Treinta años de Transición

En unos días celebraremos los treinta años desde la ratificación mediante referéndum de la Constitución Española de 1978. Grandes titulares anunciarán, y por todo el país se festejará, algo que nunca ocurrió: la llegada de la Democracia a España. Nos atiborraremos a ver especiales sobre aquellos tiempos convulsos, en los que la máxima prioridad de los españoles era dejar atrás la dictadura franquista… tiempos en los que los españoles tuvieron que sacrificar la democracia para recuperar sus libertades.

Efectivamente, los ciudadanos tenían demasiada prisa en recuperar derechos fundamentales que no tenían reconocidos y afianzar los avances producidos desde la muerte del dictador; así que poco importó que la Constitución presentase serias deficiencias democráticas: simplemente no sabíamos qué características debería tener un Estado democrático y las prioridades eran otras, así que los españoles aceptaron aquel conjunto de propuestas a las que hoy llamamos Constitución.

Sin embargo, en el mismo paquete en el que se nos devolvían derechos y libertades, también iban incluidas otras muchas cosas. Entre ellas, una separación quirúrgica entre los poderes del estado y los depositarios de la soberanía nacional, así como una insuficiente separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Características que convierten a España en una partitocracia, en donde las cúpulas de los partidos asumen la soberanía efectiva de la nación. Había que elegir, todo o nada, sin tiempo para pensar una solución mejor.

La Constitución española no es democrática

Según la Constitución Española, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla:

  • No elegimos al jefe de Estado: es un cargo no electo, vitalicio y hereditario; y no sometido a las leyes, a diferencia del resto de los ciudadanos.
  • No elegimos al jefe de Gobierno: es un cargo elegido por los diputados en la sesión de investidura, y sometido a su control parlamentario (al menos, al de los grupos de la oposición, que son minoría).
  • No elegimos a los diputados que nos representan, ya que las listas electorales son cerradas, y las elaboran las cúpulas de los partidos según criterios que desconocemos.
  • Nuestros representantes están sometidos a la disciplina de voto, es decir, que deben lealtad a (los dirigentes de) sus partidos, no a sus electores, so pena de ser sancionados.
  • No elegimos a los responsables de la administración de justicia, ni de otros órganos con labores ejecutivas, como el banco de España o la policía. Además, todos estos organismos dependen económicamente de la partida presupuestaria que les asigne el gobierno en los presupuestos del Estado, lo cual limita los recursos de los que disponen para desempeñar sus funciones.
  • No disponemos de mecanismos efectivos para el ejercicio directo de nuestras soberanía sin la intermediación de los poderes del Estado. No podemos ejercer ningún control efectivo sobre la labor de los poderes del Estado, someter propuestas a referéndum ni modificar leyes sin el visto bueno del Parlamento.
  • No se nos consultan decisiones relevantes, como la adopción del Euro o el nuevo modelo de Unión Europea dibujado en el Tratado de Lisboa, Constitución de una Europa sin democracia.
  • No podemos modificar estas reglas: sólo los partidos políticos que sumen una mayoría parlamentaria suficiente puede modificar la Constitución y las leyes orgánicas.

¿Es esto lo que entendemos por Democracia? Sinceramente, espero que no, porque en este modelo los ciudadanos ("demos" ) no tenemos poder alguno ("cratos" ). Sin embargo, aunque nuestra Constitución diste de ser perfecta, es innegable que ha cumplido con su objetivo: darnos tiempo para formarnos como ciudadanos y aprender la Democracia… que nadie confunda crítica con desprecio.

Gracias a ella, nos encontramos más cualificados que en 1978 para evaluarla con criterio, disponemos del tiempo suficiente para plantear mejoras y, sobre todo, lo hacemos sin miedo a que esto produzca un golpe de estado y una nueva guerra civil… ¡motivos más que suficientes para festejar sus 30 años de vigencia!.

No obstante, después de treinta años de experiencia con la Constitución, creo que no conviene seguir posponiendo el debate sobre la calidad de esta "democracia", así como sobre las alternativas para mejorarla y ampliarla. Ya hemos alabado suficiente las virtudes de nuestra Constitución, y ocultado demasiado sus defectos, que son muchos y graves.

Lo que en su día supuso un avance, hoy vemos que también ha sido origen de muchos de los problemas que sufrimos los ciudadanos: la falta de representatividad del sistema electoral, la corrupción, el transfugismo, la parálisis del poder judicial, la desprotección de nuestros supuestos derechos de acceso a la vivienda o a trabajar, la falta de transparencia de las administraciones… nuestros problemas serían distintos, u otros quizás, si se hubiera escrito la Constitución de otra manera.

Segunda Transición hacia una verdadera Democracia

Quizás hace 30 años no fuera el momento de innovar políticamente. Dimos un único paso en la dirección correcta… y nos detuvimos. Sin duda la Constitución supuso un cambio radical para quienes pudieron votarla (mayores de 48), pero responde cada vez menos a las necesidades de los nuevos españoles crecidos en libertad (menores de 35). Hasta el propio Zapatero admite que "sería conveniente reformarla" y que "algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación", aunque él no se atreva a hacerlo.

En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que acertamos a la primera, o que esta Constitución se hizo para durar más que sus antecesoras (el récord lo tiene la de 1876 con 55 años); especialmente si consideramos que su redacción estuvo condicionada por el miedo a una regresión totalitaria y que la transición fue controlada por el franquismo. Ambos aspectos acotaron hasta dónde se podía avanzar.

Hoy somos conscientes de que la soberanía es un bien muy preciado para regalarla en unas elecciones; y que hay que controlar activamente la labor de quienes la gestionan si queremos que la utilicen en beneficio de nuestros intereses comunes. Ya nos vamos aburriendo de indignarnos con jueces y políticos; de protestar públicamente contra sus decisiones; de organizar manifestaciones contra las injusticias que sufrimos; de recoger firmas que no sirven para nada… en definitiva, de mendigar aquello que nos pertenece por derecho: la soberanía de este país.

Empezamos a comprender que la política no nos es indiferente; y de que, guste o no, tendremos que incluir entre nuestras responsabilidades hacernos cargo de lo que compartimos con el resto de la sociedad, si es que queremos que seguir teniendo algo compartido. Tarde o temprano dejaremos de identificarnos irracionalmente con partidos que en realidad no defienden nuestros intereses, y de empezar a exigir resultados a quienes confiamos el voto. Sustituiremos las consignas partidistas, los estereotipos y los tópicos por un estudio de las propuestas políticas que impulsan nuestros representantes, que a veces no nos lo que nos tratan de vender.

Va siendo hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. De asumir que la Constitución ya está amortizada y de buscar formas de seguir avanzando. Evidentemente, esto pasa por convencer a los partidos mayoritarios (únicos que pueden modificarla), para que la modifiquen, renunciando con ello al control del país; o por empezar a votar a otros partidos que se propongan desarrollar una Constitución verdaderamente democrática, al menos hasta que consigan la mayoría necesaria para ello. No podemos seguir posponiendo nuestra cita con la historia, por la cuenta que nos trae.

Querida Constitución, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre tendrás un hueco en nuestros corazones, pero no podemos detenernos aquí para no herir tus sentimientos. La Democracia todavía está más allá del horizonte, y no podemos quedarnos contigo más tiempo. Gracias, una vez más, por resguardarnos mientras recuperábamos las fuerzas para seguir luchando por alcanzar nuestros sueños.

Zeitgeist

Título original: Zeitgeist, the Movie | Ir al vídeo
Tema: Nuevo Orden Mundial. Evaluación 4.75/5.
Año 2007. Dur: 116′. Producido por Peter Joseph.
Web: http://www.zeitgeistmovie.com.

Zeitgeist” podría interpretarse como el espíritu de nuestra era, y es un documental en tres partes que trata de elaborar una cosmovisión de nuestro tiempo relacionando eventos trascendentes aparentemente inconexos, y que son objeto de un tratamiento más pormenorizado en otros documentales.

Superados los 5 primeros minutos de metáforas visuales que, a mi juicio, son demasiado abstractas para la mente media y que, en todo caso, recomiendo ver una vez visto el documental, entramos de lleno en los tres grandes temas que trata: los mitos como medio de control social, el terrorismo internacional y el negocio de los dueños del mundo. ¿Qué tienen que ver unos con otros?

La mayor historia jamás contada

La primera parte habla del origen de las religiones, y de su papel a lo largo de la historia como instrumento de las élites para controlar a la gente a través de deidades omnipresentes y omnipotentes que vigilan lo que hacemos y nos castigarán si nos desviamos de lo que sus intermediarios dicten que es correcto.

Es muy interesante como el documental traza un paralelismo entre el culto al sol y a las estrellas, y el imaginario católico/cristiano. Lo que más me impactó fue los paralelismos descritos en el documental entre las vidas de los dioses/mesías de diferentes religiones: Nacidos el 25 de diciembre, de una virgen, coincidiendo con la aparición de una estrella en el Este que guió a 3 reyes hasta ellos. Iniciaron su ministerio a los 30 años una vez bautizados, tuvieron 12 discípulos, fueron conocidos como “el Hijo de Dios”, “la Luz” y “La oveja de Dios”; y realizaban milagros como andar sobre las aguas y curar a los enfermos. Fueron traicionados por uno de sus discípulos, crucificados, y resucitaron a los 3 días.

Estas son a grandes rasgos las biografías de Horus (Egipto) y de Jesús (Cristianismo), cuya estructura mitológica comparten también con otras deidades de diferentes culturas y épocas como Attis (Grecia), Krishna (India), Dioniso (Roma) o Mitra (Persia). Según parece, dichos paralelismos se deben a que estos mitos fueron una forma primitiva de transmisión de conocimientos astronómicos. Por ejemplo, los “tres reyes” (¿magos?) es el nombre que han tenido desde la antigüedad las estrellas del cinturón de Orion, que están perfectamente alineadas con Sirio, la estrella más brillante del firmamento, trazando una linea que apunta al lugar exacto por donde sale el sol el día 25 de diciembre.

El mito de la crucifixión también tiene un paralelismo astrológico, ya que vendría a representar el fenómeno que se produce tras el solsticio de invierno cuando la elevación máxima del sol sobre el horizonte alcanza su punto más bajo y, durante 3 días (22, 23 y 24 de diciembre), se estabiliza para volver a ganar altura al cuarto. Esta “muerte y resurrección del astro rey” se producía antigüamente (y volverá a producirse) en la parte del horizonte ocupada por La Cruz del Sur, y anuncia el alargamiento de los días y la llegada de la primavera.

La influencia del culto al sol se extiende por casi toda la mitología cristiana. Así, los 12 discípulos se corresponden con las 12 constelaciones del zodiaco por las que se desplaza el sol al cabo del año, y la cruz de la cristiandad es una simplificación pagana de la cruz del zodiaco (el cruce de solsticios y equinoccios, con el Sol en el centro). Todo parece indicar que la religión judeo-cristiana no sería más que una adaptación de la religión de los antiguos dominadores del pueblo de Israel. La cantidad de paralelismos es impresionante.

Más allá de la lección de antropología de las religiones, la idea fundamental de esta primera parte es que los mitos pueden ser utilizados como medio de control social: al igual que otras religiones teistas, el cristianismo fomenta la sumisión ciega a la autoridad, sustituye la responsabilidad humana por la voluntad de Dios, y justifica los actos más atroces si son cometidos en nombre de la fe (Inquisición, Guerra Santa). Marco Aurelio consideró que la doctrina cristiana era peligrosa para el bienestar del Estado, y dictó una ley castigando al exilio a aquellos que trataran de influir en las mentes de otras personas a través del miedo a la divinidad. Sin embargo, y a pesar de haber sido perseguido desde sus inicios, el cristianismo siguió prosperando y acabó por convertirse en la religión del Emperador Constantino I, inaugurando una nueva era de dominio político a través de la religión que duraría 1600 años, hasta que dejó de ser necesaria.

Todo el Mundo en un escenario

En la segunda parte del documental (36′) se de-construye el mito del ataque del 11-S, concluyendo que en realidad las torres gemelas fueron demolidas y que la comisión del 11S se cerró en falso, sin contestar a preguntas como por qué no hay restos de los motores, el fuselaje y la cabina (incluidos los pasajeros) de los vuelos que se estrellaron, cómo es que algunos de los supuestos secuestradores siguen con vida, o qué clase de relaciones comerciales mantienen las familias Bush y Bin Laden.

Esta segunda parte denuncia que el 11S se utilizó para inocular en la población el miedo hacia una amenaza invisible (¿ocupando el puesto de Dios?) y justificar las guerras de Afganistán e Irak, igual que el hundimiento del Maine sirvió para justificar la guerra Hispano Estadounidense de 1898 en donde perdimos las últimas colonias.

Mal que les pese a los creyentes en la Santa Televisión y a los guardianes de la fe, todo parece indicar que el 11S fue una operación bajo falsa bandera realizada por el gobierno de los EE.UU, y que se enmarca dentro de una conspiración mundial que se está desarrollando de forma encubierta para asumir el control absoluto del poder político del mundo, y eliminar las libertades y derechos civiles.

Según parece, el siglo XXI pasará a la historia como el siglo en el que el terrorismo se convirtió en una técnica utilizada por los gobiernos para promover determinados programas políticos impopulares, aprovechando la cohesión social momentánea producida por el miedo y la agresión exterior, tesis principal del libro “La doctrina del Shock”, de Naomi Klein.

Ignore a los hombres detrás de la cortina

La tercera parte (71′) analiza el papel que juegan la creciente creación de deuda y el dinero fiduciario dentro de este plan, y cómo el pánico de 1907, el cual podría repetirse en breve, fue utilizado para imponer a la opinión pública la necesidad de crear la Reserva Federal.

Como Banco Central de EE.UU, la Reserva Federal tiene el monopolio en el suministro de dinero, que presta al gobierno de los Estados Unidos a crédito, generando una deuda creciente que no se puede pagar (salvo con más dinero prestado). También controla la expansión o contracción de la masa monetaria que determina el valor del dinero, y que utiliza para barrer del mercado a empresas independientes y a los pequeños ahorradores, concentrando el poder económico en las manos de los accionistas de la FED, que son los principales bancos estadounidenses. En definitiva, un sistema para someter a los gobiernos, a la economía y a la gente.

Este fraudulento modelo de Banco Central, similar al que motivó la guerra de la independencia contra el gobierno británico, vulnera la propia Constitución de EE.UU y su coste es equivalente a los ingresos que obtiene el Gobierno mediante el impuesto sobre la renta, un impuesto que también fue creado en 1913, que también vulnera la Constitución y que se cobra pese a no fue aprobado con la mayoría suficiente y no está regulado mediante ley o reglamento alguno, como se ilustra en “America: Freedom to Fascism“.

Para acelerar este proceso de apropiación de la riqueza de las naciones, los grandes cárteres de la banca encontraron en la guerra un medio muy eficiente para extender el poder de los grupos económico – industriales de su propiedad. Se pueden obtener muchos beneficios financiando y equipando a las facciones enfrentadas, de modo que se enfrenten en igualdad de condiciones y se prolongue el conflicto, obligando a los contendientes a “echar el resto” para ganar. A lo largo del siglo XX estos grupos incentivaron guerras entre Estados, llegando a la conclusión de que la estrategia más rentable es mantener el conflicto para mantener los ingresos.

Así es como hemos llegado al nuevo concepto de guerra perpetua, que son las guerras del futuro. Diseñadas para mantenerse en el tiempo, no para ganarse. Sólo así se garantizan los beneficios para la industria armamentística y la banca que financia a los contendientes. Sólo así se desestabilizan las zonas de conflicto y se justifica tanto la reorganización política de los países como la construcción de bases permanentes que sirvan de lanzadera para nuevos ataques preventivos. Así fue en Vietnam, y así es en Iraq y Afganistán.

Un tipo de guerra que no sólo se libra contra naciones, también contra ti. Las nuevas leyes para protegernos contra el terrorismo están diseñadas para reducir y recortar los derechos de los ciudadanos, y limitar tu capacidad de respuesta ante lo que se avecina. Mientras, se inunda la sociedad con formas de entretenimiento diseñadas para mantener la mente distraída de lo que pasa, se última la puesta en funcionamiento de Nuevo Orden Mundial.

La guerra contra el terror es la nueva guerra permanente, y sus victimas serán los ciudadanos de los países autoproclamados como democráticos. Gracias al control de los medios de comunicación, se convencerá a la población de la existencia de un enemigo invisible infiltrado, y se la someterá a un estado constante de miedo que permitirá crear la división necesaria para que los propios ciudadanos sean quienes soliciten la implantación de medidas totalitarias que recorten los derechos y libertades de los demás. Un ejemplo de este tipo de medidas está previsto que sea sustituir el DNI por un chip RFID implantado en el cuerpo que servirá para vigilar a la población y, llegado el caso, para borrar la identidad de los elementos considerados subversivos.

Para llegar a este punto, primero es necesario dividir a la población, motivo por el cual se lleva promoviendo desde hace décadas un modelo cultural centrado en resaltar las diferencias individuales, a pesar de que nunca fuimos tan homogéneos. Quienes construyen imperios lo hacen manipulando a los conquistados, de manera que se dividan y enfrenten hasta destruirse mutuamente mientras los instigadores se lucran. “Divide y vencerás”, es el lema.

Este es el futuro hacia el que nos conducen, si es que quieres darte cuenta de lo que está pasando. Un gobierno mundial centralizado y una economía donde cada aspecto de cada individuo será monitorizado y documentado en tiempo real. Un mundo donde el ser humano será despojado de su capacidad para transformar la realidad que lo rodea, de su dominio sobre sus circunstancias y de su bondad innata. Un mundo donde la sociedad es malvada, y donde todo el mundo es un enemigo al que tenemos que enfrentarnos en solitario.

Sin embargo, por mucho que se adoctrine a la población en la televisión y las escuelas, los seres humanos seguiremos compartiendo con nuestros semejantes las mismas inquietudes, y seguiremos necesitando de los demás tanto como ellos de nosotros para nuestra mutua supervivencia. Una interdependencia más fuerte que cualquier diferencia que pueda separarnos. Cuando seamos conscientes como especie de esta gran verdad, la revolución habrá empezado.

Según veo en la página web, en octubre de 2008 se lanzará Zeitgeist II. Espero impaciente poder verlo.

Posteriormente se lanzó también Zeitgeist III

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

El secuestro político de la Soberanía Popular

Aunque“la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (Artículo 1, apartado 2 de la Constitución española), y los ciudadanos tengamos derecho a“participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,” (artículo 23), el único acto vinculante de soberanía que podemos ejercer los españoles es elegir qué partido político nos representará durante los próximos 4 años. El resto de decisiones de Gobierno quedan delegadas en nuestros representantes, y lo llaman democracia.

Parece que a nadie le importe que la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de Gobierno quedara reducida a su mínima expresión en el texto constitucional. Quizá fuera una medida necesaria para proteger la estabilidad de la nueva “democracia” que se estaba desarrollando en España. Sin embargo, hoy en día, dicha medida supone una excesiva dependencia de la ciudadanía respecto a nuestros “representantes” políticos, y convierte a nuestro actual sistema en una democracia de segunda fila.

Los partidos políticos que han gobernado desde la ratificación de la Constitución nada han hecho por desarrollar nuevas formas de participación directa. A sabiendas de que el sistema electoral les favorece y que nada pueden hacer los ciudadanos para controlarlos hasta las siguientes elecciones, la clase política se ha dedicado a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, limitando el desarrollo del país a los periodos (pre)electorales: verdaderos “sprits” dónde los políticos nos bombardean con proyectos que no han considerado oportuno proponer/realizar durante los 4 años anteriores. ¡Que bien nos iría si hubiera elecciones todos los años!.

Los ciudadanos: fuente de la soberanía y de los poderes del estado

Además de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos tenemos el deber de controlar que sus decisiones sirven a nuestros intereses colectivos, una labor que no estamos realizando por diversos motivos. El más importante, a mi juicio, es la falta de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para desempeñar dicho control, aunque no menos importante es la falta de información y de formación necesaria para realizarlo de forma efectiva. Estrategias todas ellas con un único objetivo, neutralizar el control ciudadano, ya que no hay mayor pesadilla para un “político” que una ciudadanía informada y capaz de pensamiento crítico.

No ha sido hasta hace bien poco que el Gobierno ha decidido implementar la recomendación del Consejo de Europa de introducir en el currículo de la enseñanza obligatoria una formación específica que aborde los principios teóricos y prácticos de la Democracia. Una asignatura dirigida a fomentar el pensamiento crítico, a desarrollar las habilidades para defender el punto de vista propio en un debate, a enseñar a valorar las aportaciones de quienes discrepan, y a conocer tanto la organización política del Estado como los derechos que tenemos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, primer paso para defenderlos.

Educación para la Ciudadanía es una asignatura cuyo objetivo es proporcionar a los futuros ciudadanos conocimientos y capacidades suficientes para poder gobernarse por sí mismos, y constituye un importante pilar para una sociedad libre. Por eso, resulta sorprendente que políticos en activo se opongan abiertamente a la implantación generalizada de una formación que tan bien les hubiera venido (a algunos) para desempeñar sus cargos de administradores de la soberanía popular. Sin embargo, esta formación por sí sola no es suficiente si no se disponen de mecanismos adecuados para canalizar la voluntad popular.

La Iniciativa Popular limitada a proposiciones de ley

El más importante mecanismo de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno es la Iniciativa Popular, mediante la cual un número suficiente de electores pueden exigir la consideración política de un determinado asunto público. En España, la única modalidad contemplada de Iniciatica Popular es aquella que permite realizar proposiciones de ley sobre asuntos no relacionados con leyes orgánicas (como, por ejemplo, las leyes que regulan el régimen electoral, la propia iniciativa popular (:O), el referéndum, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el código penal, la educación o la libertadad sindical, por citar algunas de las muchas que hay). Tampoco se puede utilizar para decidir sobre asuntos tributarios o de carácter internacional (Art. 87).

Es triste que no se permita el uso de tan importante mecanismo de participación ciudadana para modificar el ordenamiento político del Estado, ni para exigir la convocatoria de un referéndum sobre decisiones que la ciudadanía considere importantes y que no pueden esperar a los siguientes resultados electorales (como, por ejemplo, una intervención armada).

Además, dado que sólo se insta la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, no existe ninguna obligación por parte de las Cortes de debatir seriamente la propuesta o realizar una contrapropuesta. Así se explica que ninguna de las 55 propuestas de Iniciativa Legislativa Popular presentadas hasta la fecha hayan superado su tramitación parlamentaria (en el buscador del Congreso, seleccionar todas las legislaturas e “Iniciativa Legislativa Popular” en tipo de iniciativa).

La figura del Referéndum no vinculante

El otro gran mecanismo de participación directa de que disponen los ciudadanos es el referéndum, expresión máxima de la voluntad popular. Dicho mecanismo está regulado por el artículo 92 de la Constitución, que en su apartado primero sintetiza muy bien el espíritu paternalista de Carta Magna:“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Por un lado, no se establece la obligatoriedad de someter a referéndum las decisiones de especial importancia política. Por otro, se determina que, de hacerse, el referéndum será consultivo o, lo que es lo mismo, no vinculante.

En el caso de que la palabra referéndum necesitase un adjetivo, el adecuado sería VINCULANTE, adjetivo que no aparece ni en la Constitución ni el la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum. Me pregunto qué sentido tiene solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre un asunto de Estado si no es para acatar la decisión que adopten.

Semejante medida solo se puede justificar desde el convencimiento de que los ciudadanos españoles no sabemos lo que nos conviene, a pesar de que hemos votado afirmativamente a todas las propuestas realizadas en referendo hasta la fecha, haciendo caso a lo que nos dicen los políticos.

Como colofón, el apartado tercero de dicho artículo establece que los referéndum sólo pueden ser convocados por el Presidente de Gobierno, y en ningún caso mediante Iniciativa Popular, por lo que en la práctica es un instrumento que carece de contenido. ¿Quién mejor que los propios ciudadanos, de quienes emanan los poderes del Estado, para convocar un Referendum?.

En inexistente derecho a la revocación de cargos públicos

Aunque parezca una obviedad decirlo, los cargos públicos trabajan para el conjunto de los ciudadanos, no para ellos mismos, ni para empresas privadas ni para particulares influyentes. Afirmo esto porque, a veces, parece que se olvidan de para quién deberían trabajar (Canon, Ley del Libro, Ley del Cine). Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para vetar su labor, al menos en España.

En este sentido, algunos Estados de EE.UU, Canadá y Venezuela han incorporado a los procesos de participación ciudadana la revocación de cargos, que permite a los ciudadanos desposeer de su cargo a cualquier funcionario o representante público. Este derecho, no contemplado en nuestra Constitución, sirve para apartar de la función pública a cualquier persona presuntamente corrupta y/o incompetente, y evita el fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone el transfuguismo, actualmente amparado en el artículo 67.2 de la Constitución.

De existir este derecho, nuestros representantes y los integrantes de la maquinaria del Estado tendrían mucho cuidado con lo que dicen y hacen, estarían más sensibilizados con las inquietudes de sus conciudadanos y nos ahorrarían bochornosos espectáculos como este. A diferencia de la vía penal, no es necesario esperar a juicio ni sentencia firme, y se podrían castigar actuaciones cuestionables que no constituyen un delito, pero que los ciudadanos consideren inaceptables. Es un procedimiento rápido y democrático que mejoraría drásticamente la calidad de nuestros políticos.

Hasta el día en que esto sea posible, deberemos conformarnos con cambiar el sentido del voto en las siguientes elecciones, pero eso no garantiza que la persona en cuestión sea desposeída de su escaño, porque son los partidos políticos los que establecen el orden de sus listas, y dicha medida no afecta a los cargos que son nombrados por nuestros representantes o se obtienen por oposición. No hay manera de deshacerse de un mal Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, o Presidente del Gobierno sin desacreditar al partido que lo nombró (con el que se puede seguir estando de acuerdo a pesar de su equivocada decisión).

Segunda Transición hacia la Democracia

En mi opinión, los padres de la Constitución dejaron en el tintero buena parte del concepto de Democracia. Por tanto, queda pendiente una reforma que desarrolle plenamente los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hasta equipararlos con los mecanismos de representación de que disponemos en España, y con los derechos existentes en los países de nuestro entorno.

Existe en marcha una campaña de recogida de firmas para una “Propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática“. La aprobación de las medidas que recoge la propuesta, que como hemos visto no puede plantearse como Iniciativa Legislativa Popular, abriría las puertas a la Democracia (con mayúsculas) en España y cambiaría nuestra realidad actual casi tanto como lo hizo la Constitución en su día.

Aunque recomiendo encarecidamente la lectura del (breve y claro) texto original, las ideas que plantea se pueden resumir en otorgar más importancia a la iniciativa popular, en cuanto expresión directa de la voluntad popular, permitiendo su uso para:

  • Crear o modificar leyes de cualquier rango, incluidas leyes orgánicas y la reforma constitucional (expresamente prohibido por el Art. 166). También derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento.
  • Ratificar o derogar tratados internacionales, aunque el Gobierno se oponga a hacerlo.
  • Elegir y Revocar cargos públicos.

La reforma también recoge la obligatoriedad de someter a referéndum las propuestas elevadas al Congreso por Iniciativa Popular, pudiendo optar los ciudadanos entre apoyar la formulación original del proyecto, la modificada tras la tramitación parlamentaria (de haberla), o ninguna de las dos. De esta forma se evitaría que, como hasta ahora, se ignorasen las propuestas legítimas del pueblo soberano.

Por último, redefine la figura del referéndum como una consulta vinculante en cuanto expresión directa de la voluntad popular, y se permite su convocatoria en el ámbito local y autonómico a instancia de sus Gobiernos y/o ciudadanos, siempre que el tema consultado entre dentro de las competencias que son propias a dichas instituciones.

Estas propuestas no son sino la concreción práctica de los principios de la Democracia Directa, una forma de organización política más democrática que la actual y que, de implantarse, probablemente enriquecería el debate político, aumentaría la cohesión social, produciría consensos más sólidos y duraderos sobre las normas por las que nos regimos. También mejoraría la gestión del Estado y sus recursos, ya que obliga a los poderes del Estado a justificar más y mejor sus actuaciones, y deja siempre la última palabra en manos de los ciudadanos.

La oportunidad de una vida: Reforma constitucional de 2008

Para poder disfrutar de una Democracia mejor es imprescindible reflejar medidas como estas en la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar una reforma parcial de la Constitución a principios de 2008, coincidiendo con el final de la legislatura. En principio dicha reforma se limitará a la equiparación entre hombre y mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado y a la reforma del Senado, dejando de lado iniciativas para dotarnos de una Constitución que impulse el desarrollo social y económico del país, como las aquí expuestas.

Algunos partidos políticos minoritarios se proponen aprovechar la ocasión para incluir en la reforma medidas como las mencionadas, la reforma del sistema electoral o una mayor separación de poderes, entre otras. Si quieres disfrutar de un país más Democrático tendrás que confiar en ellos, porque ni PP ni PSOE abanderarán jamás cambios de este tipo.

Esta reforma Constitucional es todavía más urgente dado que 1) Se elaboró bajo la supervisión de una dictadura militar y 2) No la han votado más del 67% de los españoles (todos los menores de 47 años, y aumentando cada año). La decisión está en tus manos: Segunda Transición o más de lo mismo. Nos vemos en las urnas.