. Es más, muchos de ellos podrían perder su habilitación para controlar el tráfico aéreo por no haber ejercitado las atribuciones de la licencia durante un número mínimo de horas durante los 12 meses anteriores, tal y como establece el Artículo 11.1.a de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.
A la vista está que la mala gestión del Gobierno ha reducido la disponibilidad de horas de control aéreo, poniendo en peligro la continuidad del tráfico. Por suerte esto es España, y aquí sabemos que los problemas se solucionan apretando las tuercas a los trabajadores, que es precisamente lo que parece que está haciendo AENA al ver que las horas y controladores disponibles no son suficientes. De hecho, el pasado día 29 de noviembre se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Santiago de Compostela porque todos los controladores que tenían que acudir a trabajar habían cumplido el máximo de horas que permite la ley.
Cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni por esas iba a ser posible garantizar el control del tráfico aéreo hasta el fin del año, se preparó otro real decreto para sacarse de las manga las horas que faltaban. Así, en el Real Decreto publicado el pasado viernes se dice que:
Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.
Esta redacción es claramente contraria a la del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que dice:
Art. 13. Imaginaria.
2. El periodo de imaginaria no computará como actividad aeronáutica si se realiza fuera del lugar de trabajo. La imaginaria realizada en el lugar de trabajo computará como actividad aeronáutica aún cuando el controlador no sea convocado para la realización de actividad operacional […].
En resumen, que antes las guardias en la torre o el control eran horas de actividad aeronáutica (aunque no dirigieras el tráfico aéreo, hay que estar allí por si acaso) y ahora ya no lo son… y parece que este cambio se pretende aplicar retroactivamente a todo el año 2010. ¿Qué te parecería que tu empresa, por que sí y después de meses presionándote, de haberte subido un 40% las horas de trabajo y bajado el sueldo un 25%, decidiese modificar -de nuevo- tu horario unilateralmente y sin siquiera consultarte, asignándote una serie de horas que creías que ya habías trabajado (y que no son ni extra, ni voluntarias, ni remuneradas) porque resulta que han echado a demasiada gente, y ahora no sois suficientes ni hay tiempo de contratar a nadie? ¿Cómo reaccionarías?
Lo que defienden los controladores son derechos laborales básicos
La Constitución establece que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” (Art. 37.1 CE). Esto, obviamente, también es de aplicación a los controladores aéreos como trabajadores de una empresa pública que son, e incluye su derecho a la huelga y a renunciar a su trabajo con indemnización si se modifican sustancialmente las condiciones pactadas. De hecho, al menos 180 han pedido la rescisión de su contrato desde febrero.
Por tanto, aunque me parezca injustificable el cierre del espacio aéreo español, tengo claro que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento arrinconar a los controladores al borde del precipicio para que ellos mismos salten al foso de los cocodrilos, y el resto de la población podamos darnos un festín con sus entrañas. Como ya he dicho, en tiempos de crisis no hay nada mejor que un chivo expiatorio, y los controladores han caído en la trampa (y cavado su propia tumba, en la que -por cierto- hay sitio para el Gobierno).
Hay que reconocer que no han tenido muchas alternativas… ¿que haces cuando tu empresa no tiene voluntad, ni necesidad, de negociar nada; modifica retroactivamente tu convenio colectivo mediante decreto ley y establece servicios mínimos de casi el 100% si haces huelga?. Pues a priori sólo parece que haya dos opciones: o se largan o tragan una vez más, demostrando que no tienen ninguna capacidad para doblegar al Gobierno. Tan inexistente es su capacidad de negociación que antes del viernes ya habían perdido prácticamente todos los privilegios obtenidos en 1999, gracias a la docilidad del Ministro que negoció con ellos el primer convenio colectivo.
Entonces, ¿por qué se reacciona tan virulentamente contra una medida que parece mucho menos mala que otras ya adoptadas?. Si no ha habido este nivel de contestación cuanto les han bajado el sueldo un 40% y subido -simultáneamente- las horas de trabajo un 25%, ¿por qué lo hay ahora cuando “sólo” se cambia la forma de contabilizar determinadas horas de trabajo? ¿y por qué se reacciona de una forma tan incontrolada?. Al fin y al cabo… ¿quién, en su sano juicio, se jugaría un trabajo fijo con sueldo de seis cifras -para el que no faltan candidatos/as-, y unos supuestos privilegios que tanto ha costado conseguir, por esta pequeñez cuando se expone a que le despidan disciplinariamente y le metan en prisión hasta 8 años?
¡Si con lo que se supone que cobran se pueden retirar de todos modos en tres!… por que no aceptar que les alarguen un poco más las jornadas de tocamiento testicular en el centro de control ¡total, si -como dicen por ahí- no dan ni palo al agua!. Además, después de lo que les ha costado conseguir esta bicoca, por qué iban a optar por una forma de protesta en las que se arriesgan a perder el trabajo y acabar en la cárcel. ¿por qué iban a saltar nadie de esa forma al foso de los leones?.
Para esta última pregunta no tengo respuesta, pero tengo claro que -independientemente de cual sea- cualquiera que esté dispuesto a asumir un riesgo así se encuentra desesperado, o es incapaz de calibrar los riesgos que asume. Ambas circunstancias me parecen claramente incapacitantes para dirigir el tráfico aéreo, así que me alegro de que se fueran a casa el viernes… no sea que con el disgusto del controlador tengamos un accidente.
Es más, creo que debería cesarse el linchamiento inmediatamente porque estamos provocando que los controladores rompan definitivamente la baraja. Si tu empresa recurre al mobbing para que tragues todos los recortes de las condiciones de trabajo que te impongan, y pone a la opinión pública en tu contra, de modo que todo el mundo te odia, insulta, se burla de tu “estrés” e incluso pueden llegar a agredirte… ¿cuanto tiempo aguantarías antes de mandarlo todo a la mierda por-mucho-que-cobres?
Como dice Rubalcaba, “Quien le echa un pulso al Estado, pierde” [1]. Los controladores ya han perdido, lo único que les queda por hacer es renunciar masivamente sus empleos, lo que paralizaría el espacio aéreo durante meses -porque no hay sustitutos- y hundiría la economía española. No creo que les falten ganas de hacerlo, pero dudo que lo hagan porque creo que todavía les importa algo el bienestar de quienes les atacan sin motivo. Creo que ya se les ha exigido bastante en 2010: démosles una tregua y ayudémosles, porque lo necesitan.
Se enfrentan a un Gobierno que cree que puede regular los convenios laborales por decreto ley, con efecto retroactivo y justo al inicio de un puente. Si por un momento pudiéramos abstraernos de que -en esta ocasión- las víctimas son odiosos controladores, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente pasa. El Gobierno se salta la Constitución para imponer cambios en el convenio colectivo, se salta la ley para declarar el estado de alarma cuando los cambios no cuelan, y se salta la ley para hacer que el ejercito obligue a trabajar a los controladores… y la gente aplaudiendo. Divide y vencerás, primero los controladores y luego ya veremos.
Tolerar este modus operandi sienta un peligroso precedente que se puede aplicar a cualquier otro sector -quizás el tuyo-, y coloca al Gobierno por encima de la Constitución y de las Leyes del Parlamento. No se puede someter a civiles a la jurisdicción militar sin declarar antes el Estado de Sitio (art. 117.5 CE), no se pueden regular mediante decreto ley derechos laborales garantizados por el Estatuto de los Trabajadores, y no se puede ser tan tonto como para que te importe más coger un vuelo y/o “ajustar cuentas” que todo esto.
A mucha gente le encanta comparar a los controladores con los médicos, y preguntarse si nos gustaría que te quedases sin operar porque se declarar en huelga. Es evidente que a nadie le gustaría; por eso mismo, antes de llegar a ese extremo y que me pille en el quirófano, si veo que el Gobierno se está saltando la ley para presionar a los médicos, me alinearé con ellos en vez de insultarles y tirarles piedras. No vaya a ser que no queden cuando necesite uno.
Quizás los controladores no deberían ser trabajadores, sino funcionarios públicos con sus derechos restringidos -al igual que los cuerpos de seguridad del Estado- porque gestionan un recurso estratégico del país. Sin embargo, mientras el Parlamento no cambie su estatus jurídico, sus relaciones laborales seguirán rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les puede obligar a trabajar, porque no son nuestros esclavos, ni tampoco se puede dejar sin aplicar el régimen disciplinario, porque lo que han hecho es una cosa muy grave.
No obstante, quisiera señalar que cuando la justicia no funciona y el Gobierno se salta las leyes y la Constitución, la única alternativa que queda es la desobediencia civil. Ambas partes han actuado mal en el conflicto, pero si tengo que tomar partido, lo haré en función de lo que hacen y no de si son unos privilegiados o representantes electos: si un empresario lucha verdaderamente por defender la Constitución (aunque sea esta), será mi aliado; mientras que si es un familiar quien la vulnera, será mi enemigo… esa es la única distinción importante.
Sobre sueldos, privilegios y productividad de los controladores
En un país donde el deporte nacional es la envidia, y el segundo deporte nacional es comer sin rechistar toda la mierda que se le sirva a uno, no es de extrañar que cualquier trabajador que tenga un sueldo digno, jornada “supuestamente reducida” y un sindicato fuerte que protege sus derechos sea objeto de mofa y desprecio. Una de las muestras más claras del atrofiamiento mental del español medio es la obsesión de igualarnos por abajo: en vez de aspirar a vivir como controladores, aspiramos a que los controladores vivan como nosotros… hay que ser tontos.
Es más, hay que ser doblemente tontos, porque todo el mundo tiene envidia de un trabajo al que sólo le veo pegas, y se habla de unos supuestos privilegios que yo no veo por ninguna parte. ¿Quién querría un trabajo en el que…
- Para conseguir el puesto tienes que pasar un riguroso proceso de selección de que sólo supera el 3% de los candidatos, y una formación eliminatoria que dura 21 a 24 meses y cuesta 45.000€.
- Tienes que tener plena movilidad geográfica para que te trasladen a donde hagas falta, sin opción a oponerte.
- Trabajas a turnos, con lo malo que es para la salud y para la vida social.
- Tus vacaciones, permisos y licencias están supeditadas a garantizar la seguridad, eficacia y continuidad de la prestación del servicio. Tu horario del mes que viene no lo conoces hasta 10 días antes, y está sujeto a cambios de última hora y, en tus días libres, tienes que estar disponible para presentarte rápidamente en el centro de control si se requiere tu presencia.
- Tienes que pasar cada 12 meses un estricto control médico para mantenerte en el puesto. Si no lo pasas (por tener alto el colesterol, por ejemplo), suspendido o a la calle.
- Si, por lo que sea, no puedes ejercer suficientemente tus funciones en un periodo de 12 meses (embarazo, accidente) quedas inhabilitado hasta que superes un curso de readaptación.
- Tu convenio colectivo lo redacta el Gobierno mediante Decreto Ley, a ti ni te consultan.
- Eres responsable de miles de vidas todos los días: un error tuyo puede matar a mucha gente?
- Pagas más del 40% de tu sueldo en concepto de IRPF?.
Pero no todo son pegas, porque candidatos no faltan. El sueldo, por ejemplo, está muy bien… aunque nadie sepa exactamente cuanto es. Esto no impide que se manejen cifras entre 200.000€ y 240.000€ al año de media. O, lo que es lo mismo, entre 1€ y 2€ por trayecto y pasajero, ya que sus sueldos se pagan con parte de las famosas tasas de los billetes de avión.
A mi esto no me causa ningún problema porque creo que su trabajo lo vale, y porque -como asalariados que son- sé que no tienen posibilidades de evadir impuestos (a diferencia de otros muchos), así que el 40+% de lo que cobran se lo queda el Estado. Pero si realmente los costes laborales son tan elevados, bastaría con contratar suficientes controladores para no tener que pagar horas extra a precio de oro. Porque -no nos engañemos- el verdadero problema es que hay pocos controladores: insuficientes para gestionar creciente el tráfico aéreo; y el responsable directo -o indirecto- de que esto sea así es AENA (el Gobierno), que es quien establece los criterios de selección y el número de plazas que se ofertan cada año.
Hay gente que afirma que esto no es así, que los controladores bloquean el proceso de incorporación para que no entren más y poder hacer más horas extra (como máximo 80), que prefieren ganar más dinero que tener tiempo para disfrutar del que ya cobran. No me lo creo, porque es lo mismo que sostener que los mismos empleados que ahora vemos como se tragan los Reales Decretos del Gobierno, uno de tras de otro, han ejercido el control de una empresa pública durante años, sin que el Gobierno hiciera nada. Si los controladores tuvieran semejante fuerza, nunca se habrían aceptado los cambios introducidos este año. Me parece más lógico pensar que AENA restringe artificialmente la incorporación de controladores en la ya conocida estrategia de generar déficit y disfunción para justificar la privatización.
¿Por qué AENA no convoca más plazas, recluta personal con la licencia comunitaria de controlador de transito aéreo, usa controladores militares y/o cierra aeropuertos de mínima actividad para trasladas aumentar el número de controladores disponibles? Si el Estado puede militarizar los centros de control civiles, ciertamente podría -si quisiera- hacer estas cuatro sencillas cosas -fuera del alcance de las supuestas mafias sindicales- para ahorrarse esas horas extras que hay que hacer cuando hay más trabajo que recursos para hacerlo.

Otra cosa que se les critica es el horario: ¡sólo 32 horas semanales de actividades aeronáuticas!. Claro que a esas hay que añadirle los primeros minutos de traspaso del tráfico aéreo, que no se contabilizan como horario (+1 hora más a la semana), además de todo lo que no es control aéreo. También hay que realizar formación continua obligatoria, preparación de informes/incidencias, las guardias (excepcionalmente, hasta 40h cada 6 días), etc… Vamos, que dudo mucho que los que trabajen en una torre con tráfico aéreo hagan menos de 40h semanales.
También se les acusa de ser un grupo endogámico cuando sólo el 9% de ellos están emparentados entre sí… como si en otros gremios no hubiera familias enteras que comparten profesión (abogados, médicos farmacéuticos), o los familiares no tuvieran que pasar las pruebas físicas, psicológicas, de conocimientos y de ingles como todo el mundo. Otra cosa imperdonable es que el 97% están afiliados a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). En algún momento nos metieron en la cabeza que estar sindicado es algo malo, y somos incapaces de ver su cohesión
Por último, también se les achaca que tienen la más baja productividad de Europa, pero cómo no van a tenerla si España está llena de aeropuertos sin tráfico aéreo donde hay más controladores que destinos: Córdoba (0 destinos), Sabadell (0), Son Bonet (0), Albacete (1), La Gomera (1), Logroño (1), Vitoria (1), Badajoz (2), El Hierro (2), Pamplona (2), Salamanca (2), San Sebastian (2), Huesca-Pirineos (4), Burgos (5), Jeréz (5), León (6), Menorca (6), Valladolid (6), Vigo (7), F.G.L. Granada-Jaén (8), A Coruña (8), Santander (8).
Todas estas torres de control necesitan controladores, así que la distribución de la carga de trabajo es muy desigual: mientras los controladores en los puntos calientes están desbordados, otros disfrutan de la vida en provincias. Así, frente a las 435.817 operaciones anuales de Barajas, la mediana de operaciones por aeropuerto en 2009 fue de 17.528 anuales, es decir, 46 por aeropuerto y día. Por tanto, la baja productividad de los controladores no es culpa suya, sino una característica de sistema aeroportuario causada por la proliferación de aeropuertos con poco tráfico, y cuya viabilidad económica depende de que los grandes aeropuertos financien su déficit con los beneficios que generan. Si no hay vuelos, no se puede ser productivo; otra cosa es que ese deba ser el único criterio por el que se abra o cierre un aeropuerto.
Conclusión: Adiós democracia
Sinceramente, me preocupa el entusiasmo con la que la mayoría de personas apoya el linchamiento -promovido por el Ministro- de un colectivo que está defendiendo derechos laborales básicos ante un Gobierno que lo que mejor sabe hacer es mentir, saltarse las leyes, y utilizar a la opinión pública como arma en un conflicto que ha promovido para ocultar la privatización de las pocas empresas públicas rentables que quedan.
Es digno de una socieda prefascista que la gente aplauda las medidas de fuerza manifiestamente ilegales que se aplican contra un colectivo para “solucionar” un problema que ha creado y desencadenado el propio Gobierno, al más puro estilo “quema de Reichstag“. Mucho me temo que la “democracia” será un breve paréntesis en la historia de España con esta sociedad tan fácilmente manipulable, tan entregada al Gobierno y al autoritarismo ante el más mínimo contratiempo, y tan incapaz de ver que lo que está en juego es mucho más que poder coger un avión.
Aunque no descarto la posibilidad de estar totalmente equivocado, y que los controladores sean tan malos y mafiosos como los pintan, tengo claro que prefiero equivocarme dándoles el beneficio de la duda a equivocarme aplaudiendo las medidas de un Gobierno que expolia (AENA, ONLAE), incumple las leyes, lanza al ejercito contra los trabajadores y criminaliza a sus empleados. Semejante Gobierno no me merece ningún respeto ni credibilidad.
Estoy seguro de que, dentro de unos años, cuando el Tribunal Constitucional establezca que el Real Decreto, la declaración del estado de alarma y la militarización eran ilegales, tengamos que pagar con nuestros impuestos las multimillonarias indemnizaciones de los controladores despedidos, y se haya privatizado AENA -haciendo que los viajes en avión sean más caros y menos seguros-, quienes hoy se ahogan en su propia bilis mientras reclaman cabezas para calmar su ira seguirán sin comprender que han sido títeres del Gobierno, y seguirán pensando que los controladores -y quienes ocupen su lugar en el futuro: taxistas, farmacéuticos…- se merecen todo lo que les pase. Así nos irá.
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[1] ↑ Salvo que seas banquero o Mohamed VI, como alguien publicó en Meneame
[2] ↑ Aunque los controladores lo tienen más fácil por ser pocos, altamente cualificados y de difícil reemplazo
The Corporation ¿Instituciones o psicópatas? – Documental
Título original: The Corporation | Ir al vídeo
Tema: Empresas. Evaluación 4.25/5.
Año 2003. Dur: 172′. Producido por Mark Achbar.
Web: http://www.thecorporation.com.
Las sociedades mercantiles o empresas (denominadas erróneamente como “corporaciones” en la versión es español) se crearon durante el siglo XIX como forma de propiedad de una actividad económica. Gracias a esta fórmula, un grupo de personas podían organizarse para obtener beneficios a través de instituciones jurídicamente independientes de quienes las controlan y de quienes trabajan en ellas. Este sencillo tecnicismo encierra una de las innovaciones legales que más radicalmente han transformado no sólo la economía humana, sino también las relaciones sociales y nuestro sistemas de valores.
La clave para comprender las repercusiones de esta innovación es el concepto de responsabilidad limitada, en virtud del cual, los propietarios de las empresas son capaces de eludir las responsabilidades de su actividades económicas, al quedar esta limitada a la empresa y, en el mejor de los casos, a sus administradores. Esta característica permite a las empresas generar riqueza para sus propietarios de forma mucho más eficaz, ya que cualquier cosa que se haga mal será responsabilidad de la empresa, que es un ente incorpóreo e inmortal accionado por personas reemplazables.
La combinación de responsabilidad limitada y búsqueda ilimitada de mayores beneficios convierte a las empresas, según alguno de los entrevistados, en una grave amenaza para nuestra superveniencia, ya que a las empresas sólo les preocupan los beneficios de sus accionistas, anteponiéndolos al bien público y al bienestar del resto de personas que se ven afectadas por ellas. Como reconoce en el documental la CEO de “The Body Shop”, “TODO el legítimo para la obtención de beneficios”.
Desde esta perspectiva, la consecuencia lógica de la limitación de responsabilidad es que este tipo de organizaciones tiendan a generar el máximo coste colateral que la sociedad les permita, o pueda asumir, para mejorar su cuenta de resultados: desde la explotación de mano de obra esclava, la contaminación del medio ambiente con residuos sin tratar, la comercialización de productos peligrosos y/o sin un estudio riguroso de sus efectos sobre la salud humana, la privatización de recursos naturales para convertirlos en mercancías, etc…
Las empresas como psicópatas
La mayor parte del documental está dedicada a repasar algunos ejemplos de estos efectos colaterales que producen las empresas al socializar los costes de su actividad con el fin de obtener el máximo beneficio. Temas que también son tratados por otros documentales de una forma más monográfica, y que sirven de muestra sobre cómo la empresa está en el origen de muchos problemas sociales modernos.
A partir de estos ejemplos, el documental traza un paralelismo entre el comportamiento de las empresas y el perfil clínico de un psicópata, caracterizado por:
- Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás.
- Incapacidad para mantener relaciones duraderas – Deslocalizaciones, temporalidad.
- Desprecio por la seguridad de los demás.- Comercialización de productos peligrosos para la salud o producción de daños medioambientales.
- Mentir y engañar sistemáticamente a los demás para obtener un beneficio.
- Incapacidad para sentirse culpable (la culpa es de otro).
- Incapacidad para adaptarse a las normas sociales (salvo que sea rentable).
Un fiel reflejo de este diagnóstico es el testimonio de Charleton Brown, intermediario financiero que -con toda crudeza- expone las verdades incómodas del fundamentalismo de mercado: Las catástrofes traen oportunidades de negocio… los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron que muchos se enriquecieran en el mercado del oro, la guerra del golfo disparó la rentabilidad del petroleo y, en general, los conflictos armados mejoran los beneficios en el comercio de materias primas. Como dicen en el documental, “cada vez que se tala un árbol, hay un vertido de crudo o se diagnostica un cancer, sube el PIB“.
El problema radica en que, desde la óptica de la empresa, toda decisión se evalúa exclusivamente desde una perspectiva económica y con el objetivo de maximizar el beneficio a corto plazo. Si el beneficio potencial compensa el riesgo que se corre, incumplir las leyes, vulnerar los derechos humanos o tomar cualquier otro tipo de decisión moralmente reprobable es opción estratégica; y mientras no se le atribuya un valor económico igual o superior a la propia actividad económica que se desarrolla, las empresas seguirán sin considerarán las implicaciones morales, sociales o medioambientales de sus acciones. Incluso si los propios trabajadores rechazan las prácticas de su empresa, se ven en la tesitura de cumplirlas para conservar sus empleos.
Es por esto que, sólo cuando el conocimiento de sus practicas empresariales genera rechazo entre los clientes -y una potencial merma de las ventas- aparece la preocupación por los “daños colaterales” que produce su actividad económica. Así nacieron las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa; que, aunque positivas, no son más que acciones de marketing que dedican una ínfima cantidad de los recursos de la empresa a lavar la mala imagen que producen el resto de sus actividades. Si a las empresas realmente les preocuparan los costes que externalizan hacia la sociedad, los reducirían, aunque ello supusiera una merma de su competitividad y/o beneficios
La apropiación de los bienes comunes
El afán de expansión de las empresas les lleva a invadir todos los ámbitos de la vida, y a querer apropiarse de todo lo que existe, llegando incluso a invadir aspectos de la vida que tradicionalmente se han mantenido fuera de la dinámica del mercado. Bajo la premisa de que la riqueza sólo se crea cuando se posee de forma privada, empresas y gobiernos se afanan en la parcelación de los bienes comunes amparándose en el discurso de las supuestas bondades de las privatizaciones, desregulaciones y libre comercio. Sin embargo, esta forma de actuar no crea riqueza, sino que la usurpa poniéndole una valla y declarando propiedad privada algo que es de todos, como pasa con la apropiación del conocimiento mediante el uso de patentes.
Algo similar ocurre con las instituciones públicas que ofrecen servicios fundamentales para la sociedad: se están transfiriendo sistemáticamente a manos privadas con la escusa de obtener una ganancia marginal de eficiencia en su funcionamiento. Sin embargo, esto no siempre se consigue y, cuando se logra, es a costa de un peor servicio o mayor coste para sufragar los beneficios, porque las empresas privadas no pueden funcionar con pérdidas. Es por eso que es necesario un sector público fuerte que pueda funcionar con pérdidas, de modo que garantice la prestación de ciertos servicios (educación, sanidad, acceso a suministros), pueda subvencionar sectores productivos dependientes, y mantener el empleo para reactivar el consumo durante las recesiones -en vez de limitarse a reducir plantilla para mantener la rentabilidad, o cerrar si no lo consigue.
Como ya se demostró en el caso de los bomberos privados (63′), hay ámbitos de la vida en que la gestión privada es contraproducente para todos. Hay cosas demasiado esenciales para el bien púbico como para que se consideren oportunidades de negocio, por eso es necesario tomar la decisión política de sacar este tipo de productos y servicios del mercado. Como se comenta en el documental, la esclavitud desapareció no porque dejara de ser rentable, sino porque se tomo la decisión política de que el ser humano no podía ser una mercancía ni una propiedad.
Además de abrir nuevos mercados -apropiándose de los bienes comunes- las empresas también invaden el espacio público para lograr sus objetivos. A la tradicional publicidad, se van añadiendo nuevas formas de relaciones públicas dirigidas a lograr que los consumidores compren sus productos. El grado de manipulación puede llegar a ser enorme, desde la publicidad que enseña a los niños como dar mejor la lata para a sus padres para que les compren lo que han visto en la tele, a la creación de manifestaciones tridimensionales de las marcas y los valores que personifican (“como disneyworld“), la publicidad encubierta (mensajes que no parecen publicidad ni que vayan dirigidos a nosotros), o la creación de grupos -presentados como expertos independientes- para la defensa de sus intereses.
El objetivo final es convertir a la población en consumidores mecánicos de productos que no necesitan, que se encuentren disociados unos de otros y llenen sus vidas satisfaciendo necesidades creadas por las empresas, desempeñando la función social que nos han asignado y viviendo según los valores que nos han inculcado (como que el transporte público es para quien no tenga más remedio). Si lo que hacen es ético o no, no les interesa: los publicistas (como todos) se limitan a hacer su trabajo.
Indiferencia hacia la democracia y los derechos humanos
La tercera parte de “The Corporation” repasa el largo historial de indiferencia hacia la democracia y vulneración de los derechos humanos de estas compañías, propiciado por el hecho de que las empresas no están integradas en el procesos democráticos, ni sometidas a ellos. Aunque, en teoría, las empresas deben cumplir las leyes, esto no garantiza que lo hagan, ni que -aun respetando los límites de la ley- las actividades que desarrollan no produzcan daños en otras personas y/o el medio ambiente.
Es de sobra conocida la estrecha cooperación entre la industria y los gobiernos, así como la capacidad que tienen las empresas para presionar a estos últimos de muy diferentes maneras. Independientemente de la forma de gobierno que adopte un Estado, en todos ellos la línea que separa a los responsables del sector público y del sector privado es muchas veces difusa, o directamente no existe; lo que ha llevado, en no pocas ocasiones, a que los gobiernos sean instrumentos en manos de los grandes empresarios locales y/o extranjeros.
Cuando las grandes transnacionales no han podido persuadir a los gobiernos para imponer políticas económicas “impopulares”, pero muy beneficiosas para ellas, no han dudado en financiar a otras opciones políticas más afines a sus intereses. Un ejemplo claro de este fenómeno es la ascensión del fascismo en Europa, que se produjo (en parte) gracias a la financiación y el apoyo mediático que estos grupos extremistas obtuvieron de las grandes empresas. Una vez alcanzado el poder, los gobiernos totalitarios “recompensaron” a quienes les apoyaron con una regulación que acallará las reivindicaciones sindicales, fortaleciera su control de los mercados y protegiera sus beneficios empresariales; todas ellas políticas gubernamentales muy positivas para la economía, como se ha demostrado con el milagro económico chino.
El recurso al golpe de estado es un caso clásico en el continente americano: Guatemala (1954), Chile (1973), Bolivia, Argentina y Brasil durante los años 1970, e incluso Honduras recientemente (2008). Sin embargo, el rechazo internacional hacia los gobiernos golpistas de sudamérica hizo que, a partir de la década de 1980, el control de los gobiernos democráticos empezara a ejercerse a través de organismos internacionales “neutrales” -como el Fondo Monetario internacional o el Banco Mundial- que imponían estrictos planes de ajuste y restructuración económica como requisito para acceder a los fondos necesarios para evitar la quiebra. Así ocurrió en Polonia (1989), Rusia después del colapso de la URSS, o Sudáfrica una vez finalizado el apartheid. Quedó claro que no era necesario un golpe de estado para obligar a un gobierno a reestructurar la gestión pública en beneficio de las empresas, basta con crear las condiciones necesarias (“crisis” o “emergencias”) para que no tenga otra opción, y la opinión pública acepte con resignación los cambios. Esta estrategia ha sido bautizada como “la doctrina del shock”.
Hacia la economía democrática
Como ya se ha visto, la empresa crea mucha riqueza para sus propietarios, pero lo hace apropiándose de los recursos naturales del planeta y explotando a los más débiles como mano de obra barata para transformar dichos recursos naturales de una forma derrochadora. Cuando encuentra trabas a sus planes de expansión económica no duda en subvertir el sistema legal y el principio democrático para que sirvan a sus intereses, hasta el extremo de que la ONU se empieza a plantear la necesidad de crear un tribunal para juzgar a multinacionales. Los daños que generan este tipo de organizaciones superan con creces los beneficios que obtienen unos pocos de ellas.
Para poner freno y reconducir los efectos perniciosos del dominio de las grandes conglomerados empresariales, el documental plantea como solución la democratización de la economía, es decir, someter a las empresas y a la economía al control democrático de los ciudadanos, de modo que estos puedan opinar sobre lo que pasa en los mercados, y tengan la capacidad de modular las actividades empresariales y financieras que les afectan directa o indirectamente.
Entre las medidas propuestas destacan -a mi entender- “despojar” a las empresas de su “derechos” como “personas” (jurídicas), la disolución de aquellas que incumplan reiteradamente la ley (ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de reconvertirlas en cooperativas), o permitir que trabajadores y consumidores puedan participar en igualdad de condiciones en los consejos de administración donde se toman las decisiones que les afectan. Como dice Milton Friedman en el vídeo, “es necesario crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto”.
En definitiva, se trata de poner a la empresa al servicio a la comunidad para satisfacer las necesidades de todos, en vez de permitir que sean las empresas las que utilicen a la sociedad para alcanzar el máximo lucro posible; algo que sólo será posible con gobiernos verdaderamente democráticos, al servicio de los ciudadanos y sometidos a su control, que sean capaces de impulsar cambios legislativos ambiciosos que permitan alcanzar estos objetivos. Es por esto que resulta fundamental recuperar el control sobre los gobiernos para hacer prevalecer, desde ellos, la lógica de la democracia sobre la lógica del mercado. Todo llegará… si nos esforzamos por que ocurra.
Outfoxed – ¿Información, entretenimiento o propaganda?
Título original: Outfoxed (subtitulos en español) | Ir al vídeo
Tema: Medios de comunicación, propaganda, manipulación | Evaluación 3.75/5.
Año 2004. Dur: 78′. Producido por Carolina productions.
Web: http://www.outfoxed.org/
Aunque exclusivamente centrado en la guerra declarada por Rupert Murdoch al periodismo, Outfoxed expone con claridad el peligro que supone para la democracia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en las manos de unos pocos, tendencia que cada día se hace más fuerte.
A lo largo del documental podemos conocer, de boca de sus ex-empleados, como los dueños de los medios de comunicación sesgan los contenidos que se difunden (además de las noticias). No es sólo que elijan por nosotros qué se muestra y qué no… y cuanta visibilidad merece un tema o asunto en particular; también se manipula la forma de narrar y presentar los contenidos de forma que promuevan un determinado punto de vista.
Fox News fue pionera en borrar abiertamente la linea entre la información y el comentario, en abandonar el periodismo basado en hechos y sustituirlo por “creación de opinión” para influir en la percepción de su público. El del férreo control sobre la linea editorial que se denuncia en el vídeo va más allá de la redacción: también se premia a los invitados y comentaristas más extremistas, y se castiga y censura a quienes se salen del guión.
Algunas de las técnicas del periodismo moderno se las debemos a la FOX, tales como cortar abruptamente a los invitados que dicen cosas que chocan con la linea editorial, introducir en el debate opiniones sin atribuirlas a fuentes concretas, o los debates en desigualdad de condiciones, donde los puntos de vista coinciden mayoritariamente y quienes discrepan lo hacen sin fuerza ni capacidad argumentativa… todo vale para dar la “forma adecuada” a la realidad en la cadena que se publicita como “justa y equilibrada“.
Como se ilustra en el documental, el éxito de sus esfuerzos para influenciar la opinión de su audiencia es notable. Comparadas las respuestas a preguntas sencillas sobre hechos concretos, como si como si se logró establecer una relación entre Saddam Hussein y Al-qaeda, o si había armas de destrucción masiva en Irak (motivo oficial de la invasión); las respuestas del público de noticias Fox difería considerablemente de la respuesta media del conjunto de los encuestados, y eran más similares al discurso oficial de la Administración Bush.
Esta transformación de la difusión de información “objetiva” en difusión de “opinión” en favor de los intereses de la cadena ha sido posible gracias a la buena acogida que ha tenido por parte del público. El éxito de la FOX se basa en filtrar lo que no gusta a su audiencia, que prefiere vivir engañada en una realidad donde todo el mundo piensa como ellos; y ha sido tal su repercusión que las cadenas competidoras han seguido su estela a la vista de que la gente prefiere el periodismo partidista en linea con sus convicciones. Si la gente no prestara atención a este tipo de periodismo, dejaría de existir, pero cuesta resistirse a escuchar a quienes dicen barbaridades (de ahí el éxito de la telebasura).
Aunque obvie decirlo, para tener una visión completa y lo más objetiva del conjunto también hay que estudiar seriamente otros puntos de vista, especialmente cuando no nos gustan y/o contradicen nuestra visión del mundo y de cómo deben ser las cosas.
Desgraciadamente para el periodismo y la democracia, aquellos que traten de informar de forma objetiva al margen de la linea editorial tiene los días contados en las redacciones de los medios tradicionales, controlados por empresas en busca de beneficios. Por eso, más que nunca, necesitamos Internet y el activismo a pie de calle para contrarrestar a los lobbies de la información.
Aunque se hable de la FOX, estas reflexiones son igualmente aplicables a cualquier medio de comunicación del signo ideológico que sea. Hay quienes hacen más esfuerzos por informar de verdad que otros, pero todos están necesariamente sesgados (incluido este blog, claro).
NOTA: La calidad del vídeo es un poco mala, si te apañas con el inglés recomiendo mejor esta versión del vídeo