El Gobierno provoca la rebelión de los controladores para jodernos el puente

Cuando un Gobierno en crisis decide llevar a cabo el programa electoral de la oposición no hay nada como organizar una gran cortina de humo para desviar la atención de este pequeño detalle, aprovechar para convertir en chivo expiatorio a un colectivo que es un obstáculo para sus planes, y lograr que la muchedumbre les aplauda por “resolver” enérgicamente la crisis que ellos mismos han creado. Esto es precisamente lo que ha hecho el ministro de Fomento, José Blanco, con la inestimable colaboración de todos los medios de comunicación relevantes del país, que necesitan más que nunca los ingresos de la publicidad institucional para mantenerse a flote.

La mala gestión causa el conflicto

El Gobierno, a sabiendas de cuál sería la reacción, decidió publicar el día en que se iniciaba el puente de la Constitución un Real Decreto por el que se modificaba unilateralmente -y sin preaviso- las condiciones de trabajo de los controladores aéreos. Podía haberlo publicado cualquier otro día -por ejemplo, el lunes 13- para que tuviéramos el puente en paz, pero la ocasión era perfecta y, además, ya no quedaba tiempo.

El 14 de abril se publicó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo […], en la que se establecía originalmente que:

Disposición adicional cuarta
2.
Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad dejarán de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio de esas funciones […]

Esta situación se corrigió el 24 de Octubre (más de 6 meses después), a la vista de que no era posible prescindir de los controladores mayores de 57 años (en torno al 4,5% del total); pero, para entonces, el resto ya habían realizado demasiadas horas extra para suplir estas bajas, y los controladores retirados por el Gobierno no se encontraban en condiciones de reincorporarse rápidamente. Es más, muchos de ellos podrían perder su habilitación para controlar el tráfico aéreo por no haber ejercitado las atribuciones de la licencia durante un número mínimo de horas durante los 12 meses anteriores, tal y como establece el Artículo 11.1.a de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

A la vista está que la mala gestión del Gobierno ha reducido la disponibilidad de horas de control aéreo, poniendo en peligro la continuidad del tráfico. Por suerte esto es España, y aquí sabemos que los problemas se solucionan apretando las tuercas a los trabajadores, que es precisamente lo que parece que está haciendo AENA al ver que las horas y controladores disponibles no son suficientes. De hecho, el pasado día 29 de noviembre se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Santiago de Compostela porque todos los controladores que tenían que acudir a trabajar habían cumplido el máximo de horas que permite la ley.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni por esas iba a ser posible garantizar el control del tráfico aéreo hasta el fin del año, se preparó otro real decreto para sacarse de las manga las horas que faltaban. Así, en el Real Decreto publicado el pasado viernes se dice que:

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.

Esta redacción es claramente contraria a la del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que dice:

Art. 13. Imaginaria.
2. El periodo de imaginaria no computará como actividad aeronáutica si se realiza fuera del lugar de trabajo. La imaginaria realizada en el lugar de trabajo computará como actividad aeronáutica aún cuando el controlador no sea convocado para la realización de actividad operacional […].

En resumen, que antes las guardias en la torre o el control eran horas de actividad aeronáutica (aunque no dirigieras el tráfico aéreo, hay que estar allí por si acaso) y ahora ya no lo son… y parece que este cambio se pretende aplicar retroactivamente a todo el año 2010. ¿Qué te parecería que tu empresa, por que sí y después de meses presionándote, de haberte subido un 40% las horas de trabajo y bajado el sueldo un 25%, decidiese modificar -de nuevo- tu horario unilateralmente y sin siquiera consultarte, asignándote una serie de horas que creías que ya habías trabajado (y que no son ni extra, ni voluntarias, ni remuneradas) porque resulta que han echado a demasiada gente, y ahora no sois suficientes ni hay tiempo de contratar a nadie? ¿Cómo reaccionarías?

Lo que defienden los controladores son derechos laborales básicos

La Constitución establece que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” (Art. 37.1 CE). Esto, obviamente, también es de aplicación a los controladores aéreos como trabajadores de una empresa pública que son, e incluye su derecho a la huelga y a renunciar a su trabajo con indemnización si se modifican sustancialmente las condiciones pactadas. De hecho, al menos 180 han pedido la rescisión de su contrato desde febrero.

Por tanto, aunque me parezca injustificable el cierre del espacio aéreo español, tengo claro que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento arrinconar a los controladores al borde del precipicio para que ellos mismos salten al foso de los cocodrilos, y el resto de la población podamos darnos un festín con sus entrañas. Como ya he dicho, en tiempos de crisis no hay nada mejor que un chivo expiatorio, y los controladores han caído en la trampa (y cavado su propia tumba, en la que -por cierto- hay sitio para el Gobierno).

Hay que reconocer que no han tenido muchas alternativas… ¿que haces cuando tu empresa no tiene voluntad, ni necesidad, de negociar nada; modifica retroactivamente tu convenio colectivo mediante decreto ley y establece servicios mínimos de casi el 100% si haces huelga?. Pues a priori sólo parece que haya dos opciones: o se largan o tragan una vez más, demostrando que no tienen ninguna capacidad para doblegar al Gobierno. Tan inexistente es su capacidad de negociación que antes del viernes ya habían perdido prácticamente todos los privilegios obtenidos en 1999, gracias a la docilidad del Ministro que negoció con ellos el primer convenio colectivo.

Entonces, ¿por qué se reacciona tan virulentamente contra una medida que parece mucho menos mala que otras ya adoptadas?. Si no ha habido este nivel de contestación cuanto les han bajado el sueldo un 40% y subido -simultáneamente- las horas de trabajo un 25%, ¿por qué lo hay ahora cuando “sólo” se cambia la forma de contabilizar determinadas horas de trabajo? ¿y por qué se reacciona de una forma tan incontrolada?. Al fin y al cabo… ¿quién, en su sano juicio, se jugaría un trabajo fijo con sueldo de seis cifras -para el que no faltan candidatos/as-, y unos supuestos privilegios que tanto ha costado conseguir, por esta pequeñez cuando se expone a que le despidan disciplinariamente y le metan en prisión hasta 8 años?

¡Si con lo que se supone que cobran se pueden retirar de todos modos en tres!… por que no aceptar que les alarguen un poco más las jornadas de tocamiento testicular en el centro de control ¡total, si -como dicen por ahí- no dan ni palo al agua!. Además, después de lo que les ha costado conseguir esta bicoca, por qué iban a optar por una forma de protesta en las que se arriesgan a perder el trabajo y acabar en la cárcel. ¿por qué iban a saltar nadie de esa forma al foso de los leones?.

Para esta última pregunta no tengo respuesta, pero tengo claro que -independientemente de cual sea- cualquiera que esté dispuesto a asumir un riesgo así se encuentra desesperado, o es incapaz de calibrar los riesgos que asume. Ambas circunstancias me parecen claramente incapacitantes para dirigir el tráfico aéreo, así que me alegro de que se fueran a casa el viernes… no sea que con el disgusto del controlador tengamos un accidente.

Es más, creo que debería cesarse el linchamiento inmediatamente porque estamos provocando que los controladores rompan definitivamente la baraja. Si tu empresa recurre al mobbing para que tragues todos los recortes de las condiciones de trabajo que te impongan, y pone a la opinión pública en tu contra, de modo que todo el mundo te odia, insulta, se burla de tu “estrés” e incluso pueden llegar a agredirte… ¿cuanto tiempo aguantarías antes de mandarlo todo a la mierda por-mucho-que-cobres?

Como dice Rubalcaba, “Quien le echa un pulso al Estado, pierde[1]. Los controladores ya han perdido, lo único que les queda por hacer es renunciar masivamente sus empleos, lo que paralizaría el espacio aéreo durante meses -porque no hay sustitutos- y hundiría la economía española. No creo que les falten ganas de hacerlo, pero dudo que lo hagan porque creo que todavía les importa algo el bienestar de quienes les atacan sin motivo. Creo que ya se les ha exigido bastante en 2010: démosles una tregua y ayudémosles, porque lo necesitan.

Se enfrentan a un Gobierno que cree que puede regular los convenios laborales por decreto ley, con efecto retroactivo y justo al inicio de un puente. Si por un momento pudiéramos abstraernos de que -en esta ocasión- las víctimas son odiosos controladores, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente pasa. El Gobierno se salta la Constitución para imponer cambios en el convenio colectivo, se salta la ley para declarar el estado de alarma cuando los cambios no cuelan, y se salta la ley para hacer que el ejercito obligue a trabajar a los controladores… y la gente aplaudiendo. Divide y vencerás, primero los controladores y luego ya veremos.

Tolerar este modus operandi sienta un peligroso precedente que se puede aplicar a cualquier otro sector -quizás el tuyo-, y coloca al Gobierno por encima de la Constitución y de las Leyes del Parlamento. No se puede someter a civiles a la jurisdicción militar sin declarar antes el Estado de Sitio (art. 117.5 CE), no se pueden regular mediante decreto ley derechos laborales garantizados por el Estatuto de los Trabajadores, y no se puede ser tan tonto como para que te importe más coger un vuelo y/o “ajustar cuentas” que todo esto.

A mucha gente le encanta comparar a los controladores con los médicos, y preguntarse si nos gustaría que te quedases sin operar porque se declarar en huelga. Es evidente que a nadie le gustaría; por eso mismo, antes de llegar a ese extremo y que me pille en el quirófano, si veo que el Gobierno se está saltando la ley para presionar a los médicos, me alinearé con ellos en vez de insultarles y tirarles piedras. No vaya a ser que no queden cuando necesite uno.

Quizás los controladores no deberían ser trabajadores, sino funcionarios públicos con sus derechos restringidos -al igual que los cuerpos de seguridad del Estado- porque gestionan un recurso estratégico del país. Sin embargo, mientras el Parlamento no cambie su estatus jurídico, sus relaciones laborales seguirán rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les puede obligar a trabajar, porque no son nuestros esclavos, ni tampoco se puede dejar sin aplicar el régimen disciplinario, porque lo que han hecho es una cosa muy grave.

No obstante, quisiera señalar que cuando la justicia no funciona y el Gobierno se salta las leyes y la Constitución, la única alternativa que queda es la desobediencia civil. Ambas partes han actuado mal en el conflicto, pero si tengo que tomar partido, lo haré en función de lo que hacen y no de si son unos privilegiados o representantes electos: si un empresario lucha verdaderamente por defender la Constitución (aunque sea esta), será mi aliado; mientras que si es un familiar quien la vulnera, será mi enemigo… esa es la única distinción importante.

Sobre sueldos, privilegios y productividad de los controladores

En un país donde el deporte nacional es la envidia, y el segundo deporte nacional es comer sin rechistar toda la mierda que se le sirva a uno, no es de extrañar que cualquier trabajador que tenga un sueldo digno, jornada “supuestamente reducida” y un sindicato fuerte que protege sus derechos sea objeto de mofa y desprecio. Una de las muestras más claras del atrofiamiento mental del español medio es la obsesión de igualarnos por abajo: en vez de aspirar a vivir como controladores, aspiramos a que los controladores vivan como nosotros… hay que ser tontos.

Es más, hay que ser doblemente tontos, porque todo el mundo tiene envidia de un trabajo al que sólo le veo pegas, y se habla de unos supuestos privilegios que yo no veo por ninguna parte. ¿Quién querría un trabajo en el que…

  • Para conseguir el puesto tienes que pasar un riguroso proceso de selección de que sólo supera el 3% de los candidatos, y una formación eliminatoria que dura 21 a 24 meses y cuesta 45.000€.
  • Tienes que tener plena movilidad geográfica para que te trasladen a donde hagas falta, sin opción a oponerte.
  • Trabajas a turnos, con lo malo que es para la salud y para la vida social.
  • Tus vacaciones, permisos y licencias están supeditadas a garantizar la seguridad, eficacia y continuidad de la prestación del servicio. Tu horario del mes que viene no lo conoces hasta 10 días antes, y está sujeto a cambios de última hora y, en tus días libres, tienes que estar disponible para presentarte rápidamente en el centro de control si se requiere tu presencia.
  • Tienes que pasar cada 12 meses un estricto control médico para mantenerte en el puesto. Si no lo pasas (por tener alto el colesterol, por ejemplo), suspendido o a la calle.
  • Si, por lo que sea, no puedes ejercer suficientemente tus funciones en un periodo de 12 meses (embarazo, accidente) quedas inhabilitado hasta que superes un curso de readaptación.
  • Tu convenio colectivo lo redacta el Gobierno mediante Decreto Ley, a ti ni te consultan.
  • Eres responsable de miles de vidas todos los días: un error tuyo puede matar a mucha gente?
  • Pagas más del 40% de tu sueldo en concepto de IRPF?.

Pero no todo son pegas, porque candidatos no faltan. El sueldo, por ejemplo, está muy bien… aunque nadie sepa exactamente cuanto es. Esto no impide que se manejen cifras entre 200.000€ y 240.000€ al año de media. O, lo que es lo mismo, entre 1€ y 2€ por trayecto y pasajero, ya que sus sueldos se pagan con parte de las famosas tasas de los billetes de avión.

A mi esto no me causa ningún problema porque creo que su trabajo lo vale, y porque -como asalariados que son- sé que no tienen posibilidades de evadir impuestos (a diferencia de otros muchos), así que el 40+% de lo que cobran se lo queda el Estado. Pero si realmente los costes laborales son tan elevados, bastaría con contratar suficientes controladores para no tener que pagar horas extra a precio de oro. Porque -no nos engañemos- el verdadero problema es que hay pocos controladores: insuficientes para gestionar creciente el tráfico aéreo; y el responsable directo -o indirecto- de que esto sea así es AENA (el Gobierno), que es quien establece los criterios de selección y el número de plazas que se ofertan cada año.

Hay gente que afirma que esto no es así, que los controladores bloquean el proceso de incorporación para que no entren más y poder hacer más horas extra (como máximo 80), que prefieren ganar más dinero que tener tiempo para disfrutar del que ya cobran. No me lo creo, porque es lo mismo que sostener que los mismos empleados que ahora vemos como se tragan los Reales Decretos del Gobierno, uno de tras de otro, han ejercido el control de una empresa pública durante años, sin que el Gobierno hiciera nada. Si los controladores tuvieran semejante fuerza, nunca se habrían aceptado los cambios introducidos este año. Me parece más lógico pensar que AENA restringe artificialmente la incorporación de controladores en la ya conocida estrategia de generar déficit y disfunción para justificar la privatización.

¿Por qué AENA no convoca más plazas, recluta personal con la licencia comunitaria de controlador de transito aéreo, usa controladores militares y/o cierra aeropuertos de mínima actividad para trasladas aumentar el número de controladores disponibles? Si el Estado puede militarizar los centros de control civiles, ciertamente podría -si quisiera- hacer estas cuatro sencillas cosas -fuera del alcance de las supuestas mafias sindicales- para ahorrarse esas horas extras que hay que hacer cuando hay más trabajo que recursos para hacerlo.

Otra cosa que se les critica es el horario: ¡sólo 32 horas semanales de actividades aeronáuticas!. Claro que a esas hay que añadirle los primeros minutos de traspaso del tráfico aéreo, que no se contabilizan como horario (+1 hora más a la semana), además de todo lo que no es control aéreo. También hay que realizar formación continua obligatoria, preparación de informes/incidencias, las guardias (excepcionalmente, hasta 40h cada 6 días), etc… Vamos, que dudo mucho que los que trabajen en una torre con tráfico aéreo hagan menos de 40h semanales.

También se les acusa de ser un grupo endogámico cuando sólo el 9% de ellos están emparentados entre sí… como si en otros gremios no hubiera familias enteras que comparten profesión (abogados, médicos farmacéuticos), o los familiares no tuvieran que pasar las pruebas físicas, psicológicas, de conocimientos y de ingles como todo el mundo. Otra cosa imperdonable es que el 97% están afiliados a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). En algún momento nos metieron en la cabeza que estar sindicado es algo malo, y somos incapaces de ver su cohesión [2] como ejemplo de lo que pueden lograr los trabajadores unidos .

Por último, también se les achaca que tienen la más baja productividad de Europa, pero cómo no van a tenerla si España está llena de aeropuertos sin tráfico aéreo donde hay más controladores que destinos: Córdoba (0 destinos), Sabadell (0), Son Bonet (0), Albacete (1), La Gomera (1), Logroño (1), Vitoria (1), Badajoz (2), El Hierro (2), Pamplona (2), Salamanca (2), San Sebastian (2), Huesca-Pirineos (4), Burgos (5), Jeréz (5), León (6), Menorca (6), Valladolid (6), Vigo (7), F.G.L. Granada-Jaén (8), A Coruña (8), Santander (8).

Todas estas torres de control necesitan controladores, así que la distribución de la carga de trabajo es muy desigual: mientras los controladores en los puntos calientes están desbordados, otros disfrutan de la vida en provincias. Así, frente a las 435.817 operaciones anuales de Barajas, la mediana de operaciones por aeropuerto en 2009 fue de 17.528 anuales, es decir, 46 por aeropuerto y día. Por tanto, la baja productividad de los controladores no es culpa suya, sino una característica de sistema aeroportuario causada por la proliferación de aeropuertos con poco tráfico, y cuya viabilidad económica depende de que los grandes aeropuertos financien su déficit con los beneficios que generan. Si no hay vuelos, no se puede ser productivo; otra cosa es que ese deba ser el único criterio por el que se abra o cierre un aeropuerto.

Conclusión: Adiós democracia

Sinceramente, me preocupa el entusiasmo con la que la mayoría de personas apoya el linchamiento -promovido por el Ministro- de un colectivo que está defendiendo derechos laborales básicos ante un Gobierno que lo que mejor sabe hacer es mentir, saltarse las leyes, y utilizar a la opinión pública como arma en un conflicto que ha promovido para ocultar la privatización de las pocas empresas públicas rentables que quedan.

Es digno de una socieda prefascista que la gente aplauda las medidas de fuerza manifiestamente ilegales que se aplican contra un colectivo para “solucionar” un problema que ha creado y desencadenado el propio Gobierno, al más puro estilo “quema de Reichstag“. Mucho me temo que la “democracia” será un breve paréntesis en la historia de España con esta sociedad tan fácilmente manipulable, tan entregada al Gobierno y al autoritarismo ante el más mínimo contratiempo, y tan incapaz de ver que lo que está en juego es mucho más que poder coger un avión.

Aunque no descarto la posibilidad de estar totalmente equivocado, y que los controladores sean tan malos y mafiosos como los pintan, tengo claro que prefiero equivocarme dándoles el beneficio de la duda a equivocarme aplaudiendo las medidas de un Gobierno que expolia (AENA, ONLAE), incumple las leyes, lanza al ejercito contra los trabajadores y criminaliza a sus empleados. Semejante Gobierno no me merece ningún respeto ni credibilidad.

Estoy seguro de que, dentro de unos años, cuando el Tribunal Constitucional establezca que el Real Decreto, la declaración del estado de alarma y la militarización eran ilegales, tengamos que pagar con nuestros impuestos las multimillonarias indemnizaciones de los controladores despedidos, y se haya privatizado AENA -haciendo que los viajes en avión sean más caros y menos seguros-, quienes hoy se ahogan en su propia bilis mientras reclaman cabezas para calmar su ira seguirán sin comprender que han sido títeres del Gobierno, y seguirán pensando que los controladores -y quienes ocupen su lugar en el futuro: taxistas, farmacéuticos…- se merecen todo lo que les pase. Así nos irá.

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[1] Salvo que seas banquero o Mohamed VI, como alguien publicó en Meneame
[2] Aunque los controladores lo tienen más fácil por ser pocos, altamente cualificados y de difícil reemplazo

La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

Justicia para España

Leo, alegrado, que las cuatro principales asociaciones de jueces se disponen a convocar un acto de protesta el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones:

  • Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
  • Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
  • Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
  • Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
  • Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
  • Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

  • Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
  • Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
  • Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
  • Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Treinta años de Transición

En unos días celebraremos los treinta años desde la ratificación mediante referéndum de la Constitución Española de 1978. Grandes titulares anunciarán, y por todo el país se festejará, algo que nunca ocurrió: la llegada de la Democracia a España. Nos atiborraremos a ver especiales sobre aquellos tiempos convulsos, en los que la máxima prioridad de los españoles era dejar atrás la dictadura franquista… tiempos en los que los españoles tuvieron que sacrificar la democracia para recuperar sus libertades.

Efectivamente, los ciudadanos tenían demasiada prisa en recuperar derechos fundamentales que no tenían reconocidos y afianzar los avances producidos desde la muerte del dictador; así que poco importó que la Constitución presentase serias deficiencias democráticas: simplemente no sabíamos qué características debería tener un Estado democrático y las prioridades eran otras, así que los españoles aceptaron aquel conjunto de propuestas a las que hoy llamamos Constitución.

Sin embargo, en el mismo paquete en el que se nos devolvían derechos y libertades, también iban incluidas otras muchas cosas. Entre ellas, una separación quirúrgica entre los poderes del estado y los depositarios de la soberanía nacional, así como una insuficiente separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Características que convierten a España en una partitocracia, en donde las cúpulas de los partidos asumen la soberanía efectiva de la nación. Había que elegir, todo o nada, sin tiempo para pensar una solución mejor.

La Constitución española no es democrática

Según la Constitución Española, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla:

  • No elegimos al jefe de Estado: es un cargo no electo, vitalicio y hereditario; y no sometido a las leyes, a diferencia del resto de los ciudadanos.
  • No elegimos al jefe de Gobierno: es un cargo elegido por los diputados en la sesión de investidura, y sometido a su control parlamentario (al menos, al de los grupos de la oposición, que son minoría).
  • No elegimos a los diputados que nos representan, ya que las listas electorales son cerradas, y las elaboran las cúpulas de los partidos según criterios que desconocemos.
  • Nuestros representantes están sometidos a la disciplina de voto, es decir, que deben lealtad a (los dirigentes de) sus partidos, no a sus electores, so pena de ser sancionados.
  • No elegimos a los responsables de la administración de justicia, ni de otros órganos con labores ejecutivas, como el banco de España o la policía. Además, todos estos organismos dependen económicamente de la partida presupuestaria que les asigne el gobierno en los presupuestos del Estado, lo cual limita los recursos de los que disponen para desempeñar sus funciones.
  • No disponemos de mecanismos efectivos para el ejercicio directo de nuestras soberanía sin la intermediación de los poderes del Estado. No podemos ejercer ningún control efectivo sobre la labor de los poderes del Estado, someter propuestas a referéndum ni modificar leyes sin el visto bueno del Parlamento.
  • No se nos consultan decisiones relevantes, como la adopción del Euro o el nuevo modelo de Unión Europea dibujado en el Tratado de Lisboa, Constitución de una Europa sin democracia.
  • No podemos modificar estas reglas: sólo los partidos políticos que sumen una mayoría parlamentaria suficiente puede modificar la Constitución y las leyes orgánicas.

¿Es esto lo que entendemos por Democracia? Sinceramente, espero que no, porque en este modelo los ciudadanos ("demos" ) no tenemos poder alguno ("cratos" ). Sin embargo, aunque nuestra Constitución diste de ser perfecta, es innegable que ha cumplido con su objetivo: darnos tiempo para formarnos como ciudadanos y aprender la Democracia… que nadie confunda crítica con desprecio.

Gracias a ella, nos encontramos más cualificados que en 1978 para evaluarla con criterio, disponemos del tiempo suficiente para plantear mejoras y, sobre todo, lo hacemos sin miedo a que esto produzca un golpe de estado y una nueva guerra civil… ¡motivos más que suficientes para festejar sus 30 años de vigencia!.

No obstante, después de treinta años de experiencia con la Constitución, creo que no conviene seguir posponiendo el debate sobre la calidad de esta "democracia", así como sobre las alternativas para mejorarla y ampliarla. Ya hemos alabado suficiente las virtudes de nuestra Constitución, y ocultado demasiado sus defectos, que son muchos y graves.

Lo que en su día supuso un avance, hoy vemos que también ha sido origen de muchos de los problemas que sufrimos los ciudadanos: la falta de representatividad del sistema electoral, la corrupción, el transfugismo, la parálisis del poder judicial, la desprotección de nuestros supuestos derechos de acceso a la vivienda o a trabajar, la falta de transparencia de las administraciones… nuestros problemas serían distintos, u otros quizás, si se hubiera escrito la Constitución de otra manera.

Segunda Transición hacia una verdadera Democracia

Quizás hace 30 años no fuera el momento de innovar políticamente. Dimos un único paso en la dirección correcta… y nos detuvimos. Sin duda la Constitución supuso un cambio radical para quienes pudieron votarla (mayores de 48), pero responde cada vez menos a las necesidades de los nuevos españoles crecidos en libertad (menores de 35). Hasta el propio Zapatero admite que "sería conveniente reformarla" y que "algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación", aunque él no se atreva a hacerlo.

En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que acertamos a la primera, o que esta Constitución se hizo para durar más que sus antecesoras (el récord lo tiene la de 1876 con 55 años); especialmente si consideramos que su redacción estuvo condicionada por el miedo a una regresión totalitaria y que la transición fue controlada por el franquismo. Ambos aspectos acotaron hasta dónde se podía avanzar.

Hoy somos conscientes de que la soberanía es un bien muy preciado para regalarla en unas elecciones; y que hay que controlar activamente la labor de quienes la gestionan si queremos que la utilicen en beneficio de nuestros intereses comunes. Ya nos vamos aburriendo de indignarnos con jueces y políticos; de protestar públicamente contra sus decisiones; de organizar manifestaciones contra las injusticias que sufrimos; de recoger firmas que no sirven para nada… en definitiva, de mendigar aquello que nos pertenece por derecho: la soberanía de este país.

Empezamos a comprender que la política no nos es indiferente; y de que, guste o no, tendremos que incluir entre nuestras responsabilidades hacernos cargo de lo que compartimos con el resto de la sociedad, si es que queremos que seguir teniendo algo compartido. Tarde o temprano dejaremos de identificarnos irracionalmente con partidos que en realidad no defienden nuestros intereses, y de empezar a exigir resultados a quienes confiamos el voto. Sustituiremos las consignas partidistas, los estereotipos y los tópicos por un estudio de las propuestas políticas que impulsan nuestros representantes, que a veces no nos lo que nos tratan de vender.

Va siendo hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. De asumir que la Constitución ya está amortizada y de buscar formas de seguir avanzando. Evidentemente, esto pasa por convencer a los partidos mayoritarios (únicos que pueden modificarla), para que la modifiquen, renunciando con ello al control del país; o por empezar a votar a otros partidos que se propongan desarrollar una Constitución verdaderamente democrática, al menos hasta que consigan la mayoría necesaria para ello. No podemos seguir posponiendo nuestra cita con la historia, por la cuenta que nos trae.

Querida Constitución, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre tendrás un hueco en nuestros corazones, pero no podemos detenernos aquí para no herir tus sentimientos. La Democracia todavía está más allá del horizonte, y no podemos quedarnos contigo más tiempo. Gracias, una vez más, por resguardarnos mientras recuperábamos las fuerzas para seguir luchando por alcanzar nuestros sueños.

Zeitgeist

Título original: Zeitgeist, the Movie | Ir al vídeo
Tema: Nuevo Orden Mundial. Evaluación 4.75/5.
Año 2007. Dur: 116′. Producido por Peter Joseph.
Web: http://www.zeitgeistmovie.com.

Zeitgeist” podría interpretarse como el espíritu de nuestra era, y es un documental en tres partes que trata de elaborar una cosmovisión de nuestro tiempo relacionando eventos trascendentes aparentemente inconexos, y que son objeto de un tratamiento más pormenorizado en otros documentales.

Superados los 5 primeros minutos de metáforas visuales que, a mi juicio, son demasiado abstractas para la mente media y que, en todo caso, recomiendo ver una vez visto el documental, entramos de lleno en los tres grandes temas que trata: los mitos como medio de control social, el terrorismo internacional y el negocio de los dueños del mundo. ¿Qué tienen que ver unos con otros?

La mayor historia jamás contada

La primera parte habla del origen de las religiones, y de su papel a lo largo de la historia como instrumento de las élites para controlar a la gente a través de deidades omnipresentes y omnipotentes que vigilan lo que hacemos y nos castigarán si nos desviamos de lo que sus intermediarios dicten que es correcto.

Es muy interesante como el documental traza un paralelismo entre el culto al sol y a las estrellas, y el imaginario católico/cristiano. Lo que más me impactó fue los paralelismos descritos en el documental entre las vidas de los dioses/mesías de diferentes religiones: Nacidos el 25 de diciembre, de una virgen, coincidiendo con la aparición de una estrella en el Este que guió a 3 reyes hasta ellos. Iniciaron su ministerio a los 30 años una vez bautizados, tuvieron 12 discípulos, fueron conocidos como “el Hijo de Dios”, “la Luz” y “La oveja de Dios”; y realizaban milagros como andar sobre las aguas y curar a los enfermos. Fueron traicionados por uno de sus discípulos, crucificados, y resucitaron a los 3 días.

Estas son a grandes rasgos las biografías de Horus (Egipto) y de Jesús (Cristianismo), cuya estructura mitológica comparten también con otras deidades de diferentes culturas y épocas como Attis (Grecia), Krishna (India), Dioniso (Roma) o Mitra (Persia). Según parece, dichos paralelismos se deben a que estos mitos fueron una forma primitiva de transmisión de conocimientos astronómicos. Por ejemplo, los “tres reyes” (¿magos?) es el nombre que han tenido desde la antigüedad las estrellas del cinturón de Orion, que están perfectamente alineadas con Sirio, la estrella más brillante del firmamento, trazando una linea que apunta al lugar exacto por donde sale el sol el día 25 de diciembre.

El mito de la crucifixión también tiene un paralelismo astrológico, ya que vendría a representar el fenómeno que se produce tras el solsticio de invierno cuando la elevación máxima del sol sobre el horizonte alcanza su punto más bajo y, durante 3 días (22, 23 y 24 de diciembre), se estabiliza para volver a ganar altura al cuarto. Esta “muerte y resurrección del astro rey” se producía antigüamente (y volverá a producirse) en la parte del horizonte ocupada por La Cruz del Sur, y anuncia el alargamiento de los días y la llegada de la primavera.

La influencia del culto al sol se extiende por casi toda la mitología cristiana. Así, los 12 discípulos se corresponden con las 12 constelaciones del zodiaco por las que se desplaza el sol al cabo del año, y la cruz de la cristiandad es una simplificación pagana de la cruz del zodiaco (el cruce de solsticios y equinoccios, con el Sol en el centro). Todo parece indicar que la religión judeo-cristiana no sería más que una adaptación de la religión de los antiguos dominadores del pueblo de Israel. La cantidad de paralelismos es impresionante.

Más allá de la lección de antropología de las religiones, la idea fundamental de esta primera parte es que los mitos pueden ser utilizados como medio de control social: al igual que otras religiones teistas, el cristianismo fomenta la sumisión ciega a la autoridad, sustituye la responsabilidad humana por la voluntad de Dios, y justifica los actos más atroces si son cometidos en nombre de la fe (Inquisición, Guerra Santa). Marco Aurelio consideró que la doctrina cristiana era peligrosa para el bienestar del Estado, y dictó una ley castigando al exilio a aquellos que trataran de influir en las mentes de otras personas a través del miedo a la divinidad. Sin embargo, y a pesar de haber sido perseguido desde sus inicios, el cristianismo siguió prosperando y acabó por convertirse en la religión del Emperador Constantino I, inaugurando una nueva era de dominio político a través de la religión que duraría 1600 años, hasta que dejó de ser necesaria.

Todo el Mundo en un escenario

En la segunda parte del documental (36′) se de-construye el mito del ataque del 11-S, concluyendo que en realidad las torres gemelas fueron demolidas y que la comisión del 11S se cerró en falso, sin contestar a preguntas como por qué no hay restos de los motores, el fuselaje y la cabina (incluidos los pasajeros) de los vuelos que se estrellaron, cómo es que algunos de los supuestos secuestradores siguen con vida, o qué clase de relaciones comerciales mantienen las familias Bush y Bin Laden.

Esta segunda parte denuncia que el 11S se utilizó para inocular en la población el miedo hacia una amenaza invisible (¿ocupando el puesto de Dios?) y justificar las guerras de Afganistán e Irak, igual que el hundimiento del Maine sirvió para justificar la guerra Hispano Estadounidense de 1898 en donde perdimos las últimas colonias.

Mal que les pese a los creyentes en la Santa Televisión y a los guardianes de la fe, todo parece indicar que el 11S fue una operación bajo falsa bandera realizada por el gobierno de los EE.UU, y que se enmarca dentro de una conspiración mundial que se está desarrollando de forma encubierta para asumir el control absoluto del poder político del mundo, y eliminar las libertades y derechos civiles.

Según parece, el siglo XXI pasará a la historia como el siglo en el que el terrorismo se convirtió en una técnica utilizada por los gobiernos para promover determinados programas políticos impopulares, aprovechando la cohesión social momentánea producida por el miedo y la agresión exterior, tesis principal del libro “La doctrina del Shock”, de Naomi Klein.

Ignore a los hombres detrás de la cortina

La tercera parte (71′) analiza el papel que juegan la creciente creación de deuda y el dinero fiduciario dentro de este plan, y cómo el pánico de 1907, el cual podría repetirse en breve, fue utilizado para imponer a la opinión pública la necesidad de crear la Reserva Federal.

Como Banco Central de EE.UU, la Reserva Federal tiene el monopolio en el suministro de dinero, que presta al gobierno de los Estados Unidos a crédito, generando una deuda creciente que no se puede pagar (salvo con más dinero prestado). También controla la expansión o contracción de la masa monetaria que determina el valor del dinero, y que utiliza para barrer del mercado a empresas independientes y a los pequeños ahorradores, concentrando el poder económico en las manos de los accionistas de la FED, que son los principales bancos estadounidenses. En definitiva, un sistema para someter a los gobiernos, a la economía y a la gente.

Este fraudulento modelo de Banco Central, similar al que motivó la guerra de la independencia contra el gobierno británico, vulnera la propia Constitución de EE.UU y su coste es equivalente a los ingresos que obtiene el Gobierno mediante el impuesto sobre la renta, un impuesto que también fue creado en 1913, que también vulnera la Constitución y que se cobra pese a no fue aprobado con la mayoría suficiente y no está regulado mediante ley o reglamento alguno, como se ilustra en “America: Freedom to Fascism“.

Para acelerar este proceso de apropiación de la riqueza de las naciones, los grandes cárteres de la banca encontraron en la guerra un medio muy eficiente para extender el poder de los grupos económico – industriales de su propiedad. Se pueden obtener muchos beneficios financiando y equipando a las facciones enfrentadas, de modo que se enfrenten en igualdad de condiciones y se prolongue el conflicto, obligando a los contendientes a “echar el resto” para ganar. A lo largo del siglo XX estos grupos incentivaron guerras entre Estados, llegando a la conclusión de que la estrategia más rentable es mantener el conflicto para mantener los ingresos.

Así es como hemos llegado al nuevo concepto de guerra perpetua, que son las guerras del futuro. Diseñadas para mantenerse en el tiempo, no para ganarse. Sólo así se garantizan los beneficios para la industria armamentística y la banca que financia a los contendientes. Sólo así se desestabilizan las zonas de conflicto y se justifica tanto la reorganización política de los países como la construcción de bases permanentes que sirvan de lanzadera para nuevos ataques preventivos. Así fue en Vietnam, y así es en Iraq y Afganistán.

Un tipo de guerra que no sólo se libra contra naciones, también contra ti. Las nuevas leyes para protegernos contra el terrorismo están diseñadas para reducir y recortar los derechos de los ciudadanos, y limitar tu capacidad de respuesta ante lo que se avecina. Mientras, se inunda la sociedad con formas de entretenimiento diseñadas para mantener la mente distraída de lo que pasa, se última la puesta en funcionamiento de Nuevo Orden Mundial.

La guerra contra el terror es la nueva guerra permanente, y sus victimas serán los ciudadanos de los países autoproclamados como democráticos. Gracias al control de los medios de comunicación, se convencerá a la población de la existencia de un enemigo invisible infiltrado, y se la someterá a un estado constante de miedo que permitirá crear la división necesaria para que los propios ciudadanos sean quienes soliciten la implantación de medidas totalitarias que recorten los derechos y libertades de los demás. Un ejemplo de este tipo de medidas está previsto que sea sustituir el DNI por un chip RFID implantado en el cuerpo que servirá para vigilar a la población y, llegado el caso, para borrar la identidad de los elementos considerados subversivos.

Para llegar a este punto, primero es necesario dividir a la población, motivo por el cual se lleva promoviendo desde hace décadas un modelo cultural centrado en resaltar las diferencias individuales, a pesar de que nunca fuimos tan homogéneos. Quienes construyen imperios lo hacen manipulando a los conquistados, de manera que se dividan y enfrenten hasta destruirse mutuamente mientras los instigadores se lucran. “Divide y vencerás”, es el lema.

Este es el futuro hacia el que nos conducen, si es que quieres darte cuenta de lo que está pasando. Un gobierno mundial centralizado y una economía donde cada aspecto de cada individuo será monitorizado y documentado en tiempo real. Un mundo donde el ser humano será despojado de su capacidad para transformar la realidad que lo rodea, de su dominio sobre sus circunstancias y de su bondad innata. Un mundo donde la sociedad es malvada, y donde todo el mundo es un enemigo al que tenemos que enfrentarnos en solitario.

Sin embargo, por mucho que se adoctrine a la población en la televisión y las escuelas, los seres humanos seguiremos compartiendo con nuestros semejantes las mismas inquietudes, y seguiremos necesitando de los demás tanto como ellos de nosotros para nuestra mutua supervivencia. Una interdependencia más fuerte que cualquier diferencia que pueda separarnos. Cuando seamos conscientes como especie de esta gran verdad, la revolución habrá empezado.

Según veo en la página web, en octubre de 2008 se lanzará Zeitgeist II. Espero impaciente poder verlo.

Posteriormente se lanzó también Zeitgeist III

Vuestros derechos os necesitan. Ejercedlos

Una vez más nuestros gobernantes nos han traicionado. Su última felonía ha sido enmendar la directiva Europea 2002/58/CE para obligar a los proveedores de Internet (ISPs) a monitorizar sin orden judicial las comunicaciones de sus usuarios en busca de contenidos ilícitos; genéricamente descritos, y cuya definición será potestad de las sociedades de autores. También permitirá a los ISPs reducir el nivel de servicio de la conexión en función de la “idoneidad” que haga el usuario de la misma con respecto a materiales protegidos con copyright.

Estas medidas, que vienen a completar otras para permitir la instalación y ejecución forzosa de programas en los PCs para detectar infracciones de propiedad intelectual, fueron aprobadas con el apoyo de los socialistas y de los populares; y serán votadas a principios de septiembre en el Parlamento Europeo. No son las primeras de este tipo, ni tampoco serán las últimas, ya que la ambición de los enemigos de la Democracia no conoce límites.

Como cabría esperar, la repercusión mediática de estas enmiendas ha sido escasa. Los medios saben bien quienes son sus amos, y además están especialmente interesados en evitar que Internet se convierta en un medio de comunicación alternativo: descentralizado y lleno de contenido independiente.

Una Internet libre es una amenaza para el poder, tanto político como económico. Eso de que cualquiera pueda decir lo que piensa sin censura, en tiempo real, a todo el planeta y a coste cero es un peligro mayor que el que supuso la imprenta para el despotismo ilustrado. Esto se debe a que la democracia es comunicación, y en Internet hay demasiada comunicación para algunos, que están tratando de regularla antes de que sea demasiado tarde. Es hora de pasar a la acción.

Llamamiento a la resistencia ciudadana

¡Ciudadanos, despertar! Es hora de ir a la casa del tirano y mirarle a los ojos. Es hora de señalarle con el dedo y acusarle de su traición. Es hora de dejar claro quienes somos los dueños de la soberanía que maneja a su antojo. Ha mordido la mano que le da de comer y, por ello, tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos contra la ciudadanía.

Ya hemos hecho demasiadas concesiones, demasiados sacrificios. Secuestraron el referéndum de ratificación de la Unión Europea, y lo permitimos. Nos impusieron un modelo de Europa sin Democracia, y nos mostramos indiferentes. Recortan nuestros libertades, y nos acomodamos… Ya está bien. ¡ESTA VEZ NO! La linea que marca el límite de su poder debe trazarse aquí y ahora. No haremos más sacrificios en el altar de vuestra falsa Europa, ni de vuestra falsa democracia.

Una democracia cobarde sometida a las empresas, pero que somete a sus ciudadanos; que calla la verdad para no enfadar a los poderosos, que es esclava de su propio miedo e incapaz de defender sus ideales. Una democracia de ciudadanos adormecidos por el consumismo y espectáculo, que calman su conciencia protestando por Internet en vez de tomar las calles; que nunca tuvieron que luchar para recuperar sus libertades, ni hicieron nada digno del himno de una nación. Basta de quejas estériles, es hora de enfrentarse al tirano.

¡Ciudadanos! Revelaros contra este sistema que se alimenta de vuestro sufrimiento. Revelaros en vuestros trabajos, revelaros en los comercios, revelaros en vuestras casas, en las urnas y en las calles. Reclamar con insistencia aquello que, por derecho, nos pertenece: la soberanía de nuestra nación. Si aquellos que murieron por defender nuestros derechos y libertades se levantaran de sus tumbas, nos mirarían avergonzados preguntándose cómo permitimos que ocurriera esto. En los buenos tiempos, a los traidores se les colgaba de un árbol, hoy tienen coche oficial.

La codicia de los poderosos sólo conoce los límites que le marquemos. Como ya pasara antes, tan pronto nos desmovilicemos volverán a conspirar para despojarnos de nuestros derechos, nuestras pertenencias y nuestra libertad. Vuestro mal no tiene cura. Es hora de decir basta; de dejar que criminaliceis al ciudadano que ejerce sus derechos, y su soberanía. No es que no sepamos defendernos, es que no tenéis derecho a atacarnos; no os lo permitimos.

Mientras quede en pie un ciudadano capaz de diferenciar el bien del mal, de sentir indignación ante vuestra injusticia impuesta, esta guerra no habrá terminado. Apartadas quedan las creencias y diferencias que nos dividían cuando se trata de defender nuestros intereses comunes. Nuestra solidaridad es nuestra fuerza, y la justicia nuestro motor. Si el ciudadano es enemigo del orden establecido es porque dicho orden le declaró la guerra primero.

¿Queréis libertad?. ¿Queréis igualdad?. ¿Queréis justicia?. Pues tendréis que conquistarlas para que nadie os las pueda arrebatar jamás. Aquellos que no estén dispuestos a luchar por sus derechos pronto dejaran de tenerlos, y estarán solos ante el tirano. Aquellos que no ejerzan su soberanía, acabarán sufriendo la soberanía de otros. Cuando la causa es justa, cualquier sacrificio para defendedla es pequeño, y los más comprometidos con su lucha son los que ganan.

Es hora de apagar la televisión y volver a pensar por nosotros mismos. De alejarnos de la falsa realidad y hacer algo diferentes con nuestras vidas para cambiar el mundo que nos rodea. Es hora de ganarnos, con hechos, nuestros derechos y nuestro lugar en la historia. ¿Volveréis a votar a los mismos? Yo, sí; pero mientras llegan las elecciones estaré protestando frente a la sede de la Comisión Europea que, irónicamente, comparte edificio con la embajada de Irlanda (Po de la Castellana, 46. Metro Rubén Darío). Allí estaré siempre que me sea posible con mi precaria pancarta de cartón garabateada con un rotulador negro. Si quedan hombres y mujeres libres en este país, allí nos encontraremos.

Tratado de la Unión Europea: Constitución de una Europa sin democracia

Una vez más, y van tres, los ciudadanos de un país de la Unión Europea han rechazado en las urnas el proyecto político de sus gobernantes. Un proyecto político realizado de espaldas a la ciudadanía, por el cual se pretende crear un supra-Estado Europeo con “personalidad jurídica propia” (Art. 47 del Tratado de la Unión Europea, en adelante, TUE), e independiente de los estados miembros, que “sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea” y al que “los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes” (Art. 1 TUE).

Escarmentados por los referéndum de la Constitución Europea en Francia y Holanda, que se iban a celebrar en 10 de los 27 miembros de la Unión, los gobiernos optaron, para este segundo intento, por ratificar el proyecto por vía parlamentaria. La elección resulta la más lógica teniendo en cuenta que el Tratado de la Unión Europea es esencialmente lo mismo que la rechazada “Constitución Europea, como reconocen los partidarios del texto. Además, dado que el texto debe ser aceptado por la totalidad de los países, la vía parlamentaria es la única que ofrece suficientes garantías para que el texto entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, ya que estaría por ver que los partidos no ratificaran en el parlamento las propuestas de sus propios gobiernos.

Desgraciadamente para los gobiernos, que son quienes impulsan y están detrás de la Unión Europea, en el caso Irlandés no había una forma elegante de pasar por alto a los ciudadanos, ya que una sentencia del Tribunal Supremo irlandés exige incorporar los tratados europeos como enmiendas a su Constitución, que deben ser ratificadas por referéndum. A pesar de que el Tratado recibió el apoyo casi unánime de partidos políticos, patronales y sindicatos, los votantes Irlandeses decidieron NO ratificar el texto modificado de la Constitución Europea.

Con las papeletas todavía calientes, el gobierno irlandés declaraba estar “decepcionado” por la decisión tomada por la mayoría de los votantes (supongo que el sentimiento debe ser mutuo), mientras que los líderes de media Europa ya han avisado de que da igual lo que hayan decidido los irlandeses, el texto propuesto seguirá adelante y entrará en vigor cuanto antesasí funcionan las cosas en la Europa que se está construyendo.

Golpe de estado de los gobiernos europeos

Tal y como se ha planteado, el proceso de construcción europea supone una usurpación descarada de la soberanía de los pueblos de Europa en favor de una unidad política, la Unión Europea, que no responde a los requisitos mínimos que definen una Democracia, ni representa a sus ciudadanos. Por su contenido, supone un atentado contra la soberanía de los ciudadanos, y contra el mismo concepto de Democracia.

En primer lugar porque, enterrada en las “Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa”, se incluye una Declaración (núm .17) que dice textualmente

“La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”.

Libertad para Europa

Dicho de otra manera, la legislación Europea predomina sobre las Constituciones de los Estados miembros, de modo que el Tribunal Europeo de Justicia queda establecido como Tribunal Supremo de la Unión Europea, por encima de los tribunales nacionales, cuando se traten de asuntos cuyas competencias se hayan transferido a la Unión; que, por cierto, son bastantes. Se calcula que el 80% de las leyes que se adoptan en los parlamentos nacionales son adaptaciones de directivas europeas.

Así que quienes se consuelen pensando que medidas como las 65 horas semanales no les afectarán, que sepan que el Estatuto de los trabajadores y la propia Constitución tienen inferior rango que cualquier normativa europea, como se demostrará con el tiempo si no hacemos algo para evitarlo.

La importancia de este matiz es doble si tenemos en cuenta que si de algo carece la Unión Europea diseñada en el Tratado de Lisboa es de una adecuada separación de poderes, así como de mecanismos de participación y control democrático de la ciudadanía.

De las 7 instituciones que componen la Unión Europea (Art. 13, TUE), sólo una es elegida democráticamente por los ciudadanos… ¡precisamente la que menos competencias y poder tiene!. El Parlamento Europeo probablemente sea la cámara con menos capacidad legislativa de todas las que utilizan ese nombre. Según el Artículo 14 del TUE:

  1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

Sin embargo, según el punto 2 del Artículo 17 del TUE dice:

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

¿Y quién elige a los miembros de la Comisión Europea? Pues el Consejo Europeo (Art. 17. Puntos 4, 5 y 7), es decir, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (Art. 15.1)

Es decir, que a pesar de que no ha sido elegida por la ciudadanía, ni existir una conexión directa entre los ciudadanos y la Comisión, este es el único órgano de la Unión Europea con capacidad para proponer leyes. Las propuestas que hace son enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo para su enmienda o ratificación, y una vez aprobadas obligan a los a todos los países miembros, por encima de sus propias leyes.

De este modo, los Gobiernos de los países miembros pueden implantar políticas impopulares, e incluso contrarias a sus programas electorales, amparándose en las escusa de que se ven obligados a adaptar las directivas que les llegan desde Europa, cuando son ellos mismos quienes eligen al presidente de la Comisión Europea a través del Consejo Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia (Art.19 TUE), y a los miembros del Consejo, compuesto por representantes de los países miembros con rango ministerial (Art. 17 TUE) y que, a su vez, eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas (art. 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE) y a los miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que junto a los Gobernadores de los Bancos Centrales (adivina quien elige a los gobernadores) forman el Consejo de Gobierno del BCE (art. 10 y 11 del Protocolo nº4 TUE). Tampoco son elegidos directamente por los ciudadanos de Europa las figuras de Presidente y Ministro de exteriores de la UE.

Como se puede observar, toda la legitimidad de las instituciones europeas (menos el Parlamento Europeo, elegido mediante elecciones con listas cerradas, al menos en España) proviene de los gobiernos de los países miembros, no de los ciudadanos de Europa. Hay demasiados intermediarios entre los titulares de la soberanía europea y quienes la gestionan: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dependen de los gobiernos, no de los ciudadanos, y faltan mecanismos democrático de control del poder, ya que salvo los europarlamentarios, nadie tiene que rendir cuentas a los electores por lo que pasa en Europa.

Por si la falta de legitimidad y la deficiente separación de poderes no fuera suficiente, el Artículo 48 del TUE establece que, una vez aprobados, los tratados de constitución de la Unión Europea podrán ser revisados a iniciativa del Consejo Europeo, y las modificaciones propuestas ser adoptadas si no hay oposición en los parlamentos nacionales. Es decir, que la Unión Europea puede rediseñarse cuando y cómo lo deseen los jefes de Estado y Gobierno sin consultar a nadie. ¿Es esta la Europa que queremos?

Sin referendum no hay legitimidad, ni democracia


Los miembros del Grupo independiente/democrático opinan

Las disposiciones que contiene el Tratado de la Unión Europea alteran sustancialmente la organización política de Europa, y supedita en gran medida a los Estados miembros a la nueva Unión Europea. Entonces, ¿por qué no podemos ratificar su creación mediante referéndum, para que todo sea legal?.

Si tan bueno es para el futuro de las gentes de Europa, como afirman desde las instituciones (casi) al unísono, ¿qué puede costar poner una segunda urna en las elecciones europeas de 2009 para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra soberanía y juzgar las gestiones que han realizado nuestros gobiernos con respecto a esta Unión de naciones?.

Probablemente la mayoría de la clase política europea crea, no sin motivo, que no estamos preparados para valorar este nuevo tratado. No en vano, el texto “básico” consta de más de 400 artículos, y ocupa más de 300 hojas. Además, su redacción es deliberadamente ambigüa, y bastantes artículos incluyen en su redacción referencias a otro, con lo cual no queda claro a simple vista a qué se refieren o qué implicaciones prácticas tienen. Como afirma el semanario The Economist, “la opacidad del nuevo tratado no es un accidente: es su razón de ser“.

Según el propio Tratado de la Unión Europea (Art. 11):

[…]
3. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
4. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones
representativas y la sociedad civil.

A la vista de los acontecimientos, diría que ni el diseño ni el proceso de constitución de la Unión Europea cumple con los principios recogidos en su propio Tratado

Motivos para oponerse a ESTA Unión Europea

Hay muchos y variados motivos para rechazar al Tratado de Lisboa. Tantos, que es cuestión de ir revisando los artículos para encontrar cosas con lo que no estaremos de acuerdo. A mi lo que más me preocupa es la usurpación de la soberanía de los ciudadanos por un supra-Estado europeo que no es democrático, pero hay otras muchas razones que los partidarios del NO se han encargado de divulgar, pese a la oposición de los medios de comunicación convencionales.

No es sólo que estos medios esté ocultando al público la existencia de una oposición a los Tratados dentro del propio Parlamento Europeo, sino que también censuran el debate publico sobre esta propuesta al descalificar a quienes piensan distinto de la corriente institucional europea, aunque sean mayoría. Aparentemente, los únicos autorizados para determinar que es lo que nos conviene es la clase política.

Así, en vez de comentar el completísimo informe de 79 páginas donde se detallan uno por uno los motivos para votar NO, los medios convencionales de comunicación han centrado su “sesgada” cobertura informativa del NO en el hecho de que el único partido opuesto al Tratado en Irlanda es el Sin Fein, que como son muy malos no tienen derecho a tener razón en nada de lo que digan, y en que los detractores del Tratado UE estaban infundiendo miedo a los votantes con cuestiones que “no están en el Tratado”, nada más lejos de la realidad.

Entre las “preocupaciones” de los partidarios del NO están que el Tratado de la Unión Europea fomenta la militarización de Europa, ya que obliga a los Estados miembros a comprometerse “a mejorar progresivamente sus capacidades militares. La Agencia […] Europea de Defensa […] contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa […]”. También define la política común de seguridad y defensa como “parte integrante de la política exterior y de seguridad común”, y capacita a la Unión a realizar “misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos” (guerra preventiva) “y el fortalecimiento de la seguridad internacional” (como en Iraq) “, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (Art 42 TUE), incluyendo “las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos”, que “[…] podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, […] mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su territorio” (Art. 43 TUE).

Otra de las características clave de este Tratado es que institucionaliza el modelo neoliberal de libre mercado como única opción para el ordenamiento económico de la Unión, y establece que las políticas económicas se dictarán desde Europa, ya que:

  1. “Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas […] respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 119” (Art. 120. TFUE), que son “precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable”.
  2. “El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo.” (p.2), “el Consejo, […] supervisará la evolución económica de cada uno de los Estados miembros” (p.3). “Cuando […] se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales […] El Consejo […] podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate” (p.4) (Art.121 TFUE)
  3. “Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos” (p.1). “Si un Estado miembro persistiere en no llevar a efecto las recomendaciones del Consejo, éste podrá decidir que se formule una advertencia a dicho Estado miembro para que adopte, en un plazo determinado, las medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considere necesaria para poner remedio a la situación.” (p.9) e imponer multas en caso de no hacerlo (p.11) (Art. 126 TFUE).

Además, se prohíbe que los organismos públicos de gobierno y empresas públicas de los Estados miembros puedan tener descubiertos en sus cuentas, o recibir cualquier tipo de créditos del Banco Central Europeo y por los bancos centrales (Art. 123 TFUE). Es decir, se obliga al superávit y a recurrir a la financiación privada (pagando intereses) en caso de necesitar más dinero, cuando antes podían tener déficit, recibir préstamo a tipo preferente e incluso emitir dinero sin interés (aunque aumentando la inflación).

En el Tratado también “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países” (Art. 60), exponiendo las economías locales a movimientos especulativos y fomentando la competición fiscal y la evasión de impuestos. Los servicios públicos, base del estado del bienestar, son rebautizados como servicios de interés económico general, y quedan sujetos a las reglas del mercado (y a su privatización), ya que las empresas que gestionen estos servicios “o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia” (Art. 106 TFUE), “y serán incompatibles con el mercado interior, […], las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”, estableciéndose algunas excepciones (Art. 107 TFUE).

Respecto a la política comercial común, el tratado establece que “la Unión
contribuirá […] a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.” (Art 206 TFUE), y define una política comercial común basada que, entre sus principios, incluye “la uniformización de las medidas de liberalización” (Art. 207 TFUE).

Por último, en la parte de los derechos de las ciudadanos, el Tratado de la Unión Europea reconoce como vinculante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), donde se recogen los derechos comunes de los Europeos, bastante descafeinados respecto a los que reconoce nuestra Constitución.

Así, el derecho a la vivienda se convierte en derecho a “una ayuda de vivienda” (Art. 34, CDFUE); el derecho a la salud pasa a ser “derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales” (¿pagando?). En vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo, se reconoce el “derecho a trabajar” (Art. 15 CDFUE) en el marco de una Unión Europea que, “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado” (Art. 9 TFUE), de modo que nadie pueda impedir que trabajemos, aunque nadie está obligado a garantizar que podamos.

Hasta la iniciativa popular, recogida en el artículo 11 del TUE, se ha descafeinado:

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

Que alguien me explique qué es “numero significativo de Estados”, o si “invitar a presentar una propuesta adecuada” significa que la propuesta la redactará la Comisión o los ciudadanos pueden acompañar la invitación con un borrador de la misma (quizás no sea adecuada).

Seguro que si hubiera ganado el SÍ se hablaría del compromiso de los irlandeses con Europa y su buen juicio al saber que aquello que es bueno para la élite económica y política tiene que ser bueno para todos.

La Europa de los pueblos contra la Europa de los gobiernos

Aquellos que creemos en la Democracia creemos también que debemos aspirar a algo mejor que el modelo de Europa plasmado en estos Tratados Europeos. No queremos vivir en una Europa en la que la voluntad de la clase política está por encima de la voluntad de los ciudadanos, y donde no esté reconocido el derecho a opinar diferente de quienes gobiernan.

También creemos que los resultados de una elecciones libres y limpias no pueden crear una crisis en instituciones verdaderamente democráticas. Por tanto, la decisión soberana de Irlanda no paraliza ni pone en crisis la construcción de una Europa unida por principios democráticos, aunque sí que despoja al Tratado de Lisboa de la poca legitimidad que pudiera quedarle, y pone en entredicho el proyecto político de los gobiernos de la Unión Europea, la Europa de los Gobiernos, que tiene bastantes paralelismos con cierto documental sobre conspiraciones.

Así que en vez de empeñarse en hacernos tragar esta Constitución con filigranas legales y repeticiones de referéndum (hasta que los resultados sean apropiados, como se hizo con el tratado de Niza en Irlanda y Dinamarca), los europeos preferiríamos que se resolviera definitivamente esta crisis de las instituciones europeas mediante la convocatoria de votaciones en todos los países de la Unión para que los ciudadanos decidan sobre si se debe participar en el proceso constituyente de una Unión Europea.

Entonces, en aquellos países en que ganase el sí, se podrían convocar elecciones en circunscripción única para crear cortes constituyentes con plenos poderes para elaborar una Constitución para Europa. Sin jefes de Estado ni de gobierno; sin tratados intergubernamentales. Sólo los representantes de las gentes de Europa y una hoja en blanco, redactada a la vista de todos.

EndGame: El plan Bilderberg para la dominación del mundo

Título original: EndGame. Blueprint for Global Enslavement | Ir al vídeo
Tema: Conspiración Bilderberg para la esclavización mundial, Nuevo Orden Mundial | Evaluación 3.75/5.
Año 2007. Dur: 139′. Producido por Alex Jones.
Web: http://www.endgamethemovie.com/

EndGame se centra en el plan de esclavización mundial que están orquestando los miembros del Grupo Bilderberg, una organización compuesta por la élite de la élite mundial. Este plan, cuya culminación está prevista para 2030, pretende abolir las naciones en favor de un gobierno mundial dominado por un reducido grupo de personas y financiado con impuestos globales, como el de las emisiones de carbono.

Los orígenes de este grupo se remontan a 1954, aunque se le considera heredero de las grandes familias de banqueros que se enriquecieron, y desarrollaron una creciente capacidad de controlar a los gobiernos, financiando las guerras entre naciones entre los siglos XVII y XX (a ambos bandos, claro). Familias como la Rothschild, por ejemplo, que amasó su fortuna gracias a la financiación de la guerra napoleónica y a que, gracias a su red de informantes, pudo conocer con un día de antelación la derrota de Napoleón y difundir el rumor opuesto para comprar una buena parte los valores cotizados en la Bolsa de Londres a precio de risa (el desplome de los valores fue del 98%); pero también la familia Rockefeller, que impulsó la creación del sistema de la Reserva Federal Norteamericana.

Una primera fase del mencionado plan de esclavización mundial, en la que nos encontramos ahora (y motivo por el que he decidido recomendar este documental) es la creación de superestados continentales en Europa (UE), Norteamérica (NAU), Asia (ACD), África (UA), Suramérica (USAN) y Pacífico en base a acuerdos comerciales, para fusionarlos inmediatamente mediante acuerdos de integración económica bajo un nuevo gobierno mundial, que aprovecharía la infraestructura de las Naciones Unidas para tomar forma. Para lograrlo, se pretende aprovechar (seguramente también crear) una gran crisis mundial que “obligue” a las naciones a aceptar el Nuevo Orden mundial.. En este sentido, la combinación Subprime + Hipotecaria + Cénit del Petroleo + Alimentaria se me antoja imbatible.

Para lograr llevar a cabo su plan, los miembros de este grupo utilizan su poder político, económico y mediático para colocar a personas de confianza al frente de organizaciones clave, lo que les permite controlar estas organizaciones con un número reducido de personas. Entre los miembros de origen español de este selecto grupo encontramos a Felipe Gonzalez, Esperanza Agüirre, Juan Luis Cebrián (grupo PRISA) y la familia real.

Entre las prioridades de este grupo están la reducción drástica de la población mundial, en torno a un 80%, para hacer más fácil el control de la misma y menor su peligrosidad, así como la creación de una sub-especie humana (en Español), menos inteligente y más dócil, mediante técnicas eugenésicas para diferenciar dominadores de dominados.

Hoy en día, gracias a la exposición generalizada de la población a sustancias peligrosas de tipo químico, biológico o radioactivo se ha reducido notablemente la capacidad reproductiva de la población en el primer mundo, y puede utilizarse para causar daños cerebrales selectivos (como las vacunas con mercurio). Mientras, en el tercero, se obstaculiza el acceso a los alimentos para reducir la población conjuntamente a políticas de control de la natalidad, como la del hijo único en China, considerado el laboratorio para perfeccionar el modelo de sociedad planificada del Nuevo orden Mundial.

También están preparando el entramado legal para centralizar el poder (Patriot Act, Comisión Europea), y para controlar (identificación mediante chips RFID implantados) y espiar (Echelon, Lex Orwell, en España también) a la población civil, así como entrenando a las fuerzas del orden para utilizarlas contra nosotros.

En este contexto, la privatización de las grandes infraestructuras globales de transporte ferrovial y viario (como la NAFTA Superhighway) serviría para extender la dominación social y económica de este grupo, a la vez que facilitaría financiación para proyectos futuros y se estaría utilizando para compartimentar y separar a la población.

Como se dice en el documental, la violencia desde el Estado es la primera causa de muerte no natural. Mejor que estemos alerta, porque el 1 de enero de 2009 habrán finalizado la creación de la Unión Europea, a pesar de los ciudadanos. ¿Permitiremos que nuestro mundo se convierta en una mezcla de 1984* y Un Mundo Feliz*? ¿Sufriremos una rebelión en la granja*?


* Libros de lectura obligatoria. Los puedes sacar gratuitamente de la bibliotecas públicas y/o municipales

El negocio de la política y la financiación pública de los partidos políticos

La política es un negocio, que duda cabe. Sin embargo, cuando me refiero a que es un negocio no me refiero a sospechosas recalificaciones de terrenos, ni al intercambio de maletines en aparcamientos vacíos a altas horas de la noche. Hablo del negocio de hacer política, por el cual los partidos políticos facturan todos los años al menos 184,7 millones de euros a cargo de los presupuestos generales del Estado; sin contar las subvenciones electorales (Datos 2005 – Conclusión 5ª – pg 236). Estas ayudas, que tan generosamente se conceden a si mismos, son parte fundamental del engranaje que mantiene la soberanía nacional en manos de los partidos políticos, y frenan el avance electoral de otras alternativas políticas más austeras.

A pesar de lo desorbitado de las partidas presupuestarias, y de haberse incrementado un 43,85% entre 1999 y 2005, parece que no son suficiente para pagar los 144,8 millones de euros que los partidos políticos deben a las entidades de crédito, de los cuales más del 46% corresponden al PSOE (+PSC). Afortunadamente para todos ellos, sus acreedores no parecen tener mucho interés en cobrar, como pasa con los 19,5 millones de euros en deudas ya vencidas pendientes de pago (Datos 2005 – Conclusiones 9ª y 10ª – pg 237).

Me pregunto cómo serán capaces de gastar tanto dinero, por qué los bancos no cobran (¡o incluso condonan!) sus deudas y, sobre todo, con qué autoridad se presentan estos partidos a unas elecciones para gobernar un país si ni siquiera son capaces de gestionar sus propias finanzas para ser económicamente viables. Veamos como se reparte(n) el dinero de todos.

Subvención electoral: A los que ganan, la campaña electoral les sale GRATIS

La Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece, para las elecciones generales, una serie de subvenciones a través de las cuales el Estado compensa el dinero invertido en la campaña electoral, pero estas subvenciones sólo se conceden a aquellos partidos políticos que consigan representación parlamentaria.

La cuantía de las subvenciones se actualizan en cada convocatoria electoral, y se corresponden con los siguientes conceptos e importes (datos 2008):

  • 21.167,64€ por cada Diputado o Senador obtenido.
  • 0,79€ por cada voto al congreso en aquellas circunscripciones en las que se haya obtenido, al menos, un diputado.
  • 0,32€ por cada voto obtenido por los candidatos que hayan obtenido un escaño de senador.

Las cantidades a percibir están limitadas a una cantidad máxima, establecida en 0,37 por habitante en cada circunscripción. Este tope lo alcanza el ganador y, en muchas circunscripciones, también la segunda fuerza política, en función de grado de bipolarización del voto.

Además de lo anterior, cada partido político recibe 0,21€ por elector en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado candidaturas si obtiene Diputados o Senadores suficientes para constituir un grupo parlamentario en alguna de las dos Cámaras. Este dinero no cuenta para el límite de subvención, y sólo puede utilizarse para compensar el gasto ocasionado por el envío postal de propaganda electoral y papeletas a los votantes.

Sabiendo esto, a partir de los resultados de las pasadas elecciones se pueden calcular las subvenciones que corresponden a cada partido político y el balance económico de su campaña electoral:

Coste Estimado de las campañas electorales de 2008
PartidoPresupuestoSubv.
Campaña
Subv.
Buzoneo
Coste
Campaña
PSOE18.6 mill €15,77 mill €7,11 mill €0€
PP20,4 mill €13,54 mill €7,11 mill €0,16 mill €
IU4,5 mill €0,30 mill €0€4,3 mill €
CiU3 mill €1,14 mill €1,51 mill €0,45/1 mill €
PNV0,95 mill €0,49 mill €0,25 mill €0,2/0,3 mill €
ERC1,5 mill €0,30 mill €0€1,2 mill €
BNG?? mill €0,17 mill €0€? mill €
CC? mill €0,16 mill €0€? mill €
UPD0,25 mill €0,13 mill €0€0,13 mill €
NA-BAI 0,23 mill €0,07 mill €0€0,15 mill €

Por supuesto, la ley electoral establece que los partidos que no obtenga representación parlamentaria no tienen derecho a subvención alguna, ni siquiera por número de votos. Supongo que cuando el presidente Zapatero se comprometió a “trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades para tener éxito” al cierre de su primer debate electoral, no se estaba refiriendo a la igualdad de oportunidades de los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

El negocio continua toda la legislatura

La transferencia de dinero público a las cuentas de los partidos políticos no acaba en la campaña electoral. La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos establece otro paquete de subvenciones anuales para atender los gastos de funcionamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria.

En este caso, la cuantía de la subvención la determina el Gobierno en los presupuestos generales del Estado y se reparte 1/3 en función del número de Escaños y 2/3 en función del número de votos obtenidos en las elecciones al Congreso de los Diputados.

La distribución del presupuesto para 2008 según los resultados de las elecciones del 9 de marzo sería el siguiente:

Subvenciones anuales estimadas a los partidos políticos (2008 final)
PartidoVotosEscañosSubvención
por Votos
Subvención
por Escaños
Subvención
Anual
PSOE11.288.69816940.263.101,01 €21.242.495,24 €61.505.596,25 €
PP10.277.80915436.657.589,91 €19.357.066,67 €56.014.656,58 €
CIU779.425102.779.954,56 €1.256.952,38 €4.036.906,94 €
EAJ-PNV306.12861.091.858,65 €754.171,43 €1.846.030,08 €
ERC291.53231.039.799,48 €377.085,71 €1.416.885,20 €
IU969.87123.459.213,28 €251.390,48 €3.710.603,76 €
BNG212.5432758.071,50 €251.390,48 €1.009.461,98 €
CC-PNC174.6292622.844,64 €251.390,48 €874.235,12 €
UPyD306.07811.091.680,32 €125.695,24 €1.217.375,56 €
NA-BAI62.3981222.553,30 €125.695,24 €348.248,54 €

Como se puede observar, la subvención anual para gastos es sustancialmente mayor que la de la campaña electoral pero, como la anterior, sólo la disfrutan los partidos con representación parlamentaria.

Hoja de ruta hacia el bipartidismo, y cómo evitarlo

Quien se pregunte por qué la infinidad de alternativas políticas existentes no calan en el electorado aquí tiene una sencilla explicación: el sistema electoral las discrimina, la sesgada y desigual cobertura “informativa” que ofrecen las fábricas de consenso (también denominadas medios de comunicación) las ocultan a los ciudadanos, y el sistema de subvenciones estatales a partidos políticos les niega los recursos económicos para darse a conocer. Mientras, los partidos “que interesan” obtienen escaños, reciben una amplia cobertura informativa y dinero del Estado para sufragar las campañas electorales y sus gastos de funcionamiento. ¿Es esto democracia? Yo diría que no

El hecho de supeditar la subvenciones de los partidos políticos a la consecución de un escaño es por sí mismo discriminatorio hacia las alternativas que obtienen votos, pero no representación parlamentaria. Además, vulnera el principio de igualdad de oportunidades y, sobre todo, reduce la pluralidad del discurso político.

Si a esto añadimos que nuestro sistema electoral es injusto, y favorece descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, encontramos que los partidos más votados han montado un sistema para acaparar el poder político y que, a la larga, nos conducirá al bipartidismo si no lo evitamos.

Para empezar, sería conveniente que empezarás a votar a los partidos con los que identifiques verdaderamente, ya que limitarse a elegir entre A o B no es libertad. Ya he comentado que hay muchos: en estas últimas elecciones se presentaron 92 partidos políticos, sumando un total de 1.130 candidaturas al Congreso y 1.235 al Senado, un 30% más que en 2004. Sin embargo, no esperes que los medios de comunicación te informen de otras alternativas, tendrás que informarte por tus propios medios. Es parte de la responsabilidad de ejercer tu soberanía.

También sería deseable que los partidos políticos se financiasen exclusivamente con recursos propios y de las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes, como ya han propuesto algunos partidarios de la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos.

Es evidente que quienes se benefician de estas subvenciones las defenderán con su vida mientras las sigan cobrando. Por eso en necesario que mucha gente vote “con todas sus fuerzas” a quienes proponen hacer estas y otras reformas que igualen en oportunidades a quienes se presentan a unas elecciones. Si tu no cambias las cosas, nadie lo va a hacer por ti; así que actúa.

¿Son las elecciones la fiesta de la democracia?

Cuanto más me informo, más motivos encuentro para afirmar que España no es una Democracia. No lo es porque los ciudadanos no pintamos nada, algo de lo que es implícitamente consciente hasta el más convencido votante.

En España no gobierna (“-cracia”) el pueblo (“demo-“), ya que carecemos de medios eficaces para el ejercicio directo de la soberanía, y los medios indirectos (a través de representantes) se encuentran supeditados a la voluntad de los partidos políticos, protegidos por nuestro injusto sistema electoral, que beneficia descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, fomenta el bipartidismo y el mantenimiento del “status quo”.

Lo poco que podemos hacer por nosotros mismos es presentar iniciativas populares, que están limitadas a hacer propuestas de ley sobre temas no regulados por leyes orgánicas (los verdaderamente importantes) y, hasta la fecha, no han superado el trámite parlamentario a pesar de haber reunido suficientes firmas para presentarse. También podemos votar los referendums que convoca el gobierno sobre los temas que le interesan (¿para cuando un referéndum sobre el aborto o la eutanasia?), aunque poco importa, porque su resultado no es vinculante para los poderes del Estado.

Lo que sí que es vinculante son los resultados de las elecciones, por eso el sistema electoral está basado en listas cerradas, para que los ciudadanos sólo puedan decidir qué partidos elegirán a las personas que se sientan en el Congreso y en el Senado, que es lo que pasa cuando los ciudadanos no podemos elegir ni la composición ni el orden de las listas que votamos.

Una vez en sus puestos, los representantes de los ciudadanos administran nuestra soberanía sin que podamos ejercer ningún control sobre su labor. Pese a que se supone que les elegimos nosotros, no podemos auditar su trabajo ni cesarlos de sus puestos.

Hoy empieza un nuevo ciclo, unas nuevas elecciones en las que la gente vuelve a votar, sin saber muy bien por qué y, en muchos casos, para que no gane otra opción. Esta proclamada “fiesta de la democracia”, a la que por cierto no parece haber sido invitada, es un claro reflejo de la calidad democrática del sistema de gobierno que se legitima con estas elecciones.

El colegio electoral

Al llegar al colegio recuerdo demasiado tarde algo que ya observé en 2004, que entre las 11h y las 13h el colegio electoral está hasta la bandera. Busqué las cabinas que garantizan que el voto sea secreto y encuentro esto.

cabina votación

Sin papeletas en el interior (ni donde ponerlas), sin bolígrafo para marcar el senado, y una cortina que no cierra bien ni cubre completamente. Así que toca coger las papeletas del pasillo a la vista de todo el mundo (cogiendo varias si se quiere disimular).

Esperando la cola para votar, escucho un comentario propio de tan “democrático” día. Un señor de unos cincuenta y tantos comenta “Hay mucha participación… esto NO nos beneficia”.

Si el ser humano fuera racional, este comentario sólo podría provenir de un afiliado a un partido minoritario al que, lógicamente, la alta participación resta posibilidades de conseguir un representante. Sin embargo, dada la composición electoral de Madrid, donde los partidos minoritarios están a 100.000 votos de su primer escaño, me cuesta creerlo que sea el caso.

Incluso aunque fuera de “Unión Progreso y Democracia” o “Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía”, que aspiran (como todos) a conseguir un escaño en Madrid, me cuesta creer que un votante de estos partidos, que se venden como “diferentes”, le interese una baja participación, ya que es más probable que les vote un abstencionista que un votante de otro partido grande.

Desde luego que no creo que se tratara de un abstencionista activo, que piensa nuestro sistema de gobierno no es democrático, que no encuentra ningún partido político que defienda esta postura (aunque quizás los haya, y si no se pueden fundar), y que no está dispuesto a renunciar a su soberanía durante 4 años. Aunque a este colectivo le podría interesar una alta abstención que fuerce un cambio de modelo de gobierno (para mejor, claro), desde luego no te los encuentras en un colegio electoral papeleta en mano y, sobre todo, se toman mucho más en serio la democracia que los ciudadanos medios como para decir esto.

Así pues, supongo que se tratará de un votante informado de izquierdas, que sabe que nuestro colegio electoral es mayoritariamente de derechas (65% aprox en las últimas elecciones generales, en las que fui vocal del mesa) y sabe que tanta gente significa muchos votos para “los otros”. Aunque me inclino más por pensar que se trate de un votante del PP que ha oído que una alta participación les perjudica. Toda especulación está abierta a discusión…

También en la cola, dos mujeres que están delante mio me preguntan si tenía un bolígrafo, y ya puestos, cómo se vota al senado. Esta pregunta, que me han hecho bastantes veces a lo largo de esta campaña, retrata la ignorancia con la que mucha gente “ejerce su soberanía”. Estoy seguro que si la gente comprendiese la ley electoral, el sistema político se desestabilizaría.

Rápidamente les explique que se pueden votar hasta tres candidatos, del mismo o diferentes partidos, aunque sigo sin comprender por qué las instrucciones para votar al senado no figuran en la propia papeleta… por falta de espacio no será.

papeleta-senado-2008

Lo que no les expliqué fue que esta restricción existe para evitar que todos los senadores de una circunscripción pertenezcan a la lista más votada, que es lo que pasaría siguiendo el sistema de asignación actual.

Afortunadamente para ellas, me limité a prestarles mi rotulador verde anti-fraude electoral, que uso para que resulte más evidente cualquier intento de manipular mi voto minoritario marcando más opciones de las permitidas, y evitar que se confunda con uno en blanco (porque no vean rápidamente que he marcado opciones raras).

Bueno, ya me toca. A pesar de ser candidato al Senado, entregué mis papeletas a la Presidenta de la mesa, quien fue la que introdujo mis votos en las urnas, como exige la ley (Art. 86.3 LOREG) y a diferencia de lo que hacen los políticos (ver I, II, III y IV)… ¡¡que encima se equivocan!!.

De vuelta a casa me encuentro que, todavía, no se ha retirado las banderolas electorales, contraviniendo el apartado primero del acuerdo 34/2008 de la Junta Electoral de Zona de Madrid, que exigía su retirada antes de las 6:00h del día 7 de marzo. Si alguien quiere ayudar a denunciarlo puede mandar enlaces a fotos de calles de Madrid (indicando la calle de que se trata) donde se vea claramente la banderola, la placa del nombre de la calle (u otro mobiliario urbano que permita identificar el lugar) y un periódico del 8 de marzo o posterior.

pancartas electorales dia votación

El Escrutinio

El escrutinio de mi mesa en las elecciones de 2004 fue, cuando menos, irregular. Los interventores de los partidos políticos, que tienen voz en las deliberaciones de la mesa pero no voto, empezaron a “aconsejar” a la mesa cómo hacer el recuento. A la presidenta, que sólo pensaba en irse a casa, le pareció adecuado que abriéramos las urnas (de una en una, claro), y, entre todos, abriéramos los sobres y fuéramos haciendo montones.

Aunque más rápido, esta forma de recontar no es la que establece la ley, y es propensa a errores de recuento. Sólo la presidenta de la mesa puede extraer los votos de la urna, de uno en uno, cantarlos y mostrarlos a los miembros de la mesa. Sin duda es un proceso más lento, y especialmente desalentador si eres parte de la mesa electoral más grande del colegio y estás recontando los votos de unas elecciones con alta participación.

Confieso que, aunque me quejé, al resto de miembros de la mesa e interventores les pareció que estaba loco por querer recontar así, y no tuve suficiente valor para defender la ley, ya que podría haber amenazado con no firmar el acta de la mesa en protesta.

Con el “método rápido” acabamos a las 1:00am, si hubiéramos recontado los votos según establece la ley seguramente habríamos acabado a las 3 o 4 de la mañana, pero tampoco hubiera sido tan grave porque los miembros de la mesa tienen por ley un permiso retribuido de 5 horas la jornada siguiente a la votación. Por culpa del recuentro “express” el partido minoritario por el que me presentaba en aquellas elecciones perdió un voto para el Senado, que debió contabilizarse como blanco, y me quedé con la duda de cuántos votos en blanco habrían sido robados por votos con dos papeletas votando a la misma candidatura.

Puesto que el escrutinio es público por ley, y la participación parece que va a ser igual de elevada que en 2004, me voy corriendo a mi colegio electoral a ver si aquello fue una excepción o la norma.

A las 20:00h se cierran las puertas (conmigo dentro) y empieza el recuento en la linea que viene siendo habitual, aunque con más orden que en 2004. Presidentas de mesa, vocales, interventores y apoderados, todos a una sacando votos de las urnas y de sus sobres vulnerando el procedimiento electoral ante la presencia impasible de la policía nacional y los interventores del Estado (por cierto, muy jovencitos y sin acreditación).

De entre la jungla de papeletas, mucho voto nulo votando a Gallardón y, como me esperaba, a UPyD al Senado: En torno al 30% de los votantes de UPyD de mi mesa electoral marcaron los cuatro candidatos que presentaban al senado, ergo voto nulo. El alto respaldo que obtuvo UPyD en mi mesa (con más del 50% de voto al PP) me hace reafirmarme en mi convencimiento de que se trata de un partido de centro-derecha. En contraste, Izquierda Unida se va al hoyo claramente… el voto (in)útil se manifiesta con fuerza aquí.

Al final, cuando los números no cuadran, los miembros de las mesas añaden convenientemente unos cuantos votos en blanco para redondear la cuenta, y todos tan anchos. Los de la mesa de al lado optaron por fabricar un par de votos nulos que faltaban porque no sabían que había pasado con los originales que sacaron (ambos con una papeleta al PP y otra al PSOE).

Ante la duda, las decisiones se toman por consenso, según le parezca a los componentes de la mesa. ¡¿Para qué consultar la ley electoral?!, que está claro que no os habéis leído. Lo mejor los comentarios de los interventores, sentando cátedra con frases como “siempre se ha hecho así”. Joder, que lleváis auditando elecciones por lo menos 10 años (que os conozco) y todavía no os habéis mirado las normas electorales, ya os vale.

Lo más patético, tres votos al senado para el PSOE que nunca debieron contabilizarse, porque el votante, en un alarde de vaguería, hizo una equis grande que abarcaba las casillas de los tres candidatos en vez de hacer una equis en la casilla de cada uno de ellos.

Al final, misma participación que en 2004 y misma hora de salida. A las 9:00 ya estaba escrutado el Congreso, y hasta las 12:00 el Senado (y luego a hacer las actas). Se confirma la utilidad del rotulador verde a la hora de captar la atención de los escrutinadores a altas horas de la noche. Tuve ocasión de salvar por los pelos un voto a “Por Un Mundo Más Justo” (PUM+J) al senado, pero me pregunto cuántos votos a formaciones minoritarias no se habrán contabilizado.

Por eso, recomiendo encarecidamente a los votantes de partidos minoritarios que usen rotulador gordo, nunca bolígrafo, y de color diferente a la papeleta (ni negro ni rojo) para la papeleta del Senado, porque hay mucha gente mayor contando los votos y no se ven las equis. Si podéis doblar la papeleta para que al sacarla se vea el voto, mejor. Pero, sobre todo, no seáis tan cabrones como para cerrar el sobre con la banda adhesiva.

Cuando me iba pude ver como en una mesa estaban recontando los votos según establece la ley. Iban bastante rezagados y seguro que acabaron a altísimas horas de la noche. Estas anónimas personas merecen toda mi admiración por su sacrificio por el bien común.

El Resultado: Más bipartidismo y menos democracia

Finalmente el recurso al voto útil y al miedo de que ganen “los otros” ha funcionado… y el sistema electoral ha echado el resto. A pesar de una campaña electoral mediocre, y huérfana de propuestas y verdaderos debates, los ciudadanos han dado un paso más hacia la renuncia total a sus derechos políticos. La próxima legislatura el parlamento será un poco menos plural.

De los 350 escaños, 322 ya están en manos de los 2 partidos más votados. El PSOE se lleva 16 escaños más de lo que le correspondería por el número de votos recibidos, mientras que el PP sólo recibe 12 escaños extra. Esto es posible gracias a una terrible combinación de circunscripciones pequeñas con reparto mediante método D’hondt: un sistema electoral diseñado para perjudicar a las minorías, y que difícilmente será más proporcional mientras favorezca a quienes gobiernan.

A continuación os dejo la famosa comparativa entre sistemas electorales con los datos provisionales de las Generales de 2008. En amarillo el reparto oficial de escaños, en rosa el reparto de escaños utilizando una circunscripción única sin límite del 3%, y en verde el reparto utilizando el Cociente Droop en vez de D’hondt, en circunscripción única.

Algún día unas elecciones serán el germen de una verdadera democracia, pero mientra la fiesta continua si la presencia de la homenajeada.

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Votos%
votos
D’Hont
Prov.
%
Escaños
Difer.
Esc./
Votos
D’Hont
Nac.
Sin 3%
%
Escaños
Difer.
Esc./
Votos
Droop
Nacio.
Esc. por
cociente
Resto
Votos
Esc.
Resto
%
Escaños
Difer.
Esc./
Votos
PSOE11.288.69844,36%16948,29%+3,93%16246,29%+1,93%15615550.578144,57%+0,21%
PP10.277.80940,39%15444%+3,61%14742,00%+1,61%14214154.745140,57%+0,19%
CIU779.4253,06%102,86%-0,21%113,14%+0,08%111054.38513,14%+0,08%
EAJ-PNV306.1281,20%61,71%+0,51%41,14%-0,06%4416.11201,14%+0,06%
ERC291.5321,15%30,86%-0,29%41,14%0,00%441.51601,14%+0,00%
IU969.8713,81%20,57%-3,24%133,71%-0,10%131327.31903,71%+0,10%
BNG212.5430,84%20,57%-0,26%30,86%+0,02%3267.53510,86%+0,02%
CC-PNC
174.6290,69%20,57%-0,11%20,57%-0,11%2229.62100,57%+0,11%
UPyD306.0781,20%10,29%-0,92%41,14%-0,06%4416.06201,14%+0,06%
NA-BAI62.3980,25%10,29%+0,04%00,00%-0,25%1062.39810,29%+0,04%
CA68.6790,27%00,00%-0,27%00,00%-0,27%1068.67910,29%+0,02%
EA50.3710,20%00,00%-0,20%00,00%-0,20%1050.37110,29%+0,09%
C’s46.3130,18%00,00%-0,18%00,00%-0,18%1046.31310,29%+0,10%
PACMA44.7950,18%00,00%-0,18%00,00%-0,18%1044.79510,29%+0,11%
VERDES41.5230,16%00,00%-0,16%00,00%-0,16%1041.52310,29%+0,12%
PAR40.0540,16%00,00%-0,16%00,00%-0,16%1040.05410,29%+0,13%
CHA38.2020,15%00,00%-0,15%00,00%-0,15%1038.20210,29%+0,14%
NC-CCN38.0240,15%00,00%-0,15%00,00%-0,15%1038.02410,29%+0,14%
LV-GV
30.8400,12%00,00%-0,12%00,00%-0,12%1030.84010,29%+0,16%
aralar
29.9890,12%00,00%-0,12%00,00%-0,12%1029.98910,29%+0,17%
Totales25.448.68135014,81%3505,91%350335152,05%
coeficiente Droop72.504