El Gobierno provoca la rebelión de los controladores para jodernos el puente

Cuando un Gobierno en crisis decide llevar a cabo el programa electoral de la oposición no hay nada como organizar una gran cortina de humo para desviar la atención de este pequeño detalle, aprovechar para convertir en chivo expiatorio a un colectivo que es un obstáculo para sus planes, y lograr que la muchedumbre les aplauda por “resolver” enérgicamente la crisis que ellos mismos han creado. Esto es precisamente lo que ha hecho el ministro de Fomento, José Blanco, con la inestimable colaboración de todos los medios de comunicación relevantes del país, que necesitan más que nunca los ingresos de la publicidad institucional para mantenerse a flote.

La mala gestión causa el conflicto

El Gobierno, a sabiendas de cuál sería la reacción, decidió publicar el día en que se iniciaba el puente de la Constitución un Real Decreto por el que se modificaba unilateralmente -y sin preaviso- las condiciones de trabajo de los controladores aéreos. Podía haberlo publicado cualquier otro día -por ejemplo, el lunes 13- para que tuviéramos el puente en paz, pero la ocasión era perfecta y, además, ya no quedaba tiempo.

El 14 de abril se publicó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo […], en la que se establecía originalmente que:

Disposición adicional cuarta
2.
Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad dejarán de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio de esas funciones […]

Esta situación se corrigió el 24 de Octubre (más de 6 meses después), a la vista de que no era posible prescindir de los controladores mayores de 57 años (en torno al 4,5% del total); pero, para entonces, el resto ya habían realizado demasiadas horas extra para suplir estas bajas, y los controladores retirados por el Gobierno no se encontraban en condiciones de reincorporarse rápidamente. Es más, muchos de ellos podrían perder su habilitación para controlar el tráfico aéreo por no haber ejercitado las atribuciones de la licencia durante un número mínimo de horas durante los 12 meses anteriores, tal y como establece el Artículo 11.1.a de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

A la vista está que la mala gestión del Gobierno ha reducido la disponibilidad de horas de control aéreo, poniendo en peligro la continuidad del tráfico. Por suerte esto es España, y aquí sabemos que los problemas se solucionan apretando las tuercas a los trabajadores, que es precisamente lo que parece que está haciendo AENA al ver que las horas y controladores disponibles no son suficientes. De hecho, el pasado día 29 de noviembre se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Santiago de Compostela porque todos los controladores que tenían que acudir a trabajar habían cumplido el máximo de horas que permite la ley.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni por esas iba a ser posible garantizar el control del tráfico aéreo hasta el fin del año, se preparó otro real decreto para sacarse de las manga las horas que faltaban. Así, en el Real Decreto publicado el pasado viernes se dice que:

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.

Esta redacción es claramente contraria a la del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que dice:

Art. 13. Imaginaria.
2. El periodo de imaginaria no computará como actividad aeronáutica si se realiza fuera del lugar de trabajo. La imaginaria realizada en el lugar de trabajo computará como actividad aeronáutica aún cuando el controlador no sea convocado para la realización de actividad operacional […].

En resumen, que antes las guardias en la torre o el control eran horas de actividad aeronáutica (aunque no dirigieras el tráfico aéreo, hay que estar allí por si acaso) y ahora ya no lo son… y parece que este cambio se pretende aplicar retroactivamente a todo el año 2010. ¿Qué te parecería que tu empresa, por que sí y después de meses presionándote, de haberte subido un 40% las horas de trabajo y bajado el sueldo un 25%, decidiese modificar -de nuevo- tu horario unilateralmente y sin siquiera consultarte, asignándote una serie de horas que creías que ya habías trabajado (y que no son ni extra, ni voluntarias, ni remuneradas) porque resulta que han echado a demasiada gente, y ahora no sois suficientes ni hay tiempo de contratar a nadie? ¿Cómo reaccionarías?

Lo que defienden los controladores son derechos laborales básicos

La Constitución establece que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” (Art. 37.1 CE). Esto, obviamente, también es de aplicación a los controladores aéreos como trabajadores de una empresa pública que son, e incluye su derecho a la huelga y a renunciar a su trabajo con indemnización si se modifican sustancialmente las condiciones pactadas. De hecho, al menos 180 han pedido la rescisión de su contrato desde febrero.

Por tanto, aunque me parezca injustificable el cierre del espacio aéreo español, tengo claro que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento arrinconar a los controladores al borde del precipicio para que ellos mismos salten al foso de los cocodrilos, y el resto de la población podamos darnos un festín con sus entrañas. Como ya he dicho, en tiempos de crisis no hay nada mejor que un chivo expiatorio, y los controladores han caído en la trampa (y cavado su propia tumba, en la que -por cierto- hay sitio para el Gobierno).

Hay que reconocer que no han tenido muchas alternativas… ¿que haces cuando tu empresa no tiene voluntad, ni necesidad, de negociar nada; modifica retroactivamente tu convenio colectivo mediante decreto ley y establece servicios mínimos de casi el 100% si haces huelga?. Pues a priori sólo parece que haya dos opciones: o se largan o tragan una vez más, demostrando que no tienen ninguna capacidad para doblegar al Gobierno. Tan inexistente es su capacidad de negociación que antes del viernes ya habían perdido prácticamente todos los privilegios obtenidos en 1999, gracias a la docilidad del Ministro que negoció con ellos el primer convenio colectivo.

Entonces, ¿por qué se reacciona tan virulentamente contra una medida que parece mucho menos mala que otras ya adoptadas?. Si no ha habido este nivel de contestación cuanto les han bajado el sueldo un 40% y subido -simultáneamente- las horas de trabajo un 25%, ¿por qué lo hay ahora cuando “sólo” se cambia la forma de contabilizar determinadas horas de trabajo? ¿y por qué se reacciona de una forma tan incontrolada?. Al fin y al cabo… ¿quién, en su sano juicio, se jugaría un trabajo fijo con sueldo de seis cifras -para el que no faltan candidatos/as-, y unos supuestos privilegios que tanto ha costado conseguir, por esta pequeñez cuando se expone a que le despidan disciplinariamente y le metan en prisión hasta 8 años?

¡Si con lo que se supone que cobran se pueden retirar de todos modos en tres!… por que no aceptar que les alarguen un poco más las jornadas de tocamiento testicular en el centro de control ¡total, si -como dicen por ahí- no dan ni palo al agua!. Además, después de lo que les ha costado conseguir esta bicoca, por qué iban a optar por una forma de protesta en las que se arriesgan a perder el trabajo y acabar en la cárcel. ¿por qué iban a saltar nadie de esa forma al foso de los leones?.

Para esta última pregunta no tengo respuesta, pero tengo claro que -independientemente de cual sea- cualquiera que esté dispuesto a asumir un riesgo así se encuentra desesperado, o es incapaz de calibrar los riesgos que asume. Ambas circunstancias me parecen claramente incapacitantes para dirigir el tráfico aéreo, así que me alegro de que se fueran a casa el viernes… no sea que con el disgusto del controlador tengamos un accidente.

Es más, creo que debería cesarse el linchamiento inmediatamente porque estamos provocando que los controladores rompan definitivamente la baraja. Si tu empresa recurre al mobbing para que tragues todos los recortes de las condiciones de trabajo que te impongan, y pone a la opinión pública en tu contra, de modo que todo el mundo te odia, insulta, se burla de tu “estrés” e incluso pueden llegar a agredirte… ¿cuanto tiempo aguantarías antes de mandarlo todo a la mierda por-mucho-que-cobres?

Como dice Rubalcaba, “Quien le echa un pulso al Estado, pierde[1]. Los controladores ya han perdido, lo único que les queda por hacer es renunciar masivamente sus empleos, lo que paralizaría el espacio aéreo durante meses -porque no hay sustitutos- y hundiría la economía española. No creo que les falten ganas de hacerlo, pero dudo que lo hagan porque creo que todavía les importa algo el bienestar de quienes les atacan sin motivo. Creo que ya se les ha exigido bastante en 2010: démosles una tregua y ayudémosles, porque lo necesitan.

Se enfrentan a un Gobierno que cree que puede regular los convenios laborales por decreto ley, con efecto retroactivo y justo al inicio de un puente. Si por un momento pudiéramos abstraernos de que -en esta ocasión- las víctimas son odiosos controladores, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente pasa. El Gobierno se salta la Constitución para imponer cambios en el convenio colectivo, se salta la ley para declarar el estado de alarma cuando los cambios no cuelan, y se salta la ley para hacer que el ejercito obligue a trabajar a los controladores… y la gente aplaudiendo. Divide y vencerás, primero los controladores y luego ya veremos.

Tolerar este modus operandi sienta un peligroso precedente que se puede aplicar a cualquier otro sector -quizás el tuyo-, y coloca al Gobierno por encima de la Constitución y de las Leyes del Parlamento. No se puede someter a civiles a la jurisdicción militar sin declarar antes el Estado de Sitio (art. 117.5 CE), no se pueden regular mediante decreto ley derechos laborales garantizados por el Estatuto de los Trabajadores, y no se puede ser tan tonto como para que te importe más coger un vuelo y/o “ajustar cuentas” que todo esto.

A mucha gente le encanta comparar a los controladores con los médicos, y preguntarse si nos gustaría que te quedases sin operar porque se declarar en huelga. Es evidente que a nadie le gustaría; por eso mismo, antes de llegar a ese extremo y que me pille en el quirófano, si veo que el Gobierno se está saltando la ley para presionar a los médicos, me alinearé con ellos en vez de insultarles y tirarles piedras. No vaya a ser que no queden cuando necesite uno.

Quizás los controladores no deberían ser trabajadores, sino funcionarios públicos con sus derechos restringidos -al igual que los cuerpos de seguridad del Estado- porque gestionan un recurso estratégico del país. Sin embargo, mientras el Parlamento no cambie su estatus jurídico, sus relaciones laborales seguirán rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les puede obligar a trabajar, porque no son nuestros esclavos, ni tampoco se puede dejar sin aplicar el régimen disciplinario, porque lo que han hecho es una cosa muy grave.

No obstante, quisiera señalar que cuando la justicia no funciona y el Gobierno se salta las leyes y la Constitución, la única alternativa que queda es la desobediencia civil. Ambas partes han actuado mal en el conflicto, pero si tengo que tomar partido, lo haré en función de lo que hacen y no de si son unos privilegiados o representantes electos: si un empresario lucha verdaderamente por defender la Constitución (aunque sea esta), será mi aliado; mientras que si es un familiar quien la vulnera, será mi enemigo… esa es la única distinción importante.

Sobre sueldos, privilegios y productividad de los controladores

En un país donde el deporte nacional es la envidia, y el segundo deporte nacional es comer sin rechistar toda la mierda que se le sirva a uno, no es de extrañar que cualquier trabajador que tenga un sueldo digno, jornada “supuestamente reducida” y un sindicato fuerte que protege sus derechos sea objeto de mofa y desprecio. Una de las muestras más claras del atrofiamiento mental del español medio es la obsesión de igualarnos por abajo: en vez de aspirar a vivir como controladores, aspiramos a que los controladores vivan como nosotros… hay que ser tontos.

Es más, hay que ser doblemente tontos, porque todo el mundo tiene envidia de un trabajo al que sólo le veo pegas, y se habla de unos supuestos privilegios que yo no veo por ninguna parte. ¿Quién querría un trabajo en el que…

  • Para conseguir el puesto tienes que pasar un riguroso proceso de selección de que sólo supera el 3% de los candidatos, y una formación eliminatoria que dura 21 a 24 meses y cuesta 45.000€.
  • Tienes que tener plena movilidad geográfica para que te trasladen a donde hagas falta, sin opción a oponerte.
  • Trabajas a turnos, con lo malo que es para la salud y para la vida social.
  • Tus vacaciones, permisos y licencias están supeditadas a garantizar la seguridad, eficacia y continuidad de la prestación del servicio. Tu horario del mes que viene no lo conoces hasta 10 días antes, y está sujeto a cambios de última hora y, en tus días libres, tienes que estar disponible para presentarte rápidamente en el centro de control si se requiere tu presencia.
  • Tienes que pasar cada 12 meses un estricto control médico para mantenerte en el puesto. Si no lo pasas (por tener alto el colesterol, por ejemplo), suspendido o a la calle.
  • Si, por lo que sea, no puedes ejercer suficientemente tus funciones en un periodo de 12 meses (embarazo, accidente) quedas inhabilitado hasta que superes un curso de readaptación.
  • Tu convenio colectivo lo redacta el Gobierno mediante Decreto Ley, a ti ni te consultan.
  • Eres responsable de miles de vidas todos los días: un error tuyo puede matar a mucha gente?
  • Pagas más del 40% de tu sueldo en concepto de IRPF?.

Pero no todo son pegas, porque candidatos no faltan. El sueldo, por ejemplo, está muy bien… aunque nadie sepa exactamente cuanto es. Esto no impide que se manejen cifras entre 200.000€ y 240.000€ al año de media. O, lo que es lo mismo, entre 1€ y 2€ por trayecto y pasajero, ya que sus sueldos se pagan con parte de las famosas tasas de los billetes de avión.

A mi esto no me causa ningún problema porque creo que su trabajo lo vale, y porque -como asalariados que son- sé que no tienen posibilidades de evadir impuestos (a diferencia de otros muchos), así que el 40+% de lo que cobran se lo queda el Estado. Pero si realmente los costes laborales son tan elevados, bastaría con contratar suficientes controladores para no tener que pagar horas extra a precio de oro. Porque -no nos engañemos- el verdadero problema es que hay pocos controladores: insuficientes para gestionar creciente el tráfico aéreo; y el responsable directo -o indirecto- de que esto sea así es AENA (el Gobierno), que es quien establece los criterios de selección y el número de plazas que se ofertan cada año.

Hay gente que afirma que esto no es así, que los controladores bloquean el proceso de incorporación para que no entren más y poder hacer más horas extra (como máximo 80), que prefieren ganar más dinero que tener tiempo para disfrutar del que ya cobran. No me lo creo, porque es lo mismo que sostener que los mismos empleados que ahora vemos como se tragan los Reales Decretos del Gobierno, uno de tras de otro, han ejercido el control de una empresa pública durante años, sin que el Gobierno hiciera nada. Si los controladores tuvieran semejante fuerza, nunca se habrían aceptado los cambios introducidos este año. Me parece más lógico pensar que AENA restringe artificialmente la incorporación de controladores en la ya conocida estrategia de generar déficit y disfunción para justificar la privatización.

¿Por qué AENA no convoca más plazas, recluta personal con la licencia comunitaria de controlador de transito aéreo, usa controladores militares y/o cierra aeropuertos de mínima actividad para trasladas aumentar el número de controladores disponibles? Si el Estado puede militarizar los centros de control civiles, ciertamente podría -si quisiera- hacer estas cuatro sencillas cosas -fuera del alcance de las supuestas mafias sindicales- para ahorrarse esas horas extras que hay que hacer cuando hay más trabajo que recursos para hacerlo.

Otra cosa que se les critica es el horario: ¡sólo 32 horas semanales de actividades aeronáuticas!. Claro que a esas hay que añadirle los primeros minutos de traspaso del tráfico aéreo, que no se contabilizan como horario (+1 hora más a la semana), además de todo lo que no es control aéreo. También hay que realizar formación continua obligatoria, preparación de informes/incidencias, las guardias (excepcionalmente, hasta 40h cada 6 días), etc… Vamos, que dudo mucho que los que trabajen en una torre con tráfico aéreo hagan menos de 40h semanales.

También se les acusa de ser un grupo endogámico cuando sólo el 9% de ellos están emparentados entre sí… como si en otros gremios no hubiera familias enteras que comparten profesión (abogados, médicos farmacéuticos), o los familiares no tuvieran que pasar las pruebas físicas, psicológicas, de conocimientos y de ingles como todo el mundo. Otra cosa imperdonable es que el 97% están afiliados a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). En algún momento nos metieron en la cabeza que estar sindicado es algo malo, y somos incapaces de ver su cohesión [2] como ejemplo de lo que pueden lograr los trabajadores unidos .

Por último, también se les achaca que tienen la más baja productividad de Europa, pero cómo no van a tenerla si España está llena de aeropuertos sin tráfico aéreo donde hay más controladores que destinos: Córdoba (0 destinos), Sabadell (0), Son Bonet (0), Albacete (1), La Gomera (1), Logroño (1), Vitoria (1), Badajoz (2), El Hierro (2), Pamplona (2), Salamanca (2), San Sebastian (2), Huesca-Pirineos (4), Burgos (5), Jeréz (5), León (6), Menorca (6), Valladolid (6), Vigo (7), F.G.L. Granada-Jaén (8), A Coruña (8), Santander (8).

Todas estas torres de control necesitan controladores, así que la distribución de la carga de trabajo es muy desigual: mientras los controladores en los puntos calientes están desbordados, otros disfrutan de la vida en provincias. Así, frente a las 435.817 operaciones anuales de Barajas, la mediana de operaciones por aeropuerto en 2009 fue de 17.528 anuales, es decir, 46 por aeropuerto y día. Por tanto, la baja productividad de los controladores no es culpa suya, sino una característica de sistema aeroportuario causada por la proliferación de aeropuertos con poco tráfico, y cuya viabilidad económica depende de que los grandes aeropuertos financien su déficit con los beneficios que generan. Si no hay vuelos, no se puede ser productivo; otra cosa es que ese deba ser el único criterio por el que se abra o cierre un aeropuerto.

Conclusión: Adiós democracia

Sinceramente, me preocupa el entusiasmo con la que la mayoría de personas apoya el linchamiento -promovido por el Ministro- de un colectivo que está defendiendo derechos laborales básicos ante un Gobierno que lo que mejor sabe hacer es mentir, saltarse las leyes, y utilizar a la opinión pública como arma en un conflicto que ha promovido para ocultar la privatización de las pocas empresas públicas rentables que quedan.

Es digno de una socieda prefascista que la gente aplauda las medidas de fuerza manifiestamente ilegales que se aplican contra un colectivo para “solucionar” un problema que ha creado y desencadenado el propio Gobierno, al más puro estilo “quema de Reichstag“. Mucho me temo que la “democracia” será un breve paréntesis en la historia de España con esta sociedad tan fácilmente manipulable, tan entregada al Gobierno y al autoritarismo ante el más mínimo contratiempo, y tan incapaz de ver que lo que está en juego es mucho más que poder coger un avión.

Aunque no descarto la posibilidad de estar totalmente equivocado, y que los controladores sean tan malos y mafiosos como los pintan, tengo claro que prefiero equivocarme dándoles el beneficio de la duda a equivocarme aplaudiendo las medidas de un Gobierno que expolia (AENA, ONLAE), incumple las leyes, lanza al ejercito contra los trabajadores y criminaliza a sus empleados. Semejante Gobierno no me merece ningún respeto ni credibilidad.

Estoy seguro de que, dentro de unos años, cuando el Tribunal Constitucional establezca que el Real Decreto, la declaración del estado de alarma y la militarización eran ilegales, tengamos que pagar con nuestros impuestos las multimillonarias indemnizaciones de los controladores despedidos, y se haya privatizado AENA -haciendo que los viajes en avión sean más caros y menos seguros-, quienes hoy se ahogan en su propia bilis mientras reclaman cabezas para calmar su ira seguirán sin comprender que han sido títeres del Gobierno, y seguirán pensando que los controladores -y quienes ocupen su lugar en el futuro: taxistas, farmacéuticos…- se merecen todo lo que les pase. Así nos irá.

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[1] Salvo que seas banquero o Mohamed VI, como alguien publicó en Meneame
[2] Aunque los controladores lo tienen más fácil por ser pocos, altamente cualificados y de difícil reemplazo

La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.