El camino a la verdad empieza por preguntar el por qué de las cosas

Todo lo que ocurre tiene una causa, la conozcamos o no. Todas las decisiones que toma la gente tienen un motivo, lo compartamos o no. Detrás de cada comportamiento, por muy reprochable que nos pueda parecer, hay una razón, que es la que impulsa la acción. Conocer los motivos que se esconden detrás de cada cosa nos permite valorarlas adecuadamente, y tomar una decisión acertada en cada momento. Por desgracia, no estamos acostumbrados a indagar, ni se nos ayuda a pensar por nosotros mismos.

Dos son los agentes responsables, a mi entender, de la falta de interés generalizada en buscar respuestas por uno mismo: el sistema educativo y los medios de comunicación. Ninguno de los dos ayudan a las personas a desarrollar el pensamiento crítico y autónomo. En vez de eso, la función de estas instituciones se centra en facilitar de forma consistente las respuestas “correctas” (denominadas “conocimientos” o “información”) a todas las preguntas… de forma tan unánime que es difícil cuestionarse su veracidad.

El caso de los medios de comunicación es, quizá, más claro. Nos bombardean con una serie de hechos que supuestamente son representativos de la realidad, pero que ha sido seleccionados editorialmente por su interés (¿interés para quién?), sin indagar en las causas que los provocaron. De este modo, se anula la capacidad de raciocinio y se altera la percepción que tienen las masas de la realidad. Como dijo Michael Crichton, “El reto más grande al que se enfrenta la humanidad es la distinción de la realidad sobre la fantasía, la verdad sobre la propaganda”.

Esta manipulación es posible, en gran medida, gracias a que los sistemas educativos nos han preparado previamente. Dichos sistemas, basados en la transmisión y memorización de información más que en el descubrimiento y el aprendizaje, están diseñados como sistemas de instrucción para prepararnos para el mercado laboral, que ayudan a los alumnos a acostumbrarse a cumplir un horario, a repetir tareas y rutinas de comportamiento, y a aceptar el conocimiento tal y como nos es inculcado por la autoridad.

Desgraciadamente, la educación de nuestro tiempo no es una herramienta para promover la libertad, sino todo lo contrario. En vez de ayudarnos a desarrollar el pensamiento crítico y otros hábitos basados en el auto-descubrimiento y el auto-aprendizaje, mata la curiosidad y atrapa a las personas en una falsa realidad en la que es imposible hacer que las cosas sean como creemos que deberían.

Sin embargo, las cosas que creemos saber no son más que un conjunto de pre-juicios transmitidos culturalmente. Las certezas de “sentido común” se basan, como todas, en unas premisas que pudieron ser correctas en su momento, pero pueden no ser aplicables a nosotros ahora. De ahí la necesidad urgente de aprender a cuestionarse las cosas por sistema.

Por eso, no hay nada más importante para el ser humano que aprender a cuestionar sistemáticamente la validez de toda idea preconcebida, actitud que Sócrates resumió en aquello de “sólo sé que no se nada”. Una vez libres del peso de las verdades de los demás, nuestra razón puede buscar por si misma su propia verdad, la que es válida para nosotros.

La importancia de la ignorancia en la búsqueda de la verdad

El reconocimiento de nuestra propia ignorancia nos permite hacer preguntas de ignorante, que son precisamente las más importantes para comprender la realidad. Curiosamente, este tipo de preguntas son las que los niños suelen hacer a sus padres cuando aprenden a hablar… ¿por qué? y ¿cómo lo sabes?.

Preguntar es una forma de rebeldía contra la realidad, que nace del inconformismo con la situación actual y nos impulsa a conocer los motivos y las causas que hacen que la realidad en la que vivimos sea esta, y no otra. Es un intento de desvelar el mecanismo de funcionamiento de las cosas que experimentamos, ya sea para predecir su comportamiento o para alterarlo.

Sin embargo, lograr este objetivo requiere que profundicemos hasta alcanzar el motivo original que origina cada fenómeno. Como en todo, hay que tirar del hilo hasta llegar al final, sin conformarnos con falsas respuestas que ocultan las verdaderas causas. Para ello, disponemos de una amplia gama de pronombres interrogativos que nos permiten avanzar hasta nuestro objetivo.

Un forma de hacerlo es mediante un diálogo basado en la pregunta, similar al Método socrático aplicado a conceptos concretos. En él, se cuestiona cada afirmación para destapar las premisas que la sustentan, recabar toda la información complementaria que se omite y/o para obligar al interlocutor a concretar su tesis, a fin de poder evaluar su validez, bondad y veracidad, y conocer las implicaciones que lleva asociada. En ningún momento se debe tomar partido por otras alternativas posibles, ni aceptar el sentido común ni razonamientos circulares como base de legitimación.

Por ejemplo, si alguien afirma que la gestión privada de la sanidad es más beneficiosa que la pública cabría preguntarse, al menos, ¿para quién es más beneficiosa?, ¿por qué se cree que la gestión pública es menos beneficiosa? y ¿cómo siendo privada será más beneficiosa?

Cada respuesta plantea inmediatamente otra pregunta, que nos ayuda a reflexionar sobre cosas que sabemos, pero que probablemente nunca nos hemos planteado o parado a pensar. Aunque es poco probable que alcancemos alguna verdad concluyente mediante este método, el proceso suele abrir la mente de los interlocutores a planteamientos que ponen en duda que las cosas tengan que ser de la manera en las que son.

Este hilo de razonamiento, hablando de temas hipotecarios, podría conducir hasta joyas del pensamiento como “¿Me conviene aceptar un préstamo a tipo de interés variable al 2% cuando la escala va de 0 a infinito?” o, “¿porqué las hipotecas son variables (referenciadas al EURIBOR) si el préstamo se materializa en un momento concreto del tiempo?”… “¿No sería más lógico que la hipoteca fuera de tipo fijo equivalente al EURIBOR del momento en que se prestó el dinero?” o, ya rizando el rizo, “¿porqué la felicidad (e incluso la salud) de mucha gente está referenciada al EURIOBOR?”.

Una vez re-aprendido el hábito de preguntar el por qué de las cosas, es difícil dejarlo, ya que es una gran ayuda en la vida cotidiana. Tarde o temprano se empiezan a hacer preguntas cada vez más inquietantes:

Cree a aquellos que buscan la verdad; duda de los que la han encontrado

Alquilar es tirar el dinero, dijo el banquero. “La vivienda nunca baja”, dijo el constructor. La gestión privada es más eficiente, dijo el empresario. España es una democracia, dijo el político. Informaremos verazmente de lo más importante, dijo el periodista. A la luz de esta artículo, los axiomas de la sociedad contemporánea toman un nuevo significado.

Mantener la libertad para decidir por uno mismo requiere un esfuerzo consciente para entender las razones que apoyan unas u otras opciones. Frente a quienes repiten como papagayos bien amaestrados las consignas de otros sin entender sus implicaciones, debemos preguntarnos qué intereses se esconden detrás de cada afirmación.

Desafiar desde la ignorancia lo evidente, la verdad aceptada, es una necesidad muy real en las sociedades modernas. Cuando la gente empieza a preguntarse el por qué de las cosas que les afectan, la realidad empieza a transformarse. ¿Por qué será?…

Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

Introducción a la lucha de clases

Ricardo Llevata escribió (no recuerdo dónde lo hizo, ni quién es, porque este post es del año 2000, recuperado de las profundidades de mi disco duro):

[…] La única riqueza que puede establecer distinciones entre los seres humanos sólo puede proceder de la “transformación” de las materias primas por medio del trabajo, esa es la única riqueza que contiene un substrato “mercantil”. Sólo se pueden vender “mercancías”, no naturaleza sin transformar.

El trigo, la harina, los minerales… son materias primas sin transformar que, pese a representar una mínima parte de la riqueza global (en términos del capital que movilizan), siguen sustentando la economía mundial y a la sociedad en la que se desarrolla… al menos mientras los humanos sigamos viviendo como hasta ahora. La riqueza puede o no crearse, pero la materia no puede: Para hacer un microprocesador de 120 Euros hace falta comprar silicio, bastante más barato, por cierto.

Por lo tanto, tendrían que ser los trabajadores, que convierten un no-valor previo en un valor-mercancía los que se enriqueciesen con su trabajo. Pero ello no es así porque existe algo que se llama “explotación” y que determina que el capitalista “compra” el trabajo asalariado por un valor-precio muy inferior al que su utilización le reporta al vender en forma de precio-mercancía. El trabajo es una mercancía más que, utilizada por los previamente ricos, los enriquece aún más, sin que ello conlleve para los asalariados más que el derecho a una supervivencia, más o menos digna, mediante la nómina.

Esto ocurre porque las personas normales, con una posesión de riqueza limitada, no disponemos de los medios necesarios para la creación de riqueza transformando materias primas mediante nuestro trabajo. Por ello, nos vemos obligados a vender nuestra capacidad laboral a un empresario, capaz de movilizar esos medios de producción, para no morirnos de hambre.

El empresario, que sabe que necesitamos crear riqueza para subsistir pero no disponemos de los medios para tal creación, ofrece empleos como operador de sus medios de producción a cambio de una pequeña parte de la riqueza creada en función de la “participación” que cada uno tiene en el proceso, que incluye la compra de la maquinaria (oficinas, ordenadores, programas, mobiliario, luz, teléfono… ).

Aprovecha que el trabajador se encuentra en inferioridad y le roba, amparado por la legalidad y el orden social, una buena parte del beneficio que le corresponde a este. Sólo la liberalización de los medios de producción (haciendo que todos los trabajadores tengan la misma participación en la empresa, es decir, que la empresa sea de todos los trabajadores y no los trabajadores de la empresa) puede acabar con este orden laboral tan injusto que sigue siendo el mismo (en sus principios básicos) desde la Revolución Industrial, aunque se haya suavizado mediante iniciativas como la co-participación de los trabajadores en la gestión de la empresa o la “Responsabilidad Social Empresarial“.

EL TRABAJO ES LA FUENTE DE TODA RIQUEZA. Pero esa riqueza queda en manos de los capitalistas. Ese es, en esencia y hasta ahora, el funcionamiento del sistema. Y, por tanto, no podrían existir ricos-capitalistas sin pobres-asalariados (¿a quién explotar, entonces?). La Riqueza y la Pobreza son conceptos vivos y concretos que no pueden existir el uno sin el otro. En un modelo social más igualitario, sin explotación, la idea del “rico” resultaría tan absurda como la idea del “pobre”. Sólo se puede ser más rico “que alguien” y, sí no existe el término “pobre”, la idea-comparación de riqueza” pierde toda virtualidad.

En mi opinión, hoy en día es la riqueza la fuente de toda riqueza, puesto que donde no hay riqueza no se puede transformar nada: por falta de medios o por falta de materia prima. La Bolsa sube, pero sólo ganan aquellos que tienen dinero suficiente para invertir en ella; los bancos incrementan sus beneficios, mientras sus empleados malviven subcontratados. En definitiva, es el que tiene la riqueza el que puede movilizar los medios suficientes para crear más, en un torbellino vicioso al que la gente normal no puede acceder con facilidad (el mundo empresarial) o, si lo hace, asumiendo grandes riesgos.

Evidentemente, los términos “rico-pobre”, en cuanto que se refieren a una comparación de los niveles de riqueza, son mutuamente dependientes. Sin embargo, esto no implica que sólo puedan ser ricos unos pocos y pobres el resto. La aplicación práctica de estas ideas podría hacer que la distribución piramidal de la riqueza derivada del capitalismo se trasformara en una estructura elipsoidal más justa (aunque siempre habrá ricos y pobres).

“Sí hay ricos es porque hay pobres. Y lo triste es que los ricos lo son a costa de los pobres. ” (Karl Marx).

Que gran verdad, lástima que nadie haga nada al respecto.

La evasión fiscal causa las desigualdades en el mundo

Habiendo transcurrido la mitad del plazo para alcanzar los objetivos del milenio, Naciones Unidas anuncia que es improbable que consigamos reducir la pobreza a la mitad en 2015. Entre los motivos para el previsible fracaso figura la falta de financiación, ya que sólo 5 países dedican el 0.7% del PIB a este proyecto.

Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Esta cantidad tan sólo representa el 0,54% del PIB de los países donantes, y resulta ridícula (el 16%) si la comparamos con el presupuesto militar anual (1,2 billones de dólares al año en 2007. Por cierto, un 33% mayor que durante la guerra fría).

A la vista de cuáles son las prioridades de los políticos de los países desarrollados para invertir sus presupuestos, ¿de donde sacar el dinero necesario para acabar con la pobreza? La respuesta es sencilla: De los impuestos que dejan de pagar las empresas transnacionales y las personas ricas que utilizan los paraísos fiscales para ocultar su dinero.

El informe anual 2006 de Social Watch señala que, “Si se detuviera la evasión fiscal de los inversores extranjeros y las élites locales, la lucha contra la pobreza podría ser financiada de manera efectiva”. Por su parte, la Red de Justicia Global, en su documento divulgativo “Hacednos pagar impuestos si podéis” (muy recomendable), cuantifica en 255.000 millones de dólares anuales los impuestos que dejan de pagar los “11.5 billones de dólares de la riqueza personal de individuos ricos”, que “se mantienen en […] centros financieros extraterritoriales […] para reducir al mínimo los impuestos o para evitar pagarlos […]”.

Es decir, que si las personas que tienen su patrimonio en paraísos fiscales “pagaran impuestos en los países donde residen […] o donde obtienen sus riquezas, la recaudación tributaria adicional disponible para la financiación de servicios públicos y para la inversión en todo el mundo” sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio… ¡¡¡y en los cálculos no se incluyen las empresas!!!. Queda claro que hay dinero suficiente para arreglar los problemas del mundo. Tan sólo es necesario, como comenta el coordinador de Naciones Unidas en España, voluntad política por parte de los países.

La distribución desigual de la riqueza

En diciembre de 2006 el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas publicó un estudio en el que se concluía que el 2%
más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial
. Ese mismo estudio ilustraba con un interesante mapamundi los niveles de riqueza globales en 2000, que confirman los datos existentes previamente de que el 20% de la población acapara entre el 70% y el 90% de la producción mundial, como ilustra el gráfico.

Esta distribución tan drásticamente desigual es la prueba más palpable de la existencia de mecanismos de transferencia de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos: Los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales causan pobreza

A raíz de la culminación del proceso de Descolonización (tras la Segunda Guerra Mundial) se desarrollaron los actuales canales para facilitar el movimiento ilegal de capitales. Inicialmente ideados para permitir a líderes políticos y empresarios sacar sus fortunas de los nuevos países que iban logrando su independencia de las potencias colonizadoras, hoy en día estos canales sirven por igual para esconder y blanquear el dinero procedente de la corrupción, de actividades ilegales y de la evasión de impuestos en transacciones comerciales.

Estos canales ofrecen, a aquellos que pueden permitírselo, una gran variedad de servicios de planificación fiscal internacional diseñados para mover capitales de forma ilícita alrededor del mundo y evitar (o al menos minimizar) el pago de impuestos aprovechando las ventajas que ofrecen los denominados paraísos fiscales: Desde la exención del pago del impuesto sobre la renta para las personas físicas (Andorra, Mónaco, Somalia, Quatar, Arabia Saudi, Kuwait, Uruguay), hasta impuestos bajos (10% en Macedonia y Bulgaria, 10%-12% en Irlanda) o inexistentes (Bermudas, Emiratos Árabes Unidos) para las empresas.

El auge de la evasión fiscal ha sido tal, que el número de paraísos fiscales ha pasado de unos 25 a principios de los años 1970s hasta los 72 paraísos fiscales reconocidos en la actualidad, muchos de ellos ligados estrechamente, tanto política como económicamente a los países de la OCDE, y en especial al Reino Unido. De hecho, de los lugares identificados como paraísos fiscales, un 19% dependen directamente del Reino Unido (son Dependencias de la corona británica o territorio británico), un 30% son Estados perteneciente a la Commonwealth británica (anteriormente parte del Imperio Británico), y un 10% ex-colonias británicas. En total, casi el 60% están o han estado vinculados con el Reino Unido.

Se estima que el movimiento transfronterizo de ingresos derivados de actividades delictivas, corrupción y evasión de impuestos oscila entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales proviene de las economías en desarrollo y en transición. Según este cálculo, originariamente realizado por Raymond W. Baker, el 3% de esa cantidad anual proviene de la corrupción y un tercio de actividades ilegales. El resto, casi dos tercios, es evasión fiscal.

¿Y esto en qué me afecta a mí?

Los impuestos sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia, tanto la fuga de capitales como la evasión fiscal merman la capacidad estatal para financiar los servicios e infraestructuras públicas, lo cual perjudica seriamente a los ciudadanos de dos formas complementarias.

En primer lugar, porque se traslada la carga fiscal hacia los colectivos sin movilidad internacional, quienes no pueden escapar de las medidas compensatorias que los gobiernos deben adoptar para mantener el bienestar social. Estos colectivos, que deberían pagar menos impuestos que quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, deben asumir la parte correspondiente de los evasores a través de impuestos indirectos sobre el consumo.

Este tipo de impuestos ofrecen a los Estados la posibilidad de controlar fácilmente la recaudación, puesto que su gestión se realiza enteramente dentro del territorio nacional y resultan más difíciles de evadir al amparo de la ley. Por contra, estos impuestos, como el IVA (y próximamente el IBA), se aplican por igual a todas las personas, teniendo que pagarlos incluso a aquellas cuyo nivel de ingresos está por debajo del umbral que exime del pago del impuesto sobre la Renta.

Cuando no es posible compensar el déficit producido por la fuga de capitales mediante impuestos, los gobiernos no suelen tener otra alternativa que recortar el gasto público y privatizar servicios como la sanidad o la educación. De esta manera se excluye a los colectivos que más utilizan estos servicios (mujeres, ancianos y niños) del disfrute del crecimiento económico que les rodea, y se incrementan las desigualdades entre ricos y pobres.

Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran tener una buena oferta de servicios públicos a costa de más impuestos, o pagar menos impuestos a costa de sacrificar servicios sociales. La alternativa que proponen los evasores de impuestos (y el neoliberalismo en general) es que los ciudadanos paguen más impuestos por menos servicios sociales, lo cual supone un fuerte freno para el desarrollo y un ataque directo a la soberanía de las naciones.

En nuestra faceta de consumidores, también nos vemos perjudicados por los paraísos fiscales en la medida en que falsean la competencia en el mercado. Las empresas transnacionales pueden, mediante lo que se denomina transferencia de precios, declarar sus beneficios en la jurisdicción en que se exija pagar menos impuestos y así disponer de más capital para acelerar su expansión. De esta manera, obtienen recursos para competir con ventaja en los mercados locales contra las pequeñas empresas (que no tienen acceso a los paraísos), y se aprovechan de las infraestructuras públicas, que utilizan en sus actividades pero no financian con sus impuestos.

Varias fuentes estiman que la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, a pesar de que estos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial.

¿Y qué hacen los gobiernos al respecto?

La dimensión del problema que genera la movilidad internacional de capital hace necesario abordarlo desde la cooperación internacional, e involucrando a todas las naciones del mundo. Mientras quede un resquicio, el dinero se fugará por él.

Para una lucha eficiente contra la evasión fiscal sería necesario el intercambio automático de información fiscal entre todos los países, y la creación de impuestos globales que, por ejemplo, haga que las empresas tributen por los beneficios allí donde realmente se generan. Para la aplicación de todas estas medidas, sería necesaria la creación de una Agencia Tributaria Internacional.

Desgraciadamente, hasta la fecha todas las iniciativas para luchar contra la evasión fiscal han sido frenadas por la negativa de los paraísos fiscales a cooperar.

Estas jurisdicciones (muchas ni siquiera son Estados), que en su día hicieron de las ventajas fiscales y la opacidad el eje central de su estrategia de desarrollo, hoy en día dependen por completo de los capitales extranjeros que llegan atraídos por dichas medidas.

Dadas sus limitadas posibilidades económicas (generalmente se trata de territorios pequeños, poco habitados, mal comunicados y sin recursos que explotar), y la increíble cantidad de riqueza que genera la industria de servicios financieros que han creado artificialmente, resulta difícil imaginar que tengan interés en cooperar con el resto de la comunidad internacional.

En su lugar, los paraísos fiscales optan por competir entre ellos, ofreciendo ventajas fiscales crecientes para atraer y retener las inversiones de capital, a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas de las que dependen sus economías. Esta carrera a la baja, que llevada a su último extremo acabaría por suprimir los impuestos para los usuarios de paraísos fiscales, no sólo reduce la recaudación fiscal en otros Estados (especialmente los vecinos), sino que desvía las inversiones hacia aquellas economías que más subvenciones ofrecen, dejando de lado los criterios productivos.

En esa misma carrera a la baja también se ven obligados a participar muchas naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. En este caso, no por decisión propia, sino por la presión de organismos supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que condicionan la obtención de ayudas financieras a la aprobación de reformas fiscales que reduzcan los tipos impositivos y hagan “más competitivas” las economías de estos países.

En estos casos, no se trata de crear refugios para el dinero, sino de regularizar y acelerar el expolio que sufren estos países mediante la imposición de un programa político y económico que les es ajeno. A cambio de renunciar a la soberanía sobre su economía, los países receptores de ayudas son recompensados con créditos que acaban generando una creciente deuda externa por la acumulación de intereses, como pasa con las hipotecas.

El ejemplo más sangrante de esta realidad lo constituye el Banco Mundial. Pese a definirse como una organización que ofrece asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente, en realidad obtiene beneficios a costa de los países pobres, como recientemente ha denunciado SocialWatch. Especialmente revelador sobre la verdadera finalidad del BM y el FMI es saber que el objetivo de su programa conjunto de Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados es “reducir a niveles sostenibles la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados”. Ya no es necesario mantener un imperio colonial cuando se puede someter a los países económicamente, de forma indefinida y al amparo de Naciones Unidas, mediante ayudas que acaban por causar más subdesarrollo, en vez de combatirlo.

Estos gobiernos, además, tienen que soportar el chantaje de las empresas transnacionales. Estas empresas, atraídas inicialmente por la situación favorable para la inversión, no dudan en trasladarse a otros países tan pronto como se pueda justificar en términos de rentabilidad, sin importarles los compromisos adquiridos previamente. Por eso amenazan a los gobiernos con deslocalizar sus centros productivos a otros países si no mejoran el trato fiscal que reciben (mediante ventajas fiscales y/o subvenciones). Tanto si cede como si no, el Estado afectado dejará de recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de impuestos.

Queda claro que subvencionar la inversión (ya sea privada, pública, local o extranjera) no es una forma sostenible de hacer crecer una economía. Las actividades que sólo son rentables gracias a las subvenciones que reciben del Estado no sólo no contribuyen al crecimiento económico, sino que lo ponen en peligro.

Receta para un mundo más justo

1. Paga todos los impuestos que te correspondan. Como en todo, hay que empezar con uno mismo y predicar con el ejemplo. En algún momento de tu vida tendrás que someterte a una operación “importante”, de esas que recomiendan hacer por la seguridad social y que no cubren lo seguros privados. Querrás que tus hijos/sobrinos/nietos vayan a una guardería/escuela/universidad, aunque no puedas pagarla. Te irás de viaje por carreteras sin pagar peaje. Tirarás de la cadena… Todos los servicios públicos cuestan dinero: aunque no nos cobren nada al utilizarlos los pagamos con nuestros impuestos.

2. Infórmate. La evasión fiscal es sólo una de los múltiples frentes que anuncian la llegada de un nuevo orden mundial: Una nueva sociedad diseñada por y para una minoría bien organizada, que pretende vivir mejor que nadie a costa de los demás, como en los buenos tiempos (feudales).

Su ideología ya se ha impuesto en las mentes de los futuros oprimidos en la medida en que pensemos en la educación como una forma para “ser competitivos en el mercado laboral”, en comprar una casa “como una inversión, que se revalorizará en los próximos años”, o en la privatización como una solución para “reducir el gasto público y aumentar la calidad y eficiencia del servicio”.

Frente a esta línea de pensamiento se opone el movimiento altermundista, cuyas propuestas, como la Renta Básica o la Tasa Tobin, se basan en ideales opuestos a los del neoliberalismo:“Libertad, igualdad y justicia”.

3. Pasa a la acción. Quien no defiende sus derechos acabará por perderlos, así que tendremos que hacer algo para frenar el desarrollo del mundo que se nos avecina. El cambio ya se inició hace tiempo en la periferia del sistema, donde no nos afecta y difícilmente lo veremos hasta que se haya generalizado.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede invertir el proceso. Por ello es de vital importancia concienciar al prójimo. Ya sea por tu cuenta, o como parte de una de las muchas asociaciones con objetivos afines a nivel local, nacional o internacional.

También es crítico votar a representantes que tengan estos problemas en sus prioridades. No busquéis en los programas de las formaciones políticas mayoritarias, ya que han tenido tiempo para haber atajado el problema, y son las que han permitido que lleguemos hasta la situación actual. Existe una gran variedad de formaciones políticas, de todos los colores y sabores.

No dudes en votar a estas pequeñas formaciones. A diferencia de lo que (erróneamente) creen algunos, no estaréis tirando el voto sino votando por el “verdadero” Cambio. Un cambio de base, no más de lo mismo.

Por último, recordad: Otro mundo es posible… y cada día más necesario. Así que manos a la obra.

La propiedad de las Ideas y el daño que las patentes hacen a la sociedad

En ciertos momentos siento que el mundo, en su infinita complejidad, se vuelve maleable. Que aparecen fisuras en su petrificada superficie y la gente empieza a forzarlas. Primero unos pocos con sus manos desnudas, pronto se incorporan más, y empiezan a traer palancas. Momentos en los que “las cosas dejan de ser como son”, en que las verdades se convierten en opiniones y descubrimos que existen otras formas de hacer las cosas, otras realidades que son posibles.

Quizás es un sentimiento similar al que sintieron los primeros renacentistas, o los hijos de la patria durante la Revolución Francesa. Algo en mi interior me hace pensar que yo también participaré en acontecimientos que cambiarán el rumbo de la historia, y que se estudiaran en las escuelas del futuro. Una revolución que, como todas, enterrará un sistema que se basa en la desigualdad y la injusticia y que, de completarse, cambiará el destino de la humanidad.

La víctima, esta vez, será la filosofía capitalista, y todas las herramientas que ha creado para perpetuarse a costa de la sociedad en la que habita. Una de estas herramientas es la legislación sobre “propiedad intelectual”. Ámbito donde se ve claramente el divorcio entre los capitalistas y la sociedad, y donde la lucha ya ha comenzado.

Invertir en ideas

Todo el mundo ha oído hablar de las patentes. Se supone que sirven para proteger a los inventores y fomentar el desarrollo tecnológico. Seguramente en sus inicios, en torno a siglo XVII y XVIII, así fuera. Sin embargo, hoy en día el sistema se ha pervertido, y se utiliza para fomentar todo lo contrario.

Las patentes se diseñaron para proteger soluciones nuevas a problemas técnicos, es decir, diseños concretos. Se puede patentar el diseño de un cepillo de dientes, pero no el “cepillo de dientes”. El problema es que esta distinción es cada vez más difusa, y los grandes patentadores tienen, cada vez más, a solicitar patentes genéricas, más cercanas a la idea de “cepillo de dientes” que al caso concreto de un “cepillo de dientes”

El motivo de esta tendencia es, a mi entender, claro: Reducir la competencia. Los grandes intereses privados no se cansan de difundir su mensaje de lo bueno que es el sistema capitalista, de la riqueza y bienestar que ha generado, mientras poco a poco van eliminando los mecanismos encargados de controlarles, que impiden que expolien a sus anchas a la sociedad. Uno de esos mecanismos es la libre competencia.

Al fin y al cabo, la propiedad industrial/intelectual es un monopolio que concede el Estado al inventor/autor basado en el “supuesto” interés público de promover la difusión de dicha tecnología/información. Su carácter monopolístico es precisamente lo que les confiere valor económico, ya que el Estado otorga protección legal a los autores/inventores y pone a su disposición todos sus recursos para preservar el derecho de estos a excluir a otros del uso del producto/proceso patentado o la obra protegida.

Esta protección, que puede parecer positiva, en realidad no beneficia a nadie. En primer lugar, se ralentiza el proceso de innovación, dado que hay que rentabilizar al máximo la inversión realizada en I+D, haciendo que se sigan utilizando tecnologías obsoletas en detrimento de otras mejores y más novedosas, al menos hasta que finalice la concesión de la patente más vieja.

Por otra parte, burocratiza la innovación al hacer necesario un buen asesoramiento legal para no infringir alguna patente. También hace posible que empresas con los recursos suficientes puedan ahogar el esfuerzo de los pequeños innovadores en juicios que, además, sobrecargan el sistema judicial.

Dado que las oficinas de patentes no hacen mucho por comprobar la legitimidad de las solicitudes que reciben, aceptando casi cualquier cosa, no es de extrañar que exista un alto número de patentes activas, suficientemente ambiguas como para que, sea lo que sea lo que se comercialice esté garantizado que se infrinja alguna patente.

Si una empresa logra tener suficiente éxito no pasará mucho tiempo hasta que otros intenten aprovecharse, como pasó en el caso Blackberry.

Las patentes, ya sean de software, biotecnología o cualquier otra índole, privatizan el conocimiento, acentuando las desigualdades sociales y geográficas. Son armas para la guerra comercial internacional; sinónimo de mayores costes y menor calidad para los consumidores. Por eso es fundamental frenar su desarrollo.

En estos momentos, la legislación europea no permite patentar ideas, motivo por el cual en Europa no se producen casos como los de EE.UU. Sin embargo, nuestros políticos, que supuestamente defienden los intereses de la ciudadanía, están determinados a actuar en contra de los mismos intereses que se comprometieron a defender.

Durante años se ha estado intentando aprobar en el Parlamento Europeo leyes similares a las norteamericanas para extender el ámbito de aplicabilidad de las patentes. Leyes que, de aprobarse, sólo añadirán trabas a la competitividad en mercados que funcionan perfectamente sin ellas y que, además, representan sectores críticos para la competitividad Europea (precisamente por no estar regulados). Si queremos un futuro asequible para todos será mejor que nos aseguremos de que las patentes no se extiendan a nuevos ámbitos de aplicación (biotecnología, software) . Estemos atentos, porque los partidarios de la patentabilidad volverán a intentarlo.

¿Por qué los libros de texto todavía no son gratis?

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hay planteada una contradicción entre lo que debería ser y lo que es. El Artículo 27.4 es bastante contundente:“La Enseñanza Básica es obligatoria y GRATUITA.”

Si bien es cierto que en los centro públicos la matrícula es gratuita, no lo es menos que para la educación se necesitan libros de texto. Afortunadamente para los padres de hijos en edad escolar, recientemente ha entrado en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas que ha acabado con la aplicación al libro de texto de las extrañas limitaciones que siguen vigentes para mayoría de libros. Concretamente, el precio fijo de venta al público que debe establecer el editor y el descuento máximo del 5%.

Esta nueva ley ha desatado una guerra de precios sin precedentes en este sector que, según los datos de la Federación del Gremio de Editores de España, es el primero por volumen de facturación (24,4%) y el segundo por volumen de ejemplares editados (17%), sólo por detrás de la literatura (datos correspondientes a 2006). También es el sector editorial que mayor número de novedades lanza cada año (el 23,6% del total), lo cual probablemente esté relacionado con la sospechosa velocidad con la que pierden su “vigencia” dichos libros, que “hay que cambiar” al cabo de uno o dos años, y no el mínimo de 4 que prevé la ley. En mi opinión, las editoriales de estos libros llevan demasiado décadas lucrándose de los indefensos ciudadanos.

Además de la nueva ley, los gobiernos autonómicos acuden puntualmente a la cita de todos los años con 135 millones de euros (2006) para subvencionar la compra de los libros y hacer más soportable (económicamente) la vuelta al cole. Una cantidad enrome de fondos públicos que, cada año se desvían para seguir enriqueciendo a empresas privadas en vez de dedicarse a hacer innecesario que nadie tenga que pagar por ellos (ni el Estado ni los consumidores).

Hasta ahora, las mayoría de soluciones propuestas (ayudas directas en forma de becas y libros subvencionados por el Estado) pasan por perpetuar la situación, protegiendo los intereses de las grandes editoriales, que se aferran a un jugoso mercado de 738 millones de euros (curso 2006-2007) [698 millones de euros (curso 2005-2006)] donde, todos los años, los clientes SE VEN OBLIGADOS a comprar unos libros cuyo precio [controlan] controlaban. Ya hemos soportado bastantes abusos, así que va siendo hora de que el Gobierno detenga la sangría a las arcas del Estado y ponga un poco de cordura en el sector de la educación, sector tan estratégico como la energía o las telecomunicaciones.

En este sentido, una iniciativa muy interesante es la que en 2003 inició la Xunta de Galicia con el préstamo de libros, que ha ahorrado mucho dinero para pesar de los editores y libreros. Sin embargo, creo que se debería ir un paso más allá y convocar un concurso público para escribir los libros de texto en el que puedan participar profesores, profesionales de la educación y especialistas en las áreas de conocimiento concreto (matemáticas, historia, lengua…), bien por separado o formando grupos.

En una primera fase el Ministerio de Educación se encargaría de dividir los contenidos curriculares de cada asignatura de cada curso en bloques cerrados de conocimientos (los temas de los libros) y abrir un amplio periodo de inscripción al concurso público en el que los participantes estuvieran informados del número de inscritos para cada tema en cada materia de cada curso. Para incentivar la participación, los trabajos seleccionados serían premiados con 30.000€ a cambio de ceder los derechos de autor al Estado, quizás un precio desorbitado si tenemos en cuenta que los libros de texto comerciales de EP y ESO tienen una media aproximada de 15 páginas por capítulo. No obstante, sin duda el alto incentivo redundará en una mayor cantidad y calidad de los trabajos presentados.

Un tribunal seleccionará aquellos trabajos que se adecuen a los contenidos de la materia y al curso, presenten una mayor claridad expositiva y demuestren con más claridad que han sido elaborados íntegramente con contenidos desarrollados por el autor y/o libres (hay una gran cantidad de contenido libre en la Wikipedia). Dichos trabajos serán refundidos para crear los libros de texto, y revisados para corregir cualquier inconsistencia que pudiera confundir al alumno. Al ser copyright del Estado, podrán ser distribuidos bajo una licencia de Documentación Libre que reúna las siguientes características:

  1. Que permita el libre uso de los documentos
  2. Que permita la libre distribución y copia de los mismos.
  3. Que permita a terceras partes la modificación de los documentos, y que dichos trabajos derivados se distribuyan bajo los términos de la misma licencia.

Una licencia como, por ejemplo, la Licencia de Documentación Libre de GNU o la licencia Reconocimiento-CompartirIgual de CreativeCommons.

El Ministerio de Educación publicaría cada año, aproximadamente en otoño, una versión oficial de los libros de texto que podría ser modificada y mejorada por las comunidades autónomas para ajustarse mejor a las características específicas de cada lugar, y estas versiones modificadas, o el original, podrían volver a ser modificadas por cada centro escolar para ajustarse a las características de su proyecto educativo. Al tratarse de versiones modificadas deberán ser publicadas bajos las mismas condiciones que los originales y nada impedirá que las mejoras de versiones modificadas sean incluidas en la revisión de la versión oficial del siguiente año, corrigiendo los errores rápidamente y entrando en un ciclo cerrado de constante mejora del material curricular.

Evidentemente habría que distinguir entre la versión oficial del Ministerio de Educación y Cultura, las versiones oficiales modificadas de la Comunidades Autónomas y las versiones modificadas por organismos privados (colegios, editoriales). Cada centro deberá velar porque los libros de texto que elija no se desvíe del curriculum común establecido para los alumnos, teniendo siempre la opción segura de optar por la versión de la Comunidad Autónoma.

La publicación del original y subsiguientes modificaciones deberá hacerse en un formato electrónico que permita la distribución de la información por medios telemáticos y la reproducción y modificación de los textos sin necesidad de recurrir a programas comerciales. Una buena opción es el formato OpenDocument Text incorporado por defecto en la suite ofimática OpenOffice.org, que se puede descargar gratuitamente y permite firmar digitalmente los documentos. De esta manera podremos saber si el texto que tenemos ante nosotros es oficial o modificado.

Una vez instaurado este modelo, los costes de los libros de texto se limitarían a su impresión, que puede correr a cargo de los centros educativos y se puede subvencionar desde el estado. Las editoriales también podrían sacar ediciones de estos libros, e incluso versiones modificadas de los mismos (¿quién se lo va a prohibir?), pero a un precio competitivo comparado con el “Hágaselo usted mismo”.

Lo mejor de todo es que estos mismos libros de texto se podrían utilizar en todos los países hispanohablantes, previa adaptación de algunos contenidos a la realidad de cada sitio.

Hablemos de cifras

Un proyecto de esta envergadura en perfectamente asumible con el presupuesto y recursos del Estado. En la Educación Primaria Obligatoria, se imparten 5 asignaturas en el primer ciclo (Conocimiento del Medio, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Religión/estudio), ya que en educación física no es necesario y 6 en el segundo y tercer ciclo de EP (se añade Lengua Extranjera).

En los tres primeros años de Educación Secundaria Obligatoria encontramos que se necesitan desarrollar 13 libros: 9 para las asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música, Religión/Actividades Alternativas) más 4 para cada una de las asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera, Procesos de Comunicación, Taller de Matemáticas y Taller de Artesanía) además del correspondiente a Lengua y Literatura de las CC.AA, que debería ser desarrollado por cada comunidad. Un Total 15 libros.

Para el último curso de la ESO el número de libros necesarios aumentan ya que a las 5 asignaturas troncales que necesitan libro (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ética, Religión/Actividades Alternativas) hay que añadir el de Lengua y Literatura de las CC.AA (de nuevo responsabilidad de las comunidades), 7 de asignaturas de elección (Matemáticas A y B, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Tecnología y Música) y, al menos, 2 más correspondientes a asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera y Cultura Clásica). Un total de 14 libros.

No obstante, existen 13 optativas más para las que se podría necesitar desarrollar un libro, si bien el hacerlo no parece un asunto tan prioritario. Estas optativas son: Una materia de Inciación Profesional, Taller de Astronomía, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Coral, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y Activa, Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural, Energías Renovables y medio Ambiente, Botánica Aplicada, Papeles Sociales de Mujeres y Hombres, Informática y Materias diseñadas por el Centro).

En definitiva, estamos hablando de 93 libros (+13 adicionales) para toda la educación obligatoria de los futuros ciudadanos. Tras un breve estudio, no necesariamente representativo, de los libros de texto existentes en el mercado he encontrado que la media de capítulos de los libros de EP y ESO es de 12 y que el número medio de páginas de estos es de 14 (± 5). Estos valores, lejos de buscar la exactitud, pretenden ser orientativos para el cálculo que viene a continuación

Con los 135 millones de euros de ayudas del estado a libros de texto, repartidos entre los 1152 capítulos a desarrollar, se podría dotar de un presupuesto de 117.187,5 euros para desarrollar cada capítulo… ¡Si es que hay dinero hasta para imprimirlos! ¡Y por el coste de las subvenciones de un sólo año!.

¿Imposible? Ya existen antecedentes

Gracias a una iniciativa muy parecida Extremadura, una de las regiones más pobres de la Unión Europea, ha logrado pasar del subdesarrollo tecnológico a convertirse en referencia de desarrollo de la Sociedad de la Información, llevando Internet a todos los hogares e instalando un ordenador por cada dos estudiantes en las escuelas.

Evidentemente, en Extremadura no disponían de los fondos necesarios para pagar licencias de sitemas operativos y herramientas ofimáticas propietarias (como pasa con los libros de texto), así que invirtieron un 10% de gasto que habría supuesto esta solución en crear su propio sistema operativo con herramientas compatibles (gnuLinEx), impartir cursos de formación y hacer copias para distribuir gratuitamente entre la población. ¿A qué esperan los políticos para hacer lo mismo con los libros de texto?