Una sencilla modificación del artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que reduzca a 1 o 0 la asignación inicial de escaños a cada provincia podría evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP, y se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea más o menos el mismo y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso