El verdadero porcentaje de gastos que cubren las matrículas universitarias

Que si el 15, el 20 (¿¡sólo el 20?!), el 25%pese a que los presupuestos de las universidades públicas están disponibles en internet parece que nadie tiene muy claro qué porcentaje de los gastos se cubren con las matrículas universitarias. El propio Gobierno admite con la boca pequeña que todavía no se sabe “exactamente” el porcentaje real del copago realizado por los estudiantes porque -hasta muy recientemente- no se ha empezado a separar los gastos de las universidades por programas.

Sea cual sea la cifra exacta (un detalle, al parecer, sin importancia), tanto el Gobierno central como algunos autonómicos tienen claro que los precios públicos todavía están muy lejos del máximo legal del 25% del coste de los estudios en primera matrícula que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su art. 81.3.b; y continúan encareciendo las matrículas a pesar de que la universidad pública española ya es la cuarta más cara de la UE21 (era la sexta antes de los tasazos: datos OCDE para 2011 – Tabla B5.1), y no por su calidad ni porque podemos permitírnoslo.

De hecho, hace unos días la Comunidad de Madrid ha vuelto a subir drásticamente los precios públicos de las universidades por segundo año consecutivo: esta vez un 26,64% en los estudios de menor experimentalidad (generalmente de letras) y el 15,63% de casi todas las ingenierías (ver Anexo I de los Decretos 60/2013 y 66/2012). Y ello, en plena campaña de matriculación, que se estaba haciendo con los precios públicos vigentes (los del año anterior).

Aunque resulta utópico esperar que alguien incapaz de revisar en plazo los precios públicos con un año de preaviso lo entienda, un somero análisis de los presupuestos de las universidades públicas deja bien claro que la última subida ha rebasado los margenes legales en casi todos los centros. Esto es así porque las matrículas universitarias son precios públicos y, por tanto, su cuantía debe estar vinculada a los costes económicos de la docencia, respetando los máximos que marca la LOU.

Ahora bien, ¿cómo pueden determinar el precio del crédito sin conocer su coste exacto?. Cualquiera que haya pisado una universidad en su vida sabe -o debería- que en ellas se llevan a acabo otras muchas actividades que generan gastos, pero que nada tienen que ver con la docencia y que, en consecuencia, no deben sufragarse con cargo a los precios públicos. Si restamos esas cantidades del presupuesto vemos que los estudiantes no están tan subvencionados como se dice, y que no se puede subir más el precio de las matrículas sin modificar antes la LOU. Veámoslo con un ejemplo.

Como mínimo, un tercio del presupuesto de la Carlos III es gasto no relacionado con la docencia de grado

Para comprender porqué las Administraciones no se ponen de acuerdo en el porcentaje de gastos que cubre la matrícula nada mejor que revisar las cuentas de una universidad pública. Haciéndolo comprobaremos que la separación de costes por actividades sigue siendo insuficiente, que se mantiene el criterio de considerar docente todo gasto que no esté muy claro a qué corresponde (inflando injustificadamente las tasas), y que tanto la información publicada como su presentación no facilitan precisamente la rendición de cuentas.

La elegida para esta análisis ha sido la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyos presupuestos para 2013 consignan un gasto total de 157,5 millones de euros. De esta cantidad los alumnos sufragan 27,8 millones de euros en precios públicos por títulos oficiales de grado y doctorados (partida 310.00 de ingresos de todos los presupuestos universitarios – pag. 61 del PDF), por lo que -a priori- sólo pagan el 17,65% de los gastos totales. Ahora bien, para determinar si se pueden subir las tasas, y cuanto, tendremos que establecer primero cual es el coste real del servicio restando los gastos que nada tienen que ver con la docencia y que, por tanto, no deben ser cubiertos mediante abono de precios públicos. ¡Empecemos!

Gasto no docente: Inversión en investigación

El más indiscutible e importante en cuantía es la inversión en investigación, que está reflejada en los presupuestos de toda universidad en el art. 64 del capítulo VI de gastos (pag. 57). En este caso en particular son 24,26 millones de euros del presupuesto que nada tienen que ver con docencia, así que no pueden cargárselos a los estudiantes porque no les corresponde financiar los programas de investigación. Esta partida sola representa el 15,40% del presupuesto total.

Ahora bien, analizando los gastos incluidos en el programa de investigación resulta que éste no sufraga ni un céntimo de los gastos corrientes de funcionamiento de la universidad (suministros, uso de instalaciones, limpieza, seguridad, infraestructuras). Como supongo que esta investigación se hará en las instalaciones de la universidad, me parece justo que el programa de investigación soporte la parte proporcional de estos gastos que les corresponda. ¿O acaso la jardinería es gasto exclusivamente docente?.

Pero, ¿cuál es esa parte proporcional?. Un criterio para estimarla es utilizar el porcentaje que representa la investigación sobre el presupuesto total (15,40%) y aplicárselo a las partidas de gastos comunes (cap. II de gastos, pag 55). Esto restaría 4,19 millones de euros del presupuesto presuntamente docente, y sitúa el gasto no docente en el 18,06%. Se podrían utilizar otros criterios para la estimación, pero me parece una cifra suficientemente conservadora.

Y ojo, que se podrá entrar a discutir si los 12,59 millones de euros en gastos de personal de investigación (la mitad del presupuesto de investigación, que -a su vez- representa el 13,91% de la partida de personal) son suficientes para cubrir los sueldos y seguridad social de las 195 personas contratadas en proyectos de I+D+i (pag 123) más la parte proporcional de los de los restantes 1.905 catedráticos, titulares, profesores y demás Personal Docente y de Investigación (PDI), que -en conjunto- consiguen publicar más de 1.000 artículos de investigación al año (la producción real debe ser muy superior, ya que sólo se publican los artículos con aportaciones relevantes), leer 129 tesis, solicitar un par de docenas de patentes. Viendo lo mal pagada que está la investigación en España, imaginemos que sí.

Gasto no docente: Inversión en ayudas y becas

Cerrado el apartado de investigación pasamos al Capitulo IV del presupuesto, donde se reflejan todas las ayudas a los estudiantes e investigadores (becas de formación, Erasmus, Séneca, postdoctorales…) ¿Deben pagarse las becas con los ingresos por precios públicos? Diría que no: porque ni son gasto docente generado por el alumno, ni la función de la universidad es la de administrar la solidaridad entre estudiantes… que al fin y al cabo son mayores de edad, generalmente desempleados y sin patrimonio, por más o menos dinero que tengan sus padres.

Dado que estos programas no pueden sufragarse a través de los precios públicos (por su propia definición), deberán mantenerse vía impuestos; y en mucha mayor cuantía aprovecho para decir. Los datos de la OCDE (Tabla B5.3) muestran que España es uno de los países estudiados donde la inversión pública en educación terciaria es más regresiva, con un 90% del presupuesto dedicado a financiar directamente a los centros, y sólo un 10% destinado a ayudas y becas… lo que implica que los estudiantes no becados pagan menos matrícula, y los becados reciben menos beca.

Bien es cierto que un ~6% de estas ayudas van destinadas a becas “de colaboración”: auténticos minijobs con dotaciones por debajo del salario mínimo interprofesional y sin seguridad social con los que se cubre parte del funcionamiento de algunos servicios fundamentales de la universidad (biblioteca, aulas de informática), por lo que sería discutible hasta qué punto son o no gasto docente, y/o en qué medida contribuyen a abaratar los costes totales.

Como quiera que los gastos de personal asociados a la gestión y administración de estas “becas” (convocatoria, gestión de pagos, formación en el puesto…) son inseparables del gasto docente, podemos considerar ambas partidas más o menos compensadas. En nuestro caso particular, descargando del presupuesto los programas de ayuda y becas (otros 10,65 millones de euros), ya habríamos identificado un 24,83% del presupuesto cono no docente.

Gasto no docente: Deuda e intereses

Por definición, la deuda (Cap. IX gastos) corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos acumulada en ejercicios anteriores, que no es resultado directo de la actividad docente actual sino de la gestión pasada y que, por tanto, no deben sufragar los estudiantes actuales a través de precios públicos. ¿Deben pagar los estudiantes con su matrícula la deuda y sus intereses (Cap. III gastos) acumulados por decisiones que se tomaron antes de que empezaran sus estudios, sobre las que que no se le consultó y de las que, en el mejor de los casos, se han podido beneficiar mínimamente? Descartando estos gastos, la parte no docente del presupuesto ya representa el 25,44% del total.

Gasto no docente: (presunta) Corrupción

El año pasado, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que se destapaban multitud de irregularidades contables (respuesta oficial). Más recientemente el Tribunal de Cuentas ha detectado prejubilaciones de hasta 300.000 euros “sin soporte legal” en universidades -principalmente andaluzas, pero también en la Carlos III (69.216 euros)-, y son de sobra conocidas las denuncias constantes de clientelismo y corrupción en las universidades españolas, lugar muy dado a hacer una oposición a medida para colocar a amigos que necesitan un sueldo, aunque no sepan hacer la “O” con un canuto. Dada la dificultad de cuantificar estos gastos no docentes, debemos dejarlos fuera del análisis a sabiendas de que existen y que, por tanto, el resultado final estará sesgado a la baja.

Gasto docente, pero no de grado

Otra partida a eliminar del presupuesto docente es la de la formación de post-grado: doctorados, másters oficiales y propios, y cursos de especialización gestionados por el Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) de la UC3M. Los precios públicos de estos estudios deben determinarse en función del perfil de costes específico de esta formación, no pudiendo mezclarse con los de grado para compensar unos con otros.

En el presente análisis esto implica eliminar del presupuesto los 4,37 millones de gastos corrientes atribuidos al CEAES (pag. 79 – el resto del presupuesto son ayudas y becas que ya hemos descontado antes) mas los 3,18 millones de euros de gastos de personal correspondientes al Capítulo I (retribuciones básicas de personal administrativo y gratificaciones) que no están contabilizados como gastos de este centro aunque sí se incluyen en los desgloses de los 31 programas de estudios propios y 12 oficiales del volumen II de los presupuestos (pag 89 a 139 del PDF).

Curiosamente, en la contabilidad de estos programas las retribuciones de los profesores se contabilizan como gastos corrientes, y parece que las cotizaciones a la seguridad social del personal administrativo no se han incluido… así que las añadimos nosotros, al menos en los másters donde es obvio que faltan (361.666€ adicionales). Sumando todos los conceptos se caen del presupuesto de la docencia de grado otros 7,91 millones de euros, quedando el gasto no relacionado con ésta en el 30,51%.

Otros gastos no docentes

Recorriendo las partidas de gastos encontramos otras muchas actividades no docentes dentro de lo que queda del presupuesto: 139.980€ en gastos de protocolo (partida 226.01 – pag 54), 1.274.320€ en estudios técnicos (partida 227.06), 671.840 € en actividades culturales (partida 226.04), 663.750€ en actividades deportivas (partida 226.05), 487.200 € en gastos “no culturales” en el Aula Teatro y el Auditorio de Leganés (pag. 152 y 153 del volumen II), 1.569.690€ en gastos del Espacio Estudiantes (que precisamente gestiona las ayudas, actividades deportivas y culturales – pag. 157 del volumen II), 479.550 € en el Consejo Social (pag. 9 volumen II), 260.360 € del Programa de Igualdad y Cooperación (pag. 169-170 volumen II)… Actividades que no niego que sean fundamentales para la vida universitaria, pero que no parecen ser docentes y -por tanto- no se pueden financiar con cargo a los precios públicos.

Para evitar restar dos veces he tratado de tomar de estas partidas sólo los gastos que no se habían suprimido antes, y prorrateado el resultado final descontando la tasa de participación la investigación en los gastos comunes (15,40%). El resultado es un adelgazamiento adicional de 4.69 millones de euros, lo que sitúa al gasto no relacionado con la docencia de grado en 33,48%.

Compensación por auto-financiación

Por último, hay que señalar que la universidad genera ingresos por múltiples conceptos mediante la utilización de los recursos todavía incluidos en lo que queda de presupuesto: arrendamiento de instalaciones, materiales y servicios, emisión de certificados, ingresos por acceso a las pruebas de acceso a la universidad, universidad para mayores, residencias universitarias… algunos de los cuales podrían no estar reflejados en el presupuesto, ya que parece que la fundación de la UC3M, que gestiona algunos de estas actividades, no está incluida en el presupuesto de la universidad.

Puesto que los gastos de estas actividades no se encuentran desglosados en el presupuesto, procede compensar los gastos de la universidad con la cantidad total de los ingresos percibidos por estas actividades sobre la premisa de que si son rentables, el beneficio debe utilizarse para compensar proporcionalmente las partidas deficitarias de los programas que constituyen la actividad nuclear de la universidad: investigación, docencia (que también incluye infraestructura y servicios comunes). Obviamente, en caso de que estas actividades fueran deficitarias, dicho déficit no puede compensarse con cargo a los precios públicos aunque exista un interés social en que se lleven a cabo (por ejemplo, realizar las pruebas de selectividad).

Para ser justos, destinaremos el 15,40% de estos ingresos que no provienen de los precios públicos por estudios oficiales de grado o postgrado (ni son ingresos por investigación ni transferencias corrientes o de capital de organismos públicos o privados) a la partida de investigación, y el 7,17% a másters y posgrados, que es la proporción que los gastos de estos programas (becas y ayudas incluidas) representan sobre el presupuesto total de la universidad. El resto de ingresos irían a reducir el denominado “gasto docente” de grado.

Hechos los cálculos, el resultado es que el 77,43% de los ingresos correspondientes a los Capítulos III (excepto 310.00, ya contabilizado, y 319.07 , másters universitarios – excluidos), V (ingresos patrimoniales) y VIII (Activos financieros, excepto investigación) debe restarse del presupuesto de la docencia de grado, lo cual representan 5,21 millones de euros auto-financiados. Esto reduciría el presupuesto mínimamente relacionado con los estudios oficiales de grado y pendiente de financiar a 99.552.810€; es decir, el 63,21% del total. Quedémonos con este número.

Gasto no docente: Despilfarro y mala gestión

¿Hemos descartado ya todo el gasto no docente del presupuesto? En mi opinión no, pero dejamos ya de restar para mantener una estimación conservadora y porque los gastos que comento a continuación sí que son docentes, aunque no muy presentables.

Por ejemplo, ¿tiene sentido que una universidad con 821 estudiantes menos (pag. 91 pdf), y el mismo personal (pag. 156 pdf) que hace 4 años, se gaste ni se sabe cuanto en hacer un nuevo edificio en el campus de Getafe habiendo aulas vacías (que no se llenan ni con los cursos para mayores de 55 años)? Vale que la eficiencia energética del edificio (teóricamente certificación LEED Platino) permitirá recuperar la inversión en algunas décadas gracias al ahorro que se obtendrá con la clausura de otros edificios menos eficientes… ¿pero tienen que financiar los estudiantes la reestructuración del campus? Se aprende igual de bien en las aulas y edificios “viejos”, que -por cierto- están en perfecto estado de conservación.

Y qué decir del nuevo campus de Puerta del Hierro ¿era necesario?. ¿Es también necesario duplicar la oferta de plazas inaugurando un nuevo colegio mayor en Getafe donde sólo hay habitaciones individuales? A esos precios dudo que sea para alumnos. Espera, que en Leganés también están construyendo… ¡la burbuja del ladrillo no ha explotado en la UC3M!.

¿Cómo se explica el Campus de Colmenarejo (Google Maps)?. Una única facultad perdida en la sierra cuyos gastos operativos ascienden a 1,13 millones de euros (pag 146 del volumen II – casi la mitad que el campus de Getafe, con 18 edificios) para ¿cuantos, 300 alumnos?. Sin duda esta política de desperdigar microcampuses por la Comunidad de Madrid debe generar unos costes importantes, pese a que algunos ya se hayan eliminado (como el autobús intercampus, que salía por 48.000€ al año por conectar 3 veces al día los centros).

En el capítulo de personal, resulta curioso como el número de Personal Docente e Investigador (PDI) sigue a niveles de 2010 (pag 135) mientras que el número de créditos matriculados ha descendido un 19.1%: en 2010 había matriculados 624 créditos por cada PDI, para 2013 se prevén 499 créditos. Dirán que con Bolonia la formación es más personalizada y blablabla… mentira. Se han suprimido grupos, hay menos alumnos y el número de créditos por alumno ha disminuido, pero mantenemos al mismo número de profesores para… ¿impartir grados de dudosa demanda y con opción de hacerlos en inglés?. ¿Deben los alumnos sufragar con la matrícula los sueldos de los profesores si la universidad decide poner uno por alumno, o crear titulaciones sin demanda? En mi opinión, no; igual que tampoco pueden decidir si quieren más o menos profesores, o mejores.

Aunque no dudo que todas estas cuestiones que critico tengan su razón de ser y justificación, lo que me parece más difícil de sostener es que se consideren gasto docente que deba ser sufragado con la matrícula de los estudiantes; como tampoco entiendo que se dediquen 584.680€ en publicidad y propaganda (partida 226.02 de gastos) o, lo que es lo mismo, 131,38€ por nuevo alumno/año (los antiguos ya están atrapados, jajaja) en engañar a la gente para que estudien aquí. ¿Pero no es una universidad tan excelente y está en lo más alto de los rankings? ¿Acaso no hay gente haciendo cola para entrar? Que hay una demanda del 133% sobre las plazas ofertadas de primer año (pag. 107 pdf) y unas notas de corte bien altas.

Y, así, hasta el infinito…

Haciendo las cuentas, la subida de tasas incumple la LOU

Una vez conocido el presupuesto presuntamente docente, determinar los precios públicos de los grados es cuestión de dividir entre el número de créditos que se imparten al año. Desgraciadamente, debemos volver a estimar la cifra puesto que los presupuestos sólo ofrecen el total agregado de grados y posgrados (pag. 155 vol 1). Para esta operación, baste multiplicar el número de estudiantes de grado (14.800, restando los post-grados y estudios hispánicos) por el número de créditos matriculados por estudiante de media en los últimos 4 años (62,37[1]) para obtener 923.172 créditos al año.

A partir de este cálculo llegamos al resultado de que el coste medio del crédito de la docencia de grado en la UC3M es 107,84 €, por lo que -según la LOU- la primera matrícula podría costar de media, como mucho, 26,96€ por crédito; la segunda 43,14 € y la tercera 80,88 €. Insisto en que se trata de precios medios, porque el coste de estudiar con manuales que se revisan 1 vez por década es distinto del de estudiar con software de cálculo de estructuras o equipos audiovisuales. Por este motivo los precios públicos varían según el grado de experimentalidad de los estudios; y los doctorados, másters y títulos propios tienen sus propios precios en relación con los costes de estas titulaciones.

Esto significa que el precio del crédito en los estudios de menor experimentalidad generalmente será inferior que la media[2], como también ocurrirá en los estudios y centros con mayor demanda por una mera cuestión de economías de escala. A riesgo de ser reiterativo, insisto una vez mas: los precios públicos deben determinarse en función del coste del servicio, por lo que deben ser distintos para cada titulación y para cada universidad, sin que pueda pretenderse que un estudiante de una carrera barata y con más demanda (pongamos económicas o empresariales) subvencione con su matricula el mayor gasto de planes de estudios sin estudiantes y/o que requieran medios más caros. Por mucho que los costes fijos comunes sean la mayor parte, no se puede pretender que cursar ingeniería industrial cueste 4 euros más por crédito (un 14,82% más) que sociología, a menos que a los segundos les incluyan los libros y el viaje de fin de curso en la matrícula.

Pues bien, exactamente eso pretende la UC3M al hacer uso de todo el margen de subida que le concede la Comunidad de Madrid en su último decreto. En el ejercicio de su autonomía universitaria no solo ha fijado el precio del crédito en primera matrícula para todas las titulaciones por encima del límite legal del 25% de los costes (27€ las más baratas), sino también incumplido el límite del 40% en segunda matrícula (50,53€ precio mínimo), el del 75% en tercera (94,75 € precio mínimo) y en cuarta matrícula obliga a pagar -como mínimo- el 117% del coste medio (126,34 €), cuando el máximo absoluto es el 100%.

Por mucho que los rectores se opongan a la subida, son las universidades las últimas responsables fijar los precios públicos, como se refleja en el artículo 2.1 del Decreto 60/2013 de la Comunidad de Madrid. Así pues, en teoría los precios son efectivamente máximos y cada centro puede decidir fijar unos inferiores siempre que el precio se mantenga dentro de los límites que marca la LOU, por lo que sorprende que el precio del crédito en todas las universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, UAH, URJC) sea el mismo ¿Pretenden que creamos que el coste por estudiante es igual en las penitenciarías facultades masificadas de la Complutense que en el bucólico campus de Colmenarejo, o están sufragando los estudiantes de unas universidades a los de otras?

Supongo que la explicación es mucho más sencilla: la Comunidad de Madrid no tiene dinero y ha decidido sanear sus cuentas a costa de los estudiantes y sus familias, bajo amenaza de que la universidad que no haga uso de todo el margen que se apruebe de subida se quedará sin la parte proporcional de la transferencia autonómica (principal fuente de financiación), puesto que de su comportamiento se deduce que no necesita más financiación. Si fuera el caso, sería un buen ejemplo de cómo la corrupción y el despilfarro los pagan quienes los consienten tarde o temprano.

En cualquier caso, todo parece indicar que la subida de tasas en la UC3M vulnera la LOU, situación que probablemente también se producirá en el resto de universidades madrileñas habida cuenta que la Carlos III es la universidad púbica con menos alumnos (17.750) y más campuses (4) de la región. Sería deseable que alguien advirtiera de tal eventualidad a los responsables de fijar los precios públicos antes de que a los más de 200.000 alumnos afectados se les ocurriera organizarse para presentar una demanda judicial colectiva contra el tasazo por incumplimiento de la LOU, reclamando el dinero cobrado de más y los intereses.

Sobre la anulación del tasazo

Para que cayera el tasazo, teóricamente bastaría con que un sólo alumno/a consiguiera recurrir con éxito en la vía contencioso-administrativa la anulación -por impago parcial- de su matrícula para el año 2013/2014[3]; siempre y cuando entre sus alegaciones se incluyera que los precios públicos aprobados por su universidad superan los límites máximos que establece la LOU para los estudios de grado. Si el tribunal apreciara tal circunstancia, deberían ser anulados y habría que devolver la diferencia entre las cantidades cobradas y los últimos precios públicos que cumplan los límites que establece la LOU.

No obstante, esperar a que alguien resuelva esta papeleta no parece ni demasiado solidario ni demasiado seguro; y siempre cabe la posibilidad de que en segunda o siguientes instancias algún alto tribunal limite la devolución de los precios públicos a aquellas personas que lo hubiesen reclamado, ya que el reembolso a todos los estudiantes implicaría la quiebra de la universidad afectada (quizás sea el objetivo último de la Comunidad de Madrid, aunque siempre estará en mano de los estudiantes afectados el facilitar un calendario de pagos que permita la supervivencia de la universidad).

Por eso, porque constituye el paso previo al recurso contencioso-administrativo, y porque es una medida efectiva de protesta, animo a aquellos/as estudiantes que quieran mostrar su rechazo al tasazo a que inauguren el académico inundando los registros de su universidad con reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades cobradas de más. Intentaré publicar aquí un modelo de instancia para aquellas universidades de las que dispongamos de estimaciones suficientemente aproximadas del precio real de la docencia (ver segundo comentario).

O LES PARAMOS LOS PIES AHORA O EL AÑO QUE VIENE NOS VUELVE A APRETAR.
#STOPtasazos

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[1] La cifra utilizada de créditos matriculado por alumno y año parece un poco elevada si tenemos en cuenta que un año académico son 60 créditos tanto en los grados (no dobles) como en los másters. Supongo que ello se debe a que la gente tiende a matricularse del año siguiente completo más las asignaturas que les hayan quedado. En cualquier caso, a la hora de estimar el coste por crédito me parece correcto asumir que los estudiantes se matriculan por cursos completos, ya que sería un poco absurdo determinar dicho coste en función del descenso de las matriculaciones producido por la subida de precios, que es el factor que se trata de calcular y llevaría a que los estudiantes paguen lo mismo independientemente del número de asignaturas de las que se matriculen. Por otra parte, si se prevén descensos en las matriculaciones deben ajustarse también los gastos de la universidad manteniendo el precio del crédito tan constante como lo permitan los costes fijos.

[2] En el supuesto de que se aplique el mismo porcentaje sobre gastos a todas las titulaciones, ya que la universidad podría perfectamente decidir que los estudios en los que no hay suficientes titulados para cubrir las demandas de la sociedad paguen un porcentaje menor dentro de los límites de la LOU (siempre que la diferencia la sufrague íntegramente la universidad, y no los alumnos de otros estudios con tasas más altas).

[3] El impago debería ser mínimo, de modo que cubra los costes reales de la docencia sin llegar al 100% de los precios públicos (devolución parcial del recibo o ingreso parcial en oficina bancaria). Los afectados sin recursos podrían litigar con un abogado de oficio gracias a la justicia gratuita.

¿Por qué los libros de texto todavía no son gratis?

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hay planteada una contradicción entre lo que debería ser y lo que es. El Artículo 27.4 es bastante contundente:“La Enseñanza Básica es obligatoria y GRATUITA.”

Si bien es cierto que en los centro públicos la matrícula es gratuita, no lo es menos que para la educación se necesitan libros de texto. Afortunadamente para los padres de hijos en edad escolar, recientemente ha entrado en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas que ha acabado con la aplicación al libro de texto de las extrañas limitaciones que siguen vigentes para mayoría de libros. Concretamente, el precio fijo de venta al público que debe establecer el editor y el descuento máximo del 5%.

Esta nueva ley ha desatado una guerra de precios sin precedentes en este sector que, según los datos de la Federación del Gremio de Editores de España, es el primero por volumen de facturación (24,4%) y el segundo por volumen de ejemplares editados (17%), sólo por detrás de la literatura (datos correspondientes a 2006). También es el sector editorial que mayor número de novedades lanza cada año (el 23,6% del total), lo cual probablemente esté relacionado con la sospechosa velocidad con la que pierden su “vigencia” dichos libros, que “hay que cambiar” al cabo de uno o dos años, y no el mínimo de 4 que prevé la ley. En mi opinión, las editoriales de estos libros llevan demasiado décadas lucrándose de los indefensos ciudadanos.

Además de la nueva ley, los gobiernos autonómicos acuden puntualmente a la cita de todos los años con 135 millones de euros (2006) para subvencionar la compra de los libros y hacer más soportable (económicamente) la vuelta al cole. Una cantidad enrome de fondos públicos que, cada año se desvían para seguir enriqueciendo a empresas privadas en vez de dedicarse a hacer innecesario que nadie tenga que pagar por ellos (ni el Estado ni los consumidores).

Hasta ahora, las mayoría de soluciones propuestas (ayudas directas en forma de becas y libros subvencionados por el Estado) pasan por perpetuar la situación, protegiendo los intereses de las grandes editoriales, que se aferran a un jugoso mercado de 738 millones de euros (curso 2006-2007) [698 millones de euros (curso 2005-2006)] donde, todos los años, los clientes SE VEN OBLIGADOS a comprar unos libros cuyo precio [controlan] controlaban. Ya hemos soportado bastantes abusos, así que va siendo hora de que el Gobierno detenga la sangría a las arcas del Estado y ponga un poco de cordura en el sector de la educación, sector tan estratégico como la energía o las telecomunicaciones.

En este sentido, una iniciativa muy interesante es la que en 2003 inició la Xunta de Galicia con el préstamo de libros, que ha ahorrado mucho dinero para pesar de los editores y libreros. Sin embargo, creo que se debería ir un paso más allá y convocar un concurso público para escribir los libros de texto en el que puedan participar profesores, profesionales de la educación y especialistas en las áreas de conocimiento concreto (matemáticas, historia, lengua…), bien por separado o formando grupos.

En una primera fase el Ministerio de Educación se encargaría de dividir los contenidos curriculares de cada asignatura de cada curso en bloques cerrados de conocimientos (los temas de los libros) y abrir un amplio periodo de inscripción al concurso público en el que los participantes estuvieran informados del número de inscritos para cada tema en cada materia de cada curso. Para incentivar la participación, los trabajos seleccionados serían premiados con 30.000€ a cambio de ceder los derechos de autor al Estado, quizás un precio desorbitado si tenemos en cuenta que los libros de texto comerciales de EP y ESO tienen una media aproximada de 15 páginas por capítulo. No obstante, sin duda el alto incentivo redundará en una mayor cantidad y calidad de los trabajos presentados.

Un tribunal seleccionará aquellos trabajos que se adecuen a los contenidos de la materia y al curso, presenten una mayor claridad expositiva y demuestren con más claridad que han sido elaborados íntegramente con contenidos desarrollados por el autor y/o libres (hay una gran cantidad de contenido libre en la Wikipedia). Dichos trabajos serán refundidos para crear los libros de texto, y revisados para corregir cualquier inconsistencia que pudiera confundir al alumno. Al ser copyright del Estado, podrán ser distribuidos bajo una licencia de Documentación Libre que reúna las siguientes características:

  1. Que permita el libre uso de los documentos
  2. Que permita la libre distribución y copia de los mismos.
  3. Que permita a terceras partes la modificación de los documentos, y que dichos trabajos derivados se distribuyan bajo los términos de la misma licencia.

Una licencia como, por ejemplo, la Licencia de Documentación Libre de GNU o la licencia Reconocimiento-CompartirIgual de CreativeCommons.

El Ministerio de Educación publicaría cada año, aproximadamente en otoño, una versión oficial de los libros de texto que podría ser modificada y mejorada por las comunidades autónomas para ajustarse mejor a las características específicas de cada lugar, y estas versiones modificadas, o el original, podrían volver a ser modificadas por cada centro escolar para ajustarse a las características de su proyecto educativo. Al tratarse de versiones modificadas deberán ser publicadas bajos las mismas condiciones que los originales y nada impedirá que las mejoras de versiones modificadas sean incluidas en la revisión de la versión oficial del siguiente año, corrigiendo los errores rápidamente y entrando en un ciclo cerrado de constante mejora del material curricular.

Evidentemente habría que distinguir entre la versión oficial del Ministerio de Educación y Cultura, las versiones oficiales modificadas de la Comunidades Autónomas y las versiones modificadas por organismos privados (colegios, editoriales). Cada centro deberá velar porque los libros de texto que elija no se desvíe del curriculum común establecido para los alumnos, teniendo siempre la opción segura de optar por la versión de la Comunidad Autónoma.

La publicación del original y subsiguientes modificaciones deberá hacerse en un formato electrónico que permita la distribución de la información por medios telemáticos y la reproducción y modificación de los textos sin necesidad de recurrir a programas comerciales. Una buena opción es el formato OpenDocument Text incorporado por defecto en la suite ofimática OpenOffice.org, que se puede descargar gratuitamente y permite firmar digitalmente los documentos. De esta manera podremos saber si el texto que tenemos ante nosotros es oficial o modificado.

Una vez instaurado este modelo, los costes de los libros de texto se limitarían a su impresión, que puede correr a cargo de los centros educativos y se puede subvencionar desde el estado. Las editoriales también podrían sacar ediciones de estos libros, e incluso versiones modificadas de los mismos (¿quién se lo va a prohibir?), pero a un precio competitivo comparado con el “Hágaselo usted mismo”.

Lo mejor de todo es que estos mismos libros de texto se podrían utilizar en todos los países hispanohablantes, previa adaptación de algunos contenidos a la realidad de cada sitio.

Hablemos de cifras

Un proyecto de esta envergadura en perfectamente asumible con el presupuesto y recursos del Estado. En la Educación Primaria Obligatoria, se imparten 5 asignaturas en el primer ciclo (Conocimiento del Medio, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Religión/estudio), ya que en educación física no es necesario y 6 en el segundo y tercer ciclo de EP (se añade Lengua Extranjera).

En los tres primeros años de Educación Secundaria Obligatoria encontramos que se necesitan desarrollar 13 libros: 9 para las asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música, Religión/Actividades Alternativas) más 4 para cada una de las asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera, Procesos de Comunicación, Taller de Matemáticas y Taller de Artesanía) además del correspondiente a Lengua y Literatura de las CC.AA, que debería ser desarrollado por cada comunidad. Un Total 15 libros.

Para el último curso de la ESO el número de libros necesarios aumentan ya que a las 5 asignaturas troncales que necesitan libro (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ética, Religión/Actividades Alternativas) hay que añadir el de Lengua y Literatura de las CC.AA (de nuevo responsabilidad de las comunidades), 7 de asignaturas de elección (Matemáticas A y B, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Tecnología y Música) y, al menos, 2 más correspondientes a asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera y Cultura Clásica). Un total de 14 libros.

No obstante, existen 13 optativas más para las que se podría necesitar desarrollar un libro, si bien el hacerlo no parece un asunto tan prioritario. Estas optativas son: Una materia de Inciación Profesional, Taller de Astronomía, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Coral, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y Activa, Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural, Energías Renovables y medio Ambiente, Botánica Aplicada, Papeles Sociales de Mujeres y Hombres, Informática y Materias diseñadas por el Centro).

En definitiva, estamos hablando de 93 libros (+13 adicionales) para toda la educación obligatoria de los futuros ciudadanos. Tras un breve estudio, no necesariamente representativo, de los libros de texto existentes en el mercado he encontrado que la media de capítulos de los libros de EP y ESO es de 12 y que el número medio de páginas de estos es de 14 (± 5). Estos valores, lejos de buscar la exactitud, pretenden ser orientativos para el cálculo que viene a continuación

Con los 135 millones de euros de ayudas del estado a libros de texto, repartidos entre los 1152 capítulos a desarrollar, se podría dotar de un presupuesto de 117.187,5 euros para desarrollar cada capítulo… ¡Si es que hay dinero hasta para imprimirlos! ¡Y por el coste de las subvenciones de un sólo año!.

¿Imposible? Ya existen antecedentes

Gracias a una iniciativa muy parecida Extremadura, una de las regiones más pobres de la Unión Europea, ha logrado pasar del subdesarrollo tecnológico a convertirse en referencia de desarrollo de la Sociedad de la Información, llevando Internet a todos los hogares e instalando un ordenador por cada dos estudiantes en las escuelas.

Evidentemente, en Extremadura no disponían de los fondos necesarios para pagar licencias de sitemas operativos y herramientas ofimáticas propietarias (como pasa con los libros de texto), así que invirtieron un 10% de gasto que habría supuesto esta solución en crear su propio sistema operativo con herramientas compatibles (gnuLinEx), impartir cursos de formación y hacer copias para distribuir gratuitamente entre la población. ¿A qué esperan los políticos para hacer lo mismo con los libros de texto?