Europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos

El rescate constituye una DEUDA ODIOSA que será repudiada por haberse otorgado a sabiendas de la insolvencia del país, y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor

Estimados amigos europeos, me siento en la obligación de advertiros de que si entregáis vuestro dinero para rescatar al sector financiero español, lo perderéis para siempre. Sabéis perfectamente que España está en quiebra técnica y que nuestro Gobierno miente más que habla (este y el anterior), y aún así vais a prestar hasta 100.000 millones de euros (equivalente al 16,39% de toda la deuda pública ya existente) a un país cuya economía se prevé se siga contrayendo durante los próximos años, con cifras récord de paro, perdida neta de población y un acelerado envejecimiento de la misma… ¿Cómo esperáis que os paguemos?

Si al menos ese dinero fuera a emplearse para reactivar la economía -y se lograra- todavía podríais recuperarlo con intereses. Pero no; se va a dilapidar en rescatar bancos quebrados. Es decir, en quedarnos como estamos, en subvertir los mecanismos de autorregulación de los mercados que tanto gustan cuando lo que hay que autorregular son las ganancias. Ni un sólo céntimo llegará a la economía real porque las cantidades de activos tóxicos a sanear superan con creces la cuantía del rescate.

Rescate que, por cierto, se solicita en un flagrante fraude electoral, incumpliendo las promesas con las que el PP ganó las elecciones y, por tanto, en abierta subversión del más elemental principio democrático. Rescate que es contrario a los interés de España y de los españoles, por suponer una renuncia inaceptable de soberanía y una carga que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos y del propio Estado. Rescate que está siendo contestado en las calles con creciente intensidad.

Rescate que, curiosamente, se hace sin dinero… ya que no lo aporta ni el Banco Central Europeo (el Estatuto del BCE no lo permite) ni el Fondo Monetario Internacional (el FMI depende de la Reserva Federal de EE.UU, que tiene sus propios problemas), ni ningún país europeo, americano, asiático o árabe. Al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) le queda margen para cubrir el rescate si es que encuentra a alguien le preste ese dinero (!?), problema que comparte con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ni siquiera existe todavía y al que se espera que entre España e Italia aporten un 30% de su capital total (!?). ¿Acaso pretendéis que paguemos intereses por un dinero que no tenéis, ni existe?

Estimados amigos europeos, no penséis que porque modificamos la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos vais a ver un euro. A diferencia de los países serios, la Constitución española sólo se cumple cuando interesa. Pero os digo más, el Gobierno y el actual orden constitucional será depuesto antes que devolver el dinero ¿A quien se le ocurre bajarle el sueldo a la fuerzas de seguridad cuando se suben salvajemente los impuestos y se le asesta al Estado del bienestar el golpe más mortífero en la historia del parlamentarismo español? No parece propio de alguien que quiera agotar la legislatura.

Por tanto, no os sorprendáis cuando nos neguemos a devolver ese dinero que nunca quisimos. Se trata de un ejemplo de libro de DEUDA ODIOSA, que será repudiada tan pronto se restaure la Democracia en España. Estoy seguro que, si no fuera el vuestro, veríais con claridad lo absurdo que resulta pretender la devolución de un préstamo irresponsablemente realizado a un Estado a sabiendas de su insolvencia, de su graves problemas estructurales, de su incapacidad para generar balances positivos, de que el dinero no será empleado para mejorar la productividad ni reactivar la economía, de la existencia de una fuerte oposición popular a la concesión del mismo, poniendo en peligro la viabilidad económica del Estado y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor.

Si, sí, ilegítimo, porque tanto da que la voluntad popular se haya subvertido mediante el uso de la fuerza o ganando unas elecciones a base de mentiras; y traidor por sus crímenes contra la soberanía, la seguridad y la independencia del Estado. En el código penal se tipifican como delitos el publicar y ejecutar ordenes y disposiciones de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia del Estado (art. 589 CP), facilitar a los enemigos de la nación medios directos y eficaces para hostilizar a España (art. 583.2. CP, lástima que sólo sea punible cuando se ayuda a las tropas enemigas, no a sus funcionarios), y el inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España (art. 581 CP, que es lo que probablemente ocurra cuando traten de recuperar el rescate). Me pregunto qué juez o policía tendría el valor de detener a los miembros del Gobierno si apreciara que se pudiera estar cometiendo alguno de estos delitos. Pues ninguno, claro, “en España hace años que hay una huelga indefinida del derecho y la justicia“, como dice Anguita.

Si a sabiendas de todo esto insistís en rescatarnos, asumir las consecuencias de vuestros actos. Alguien hará buen uso de vuestra donación, pero no serán los españoles; el dinero del rescate acabará en manos de los acreedores del sistema financiero español que -oh, casualidad- son VUESTROS propios bancos. ¿De eso se trata, no?. De esclavizar a una nación a través de la deuda; de que las generaciones presentes y futuras de españoles rescatemos a VUESTROS bancos. No gracias, ya tenemos bastante con soportar a los nuestros.

Insisto amigos europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos. Avisados estáis.

Reforma Constitucional: Los acreedores primero

La reforma del art. 135 de la Constitución proclama un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores antes que a sus ciudadanos? Pues ninguno. Por desgracia, nos exigen garantías adicionales para seguir prestándonos, y necesitamos más dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

El pasado 23 de agosto Zapatero convocaba al Congreso para anunciar, por sorpresa, la presentación de una reforma de la Constitución con la que fijar el límite de déficit del Estado, y garantizar la “estabilidad presupuestaria” por mandato constitucional. La iniciativa, pactada previamente con Rajoy y respaldada por la Unión Europea, se concretó en apenas 48 horas, y se está tramitando de manera urgente para que entre en vigor antes de que se disuelvan las Cortes.

En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

La reforma del IRPF favorece las rentas del capital sobre las del trabajo

Con motivo del inicio de la campaña de la renta he tenido ocasión de comprobar empíricamente como la reforma fiscal de 2007 favorece las rentas del capital sobre las del trabajo. Antes de la reforma del IRPF todos los ingresos del declarante estaban integrados en su base imponible, por la que se tributaba al tipo asignado al rango de ingresos correspondiente con los suyos. A partir de la reforma se “iguala el tratamiento a todos los tipos de ahorro” a través de su separación en una base imponible del ahorro, que tributa al 18% en todos los casos.

Gracias a esta medida, ya es fiscalmente más beneficioso dedicarse a negocios especulativos basados en el capital financiero que a negocios productivos basados en el trabajo, con las consecuencias que ello implica para nuestra economía y para nuestro modelo de convivencia.

Trabajar o especular, he ahí el dilema

A la hora de tributar, la cuantía a pagar varía sustancialmente dependiendo de la situación personal de cada uno. Por ello, para ejemplificar mi tesis, utilizaré un ejemplo, concreto aunque representativo, del funcionamiento de la base de ahorro. Para este simulacro fiscal utilizaré el caso de un hombre de 29 años, soltero, residente en Madrid, sin hijos ni mayores a su cargo, que vive en un piso alquilado cuyo alquiler no puede desgrabarse porque su casero no lo declara, y carece del resguardo del ingreso de la fianza en el IVIMA. En ambos casos los ingresos son los mismos: 50.000€ brutos al año. Lo único que cambia es la forma de obtenerlos.

Escenario 1: Trabajador por cuenta ajena.

Después de muchos años trabajando, nuestro hombre ha ascendido en el escalafón hasta ejecutivo de una gran multinacional, y obtenido un sueldo al nivel de sus capacidades. Todas las mañanas se levanta temprano para ir a trabajar, y suele quedarse por las tardes para impulsar los proyectos que se van quedando rezagados porque todavía le queda progresión en la empresa.

De los 50.000€ brutos que cobra le han retenido 12.000€ a cuenta del IRPF, y ha pagado 2.350€ de seguridad social. Al ir a hacer la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2007, le sale que su cuota total final es de 11.730.08€. Es decir, que su presión fiscal es del 23.46%, y el resultado de su declaración es a devolver 269,92€.

Captura del programa PADRE con el resultado de una declaración de la renta con unos ingresos de 50.000€ provenientes en exclusiva del trabajo por cuenta ajena

Escenario 2: Especulador de andar por casa

En el segundo caso nuestro hombre, sabedor de las implicaciones de las reformas fiscales realizadas en 2007, finalmente se ha convencido de que eso de trabajar es para ricos. La nueva base del ahorro, con una tributación plana al 18%, hace mucho más ventajoso fiscalmente vivir de las rentas que trabajando.

Gracias a un capital que tenía ahorrado y sus amplios conocimientos sobre mercados financieros, ha obtenido beneficios por importe de 50.000€: que si unos futuros sobre el petroleo, unos warrants por aquí, unos fondos asiáticos por allá, algunas acciones de empresas OPAdas… todo desde la comodidad de su casa gracias a la operativa por Internet.

Para no quedarse sin seguridad social ni jubilación, opta por darse de alta en autónomos y cotizar por la base mínima. Al no desarrollar ninguna actividad, no percibe ingresos de actividades económicas; aunque podría, porque los mercados sólo abren de 9 a 5 y con las ordenes condicionadas no necesita seguir las cotizaciones al segundo.

Al ir a hacer la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2007, le sale que su cuota total final es de 8.091€ (!). Es decir, que su presión fiscal es del 16.18%, y el resultado de su declaración es a pagar 6.530,55€. Incluso aunque el especulador aumentara su cotización a la Seguridad Social el resultado no variaría ni un céntimo.

Captura del programa PADRE con el resultado de una declaración de la renta con unos ingresos de 50.000€ provenientes en exclusiva de compra-venta de acciones

Balance

Como me consta que la mayoría de los lectores no creerán lo que leen, animo a los incrédulos a descargarse el programa de ayuda de la declaración de la renta (disponible sólo para windows), y a comparar una declaración de “trabajador por cuenta ajena” con una paralela en la que los ingresos brutos procedan únicamente de transmisiones de acciones (en la casilla 342) y/o de beneficios por compra-venta de inmuebles (en la casilla 360), en vez de provenir de retribuciones dinerarias (casilla 001 a 0).

En este ejemplo (50.000€), la diferencia entre especular y trabajar es de 3.639€ netos al año a favor de la primera opción. Conforme reducimos los ingresos totales, la diferencia entre ganar dinero trabajando y especulando se reduce, hasta alcanzar un punto de inflexión en torno a los 25.000€ brutos al año.

Por sus acciones los conoceréis

A la vista de los datos, parece que quienes verdaderamente se benefician de la nueva base del ahorro son precisamente los “contribuyentes con ingresos superiores a los 39.386 euros, que concentran el 62% del ahorro declarado. No sólo porque sean los que más fácilmente pueda acceder al ahorro, sino porque todo lo que ahorren tributará a un tipo que está por debajo del tipo mínimo de las rentas del trabajo (que es del 24%), y muy por debajo del que les correspondería tributar según sus ingresos totales (del 37% hasta 52.360 y del 43% a partir de esa cifra).

Con esta medida, el gobierno del Partido Socialista se descubre como el gran prestidigitador que es: capaz de combinar un discurso progresista con medidas que fomentan las desigualdades sociales. Demuestra también su capacidad para manipular a la ciudadanía con la ayuda de los medios de comunicación… aunque claro, seguramente todos los que deciden qué es noticia y cómo se cuenta cobran más de 39.386 euros brutos al año.

Esta medida no sólo reduce injustificadamente los ingresos con que el Estado sufraga servicios fundamentales para el bienestar de las personas, que aunque no se cobren hay que pagar, sino que favorece fiscalmente actividades que son el motor de las burbujas especulativas, que no sólo desestabilizan la economía sino que perjudican a amplios sectores de la población (encareciendo la energía, los alimentos y la vivienda, por citar tres ejemplos). Por todo ello, ya se ha propuesto la reintegración de los rendimientos del capital en la base imponible del IRPF, aunque dudo mucho que esta propuesta atraiga la atención de los medios de persuasión.

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

La evasión fiscal causa las desigualdades en el mundo

Habiendo transcurrido la mitad del plazo para alcanzar los objetivos del milenio, Naciones Unidas anuncia que es improbable que consigamos reducir la pobreza a la mitad en 2015. Entre los motivos para el previsible fracaso figura la falta de financiación, ya que sólo 5 países dedican el 0.7% del PIB a este proyecto.

Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Esta cantidad tan sólo representa el 0,54% del PIB de los países donantes, y resulta ridícula (el 16%) si la comparamos con el presupuesto militar anual (1,2 billones de dólares al año en 2007. Por cierto, un 33% mayor que durante la guerra fría).

A la vista de cuáles son las prioridades de los políticos de los países desarrollados para invertir sus presupuestos, ¿de donde sacar el dinero necesario para acabar con la pobreza? La respuesta es sencilla: De los impuestos que dejan de pagar las empresas transnacionales y las personas ricas que utilizan los paraísos fiscales para ocultar su dinero.

El informe anual 2006 de Social Watch señala que, “Si se detuviera la evasión fiscal de los inversores extranjeros y las élites locales, la lucha contra la pobreza podría ser financiada de manera efectiva”. Por su parte, la Red de Justicia Global, en su documento divulgativo “Hacednos pagar impuestos si podéis” (muy recomendable), cuantifica en 255.000 millones de dólares anuales los impuestos que dejan de pagar los “11.5 billones de dólares de la riqueza personal de individuos ricos”, que “se mantienen en […] centros financieros extraterritoriales […] para reducir al mínimo los impuestos o para evitar pagarlos […]”.

Es decir, que si las personas que tienen su patrimonio en paraísos fiscales “pagaran impuestos en los países donde residen […] o donde obtienen sus riquezas, la recaudación tributaria adicional disponible para la financiación de servicios públicos y para la inversión en todo el mundo” sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio… ¡¡¡y en los cálculos no se incluyen las empresas!!!. Queda claro que hay dinero suficiente para arreglar los problemas del mundo. Tan sólo es necesario, como comenta el coordinador de Naciones Unidas en España, voluntad política por parte de los países.

La distribución desigual de la riqueza

En diciembre de 2006 el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas publicó un estudio en el que se concluía que el 2%
más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial
. Ese mismo estudio ilustraba con un interesante mapamundi los niveles de riqueza globales en 2000, que confirman los datos existentes previamente de que el 20% de la población acapara entre el 70% y el 90% de la producción mundial, como ilustra el gráfico.

Esta distribución tan drásticamente desigual es la prueba más palpable de la existencia de mecanismos de transferencia de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos: Los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales causan pobreza

A raíz de la culminación del proceso de Descolonización (tras la Segunda Guerra Mundial) se desarrollaron los actuales canales para facilitar el movimiento ilegal de capitales. Inicialmente ideados para permitir a líderes políticos y empresarios sacar sus fortunas de los nuevos países que iban logrando su independencia de las potencias colonizadoras, hoy en día estos canales sirven por igual para esconder y blanquear el dinero procedente de la corrupción, de actividades ilegales y de la evasión de impuestos en transacciones comerciales.

Estos canales ofrecen, a aquellos que pueden permitírselo, una gran variedad de servicios de planificación fiscal internacional diseñados para mover capitales de forma ilícita alrededor del mundo y evitar (o al menos minimizar) el pago de impuestos aprovechando las ventajas que ofrecen los denominados paraísos fiscales: Desde la exención del pago del impuesto sobre la renta para las personas físicas (Andorra, Mónaco, Somalia, Quatar, Arabia Saudi, Kuwait, Uruguay), hasta impuestos bajos (10% en Macedonia y Bulgaria, 10%-12% en Irlanda) o inexistentes (Bermudas, Emiratos Árabes Unidos) para las empresas.

El auge de la evasión fiscal ha sido tal, que el número de paraísos fiscales ha pasado de unos 25 a principios de los años 1970s hasta los 72 paraísos fiscales reconocidos en la actualidad, muchos de ellos ligados estrechamente, tanto política como económicamente a los países de la OCDE, y en especial al Reino Unido. De hecho, de los lugares identificados como paraísos fiscales, un 19% dependen directamente del Reino Unido (son Dependencias de la corona británica o territorio británico), un 30% son Estados perteneciente a la Commonwealth británica (anteriormente parte del Imperio Británico), y un 10% ex-colonias británicas. En total, casi el 60% están o han estado vinculados con el Reino Unido.

Se estima que el movimiento transfronterizo de ingresos derivados de actividades delictivas, corrupción y evasión de impuestos oscila entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales proviene de las economías en desarrollo y en transición. Según este cálculo, originariamente realizado por Raymond W. Baker, el 3% de esa cantidad anual proviene de la corrupción y un tercio de actividades ilegales. El resto, casi dos tercios, es evasión fiscal.

¿Y esto en qué me afecta a mí?

Los impuestos sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia, tanto la fuga de capitales como la evasión fiscal merman la capacidad estatal para financiar los servicios e infraestructuras públicas, lo cual perjudica seriamente a los ciudadanos de dos formas complementarias.

En primer lugar, porque se traslada la carga fiscal hacia los colectivos sin movilidad internacional, quienes no pueden escapar de las medidas compensatorias que los gobiernos deben adoptar para mantener el bienestar social. Estos colectivos, que deberían pagar menos impuestos que quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, deben asumir la parte correspondiente de los evasores a través de impuestos indirectos sobre el consumo.

Este tipo de impuestos ofrecen a los Estados la posibilidad de controlar fácilmente la recaudación, puesto que su gestión se realiza enteramente dentro del territorio nacional y resultan más difíciles de evadir al amparo de la ley. Por contra, estos impuestos, como el IVA (y próximamente el IBA), se aplican por igual a todas las personas, teniendo que pagarlos incluso a aquellas cuyo nivel de ingresos está por debajo del umbral que exime del pago del impuesto sobre la Renta.

Cuando no es posible compensar el déficit producido por la fuga de capitales mediante impuestos, los gobiernos no suelen tener otra alternativa que recortar el gasto público y privatizar servicios como la sanidad o la educación. De esta manera se excluye a los colectivos que más utilizan estos servicios (mujeres, ancianos y niños) del disfrute del crecimiento económico que les rodea, y se incrementan las desigualdades entre ricos y pobres.

Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran tener una buena oferta de servicios públicos a costa de más impuestos, o pagar menos impuestos a costa de sacrificar servicios sociales. La alternativa que proponen los evasores de impuestos (y el neoliberalismo en general) es que los ciudadanos paguen más impuestos por menos servicios sociales, lo cual supone un fuerte freno para el desarrollo y un ataque directo a la soberanía de las naciones.

En nuestra faceta de consumidores, también nos vemos perjudicados por los paraísos fiscales en la medida en que falsean la competencia en el mercado. Las empresas transnacionales pueden, mediante lo que se denomina transferencia de precios, declarar sus beneficios en la jurisdicción en que se exija pagar menos impuestos y así disponer de más capital para acelerar su expansión. De esta manera, obtienen recursos para competir con ventaja en los mercados locales contra las pequeñas empresas (que no tienen acceso a los paraísos), y se aprovechan de las infraestructuras públicas, que utilizan en sus actividades pero no financian con sus impuestos.

Varias fuentes estiman que la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, a pesar de que estos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial.

¿Y qué hacen los gobiernos al respecto?

La dimensión del problema que genera la movilidad internacional de capital hace necesario abordarlo desde la cooperación internacional, e involucrando a todas las naciones del mundo. Mientras quede un resquicio, el dinero se fugará por él.

Para una lucha eficiente contra la evasión fiscal sería necesario el intercambio automático de información fiscal entre todos los países, y la creación de impuestos globales que, por ejemplo, haga que las empresas tributen por los beneficios allí donde realmente se generan. Para la aplicación de todas estas medidas, sería necesaria la creación de una Agencia Tributaria Internacional.

Desgraciadamente, hasta la fecha todas las iniciativas para luchar contra la evasión fiscal han sido frenadas por la negativa de los paraísos fiscales a cooperar.

Estas jurisdicciones (muchas ni siquiera son Estados), que en su día hicieron de las ventajas fiscales y la opacidad el eje central de su estrategia de desarrollo, hoy en día dependen por completo de los capitales extranjeros que llegan atraídos por dichas medidas.

Dadas sus limitadas posibilidades económicas (generalmente se trata de territorios pequeños, poco habitados, mal comunicados y sin recursos que explotar), y la increíble cantidad de riqueza que genera la industria de servicios financieros que han creado artificialmente, resulta difícil imaginar que tengan interés en cooperar con el resto de la comunidad internacional.

En su lugar, los paraísos fiscales optan por competir entre ellos, ofreciendo ventajas fiscales crecientes para atraer y retener las inversiones de capital, a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas de las que dependen sus economías. Esta carrera a la baja, que llevada a su último extremo acabaría por suprimir los impuestos para los usuarios de paraísos fiscales, no sólo reduce la recaudación fiscal en otros Estados (especialmente los vecinos), sino que desvía las inversiones hacia aquellas economías que más subvenciones ofrecen, dejando de lado los criterios productivos.

En esa misma carrera a la baja también se ven obligados a participar muchas naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. En este caso, no por decisión propia, sino por la presión de organismos supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que condicionan la obtención de ayudas financieras a la aprobación de reformas fiscales que reduzcan los tipos impositivos y hagan “más competitivas” las economías de estos países.

En estos casos, no se trata de crear refugios para el dinero, sino de regularizar y acelerar el expolio que sufren estos países mediante la imposición de un programa político y económico que les es ajeno. A cambio de renunciar a la soberanía sobre su economía, los países receptores de ayudas son recompensados con créditos que acaban generando una creciente deuda externa por la acumulación de intereses, como pasa con las hipotecas.

El ejemplo más sangrante de esta realidad lo constituye el Banco Mundial. Pese a definirse como una organización que ofrece asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente, en realidad obtiene beneficios a costa de los países pobres, como recientemente ha denunciado SocialWatch. Especialmente revelador sobre la verdadera finalidad del BM y el FMI es saber que el objetivo de su programa conjunto de Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados es “reducir a niveles sostenibles la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados”. Ya no es necesario mantener un imperio colonial cuando se puede someter a los países económicamente, de forma indefinida y al amparo de Naciones Unidas, mediante ayudas que acaban por causar más subdesarrollo, en vez de combatirlo.

Estos gobiernos, además, tienen que soportar el chantaje de las empresas transnacionales. Estas empresas, atraídas inicialmente por la situación favorable para la inversión, no dudan en trasladarse a otros países tan pronto como se pueda justificar en términos de rentabilidad, sin importarles los compromisos adquiridos previamente. Por eso amenazan a los gobiernos con deslocalizar sus centros productivos a otros países si no mejoran el trato fiscal que reciben (mediante ventajas fiscales y/o subvenciones). Tanto si cede como si no, el Estado afectado dejará de recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de impuestos.

Queda claro que subvencionar la inversión (ya sea privada, pública, local o extranjera) no es una forma sostenible de hacer crecer una economía. Las actividades que sólo son rentables gracias a las subvenciones que reciben del Estado no sólo no contribuyen al crecimiento económico, sino que lo ponen en peligro.

Receta para un mundo más justo

1. Paga todos los impuestos que te correspondan. Como en todo, hay que empezar con uno mismo y predicar con el ejemplo. En algún momento de tu vida tendrás que someterte a una operación “importante”, de esas que recomiendan hacer por la seguridad social y que no cubren lo seguros privados. Querrás que tus hijos/sobrinos/nietos vayan a una guardería/escuela/universidad, aunque no puedas pagarla. Te irás de viaje por carreteras sin pagar peaje. Tirarás de la cadena… Todos los servicios públicos cuestan dinero: aunque no nos cobren nada al utilizarlos los pagamos con nuestros impuestos.

2. Infórmate. La evasión fiscal es sólo una de los múltiples frentes que anuncian la llegada de un nuevo orden mundial: Una nueva sociedad diseñada por y para una minoría bien organizada, que pretende vivir mejor que nadie a costa de los demás, como en los buenos tiempos (feudales).

Su ideología ya se ha impuesto en las mentes de los futuros oprimidos en la medida en que pensemos en la educación como una forma para “ser competitivos en el mercado laboral”, en comprar una casa “como una inversión, que se revalorizará en los próximos años”, o en la privatización como una solución para “reducir el gasto público y aumentar la calidad y eficiencia del servicio”.

Frente a esta línea de pensamiento se opone el movimiento altermundista, cuyas propuestas, como la Renta Básica o la Tasa Tobin, se basan en ideales opuestos a los del neoliberalismo:“Libertad, igualdad y justicia”.

3. Pasa a la acción. Quien no defiende sus derechos acabará por perderlos, así que tendremos que hacer algo para frenar el desarrollo del mundo que se nos avecina. El cambio ya se inició hace tiempo en la periferia del sistema, donde no nos afecta y difícilmente lo veremos hasta que se haya generalizado.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede invertir el proceso. Por ello es de vital importancia concienciar al prójimo. Ya sea por tu cuenta, o como parte de una de las muchas asociaciones con objetivos afines a nivel local, nacional o internacional.

También es crítico votar a representantes que tengan estos problemas en sus prioridades. No busquéis en los programas de las formaciones políticas mayoritarias, ya que han tenido tiempo para haber atajado el problema, y son las que han permitido que lleguemos hasta la situación actual. Existe una gran variedad de formaciones políticas, de todos los colores y sabores.

No dudes en votar a estas pequeñas formaciones. A diferencia de lo que (erróneamente) creen algunos, no estaréis tirando el voto sino votando por el “verdadero” Cambio. Un cambio de base, no más de lo mismo.

Por último, recordad: Otro mundo es posible… y cada día más necesario. Así que manos a la obra.