Outfoxed – ¿Información, entretenimiento o propaganda?

Título original: Outfoxed (subtitulos en español) | Ir al vídeo
Tema: Medios de comunicación, propaganda, manipulación | Evaluación 3.75/5.
Año 2004. Dur: 78′. Producido por Carolina productions.
Web: http://www.outfoxed.org/

Aunque exclusivamente centrado en la guerra declarada por Rupert Murdoch al periodismo, Outfoxed expone con claridad el peligro que supone para la democracia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en las manos de unos pocos, tendencia que cada día se hace más fuerte.

A lo largo del documental podemos conocer, de boca de sus ex-empleados, como los dueños de los medios de comunicación sesgan los contenidos que se difunden (además de las noticias). No es sólo que elijan por nosotros qué se muestra y qué no… y cuanta visibilidad merece un tema o asunto en particular; también se manipula la forma de narrar y presentar los contenidos de forma que promuevan un determinado punto de vista.

Fox News fue pionera en borrar abiertamente la linea entre la información y el comentario, en abandonar el periodismo basado en hechos y sustituirlo por “creación de opinión” para influir en la percepción de su público. El del férreo control sobre la linea editorial que se denuncia en el vídeo va más allá de la redacción: también se premia a los invitados y comentaristas más extremistas, y se castiga y censura a quienes se salen del guión.

Algunas de las técnicas del periodismo moderno se las debemos a la FOX, tales como cortar abruptamente a los invitados que dicen cosas que chocan con la linea editorial, introducir en el debate opiniones sin atribuirlas a fuentes concretas, o los debates en desigualdad de condiciones, donde los puntos de vista coinciden mayoritariamente y quienes discrepan lo hacen sin fuerza ni capacidad argumentativa… todo vale para dar la “forma adecuada” a la realidad en la cadena que se publicita como “justa y equilibrada“.

Como se ilustra en el documental, el éxito de sus esfuerzos para influenciar la opinión de su audiencia es notable. Comparadas las respuestas a preguntas sencillas sobre hechos concretos, como si como si se logró establecer una relación entre Saddam Hussein y Al-qaeda, o si había armas de destrucción masiva en Irak (motivo oficial de la invasión); las respuestas del público de noticias Fox difería considerablemente de la respuesta media del conjunto de los encuestados, y eran más similares al discurso oficial de la Administración Bush.

Esta transformación de la difusión de información “objetiva” en difusión de “opinión” en favor de los intereses de la cadena ha sido posible gracias a la buena acogida que ha tenido por parte del público. El éxito de la FOX se basa en filtrar lo que no gusta a su audiencia, que prefiere vivir engañada en una realidad donde todo el mundo piensa como ellos; y ha sido tal su repercusión que las cadenas competidoras han seguido su estela a la vista de que la gente prefiere el periodismo partidista en linea con sus convicciones. Si la gente no prestara atención a este tipo de periodismo, dejaría de existir, pero cuesta resistirse a escuchar a quienes dicen barbaridades (de ahí el éxito de la telebasura).

Aunque obvie decirlo, para tener una visión completa y lo más objetiva del conjunto también hay que estudiar seriamente otros puntos de vista, especialmente cuando no nos gustan y/o contradicen nuestra visión del mundo y de cómo deben ser las cosas.

Desgraciadamente para el periodismo y la democracia, aquellos que traten de informar de forma objetiva al margen de la linea editorial tiene los días contados en las redacciones de los medios tradicionales, controlados por empresas en busca de beneficios. Por eso, más que nunca, necesitamos Internet y el activismo a pie de calle para contrarrestar a los lobbies de la información.

Aunque se hable de la FOX, estas reflexiones son igualmente aplicables a cualquier medio de comunicación del signo ideológico que sea. Hay quienes hacen más esfuerzos por informar de verdad que otros, pero todos están necesariamente sesgados (incluido este blog, claro).

NOTA: La calidad del vídeo es un poco mala, si te apañas con el inglés recomiendo mejor esta versión del vídeo

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

La propiedad de las Ideas y el daño que las patentes hacen a la sociedad

En ciertos momentos siento que el mundo, en su infinita complejidad, se vuelve maleable. Que aparecen fisuras en su petrificada superficie y la gente empieza a forzarlas. Primero unos pocos con sus manos desnudas, pronto se incorporan más, y empiezan a traer palancas. Momentos en los que “las cosas dejan de ser como son”, en que las verdades se convierten en opiniones y descubrimos que existen otras formas de hacer las cosas, otras realidades que son posibles.

Quizás es un sentimiento similar al que sintieron los primeros renacentistas, o los hijos de la patria durante la Revolución Francesa. Algo en mi interior me hace pensar que yo también participaré en acontecimientos que cambiarán el rumbo de la historia, y que se estudiaran en las escuelas del futuro. Una revolución que, como todas, enterrará un sistema que se basa en la desigualdad y la injusticia y que, de completarse, cambiará el destino de la humanidad.

La víctima, esta vez, será la filosofía capitalista, y todas las herramientas que ha creado para perpetuarse a costa de la sociedad en la que habita. Una de estas herramientas es la legislación sobre “propiedad intelectual”. Ámbito donde se ve claramente el divorcio entre los capitalistas y la sociedad, y donde la lucha ya ha comenzado.

Invertir en ideas

Todo el mundo ha oído hablar de las patentes. Se supone que sirven para proteger a los inventores y fomentar el desarrollo tecnológico. Seguramente en sus inicios, en torno a siglo XVII y XVIII, así fuera. Sin embargo, hoy en día el sistema se ha pervertido, y se utiliza para fomentar todo lo contrario.

Las patentes se diseñaron para proteger soluciones nuevas a problemas técnicos, es decir, diseños concretos. Se puede patentar el diseño de un cepillo de dientes, pero no el “cepillo de dientes”. El problema es que esta distinción es cada vez más difusa, y los grandes patentadores tienen, cada vez más, a solicitar patentes genéricas, más cercanas a la idea de “cepillo de dientes” que al caso concreto de un “cepillo de dientes”

El motivo de esta tendencia es, a mi entender, claro: Reducir la competencia. Los grandes intereses privados no se cansan de difundir su mensaje de lo bueno que es el sistema capitalista, de la riqueza y bienestar que ha generado, mientras poco a poco van eliminando los mecanismos encargados de controlarles, que impiden que expolien a sus anchas a la sociedad. Uno de esos mecanismos es la libre competencia.

Al fin y al cabo, la propiedad industrial/intelectual es un monopolio que concede el Estado al inventor/autor basado en el “supuesto” interés público de promover la difusión de dicha tecnología/información. Su carácter monopolístico es precisamente lo que les confiere valor económico, ya que el Estado otorga protección legal a los autores/inventores y pone a su disposición todos sus recursos para preservar el derecho de estos a excluir a otros del uso del producto/proceso patentado o la obra protegida.

Esta protección, que puede parecer positiva, en realidad no beneficia a nadie. En primer lugar, se ralentiza el proceso de innovación, dado que hay que rentabilizar al máximo la inversión realizada en I+D, haciendo que se sigan utilizando tecnologías obsoletas en detrimento de otras mejores y más novedosas, al menos hasta que finalice la concesión de la patente más vieja.

Por otra parte, burocratiza la innovación al hacer necesario un buen asesoramiento legal para no infringir alguna patente. También hace posible que empresas con los recursos suficientes puedan ahogar el esfuerzo de los pequeños innovadores en juicios que, además, sobrecargan el sistema judicial.

Dado que las oficinas de patentes no hacen mucho por comprobar la legitimidad de las solicitudes que reciben, aceptando casi cualquier cosa, no es de extrañar que exista un alto número de patentes activas, suficientemente ambiguas como para que, sea lo que sea lo que se comercialice esté garantizado que se infrinja alguna patente.

Si una empresa logra tener suficiente éxito no pasará mucho tiempo hasta que otros intenten aprovecharse, como pasó en el caso Blackberry.

Las patentes, ya sean de software, biotecnología o cualquier otra índole, privatizan el conocimiento, acentuando las desigualdades sociales y geográficas. Son armas para la guerra comercial internacional; sinónimo de mayores costes y menor calidad para los consumidores. Por eso es fundamental frenar su desarrollo.

En estos momentos, la legislación europea no permite patentar ideas, motivo por el cual en Europa no se producen casos como los de EE.UU. Sin embargo, nuestros políticos, que supuestamente defienden los intereses de la ciudadanía, están determinados a actuar en contra de los mismos intereses que se comprometieron a defender.

Durante años se ha estado intentando aprobar en el Parlamento Europeo leyes similares a las norteamericanas para extender el ámbito de aplicabilidad de las patentes. Leyes que, de aprobarse, sólo añadirán trabas a la competitividad en mercados que funcionan perfectamente sin ellas y que, además, representan sectores críticos para la competitividad Europea (precisamente por no estar regulados). Si queremos un futuro asequible para todos será mejor que nos aseguremos de que las patentes no se extiendan a nuevos ámbitos de aplicación (biotecnología, software) . Estemos atentos, porque los partidarios de la patentabilidad volverán a intentarlo.