El papel de los consumidores en la economía de mercado

Cuando notamos que nuestra economía personal se deteriora la reacción instintiva de mucha gente es señalar al Gobierno, ya sea para echarle la culpa de nuestros problemas o para exigirle que los solucione por nosotros. Qué si suben los alimentos; la gasolina; la vivienda; el desempleo… ¡todo sube menos los sueldos!; y ante este panorama lo único que se nos ocurre es entregarnos a la práctica del verdadero deporte nacional: echarle la culpa a los demás, sin asumir ninguna responsabilidad sobre nuestros propios problemas; y exigir que nos los resuelvan, en vez de buscar soluciones por nuestra cuenta.

Sin embargo, por mucho que nos neguemos a ver la realidad, sigue siendo igualmente hipócrita exigir responsabilidades al Gobierno cuando la economía no está bajo control estatal. En un mercado no regulado, la interacción entre productores y consumidores determina las características de los intercambios comerciales mediante un proceso colectivo de negociación en el que todas las partes tratan de maximizar el valor o utilidad que obtienen de dichos intercambios.

El funcionamiento de este mecanismo presupone que todas las partes están dispuestas a defender sus propios intereses compitiendo contra todos los demás: contra nuestros clientes (o empleadores) para obtener más ingresos; contra nuestros proveedores (trabajadores y medioambiente incluido) para obtener materia prima a menor coste; y contra quienes se dedican a lo mismo que nosotros (competencia) para acaparar más clientes y proveedores. Esta es la premisa de la competición, sobre la que se basa la economía de mercado.

Sin embargo, al menos en España, los consumidores no estamos ejerciendo eficazmente nuestro papel de contrapeso para equilibrar y estabilizar los mercados. No nos gusta “perder” el tiempo comparado ofertas, buscando alternativas, restringiendo o posponiendo nuestro consumo cuando las condiciones no nos satisfacen, o negociado las condiciones en que se realizarán las transacciones. Por tanto, a nadie le debería sorprender que suframos los desajustes que estamos incentivando con nuestra irresponsable forma de consumir.

Cuando la demanda es inflexible, los precios suben (y los salarios bajan)

En una escena de “The Wire” unos narcotraficantes discuten sobre la nueva heroína que están despachando:

– String, la gente se está quejando… nos dice que esta basura está floja.
– Lo sé. Pero es floja en todas partes. La cosa es que no importa a qué llamamos heroína, se va a vender. Si la droga es fuerte, la venderemos. Si la droga es floja, venderemos el doble. ¿Sabes por qué? Porque un drogadicto va a tratar de conseguirla sin importarle más. Cuanto peor la hacemos, más ganamos.

Esto mismo deben pensar en España el sector de vivienda y el energético, especialmente el petroquímico (con el precio de la gasolina), entre otros. La única diferencia es que, en vez de vender más, lo que se hace es vender la misma cantidad a mayor precio; que van incrementando hasta que los consumidores no pueden pagar más, o deciden no hacerlo.

Cuando los consumidores no discriminan con sus decisiones económicas entre buenas y malas ofertas existe poco incentivo para que las empresas proveedoras compitan entre sí por mejorar el valor de sus propuestas. Independientemente de que sea por falta de interés en estudiar las ofertas o porque hay pocas opciones entre las que elegir, cuando los consumidores no participan activamente en la negociación de los precios la oferta acaba por volverse homogénea, de baja calidad y alto coste. Esto es lo que pasa en los mercados donde no hay competencia.

Según Eurostat, en 2006 los precios en España estaban un 7.71% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, pero los salarios estaban entre el 26,87% y el 29,5% por debajo de esos mismos países. ¿Es casualidad que en España tengamos precios europeos pero sueldos muy inferiores? Mi modesta opinión es que no. La gente tiene tantas necesidades creadas, y tan poca costumbre de privarse de nada, que es incapaz de defender sus propios intereses… algo que aprovechan los mercados, que sí están acostumbrados a competir contra nosotros, y a ganar.

Esta situación se conoce en economía como demanda inflexible o cautiva, que se produce cuando la demanda, ya sea de empleo o de consumo, apenas sufre variaciones conforme varían las condiciones de las transacciones. Cuando esto ocurre, una de las consecuencias más inmediatas es un rápido empeoramiento de dichas condiciones para la parte “inflexible” de la transacción, que continuará hasta que el empeoramiento empiece a afectar también a la otra parte y se restablezca el equilibrio.

El tamaño grande no siempre es el más barato
El tamaño grande NO es necesariamente el más barato

De este modo, si una empresa reduce la calidad de sus productos y/o incrementa sus precios, y estos cambios no afectan a la cantidad de unidades vendidas, los cambios se mantendrán en el tiempo. Igualmente, si empeoran las condiciones laborales y no se reduce la demanda de empleo, ni aumenta la rotación de la plantilla, las nuevas condiciones laborales se perpetuarán.

Por este motivo, tanto en nuestro papel de trabajadores como en el de consumidores, estamos obligados a contrarrestar a quienes compiten contra nosotros para maximizar sus beneficios, por la cuenta que nos trae. Esto implica acostumbrarse a prestar atención y comparar las condiciones de venta, a sondear el mercado de forma regular en busca de mejores ofertas (también de trabajo o alquiler), a cambiar de proveedor siempre que se pueda obtener una mejora sensible, y a negociar y a rechazar aquellas condiciones que no nos favorezcan. Como dicen los angloparlantes O el trato es bueno o no hay trato.

Sólo cuando una parte significativa de la población empiece a rechazar tratos que no les convienen (o no les quede más remedio, como ya le está pasando a muchos), las empresas empezarán a buscar formas alternativas para mantener sus márgenes de beneficios sin alterar la calidad de sus productos/servicios, los precios, o los salarios; y aquellas que no encuentren nuevas formas de incrementar su competitividad desaparecerán.

La concentración de la propiedad privada perjudica al consumidor

Otra de las características fundamentales de nuestra mercado es que la oferta supera ampliamente la demanda. Simplemente no hay suficientes consumidores para todo lo que se produce, por lo que muchas empresas acaban desapareciendo frente a sus competidores, otras fusionándose para tratar de sobrevivir y otras absorbiendo -o comprando- las cuotas de mercado de los menos afortunados.

La tendencia generalizada de los productores para contrarrestar su situación intrínseca de debilidad y garantizarse unos beneficios crecientes es organizarse y coordinarse para reducir el nivel de competencia del mercado, obstruyendo la entrada de nuevos competidores y pactando precios que les dejen un buen margen (price fixing). De este modo, conforme se reduce la competencia, las pocas empresas supervivientes desarrollan la capacidad de poder trasladar sistemáticamente los incrementos en sus costes a sus clientes y/o proveedores, hasta el punto de poder imponer precios que garanticen sus beneficios.

La capacidad de las empresas para alcanzar este escenario ideal -para ellas- depende en gran medida de la felixibilidad y movilidad de la demanda. ¿Cómo es posible que Telefónica se atreva a lanzar en Alemania una marca de telefonía móvil barata y diga que en España no piensa hacerlo, o que las tarifas telefónicas en España sean las tarifas más altas de toda Europa? Evidentemente, la diferencia es que los consumidores españoles y alemanes nos comportamos de diferente manera, y hemos creado mercados con características diferentes.

Mientras que en Alemania los sueldos son altos, y los precios se mantienen estables; en España los sueldos bajan en términos absolutos, lo que, combinado con una alta inflación (media anual del 3,33% entre 2002 y 2008) originada en el incremento de los márgenes empresariales, hace que el salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico, mientras que los beneficios de las empresas han crecido un 73% entre 1999 y 2006… cuatro veces más que las empresas del resto de Europa.

Este milagro económico ha sido posible gracias a la falta de competencia real, en unos mercados donde la práctica totalidad de la producción está concentrada en pocas empresas (3-4 por sector), y que es consecuencia directa e indirecta de que amplios sectores de la población acepten como normal el empeoramiento de su situación económica y mantengan sus hábitos pese a pagar precios más altos y recibir salarios más bajos.

Frente a este modelo de ciudadano despreocupado y conformista -predominante en el mercado español- encontramos al ciudadano inconformista y activo, que ha comprendido que para proteger su poder adquisitivo debe fomentar la competencia eligiendo aquellas ofertas que dinamicen en el mercado, en especial cuando las realicen empresas de reciente implantación. Este tipo de ciudadano no se casa con nadie: premia o castiga con su tiempo o dinero a las empresas dispuestas a hacerle una oferta mejor, exige a los poderes públicos que ejerzan de forma efectiva su mandato de proteger la libertad de mercado y hacer que las empresas cumplan las leyes; y orienta su voto hacia quienes cumplen cumplen adecuadamente su labor de supervisión de los mercados.

Desgraciadamente, en el mercado español predomina el perfil conformista, por lo que las empresas seguirán dictando los precios y salarios que mejor encajen con sus previsiones de incremento de beneficios hasta que la gente decida fomentar la competencia y elegir a gobiernos estrictos a la hora de supervisar los mercados.

Regular los mercados no es suficiente

El Estado, como supervisor del mercado nacional, tiene un importante papel a la hora de regular su mercado interior. Al menos en teoría, entre sus funciones deberían estar el tomar medidas contundentes para evitar que la actividad de sectores enteros se concentre en manos a unas pocas empresas (oligopolios), erradicar cualquier práctica que coarte la libertad de los consumidores para elegir, y poner freno a las estrategias que erosionan la competencia.

Sin embargo su capacidad de poder proteger la libertad de mercado depende en gran medida de que este tema sea una prioridad para los electores, y de que éstos le respalden sin fisuras a la hora de tomar medidas impopulares entre empresarios e inversores. Cuando esto no es así, lo que suele pasar es precisamente lo contrario: los gobiernos pasan a estar al servicio de los mercados, dejándoles hacer, fortaleciendo sus estructuras de beneficios y subvencionando sus ventas a costa del dinero y los impuestos de los ciudadanos (que viene a ser lo mismo).

Sólo de este modo se explica que gobiernos elegidos por una mayoría de ciudadanos apuesten de forma sistemática por la moderación salarial (¡¡¡ahora defendida hasta por los sindicatos !!!) como solución para luchar contra la inflación en detrimento de la mejora de la productividad y el aumento del nivel de competencia en los mercados. No obstante, a falta de una labor pedagógica y medidas complementarias, en la práctica, lo que se consigue con esta moderación es reducir el consumo sin reducir los precios ni aumentar la competencia.

Evidentemente, mientras el coste de los salarios puedan mantenerse, e incluso reducirse si se incrementen menos que los precios y se hacen más precarias las condiciones de empleo, cualquier inversión en aumentar la productividad y competitividad es poco atractiva. Y más aún cuando la intensidad de la competencia está controlada y resulta posible para todos (tanto a consumidores como a productores) compensar su incapacidad de competir a costa del erario público mediante subvenciones, ayudas directas (II) y bajadas de impuestos, para que podamos continuar como si no pasara nada.

Este tipo de “soluciones”, aunque pueden desahogar la situación a corto plazo, no sólo no atajan las causas estructurales de los problemas sino que, además, los agravan. Al aliviarse la crisis con estas medidas temporales, las reformas de fondo necesarias se posponen -si es que se realizan- y, cuando los precios absorben las subvenciones o rebajas fiscales, volvemos al punto de partida, iniciando un ciclo que conduce inevitablemente la quiebra del Estado. Cuando no se puedan pagar las subvenciones que todo el mundo pide con los impuestos que nadie quiere pagar ¿a quién irán a llorarle subvenciones y bajadas de precios?, ¿quien protegerá a los ciudadanos de los poderes económicos y de ellos mismos?, pero, sobre todo, ¿quién rescatará a las empresas cuando sean víctimas de su propia codicia?

Está claro, al menos para mi, que los gobiernos de España han trabajado, trabajan y posiblemente seguirán trabajando para proteger los beneficios empresariales. Eso sí, disfrazando sus iniciativas en tal sentido como medidas para la protección de empleo y lucha contra el paro… evidentemente, sin trabajadores que explotar no habría actividad económica ni beneficios.

En estas circunstancias, cualquier intervencionismo económico se limitará a ayudar a las empresas a superar las consecuencias de su mala gestión, nunca a ayudar a los consumidores en detrimento de los beneficios empresariales. Por tanto, resulta cuanto menos ingenuo reclamar ayuda al Estado, ya que cualquier solución que nos ofrezca llegará siempre tarde, será insuficiente por lo general, y muy probablemente se limitará a mitigar los efectos perniciosos por un tiempo, en vez de atajar el verdadero problema.

No obstante, tengo que insistir en que la culpa de que los gobiernos que elegimos no estén desempeñando eficazmente su labor de controlar los mercados es, en primer lugar, de los ciudadanos que se lo consienten y/o se empeñan en respaldarlos con su voto. Además, por mucho que el gobierno se esmerara en regular los mercados, cualquier esfuerzo será siempre inútil mientras la mayor parte de la población siga sin asumir su parte de responsabilidad en equilibrar la relación entre oferta y demanda… mientras sigamos consintiendo el enriquecimiento de otros a nuestra costa. El Estado no puede solucionar los problemas que nosotros mismos hemos provocado.

Ser competitivo no es resignarse, sino competir contra los mercados

Todo lo que aquí he expuesto es una obviedad. Desgraciadamente para todos, un amplio porcentaje de la población no acaba de asimilar que hay que competir contra los mercados; y con su actitud despreocupada y conformista acaban generando graves distorsiones en el mercado, que sufrimos todos.

Porque que los precios suban, los salarios bajen, y la oferta se vuelva homogénea y de baja calidad es sólo la punta del iceberg. Conforme se agudizan estas condiciones en los mercados, los consumidores tienen dos opciones: o mantener su consumo a costa de aumentar su endeudamiento, o reducirlo. En cualquier caso, el resultado a medio plazo es que la demanda disminuye sin esperanza de reactivarse, con lo que se acaba destruyendo parte de la capacidad productiva del mercado y se concentra la oferta en menos productores que antes.

Un ejemplo claro de lo que hablo es la crisis inmobiliaria: Quizás los bancos podrían no haber dado tan alegremente hipotecas, pero es que su negocio es vender dinero; quizás el Estado podría no haber incentivado la compra con desgravaciones y ayudas fiscales, pero es que ese tipo de medidas son las que desean los votantes… Sin embargo, el que verdaderamente podía haber evitado la crisis fue el consumidor dispuesto a pagar el equivalente al sueldo de 20 años para comprar una casa normalita. Si estas personas hubieran ejercido su papel de contrapeso del mercado, probablemente la oferta se habría racionalizado de forma controlada, y la burbuja no habría estallado en nuestra cara llevándose por delante a cientos de familias que trabajaban en la construcción, para alguna de las entidades bancarias afectadas por la morosidad o que tienen una hipoteca que no pueden pagar.

Para mantener el poder adquisitivo (y evitar colapsos económicos que puedan afectarle), el ciudadano tiene varias opciones a su alcance. Por desgracia, todas ellas requieren un esfuerzo de su parte y empezar a pensar por uno mismo. En cualquier caso, cambiar nuestra forma de interactuar en contextos económicos siempre será una alternativa mejor a largo plazo que seguir siendo un colectivo atomizado que vive a merced de las grandes empresas y del Estado. ¿No será mejor organizarse para defender nuestros propios intereses, por si a nadie más le preocupan?

A nivel individual, hay que acostumbrarse a utilizar nuestras transacciones mercantiles para fomentar la competencia y demostrar que somos sensibles a la oferta reduciendo el consumo -u optando por otras alternativas- cuando el valor o utilidad que conseguimos de nuestras transacciones no nos satisfaga. Todo se resume en presionar a las empresas, que son la causa de nuestros problemas económicos, para que mejoren sus ofertas (de empleo, de productos y de servicios). Como dice la sabiduría popular, “si quieres que te suban el sueldo o que te bajen el alquiler, lo mejor es que te vayas a otro sitio”.

Cuando no encontremos alternativas aceptables, debemos plantearnos la posibilidad de organizarnos para lograr mejoras de precio y calidad, y/o asumir directamente el rol de producción. Así, por ejemplo, resulta relativamente sencillo montar una cooperativa para, por ejemplo, comprar productos ecológicos directamente al productor a mejor precio (II) al eliminar intermediarios y combinar el poder de compra de los miembros de la misma; así empezó el séptimo grupo empresarial de España.

Como máxima general, conviene aliarse con aquellos que persiguen los mismos objetivos que nosotros para aumentar y coordinar la presión sobre nuestras contra-partes (base sobre las que se asienta el sindicalismo, y los oligopolios) y no subvencionar los beneficios ajenos con nuestro dinero: Si la empresa se traslada a un polígono porque es más barato (para la empresa, no para el empleado), que pague una ruta en vez de obligar a los trabajadores a desplazarse por su cuenta; si hay jornada partida, que pague un comedor; si no se puede igualar el IPC al revisar los salarios, que aumente los días de vacaciones o reduzca la jornada laboral…

Así que la próxima vez que recibas un llamamiento para presionar a determinada empresa, no olvides que proviene de un grupo de personas tratando de defender sus intereses, que muy probablemente compartas. Así que en vez de ignorarlo, o burlarte, evalúa si te beneficiarías de la acción, y en caso afirmativo ¡participa! Te sorprenderías de lo que se puede conseguir, hasta bajar el precio de la gasolina. Y ya puestos a tomar las riendas de nuestro propio destino, vota a políticos que trabajen en defensa de tus intereses, que no tengan miedo a intervenir en los mercados y se comprometan a aumentar la competencia real entre empresas y a garantizar la libertad y los derechos del consumidor.

La próxima vez que pienses que algo es muy caro o que te pagan poco, pregúntate qué méritos has hecho tu para merecer algo mejor. El primer responsable de tu destino eres tu mismo, así que decide; compite.

¿Por qué los libros de texto todavía no son gratis?

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hay planteada una contradicción entre lo que debería ser y lo que es. El Artículo 27.4 es bastante contundente:“La Enseñanza Básica es obligatoria y GRATUITA.”

Si bien es cierto que en los centro públicos la matrícula es gratuita, no lo es menos que para la educación se necesitan libros de texto. Afortunadamente para los padres de hijos en edad escolar, recientemente ha entrado en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas que ha acabado con la aplicación al libro de texto de las extrañas limitaciones que siguen vigentes para mayoría de libros. Concretamente, el precio fijo de venta al público que debe establecer el editor y el descuento máximo del 5%.

Esta nueva ley ha desatado una guerra de precios sin precedentes en este sector que, según los datos de la Federación del Gremio de Editores de España, es el primero por volumen de facturación (24,4%) y el segundo por volumen de ejemplares editados (17%), sólo por detrás de la literatura (datos correspondientes a 2006). También es el sector editorial que mayor número de novedades lanza cada año (el 23,6% del total), lo cual probablemente esté relacionado con la sospechosa velocidad con la que pierden su “vigencia” dichos libros, que “hay que cambiar” al cabo de uno o dos años, y no el mínimo de 4 que prevé la ley. En mi opinión, las editoriales de estos libros llevan demasiado décadas lucrándose de los indefensos ciudadanos.

Además de la nueva ley, los gobiernos autonómicos acuden puntualmente a la cita de todos los años con 135 millones de euros (2006) para subvencionar la compra de los libros y hacer más soportable (económicamente) la vuelta al cole. Una cantidad enrome de fondos públicos que, cada año se desvían para seguir enriqueciendo a empresas privadas en vez de dedicarse a hacer innecesario que nadie tenga que pagar por ellos (ni el Estado ni los consumidores).

Hasta ahora, las mayoría de soluciones propuestas (ayudas directas en forma de becas y libros subvencionados por el Estado) pasan por perpetuar la situación, protegiendo los intereses de las grandes editoriales, que se aferran a un jugoso mercado de 738 millones de euros (curso 2006-2007) [698 millones de euros (curso 2005-2006)] donde, todos los años, los clientes SE VEN OBLIGADOS a comprar unos libros cuyo precio [controlan] controlaban. Ya hemos soportado bastantes abusos, así que va siendo hora de que el Gobierno detenga la sangría a las arcas del Estado y ponga un poco de cordura en el sector de la educación, sector tan estratégico como la energía o las telecomunicaciones.

En este sentido, una iniciativa muy interesante es la que en 2003 inició la Xunta de Galicia con el préstamo de libros, que ha ahorrado mucho dinero para pesar de los editores y libreros. Sin embargo, creo que se debería ir un paso más allá y convocar un concurso público para escribir los libros de texto en el que puedan participar profesores, profesionales de la educación y especialistas en las áreas de conocimiento concreto (matemáticas, historia, lengua…), bien por separado o formando grupos.

En una primera fase el Ministerio de Educación se encargaría de dividir los contenidos curriculares de cada asignatura de cada curso en bloques cerrados de conocimientos (los temas de los libros) y abrir un amplio periodo de inscripción al concurso público en el que los participantes estuvieran informados del número de inscritos para cada tema en cada materia de cada curso. Para incentivar la participación, los trabajos seleccionados serían premiados con 30.000€ a cambio de ceder los derechos de autor al Estado, quizás un precio desorbitado si tenemos en cuenta que los libros de texto comerciales de EP y ESO tienen una media aproximada de 15 páginas por capítulo. No obstante, sin duda el alto incentivo redundará en una mayor cantidad y calidad de los trabajos presentados.

Un tribunal seleccionará aquellos trabajos que se adecuen a los contenidos de la materia y al curso, presenten una mayor claridad expositiva y demuestren con más claridad que han sido elaborados íntegramente con contenidos desarrollados por el autor y/o libres (hay una gran cantidad de contenido libre en la Wikipedia). Dichos trabajos serán refundidos para crear los libros de texto, y revisados para corregir cualquier inconsistencia que pudiera confundir al alumno. Al ser copyright del Estado, podrán ser distribuidos bajo una licencia de Documentación Libre que reúna las siguientes características:

  1. Que permita el libre uso de los documentos
  2. Que permita la libre distribución y copia de los mismos.
  3. Que permita a terceras partes la modificación de los documentos, y que dichos trabajos derivados se distribuyan bajo los términos de la misma licencia.

Una licencia como, por ejemplo, la Licencia de Documentación Libre de GNU o la licencia Reconocimiento-CompartirIgual de CreativeCommons.

El Ministerio de Educación publicaría cada año, aproximadamente en otoño, una versión oficial de los libros de texto que podría ser modificada y mejorada por las comunidades autónomas para ajustarse mejor a las características específicas de cada lugar, y estas versiones modificadas, o el original, podrían volver a ser modificadas por cada centro escolar para ajustarse a las características de su proyecto educativo. Al tratarse de versiones modificadas deberán ser publicadas bajos las mismas condiciones que los originales y nada impedirá que las mejoras de versiones modificadas sean incluidas en la revisión de la versión oficial del siguiente año, corrigiendo los errores rápidamente y entrando en un ciclo cerrado de constante mejora del material curricular.

Evidentemente habría que distinguir entre la versión oficial del Ministerio de Educación y Cultura, las versiones oficiales modificadas de la Comunidades Autónomas y las versiones modificadas por organismos privados (colegios, editoriales). Cada centro deberá velar porque los libros de texto que elija no se desvíe del curriculum común establecido para los alumnos, teniendo siempre la opción segura de optar por la versión de la Comunidad Autónoma.

La publicación del original y subsiguientes modificaciones deberá hacerse en un formato electrónico que permita la distribución de la información por medios telemáticos y la reproducción y modificación de los textos sin necesidad de recurrir a programas comerciales. Una buena opción es el formato OpenDocument Text incorporado por defecto en la suite ofimática OpenOffice.org, que se puede descargar gratuitamente y permite firmar digitalmente los documentos. De esta manera podremos saber si el texto que tenemos ante nosotros es oficial o modificado.

Una vez instaurado este modelo, los costes de los libros de texto se limitarían a su impresión, que puede correr a cargo de los centros educativos y se puede subvencionar desde el estado. Las editoriales también podrían sacar ediciones de estos libros, e incluso versiones modificadas de los mismos (¿quién se lo va a prohibir?), pero a un precio competitivo comparado con el “Hágaselo usted mismo”.

Lo mejor de todo es que estos mismos libros de texto se podrían utilizar en todos los países hispanohablantes, previa adaptación de algunos contenidos a la realidad de cada sitio.

Hablemos de cifras

Un proyecto de esta envergadura en perfectamente asumible con el presupuesto y recursos del Estado. En la Educación Primaria Obligatoria, se imparten 5 asignaturas en el primer ciclo (Conocimiento del Medio, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Religión/estudio), ya que en educación física no es necesario y 6 en el segundo y tercer ciclo de EP (se añade Lengua Extranjera).

En los tres primeros años de Educación Secundaria Obligatoria encontramos que se necesitan desarrollar 13 libros: 9 para las asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música, Religión/Actividades Alternativas) más 4 para cada una de las asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera, Procesos de Comunicación, Taller de Matemáticas y Taller de Artesanía) además del correspondiente a Lengua y Literatura de las CC.AA, que debería ser desarrollado por cada comunidad. Un Total 15 libros.

Para el último curso de la ESO el número de libros necesarios aumentan ya que a las 5 asignaturas troncales que necesitan libro (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ética, Religión/Actividades Alternativas) hay que añadir el de Lengua y Literatura de las CC.AA (de nuevo responsabilidad de las comunidades), 7 de asignaturas de elección (Matemáticas A y B, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Tecnología y Música) y, al menos, 2 más correspondientes a asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera y Cultura Clásica). Un total de 14 libros.

No obstante, existen 13 optativas más para las que se podría necesitar desarrollar un libro, si bien el hacerlo no parece un asunto tan prioritario. Estas optativas son: Una materia de Inciación Profesional, Taller de Astronomía, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Coral, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y Activa, Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural, Energías Renovables y medio Ambiente, Botánica Aplicada, Papeles Sociales de Mujeres y Hombres, Informática y Materias diseñadas por el Centro).

En definitiva, estamos hablando de 93 libros (+13 adicionales) para toda la educación obligatoria de los futuros ciudadanos. Tras un breve estudio, no necesariamente representativo, de los libros de texto existentes en el mercado he encontrado que la media de capítulos de los libros de EP y ESO es de 12 y que el número medio de páginas de estos es de 14 (± 5). Estos valores, lejos de buscar la exactitud, pretenden ser orientativos para el cálculo que viene a continuación

Con los 135 millones de euros de ayudas del estado a libros de texto, repartidos entre los 1152 capítulos a desarrollar, se podría dotar de un presupuesto de 117.187,5 euros para desarrollar cada capítulo… ¡Si es que hay dinero hasta para imprimirlos! ¡Y por el coste de las subvenciones de un sólo año!.

¿Imposible? Ya existen antecedentes

Gracias a una iniciativa muy parecida Extremadura, una de las regiones más pobres de la Unión Europea, ha logrado pasar del subdesarrollo tecnológico a convertirse en referencia de desarrollo de la Sociedad de la Información, llevando Internet a todos los hogares e instalando un ordenador por cada dos estudiantes en las escuelas.

Evidentemente, en Extremadura no disponían de los fondos necesarios para pagar licencias de sitemas operativos y herramientas ofimáticas propietarias (como pasa con los libros de texto), así que invirtieron un 10% de gasto que habría supuesto esta solución en crear su propio sistema operativo con herramientas compatibles (gnuLinEx), impartir cursos de formación y hacer copias para distribuir gratuitamente entre la población. ¿A qué esperan los políticos para hacer lo mismo con los libros de texto?