Habiendo transcurrido la mitad del plazo para alcanzar los objetivos del milenio, Naciones Unidas anuncia que es improbable que consigamos reducir la pobreza a la mitad en 2015. Entre los motivos para el previsible fracaso figura la falta de financiación, ya que sólo 5 países dedican el 0.7% del PIB a este proyecto.
Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Esta cantidad tan sólo representa el 0,54% del PIB de los países donantes, y resulta ridícula (el 16%) si la comparamos con el presupuesto militar anual (1,2 billones de dólares al año en 2007. Por cierto, un 33% mayor que durante la guerra fría).
A la vista de cuáles son las prioridades de los políticos de los países desarrollados para invertir sus presupuestos, ¿de donde sacar el dinero necesario para acabar con la pobreza? La respuesta es sencilla: De los impuestos que dejan de pagar las empresas transnacionales y las personas ricas que utilizan los paraísos fiscales para ocultar su dinero.
El informe anual 2006 de Social Watch señala que, “Si se detuviera la evasión fiscal de los inversores extranjeros y las élites locales, la lucha contra la pobreza podría ser financiada de manera efectiva”. Por su parte, la Red de Justicia Global, en su documento divulgativo “Hacednos pagar impuestos si podéis” (muy recomendable), cuantifica en 255.000 millones de dólares anuales los impuestos que dejan de pagar los “11.5 billones de dólares de la riqueza personal de individuos ricos”, que “se mantienen en […] centros financieros extraterritoriales […] para reducir al mínimo los impuestos o para evitar pagarlos […]”.
Es decir, que si las personas que tienen su patrimonio en paraísos fiscales “pagaran impuestos en los países donde residen […] o donde obtienen sus riquezas, la recaudación tributaria adicional disponible para la financiación de servicios públicos y para la inversión en todo el mundo” sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio… ¡¡¡y en los cálculos no se incluyen las empresas!!!. Queda claro que hay dinero suficiente para arreglar los problemas del mundo. Tan sólo es necesario, como comenta el coordinador de Naciones Unidas en España, voluntad política por parte de los países.
La distribución desigual de la riqueza
En diciembre de 2006 el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas publicó un estudio en el que se concluía que el 2%
más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial. Ese mismo estudio ilustraba con un interesante mapamundi los niveles de riqueza globales en 2000, que confirman los datos existentes previamente de que el 20% de la población acapara entre el 70% y el 90% de la producción mundial, como ilustra el gráfico.
Esta distribución tan drásticamente desigual es la prueba más palpable de la existencia de mecanismos de transferencia de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos: Los paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales causan pobreza
A raíz de la culminación del proceso de Descolonización (tras la Segunda Guerra Mundial) se desarrollaron los actuales canales para facilitar el movimiento ilegal de capitales. Inicialmente ideados para permitir a líderes políticos y empresarios sacar sus fortunas de los nuevos países que iban logrando su independencia de las potencias colonizadoras, hoy en día estos canales sirven por igual para esconder y blanquear el dinero procedente de la corrupción, de actividades ilegales y de la evasión de impuestos en transacciones comerciales.
Estos canales ofrecen, a aquellos que pueden permitírselo, una gran variedad de servicios de planificación fiscal internacional diseñados para mover capitales de forma ilícita alrededor del mundo y evitar (o al menos minimizar) el pago de impuestos aprovechando las ventajas que ofrecen los denominados paraísos fiscales: Desde la exención del pago del impuesto sobre la renta para las personas físicas (Andorra, Mónaco, Somalia, Quatar, Arabia Saudi, Kuwait, Uruguay), hasta impuestos bajos (10% en Macedonia y Bulgaria, 10%-12% en Irlanda) o inexistentes (Bermudas, Emiratos Árabes Unidos) para las empresas.
El auge de la evasión fiscal ha sido tal, que el número de paraísos fiscales ha pasado de unos 25 a principios de los años 1970s hasta los 72 paraísos fiscales reconocidos en la actualidad, muchos de ellos ligados estrechamente, tanto política como económicamente a los países de la OCDE, y en especial al Reino Unido. De hecho, de los lugares identificados como paraísos fiscales, un 19% dependen directamente del Reino Unido (son Dependencias de la corona británica o territorio británico), un 30% son Estados perteneciente a la Commonwealth británica (anteriormente parte del Imperio Británico), y un 10% ex-colonias británicas. En total, casi el 60% están o han estado vinculados con el Reino Unido.
Se estima que el movimiento transfronterizo de ingresos derivados de actividades delictivas, corrupción y evasión de impuestos oscila entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales proviene de las economías en desarrollo y en transición. Según este cálculo, originariamente realizado por Raymond W. Baker, el 3% de esa cantidad anual proviene de la corrupción y un tercio de actividades ilegales. El resto, casi dos tercios, es evasión fiscal.
¿Y esto en qué me afecta a mí?
Los impuestos sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia, tanto la fuga de capitales como la evasión fiscal merman la capacidad estatal para financiar los servicios e infraestructuras públicas, lo cual perjudica seriamente a los ciudadanos de dos formas complementarias.
En primer lugar, porque se traslada la carga fiscal hacia los colectivos sin movilidad internacional, quienes no pueden escapar de las medidas compensatorias que los gobiernos deben adoptar para mantener el bienestar social. Estos colectivos, que deberían pagar menos impuestos que quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, deben asumir la parte correspondiente de los evasores a través de impuestos indirectos sobre el consumo.
Este tipo de impuestos ofrecen a los Estados la posibilidad de controlar fácilmente la recaudación, puesto que su gestión se realiza enteramente dentro del territorio nacional y resultan más difíciles de evadir al amparo de la ley. Por contra, estos impuestos, como el IVA (y próximamente el IBA), se aplican por igual a todas las personas, teniendo que pagarlos incluso a aquellas cuyo nivel de ingresos está por debajo del umbral que exime del pago del impuesto sobre la Renta.
Cuando no es posible compensar el déficit producido por la fuga de capitales mediante impuestos, los gobiernos no suelen tener otra alternativa que recortar el gasto público y privatizar servicios como la sanidad o la educación. De esta manera se excluye a los colectivos que más utilizan estos servicios (mujeres, ancianos y niños) del disfrute del crecimiento económico que les rodea, y se incrementan las desigualdades entre ricos y pobres.
Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran tener una buena oferta de servicios públicos a costa de más impuestos, o pagar menos impuestos a costa de sacrificar servicios sociales. La alternativa que proponen los evasores de impuestos (y el neoliberalismo en general) es que los ciudadanos paguen más impuestos por menos servicios sociales, lo cual supone un fuerte freno para el desarrollo y un ataque directo a la soberanía de las naciones.
En nuestra faceta de consumidores, también nos vemos perjudicados por los paraísos fiscales en la medida en que falsean la competencia en el mercado. Las empresas transnacionales pueden, mediante lo que se denomina transferencia de precios, declarar sus beneficios en la jurisdicción en que se exija pagar menos impuestos y así disponer de más capital para acelerar su expansión. De esta manera, obtienen recursos para competir con ventaja en los mercados locales contra las pequeñas empresas (que no tienen acceso a los paraísos), y se aprovechan de las infraestructuras públicas, que utilizan en sus actividades pero no financian con sus impuestos.
Varias fuentes estiman que la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, a pesar de que estos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial.
¿Y qué hacen los gobiernos al respecto?
La dimensión del problema que genera la movilidad internacional de capital hace necesario abordarlo desde la cooperación internacional, e involucrando a todas las naciones del mundo. Mientras quede un resquicio, el dinero se fugará por él.
Para una lucha eficiente contra la evasión fiscal sería necesario el intercambio automático de información fiscal entre todos los países, y la creación de impuestos globales que, por ejemplo, haga que las empresas tributen por los beneficios allí donde realmente se generan. Para la aplicación de todas estas medidas, sería necesaria la creación de una Agencia Tributaria Internacional.
Desgraciadamente, hasta la fecha todas las iniciativas para luchar contra la evasión fiscal han sido frenadas por la negativa de los paraísos fiscales a cooperar.
Estas jurisdicciones (muchas ni siquiera son Estados), que en su día hicieron de las ventajas fiscales y la opacidad el eje central de su estrategia de desarrollo, hoy en día dependen por completo de los capitales extranjeros que llegan atraídos por dichas medidas.
Dadas sus limitadas posibilidades económicas (generalmente se trata de territorios pequeños, poco habitados, mal comunicados y sin recursos que explotar), y la increíble cantidad de riqueza que genera la industria de servicios financieros que han creado artificialmente, resulta difícil imaginar que tengan interés en cooperar con el resto de la comunidad internacional.
En su lugar, los paraísos fiscales optan por competir entre ellos, ofreciendo ventajas fiscales crecientes para atraer y retener las inversiones de capital, a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas de las que dependen sus economías. Esta carrera a la baja, que llevada a su último extremo acabaría por suprimir los impuestos para los usuarios de paraísos fiscales, no sólo reduce la recaudación fiscal en otros Estados (especialmente los vecinos), sino que desvía las inversiones hacia aquellas economías que más subvenciones ofrecen, dejando de lado los criterios productivos.
En esa misma carrera a la baja también se ven obligados a participar muchas naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. En este caso, no por decisión propia, sino por la presión de organismos supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que condicionan la obtención de ayudas financieras a la aprobación de reformas fiscales que reduzcan los tipos impositivos y hagan “más competitivas” las economías de estos países.
En estos casos, no se trata de crear refugios para el dinero, sino de regularizar y acelerar el expolio que sufren estos países mediante la imposición de un programa político y económico que les es ajeno. A cambio de renunciar a la soberanía sobre su economía, los países receptores de ayudas son recompensados con créditos que acaban generando una creciente deuda externa por la acumulación de intereses, como pasa con las hipotecas.
El ejemplo más sangrante de esta realidad lo constituye el Banco Mundial. Pese a definirse como una organización que ofrece asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente, en realidad obtiene beneficios a costa de los países pobres, como recientemente ha denunciado SocialWatch. Especialmente revelador sobre la verdadera finalidad del BM y el FMI es saber que el objetivo de su programa conjunto de Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados es “reducir a niveles sostenibles la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados”. Ya no es necesario mantener un imperio colonial cuando se puede someter a los países económicamente, de forma indefinida y al amparo de Naciones Unidas, mediante ayudas que acaban por causar más subdesarrollo, en vez de combatirlo.
Estos gobiernos, además, tienen que soportar el chantaje de las empresas transnacionales. Estas empresas, atraídas inicialmente por la situación favorable para la inversión, no dudan en trasladarse a otros países tan pronto como se pueda justificar en términos de rentabilidad, sin importarles los compromisos adquiridos previamente. Por eso amenazan a los gobiernos con deslocalizar sus centros productivos a otros países si no mejoran el trato fiscal que reciben (mediante ventajas fiscales y/o subvenciones). Tanto si cede como si no, el Estado afectado dejará de recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de impuestos.
Queda claro que subvencionar la inversión (ya sea privada, pública, local o extranjera) no es una forma sostenible de hacer crecer una economía. Las actividades que sólo son rentables gracias a las subvenciones que reciben del Estado no sólo no contribuyen al crecimiento económico, sino que lo ponen en peligro.
Receta para un mundo más justo
1. Paga todos los impuestos que te correspondan. Como en todo, hay que empezar con uno mismo y predicar con el ejemplo. En algún momento de tu vida tendrás que someterte a una operación “importante”, de esas que recomiendan hacer por la seguridad social y que no cubren lo seguros privados. Querrás que tus hijos/sobrinos/nietos vayan a una guardería/escuela/universidad, aunque no puedas pagarla. Te irás de viaje por carreteras sin pagar peaje. Tirarás de la cadena… Todos los servicios públicos cuestan dinero: aunque no nos cobren nada al utilizarlos los pagamos con nuestros impuestos.
2. Infórmate. La evasión fiscal es sólo una de los múltiples frentes que anuncian la llegada de un nuevo orden mundial: Una nueva sociedad diseñada por y para una minoría bien organizada, que pretende vivir mejor que nadie a costa de los demás, como en los buenos tiempos (feudales).
Su ideología ya se ha impuesto en las mentes de los futuros oprimidos en la medida en que pensemos en la educación como una forma para “ser competitivos en el mercado laboral”, en comprar una casa “como una inversión, que se revalorizará en los próximos años”, o en la privatización como una solución para “reducir el gasto público y aumentar la calidad y eficiencia del servicio”.
Frente a esta línea de pensamiento se opone el movimiento altermundista, cuyas propuestas, como la Renta Básica o la Tasa Tobin, se basan en ideales opuestos a los del neoliberalismo: “Libertad, igualdad y justicia”.
3. Pasa a la acción. Quien no defiende sus derechos acabará por perderlos, así que tendremos que hacer algo para frenar el desarrollo del mundo que se nos avecina. El cambio ya se inició hace tiempo en la periferia del sistema, donde no nos afecta y difícilmente lo veremos hasta que se haya generalizado.
Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede invertir el proceso. Por ello es de vital importancia concienciar al prójimo. Ya sea por tu cuenta, o como parte de una de las muchas asociaciones con objetivos afines a nivel local, nacional o internacional.
También es crítico votar a representantes que tengan estos problemas en sus prioridades. No busquéis en los programas de las formaciones políticas mayoritarias, ya que han tenido tiempo para haber atajado el problema, y son las que han permitido que lleguemos hasta la situación actual. Existe una gran variedad de formaciones políticas, de todos los colores y sabores.
No dudes en votar a estas pequeñas formaciones. A diferencia de lo que (erróneamente) creen algunos, no estaréis tirando el voto sino votando por el “verdadero” Cambio. Un cambio de base, no más de lo mismo.
Por último, recordad: Otro mundo es posible… y cada día más necesario. Así que manos a la obra.
