Cómo evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP con una sencilla reforma legislativa

Una sencilla modificación del artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que reduzca a 1 o 0 la asignación inicial de escaños a cada provincia podría evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP, y se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea más o menos el mismo y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso

Estimado/a diputado/a socialista,

Dado que le han fastidiado las vacaciones con el tema de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y aprovechando que las Cámaras están reunidas, le hago participe de una sencilla reforma que está en sus manos hacer para evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP en las próximas elecciones: modificar el artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (y el 162.3) para que la asignación inicial de escaños a cada provincia en el cálculo del tamaño de las circunscripciones sea de 1 o 0, según les convenga.

Como planteo en mi último artículo, la medida no sólo se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea equipare parcialmente y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso, sino que también les servirá para minimizar la debacle que se les viene encima y -quien sabe- conseguir que si gobierna Rajoy, lo haga sólo durante 4 años.

Si observa la simulación de los resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción observará que la reforma propuesta sólo perjudica al PNV y al PP, partidos claramente privilegiados con el sistema actual, por lo que no les debería costar demasiado reunir los votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria.

A CiU la medida les beneficia claramente: con estos votos, y los suyos, ya suman 180. No obstante, podrían atraer a la causa también a Esquerra, IU, CC-PNC y UPyD, habida cuenta de que -pese a no beneficiarse directamente con los datos de 2008- el crecimiento del tamaño de Tenerife, Barcelona y Madrid hace más difícil que pierdan su actual representación, y les sitúa un poco más cerca de incrementarla.

Además, estoy seguro que el jefe de comunicación del candidato Rubalcaba sabrá cómo convertir esta idea en una campaña de lavado de imagen del partido socialista, que buena falta les hace. Mientras “los que no creen en el valor igual de los votos” califican la reforma de atraco y recurren al Constitucional, el partido socialista resurge de sus cenizas como el paladín de la democracia… y con la coartada perfecta: no sólo no se benefician sobre el papel, sino que la idea la propuso el Consejo de Estado.

Es posible que, bien ejecutada, esta campaña les sirva para recuperar a los menos indecisos y desengañados o, al menos, para frenar la sangría en intención de voto. Desde luego, con el mío no cuenten, ya que aunque no quiero que gobierne el PP, jamás votaría al PSOE para evitarlo. No soy tan tonto como no darme cuenta de lo cercanas que son sus posturas en los asuntos realmente importantes, y el peligro que representa el entendimiento entre ustedes. Al fin y al cabo, del bipartidismo al partido único sólo hay un pequeño paso.

La pregunta es… ¿Cuán grande será la caída?

Con el actual sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones, al PP le basta que el 13% de los votantes socialistas se cambien de bando (o el 22% de los socialistas se abstuvieran) para conseguir mayoría absoluta. Sin embargo, no alcanzaría esa mayoría absoluta si se aplicase alguno de los dos sistemas alternativos propuestos en el artículo.

Resultados electorales en función del sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos.
PP176
(10,278)
176
(11,614)
170
(10,278)
171
(11,614)
172
(10,278)
174
(11,614)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
145
(8,805)
148
(9,821)
140
(8,805)
144
(9,821)

De hecho, analizando los diferentes resultados que depararía el escenario propuesto, y las circunstancias en las que el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones, parece que la mejor alternativa es optar por la propuesta del Consejo de Estado (1 escaño inicial por circunscripción).

Mayorías absolutas del PP según el sistema de cálculo del tamaño de la circunscripción
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -30%
PP =
PSOE -18%
PP +18%
PSOE -25,5%
PP =
PSOE -14%
PP +14%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos
PP176
(10,278)
176
(11,614)
176
(10,278)
176
(12,025)
176
(10,278)
176
(11,716)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
136
(7,902)
141
(9,370)
136
(8,433)
142
(9,708)

De optarse por dicha alternativa, el pacto probablemente sería sólo con CiU y -posiblemente- serían necesarias medidas adicionales, como derogar la última modificación del artículo 169.3 de la LOREG. La lógica de esta derogación es clara: mientras que el PP puede captar a los votantes de partidos extraparlamentarios de (extrema) derecha que no logren presentarse, los de izquierdas y “otros” dificilmente votarán al PSOE (¿o acaso ven a los votantes de C’s, PACMA, PAR, CHA, ARALAR, PUM+J, LOS VERDES… votando al PSOE?).

En cualquier caso, creo que la propuesta bien vale el intento aunque eso implique retrasar un poco las elecciones. Cierto que ver las cargas policiales contra los falangistas en la Cruz de los Caidos en plena jornada electoral (20N) es una publicidad impagable, pero mejor retrasar un mes las elecciones que prolongar cuatro años más la travesía del desierto en la que se embarcan.

Hagan lo que hagan, publicaré en esta misma entrada la simulación de los resultados de las próximas elecciones con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, para que sepan si su decisión fue la acertada o no.

Demócratas antisitema

Las movilizaciones del 15M han congregado en las plazas de toda España a miles de personas reclamando -al unísono- una democracia real a pocas horas de que se celebre otra “fiesta” en su nombre, pero sin su presencia. Mientras, desde la clase política y los medios, se alzan las voces de quienes dicen comprender la indignación generalizada al mismo tiempo que tachan de antisistema a los miles de participantes que exigen -pacíficamente, con un nivel de civismo digno del más idealizado país nórdico y, muchos de ellos, sin saberlo- que se cumpla la Constitución. Yo soy uno de ellos.

Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

Ayuda para presentarse a las elecciones

Estimados/as lectores/as, tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Resulta que me quiero presentar a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid o, al menos, al Ayuntamiento de Madrid, pero la ley electoral me exige que vaya acompañado de -ni más ni menos- 129 y 57 candidatos/as respectivamente (al menos todavía no me piden firmas como aval). Aunque conozco a mucha más gente que entiende que los políticos son el problema, desgraciadamente no conozco a tantos que comprendan que la política es la única salida civilizada al mismo.

Hace tiempo que me aburrí de manifestaciones, recogidas de firmas, de escribir a “mis representados” y de protestas por el estilo. Aun siendo muy loables todas estas iniciativas, ninguna de ellas puede hacer mella en el sistema porque, mientras no haya consecuencias políticas o jurídicas, da igual todo lo que hagamos. Para hacer la limpieza que muchos reclaman es necesario que algunos se arremanguen y bajen a la arena política, porque el poder nunca se cede, siempre se arrebata de las manos de los que antes se aferraron a él.

Este fue el motivo que me llevó a cofundar hace ya más de 3 años Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD), un partido con un proyecto tan sencillo como necesario: lograr la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos sobre los pilares del respeto a los Derechos Humanos, la promoción del Estado del bienestar y el desarrollo de una verdadera Democracia, sin necesidad de intermediarios.

Por ahora somos un partido pequeño: no tenemos pretensiones de gobernar, ni estamos en condiciones de hacerlo. Para estas próximas elecciones nos conformamos con ofrecernos voluntarios como portavoces de la ciudadanía y vigilantes de los gobiernos municipales y autonómicos. Consideramos que, para que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de influencia y decisión en el ámbito político, necesita portavoces a su servicio -no al de sus partidos- en las Asambleas Legislativas y en los plenos municipales… personas que gobiernen para nosotros, por nosotros y con nosotros. Eso es lo que pretendemos.

Sin embargo, para lograr este objetivo no sólo hace falta que la gente así lo decida con su voto, antes es necesario formar candidaturas a las que poder votar, y ahí es donde entras tu. En muchos municipios ya hay grupos organizados que están formando candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD (tu también puedes organizar una si quieres antes del 28 de marzo); sin embargo, en Madrid -mi ciudad, donde pretendo presentarme- faltan candidatos/as.


Ver Candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD en un mapa más grande

Nos encontramos en una encrucijada en la historia: el sistema político ha dejado de ser de utilidad a la mayoría de la población, y debe reformarse o morir. Las elecciones de los próximos 2 años son propicias para un cambio real, no basado en la alternancia sino en la adopción de nuevo modelo basado en los ejes sobre los que articula el proyecto político con el que me identifico: acabar con la diferenciación entre gobernantes y gobernados, y hacer que la gestión política responda a los intereses y necesidades de las personas.

Reconozco que no tengo del todo claro cómo se logrará, pero sí que tengo claro que tengo algo que aportar y que el camino empieza por presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada. Aunque parece poco probable que aparezcan los/las candidatos/as para poder presentarnos, y que luego la gente nos vote, sólo lo sabremos intentándolo.

Por eso te pido tu ayuda, y la de tus conocidos, y la de muchas otras personas anónimas que quieran ayudar a completar las listas para que haya más alternativas, más competición y, sobre todo, para que nuestras propuestas se oigan. Los dos sabemos que los problemas de España con la política y los políticos no van a resolverse solos. Si quieres ayudarme, yo quiero intentarlo; pero no puedo presentarme sólo.

Quizás te retraiga el hecho de no conocerme; bueno, yo tampoco te conozco a ti pero -de todas formas- estás invitado o invitada a participar. Por muy mal que lo hagamos, no puede ser peor de lo que ya tenemos (para un ejemplo, véase el vídeo).

Si quieres colaborar, es tan fácil como rellenar la declaración aceptando la candidatura (pdf editable | versión para imprimir) y enviarla, junto a una fotocopia del DNI, a la dirección que se indica al pie de la hoja ANTES de que se acabe el plazo (18 de abril). Obviamente, todo integrante de la lista tiene derecho a participar y decidir sobre el programa electoral, que elaboraremos en el caso de que aparezcan los candidatos.

Para los más desconfiados estoy dispuesto a recoger la documentación en mano en la plaza de aluche a una hora prefijada (laborables de 17h a 20:30h). Así podrás comprobar en persona a quién estás apoyando, y conocer a uno de los candidatos al que -esperemos- podrás votar en mayo.

Decidas lo que decidas, muchas gracias por tu tiempo e interés, y buena suerte en las elecciones. Por mi parte, si logro presentarme esta esta vez, ten por seguro que lo intentará de nuevo en 2012.

La otra barrera electoral

Me entero por el BOE, gracias al aviso de I’m Dario, de algo de lo que -según parece- no se han informado en los medios de comunicación. Resulta que, a partir de ahora, a las elecciones al Congreso y al Senado:

Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria […] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

Partidos políticos que lograrán presentarse al Congreso tras la reforma
PartidoMadridBarcelona
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL1.401.7851.309.171
PARTIDO POPULAR1.737.688470.677
CONVERGENCIA I UNIO547.993
IZQUIERDA UNIDA / INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA164.595155.674
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA184.558
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA132.0955.179
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA¹24.220
LOS VERDES-GRUPO VERDE / ELS VERDS – L’ALTERNATIVA ECOLOGISTA¹10.87512.561
LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID¹9.925
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL¹4.7558.153
PARTIT REPUBLICA CATALA¹4.250
¹ Partido que deberá reunir firmas menos firmas que votos obtuvo en 2008
Fuente: Ready for tomorrow

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Candidaturas políticas al Congreso en peligro de extinción (2012)
CircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin ParlamentariosCircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin Parlamentarios
Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.
A Coruña17 (100%)12 (70,58%)10 (58,82%)La Rioja18 (100%)14 (77,77%)12 (66,66%)
Álava20 (100%)15 (75,00%)8 (40,00%)Las Palmas24 (100%)19 (79,16%)16 (66,66%)
Albacete18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)León24 (100%)20 (83,33%)17 (70,83%)
Alicante27 (100%)23 (85,18%)16 (59,25%)Lleida28 (100%)22 (78,57%)19 (67,86%)
Almería20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Lugo16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Asturias29 (100%)25 (86,20%)22 (75,86%)Madrid37 (100%)33 (89,19%)30 (81,08%)
Ávila25 (100%)21 (84,00%)20 (80,00%)Málaga21 (100%)17 (80,95%)12 (57,14%)
Badajoz17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Melilla8 (100%)5 (62,50%)3 (37,50%)
Barcelona32 (100%)26 (81,25%)21 (65,62%)Murcia22 (100%)18 (81,81%)16 (72,72%)
Burgos26 (100%)22 (84,61%)17 (65,38%)Navarra21 (100%)16 (76,19%)11 (52,38%)
Cáceres20 (100%)16 (80,00%)12 (60,00%)Ourense16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Cadiz18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)Palencia19 (100%)15 (68,75%)11 (56,25%)
Cantabria20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Pontevedra17 (100%)12 (70,58%)9 (52,94%)
Castellón28 (100%)23 (82,14%)17 (60,71%)Salamanca22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Ceuta11 (100%)7 (63,63%)3 (27,27%)Sta C. Tenerife24 (100%)19 (81,82%)15 (72,73%)
Ciudad Real20 (100%)16 (80,00%)15 (75,00%)Segovia23 (100%)19 (82,61%)16 (69,57%)
Córdoba18 (100%)14 (77,77%)11 (61,11%)Sevilla19 (100%)15 (78,95%)12 (80,00%)
Cuenca19 (100%)15 (78,95%)14 (73,68%)Soria17 (100%)13 (76,47%)7 (41,18%)
Girona28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)Tarragona28 (100%)22 (78,57%)18 (64,29%)
Granada22 (100%)18 (81,82%)15 (68,18%)Teruel21 (100%)17 (80,95%)14 (66,67%)
Guadalajara23 (100%)19 (82,61%)15 (65,22%)Toledo22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Guipuzcua19 (100%)14 (73,68%)9 (47,37%)Valencia28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)
Huelva17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Valladolid21 (100%)17 (80,95%)11 (52,38%)
Huesca21 (100%)17 (80,95%)13 (61,90%)Vizcaya21 (100%)16 (76,19%)10 (47,62%)
Islas Baleares20 (100%)16 (80,00%)11 (55,00%)Islas Baleares17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)
Jaen19 (100%)15 (78,95%)13 (68,42%)Zaragoza23 (100%)19 (82,61%)14 (60,87%)

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

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Representatividad con Gobernabilidad

Al hacer depender la elección de dos de los poderes del estado de una única expresión de la voluntad popular, el diseño del parlamentarismo obliga a los ciudadanos a optar entre dos características igualmente necesarias de todo sistema político: la representatividad de su cámara de representantes, y la gobernabilidad de su gobierno. La elección, que se plantea como ineludible, es sobre la que versan innumerables discusiones sobre las fórmulas electorales que deben permitir la conversión de votos en escaños. Aunque son muchas las soluciones propuestas, algunas capaces incluso de conciliar ambos aspectos, lo cierto es que el error es de planteamiento.

La naturaleza del ejecutivo y del legislativo es muy distinta, por lo que no parece práctico elegirlos en una misma votación, ni se justifica desde la doctrina de separación de poderes. Al primero se le exige dirigir la política de la nación, mientras que al segundo se le encomienda la elaboración de las normas centrales del ordenamiento jurídico, el control político del Gobierno y la aprobación del régimen de ingresos y gastos del Estado.

Mientras que para el primero es necesaria una figura digna de la confianza de la ciudadanía, que cuente con un programa político que desarrollar y ejerza un liderazgo fuerte, capaz de dar soluciones satisfactorias a los imprevistos que se presenten; para el segundo, lo que se necesitan son portavoces de la pluralidad de puntos de vistas existentes en la sociedad, capaces de mantener en jaque al Gobierno y de auditar -y mejorar- el funcionamiento del Estado.

A este segundo conjunto también le corresponde el introducir en la agenda política los asuntos más relevantes para los grupos a los que representan, y plantear alternativas respecto a las iniciativas de otros. Son los encargados de ofrecer a la ciudadanía otras propuestas y otros modelos de gestión con los que comparar los que tenemos, e introducir -con ello- la competición en la política. De ahí la necesidad de cambiar las mayorías artificiales en el parlamento por la representatividad plural.

La competencia produce calidad, también en política

La competencia resulta fundamental para la democracia, porque es la que aumenta el nivel de autoexigencia de los políticos y la calidad de las ofertas que se formulan. Sin competencia ni alternativas no hay incentivos para mejorar ni para participar, solo mediocridad y desapego. Por eso, sacrificar la representatividad en aras de la Gobernabilidad es suicida, sobre todo habiéndose “superado” la Transición, momento en el que esta medida sí estuvo justificada.

Una vez consolidado el parlamentarismo en España, ya no es necesario mantener un sistema que altera la formación y manifestación de la voluntad popular al imponer altos costes y barreras de entrada a potenciales alternativas. Desgraciadamente, tanto el PSOE como el PP coinciden en la necesidad de perpetuar un sistema tan disfuncional para mantener el status quo, y proteger su duopolio del poder excluyendo a la competencia, y petrificando el sistema de partidos políticos.

Parece claro que el sistema de representación cada vez satisface menos las demandas de quienes lo sustentan, por lo que -de continuar ampliándose la brecha entre representantes y representados- acabará quebrando: siendo desmantelado por la fuerza, o desplegando la suya para reprimir y castigar a quienes lo amenazan, que cada día somos más. Que este pasado diciembre “la clase política y los partidos políticos” fueran percibidos como el tercer problema de los Españoles (p. 5), por encima de la inmigración o el terrorismo por enésimo mes consecutivo; o que 2/3 de los encuestados en noviembre estuvieran poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento (p. 18) y el 60% opine que “en las Cortes se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, en vez de discutir los problemas fundamentales del país” (p. 17) da una idea del desacoplamiento que se está produciendo entre las aspiraciones de los españoles y las prioridades de los políticos.

Como ciudadano, mi máxima prioridad política es obtener los mejores resultados posibles de mi voto y mis impuestos; algo que el sistema electoral español no me permite por su clara disfuncionalidad en términos de representatitividad, que -a su vez- genera también disfunciones en términos de competitividad. Por tanto, congratularse por “la estabilidad y la gobernabilidad” que proporciona nuestro sistema electoral es no comprender el precio que se paga para conseguirla, ni saber que puede obtenerse por otros medios.

Así es: representatividad y gobernabilidad son compatibles. Bastaría combinar la elección directa del Presidente del Gobierno con un sistema electoral plenamente proporcional para garantizar la estabilidad del sistema político, habida cuenta de que el Presidente sería investido por el voto de los ciudadanos y, en un Parlamento fragmentado, difícilmente podría prosperar una moción de censura constructiva. Sería necesario, no obstante, realizar algunos cambios para facilitar al Gobierno el proceso legislativo[¹], habida cuenta de que el aumento de la representatividad dificultaría la construcción de mayorías.

En un sistema como el propuesto, las mayorías artificiales basadas en el sistema electoral y la disciplina de partido darían paso a mayorías basadas en el consenso, sin producir por ello inestabilidad gubernamental. No obstante, el cambi probablemente generaría cierta parálisis legislativa hasta que los supervivientes del proceso de reconversión interiorizaran las nuevas condiciones en las que deberán realizar su trabajo: menos leyes, más consensuadas, más duraderas, y sólo las necesarias.

En efecto, la fragmentación permitirá -creo yo- contener la proliferación legislativa, y obligaría a realizar una política más constructiva y orientada a la ciudadanía. Nos ahorraríamos confusiones como las de Arsenio Fernández de Mesa al afirmar que “el PP representa a la mitad de los españoles“, cuando sólo le votaron un tercio de los que tenían derecho a voto (que son sólo casi dos millones más de los que se abstuvieron).

A estas medidas podrían sumarse otras como sustituir la propaganda electoral por el envío de un folleto en el que cada candidatura disponga del mismo espacio para comunicar su programa electoral, la posibilidad de presentar listas incompletas (a riesgo de que otras formaciones ocupen los escaños si faltaran candidatos), eliminación del umbral de porcentaje mínimo de votos para ser incluido en el recuento (especialmente en aquellas circunscripciones en las que un escaño representa, sobre el total, un porcentaje por debajo de la barrera electoral), el aumento del número de escaños del Congreso a 400, o la selección de los candidatos de cada lista (y su orden) directamente por los afiliados al partido en cada circunscripción.

Con estas, y otras propuestas, es posible construir un sistema político altamente competitivo y flexible, en beneficio del ciudadano. Sólo hace falta que, quienes pueden hacerlo, voten para alejar del poder a las viejas elites dirigentes y sustituirlas por personas sin intereses creados, dispuestas a llevarlas a cabo. Líderes más adecuados a los tiempos que corren, y conscientes tanto de que no deben morder la mano que les da de comer, ni criminalizar a la población por no compartir su anquilosada visión de la realidad, como de que la sociedad española no es ni roja ni azul: hay una amplia gama de colores, y su proporción varía según el tema.

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[¹] Por ejemplo, aumentando la vigencia temporal de los decretos leyes antes de su convalidación.

El Gobierno provoca la rebelión de los controladores para jodernos el puente

Cuando un Gobierno en crisis decide llevar a cabo el programa electoral de la oposición no hay nada como organizar una gran cortina de humo para desviar la atención de este pequeño detalle, aprovechar para convertir en chivo expiatorio a un colectivo que es un obstáculo para sus planes, y lograr que la muchedumbre les aplauda por “resolver” enérgicamente la crisis que ellos mismos han creado. Esto es precisamente lo que ha hecho el ministro de Fomento, José Blanco, con la inestimable colaboración de todos los medios de comunicación relevantes del país, que necesitan más que nunca los ingresos de la publicidad institucional para mantenerse a flote.

La mala gestión causa el conflicto

El Gobierno, a sabiendas de cuál sería la reacción, decidió publicar el día en que se iniciaba el puente de la Constitución un Real Decreto por el que se modificaba unilateralmente -y sin preaviso- las condiciones de trabajo de los controladores aéreos. Podía haberlo publicado cualquier otro día -por ejemplo, el lunes 13- para que tuviéramos el puente en paz, pero la ocasión era perfecta y, además, ya no quedaba tiempo.

El 14 de abril se publicó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo […], en la que se establecía originalmente que:

Disposición adicional cuarta
2.
Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad dejarán de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio de esas funciones […]

Esta situación se corrigió el 24 de Octubre (más de 6 meses después), a la vista de que no era posible prescindir de los controladores mayores de 57 años (en torno al 4,5% del total); pero, para entonces, el resto ya habían realizado demasiadas horas extra para suplir estas bajas, y los controladores retirados por el Gobierno no se encontraban en condiciones de reincorporarse rápidamente. Es más, muchos de ellos podrían perder su habilitación para controlar el tráfico aéreo por no haber ejercitado las atribuciones de la licencia durante un número mínimo de horas durante los 12 meses anteriores, tal y como establece el Artículo 11.1.a de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

A la vista está que la mala gestión del Gobierno ha reducido la disponibilidad de horas de control aéreo, poniendo en peligro la continuidad del tráfico. Por suerte esto es España, y aquí sabemos que los problemas se solucionan apretando las tuercas a los trabajadores, que es precisamente lo que parece que está haciendo AENA al ver que las horas y controladores disponibles no son suficientes. De hecho, el pasado día 29 de noviembre se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Santiago de Compostela porque todos los controladores que tenían que acudir a trabajar habían cumplido el máximo de horas que permite la ley.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni por esas iba a ser posible garantizar el control del tráfico aéreo hasta el fin del año, se preparó otro real decreto para sacarse de las manga las horas que faltaban. Así, en el Real Decreto publicado el pasado viernes se dice que:

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.

Esta redacción es claramente contraria a la del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que dice:

Art. 13. Imaginaria.
2. El periodo de imaginaria no computará como actividad aeronáutica si se realiza fuera del lugar de trabajo. La imaginaria realizada en el lugar de trabajo computará como actividad aeronáutica aún cuando el controlador no sea convocado para la realización de actividad operacional […].

En resumen, que antes las guardias en la torre o el control eran horas de actividad aeronáutica (aunque no dirigieras el tráfico aéreo, hay que estar allí por si acaso) y ahora ya no lo son… y parece que este cambio se pretende aplicar retroactivamente a todo el año 2010. ¿Qué te parecería que tu empresa, por que sí y después de meses presionándote, de haberte subido un 40% las horas de trabajo y bajado el sueldo un 25%, decidiese modificar -de nuevo- tu horario unilateralmente y sin siquiera consultarte, asignándote una serie de horas que creías que ya habías trabajado (y que no son ni extra, ni voluntarias, ni remuneradas) porque resulta que han echado a demasiada gente, y ahora no sois suficientes ni hay tiempo de contratar a nadie? ¿Cómo reaccionarías?

Lo que defienden los controladores son derechos laborales básicos

La Constitución establece que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” (Art. 37.1 CE). Esto, obviamente, también es de aplicación a los controladores aéreos como trabajadores de una empresa pública que son, e incluye su derecho a la huelga y a renunciar a su trabajo con indemnización si se modifican sustancialmente las condiciones pactadas. De hecho, al menos 180 han pedido la rescisión de su contrato desde febrero.

Por tanto, aunque me parezca injustificable el cierre del espacio aéreo español, tengo claro que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento arrinconar a los controladores al borde del precipicio para que ellos mismos salten al foso de los cocodrilos, y el resto de la población podamos darnos un festín con sus entrañas. Como ya he dicho, en tiempos de crisis no hay nada mejor que un chivo expiatorio, y los controladores han caído en la trampa (y cavado su propia tumba, en la que -por cierto- hay sitio para el Gobierno).

Hay que reconocer que no han tenido muchas alternativas… ¿que haces cuando tu empresa no tiene voluntad, ni necesidad, de negociar nada; modifica retroactivamente tu convenio colectivo mediante decreto ley y establece servicios mínimos de casi el 100% si haces huelga?. Pues a priori sólo parece que haya dos opciones: o se largan o tragan una vez más, demostrando que no tienen ninguna capacidad para doblegar al Gobierno. Tan inexistente es su capacidad de negociación que antes del viernes ya habían perdido prácticamente todos los privilegios obtenidos en 1999, gracias a la docilidad del Ministro que negoció con ellos el primer convenio colectivo.

Entonces, ¿por qué se reacciona tan virulentamente contra una medida que parece mucho menos mala que otras ya adoptadas?. Si no ha habido este nivel de contestación cuanto les han bajado el sueldo un 40% y subido -simultáneamente- las horas de trabajo un 25%, ¿por qué lo hay ahora cuando “sólo” se cambia la forma de contabilizar determinadas horas de trabajo? ¿y por qué se reacciona de una forma tan incontrolada?. Al fin y al cabo… ¿quién, en su sano juicio, se jugaría un trabajo fijo con sueldo de seis cifras -para el que no faltan candidatos/as-, y unos supuestos privilegios que tanto ha costado conseguir, por esta pequeñez cuando se expone a que le despidan disciplinariamente y le metan en prisión hasta 8 años?

¡Si con lo que se supone que cobran se pueden retirar de todos modos en tres!… por que no aceptar que les alarguen un poco más las jornadas de tocamiento testicular en el centro de control ¡total, si -como dicen por ahí- no dan ni palo al agua!. Además, después de lo que les ha costado conseguir esta bicoca, por qué iban a optar por una forma de protesta en las que se arriesgan a perder el trabajo y acabar en la cárcel. ¿por qué iban a saltar nadie de esa forma al foso de los leones?.

Para esta última pregunta no tengo respuesta, pero tengo claro que -independientemente de cual sea- cualquiera que esté dispuesto a asumir un riesgo así se encuentra desesperado, o es incapaz de calibrar los riesgos que asume. Ambas circunstancias me parecen claramente incapacitantes para dirigir el tráfico aéreo, así que me alegro de que se fueran a casa el viernes… no sea que con el disgusto del controlador tengamos un accidente.

Es más, creo que debería cesarse el linchamiento inmediatamente porque estamos provocando que los controladores rompan definitivamente la baraja. Si tu empresa recurre al mobbing para que tragues todos los recortes de las condiciones de trabajo que te impongan, y pone a la opinión pública en tu contra, de modo que todo el mundo te odia, insulta, se burla de tu “estrés” e incluso pueden llegar a agredirte… ¿cuanto tiempo aguantarías antes de mandarlo todo a la mierda por-mucho-que-cobres?

Como dice Rubalcaba, “Quien le echa un pulso al Estado, pierde[1]. Los controladores ya han perdido, lo único que les queda por hacer es renunciar masivamente sus empleos, lo que paralizaría el espacio aéreo durante meses -porque no hay sustitutos- y hundiría la economía española. No creo que les falten ganas de hacerlo, pero dudo que lo hagan porque creo que todavía les importa algo el bienestar de quienes les atacan sin motivo. Creo que ya se les ha exigido bastante en 2010: démosles una tregua y ayudémosles, porque lo necesitan.

Se enfrentan a un Gobierno que cree que puede regular los convenios laborales por decreto ley, con efecto retroactivo y justo al inicio de un puente. Si por un momento pudiéramos abstraernos de que -en esta ocasión- las víctimas son odiosos controladores, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente pasa. El Gobierno se salta la Constitución para imponer cambios en el convenio colectivo, se salta la ley para declarar el estado de alarma cuando los cambios no cuelan, y se salta la ley para hacer que el ejercito obligue a trabajar a los controladores… y la gente aplaudiendo. Divide y vencerás, primero los controladores y luego ya veremos.

Tolerar este modus operandi sienta un peligroso precedente que se puede aplicar a cualquier otro sector -quizás el tuyo-, y coloca al Gobierno por encima de la Constitución y de las Leyes del Parlamento. No se puede someter a civiles a la jurisdicción militar sin declarar antes el Estado de Sitio (art. 117.5 CE), no se pueden regular mediante decreto ley derechos laborales garantizados por el Estatuto de los Trabajadores, y no se puede ser tan tonto como para que te importe más coger un vuelo y/o “ajustar cuentas” que todo esto.

A mucha gente le encanta comparar a los controladores con los médicos, y preguntarse si nos gustaría que te quedases sin operar porque se declarar en huelga. Es evidente que a nadie le gustaría; por eso mismo, antes de llegar a ese extremo y que me pille en el quirófano, si veo que el Gobierno se está saltando la ley para presionar a los médicos, me alinearé con ellos en vez de insultarles y tirarles piedras. No vaya a ser que no queden cuando necesite uno.

Quizás los controladores no deberían ser trabajadores, sino funcionarios públicos con sus derechos restringidos -al igual que los cuerpos de seguridad del Estado- porque gestionan un recurso estratégico del país. Sin embargo, mientras el Parlamento no cambie su estatus jurídico, sus relaciones laborales seguirán rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les puede obligar a trabajar, porque no son nuestros esclavos, ni tampoco se puede dejar sin aplicar el régimen disciplinario, porque lo que han hecho es una cosa muy grave.

No obstante, quisiera señalar que cuando la justicia no funciona y el Gobierno se salta las leyes y la Constitución, la única alternativa que queda es la desobediencia civil. Ambas partes han actuado mal en el conflicto, pero si tengo que tomar partido, lo haré en función de lo que hacen y no de si son unos privilegiados o representantes electos: si un empresario lucha verdaderamente por defender la Constitución (aunque sea esta), será mi aliado; mientras que si es un familiar quien la vulnera, será mi enemigo… esa es la única distinción importante.

Sobre sueldos, privilegios y productividad de los controladores

En un país donde el deporte nacional es la envidia, y el segundo deporte nacional es comer sin rechistar toda la mierda que se le sirva a uno, no es de extrañar que cualquier trabajador que tenga un sueldo digno, jornada “supuestamente reducida” y un sindicato fuerte que protege sus derechos sea objeto de mofa y desprecio. Una de las muestras más claras del atrofiamiento mental del español medio es la obsesión de igualarnos por abajo: en vez de aspirar a vivir como controladores, aspiramos a que los controladores vivan como nosotros… hay que ser tontos.

Es más, hay que ser doblemente tontos, porque todo el mundo tiene envidia de un trabajo al que sólo le veo pegas, y se habla de unos supuestos privilegios que yo no veo por ninguna parte. ¿Quién querría un trabajo en el que…

  • Para conseguir el puesto tienes que pasar un riguroso proceso de selección de que sólo supera el 3% de los candidatos, y una formación eliminatoria que dura 21 a 24 meses y cuesta 45.000€.
  • Tienes que tener plena movilidad geográfica para que te trasladen a donde hagas falta, sin opción a oponerte.
  • Trabajas a turnos, con lo malo que es para la salud y para la vida social.
  • Tus vacaciones, permisos y licencias están supeditadas a garantizar la seguridad, eficacia y continuidad de la prestación del servicio. Tu horario del mes que viene no lo conoces hasta 10 días antes, y está sujeto a cambios de última hora y, en tus días libres, tienes que estar disponible para presentarte rápidamente en el centro de control si se requiere tu presencia.
  • Tienes que pasar cada 12 meses un estricto control médico para mantenerte en el puesto. Si no lo pasas (por tener alto el colesterol, por ejemplo), suspendido o a la calle.
  • Si, por lo que sea, no puedes ejercer suficientemente tus funciones en un periodo de 12 meses (embarazo, accidente) quedas inhabilitado hasta que superes un curso de readaptación.
  • Tu convenio colectivo lo redacta el Gobierno mediante Decreto Ley, a ti ni te consultan.
  • Eres responsable de miles de vidas todos los días: un error tuyo puede matar a mucha gente?
  • Pagas más del 40% de tu sueldo en concepto de IRPF?.

Pero no todo son pegas, porque candidatos no faltan. El sueldo, por ejemplo, está muy bien… aunque nadie sepa exactamente cuanto es. Esto no impide que se manejen cifras entre 200.000€ y 240.000€ al año de media. O, lo que es lo mismo, entre 1€ y 2€ por trayecto y pasajero, ya que sus sueldos se pagan con parte de las famosas tasas de los billetes de avión.

A mi esto no me causa ningún problema porque creo que su trabajo lo vale, y porque -como asalariados que son- sé que no tienen posibilidades de evadir impuestos (a diferencia de otros muchos), así que el 40+% de lo que cobran se lo queda el Estado. Pero si realmente los costes laborales son tan elevados, bastaría con contratar suficientes controladores para no tener que pagar horas extra a precio de oro. Porque -no nos engañemos- el verdadero problema es que hay pocos controladores: insuficientes para gestionar creciente el tráfico aéreo; y el responsable directo -o indirecto- de que esto sea así es AENA (el Gobierno), que es quien establece los criterios de selección y el número de plazas que se ofertan cada año.

Hay gente que afirma que esto no es así, que los controladores bloquean el proceso de incorporación para que no entren más y poder hacer más horas extra (como máximo 80), que prefieren ganar más dinero que tener tiempo para disfrutar del que ya cobran. No me lo creo, porque es lo mismo que sostener que los mismos empleados que ahora vemos como se tragan los Reales Decretos del Gobierno, uno de tras de otro, han ejercido el control de una empresa pública durante años, sin que el Gobierno hiciera nada. Si los controladores tuvieran semejante fuerza, nunca se habrían aceptado los cambios introducidos este año. Me parece más lógico pensar que AENA restringe artificialmente la incorporación de controladores en la ya conocida estrategia de generar déficit y disfunción para justificar la privatización.

¿Por qué AENA no convoca más plazas, recluta personal con la licencia comunitaria de controlador de transito aéreo, usa controladores militares y/o cierra aeropuertos de mínima actividad para trasladas aumentar el número de controladores disponibles? Si el Estado puede militarizar los centros de control civiles, ciertamente podría -si quisiera- hacer estas cuatro sencillas cosas -fuera del alcance de las supuestas mafias sindicales- para ahorrarse esas horas extras que hay que hacer cuando hay más trabajo que recursos para hacerlo.

Otra cosa que se les critica es el horario: ¡sólo 32 horas semanales de actividades aeronáuticas!. Claro que a esas hay que añadirle los primeros minutos de traspaso del tráfico aéreo, que no se contabilizan como horario (+1 hora más a la semana), además de todo lo que no es control aéreo. También hay que realizar formación continua obligatoria, preparación de informes/incidencias, las guardias (excepcionalmente, hasta 40h cada 6 días), etc… Vamos, que dudo mucho que los que trabajen en una torre con tráfico aéreo hagan menos de 40h semanales.

También se les acusa de ser un grupo endogámico cuando sólo el 9% de ellos están emparentados entre sí… como si en otros gremios no hubiera familias enteras que comparten profesión (abogados, médicos farmacéuticos), o los familiares no tuvieran que pasar las pruebas físicas, psicológicas, de conocimientos y de ingles como todo el mundo. Otra cosa imperdonable es que el 97% están afiliados a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). En algún momento nos metieron en la cabeza que estar sindicado es algo malo, y somos incapaces de ver su cohesión [2] como ejemplo de lo que pueden lograr los trabajadores unidos .

Por último, también se les achaca que tienen la más baja productividad de Europa, pero cómo no van a tenerla si España está llena de aeropuertos sin tráfico aéreo donde hay más controladores que destinos: Córdoba (0 destinos), Sabadell (0), Son Bonet (0), Albacete (1), La Gomera (1), Logroño (1), Vitoria (1), Badajoz (2), El Hierro (2), Pamplona (2), Salamanca (2), San Sebastian (2), Huesca-Pirineos (4), Burgos (5), Jeréz (5), León (6), Menorca (6), Valladolid (6), Vigo (7), F.G.L. Granada-Jaén (8), A Coruña (8), Santander (8).

Todas estas torres de control necesitan controladores, así que la distribución de la carga de trabajo es muy desigual: mientras los controladores en los puntos calientes están desbordados, otros disfrutan de la vida en provincias. Así, frente a las 435.817 operaciones anuales de Barajas, la mediana de operaciones por aeropuerto en 2009 fue de 17.528 anuales, es decir, 46 por aeropuerto y día. Por tanto, la baja productividad de los controladores no es culpa suya, sino una característica de sistema aeroportuario causada por la proliferación de aeropuertos con poco tráfico, y cuya viabilidad económica depende de que los grandes aeropuertos financien su déficit con los beneficios que generan. Si no hay vuelos, no se puede ser productivo; otra cosa es que ese deba ser el único criterio por el que se abra o cierre un aeropuerto.

Conclusión: Adiós democracia

Sinceramente, me preocupa el entusiasmo con la que la mayoría de personas apoya el linchamiento -promovido por el Ministro- de un colectivo que está defendiendo derechos laborales básicos ante un Gobierno que lo que mejor sabe hacer es mentir, saltarse las leyes, y utilizar a la opinión pública como arma en un conflicto que ha promovido para ocultar la privatización de las pocas empresas públicas rentables que quedan.

Es digno de una socieda prefascista que la gente aplauda las medidas de fuerza manifiestamente ilegales que se aplican contra un colectivo para “solucionar” un problema que ha creado y desencadenado el propio Gobierno, al más puro estilo “quema de Reichstag“. Mucho me temo que la “democracia” será un breve paréntesis en la historia de España con esta sociedad tan fácilmente manipulable, tan entregada al Gobierno y al autoritarismo ante el más mínimo contratiempo, y tan incapaz de ver que lo que está en juego es mucho más que poder coger un avión.

Aunque no descarto la posibilidad de estar totalmente equivocado, y que los controladores sean tan malos y mafiosos como los pintan, tengo claro que prefiero equivocarme dándoles el beneficio de la duda a equivocarme aplaudiendo las medidas de un Gobierno que expolia (AENA, ONLAE), incumple las leyes, lanza al ejercito contra los trabajadores y criminaliza a sus empleados. Semejante Gobierno no me merece ningún respeto ni credibilidad.

Estoy seguro de que, dentro de unos años, cuando el Tribunal Constitucional establezca que el Real Decreto, la declaración del estado de alarma y la militarización eran ilegales, tengamos que pagar con nuestros impuestos las multimillonarias indemnizaciones de los controladores despedidos, y se haya privatizado AENA -haciendo que los viajes en avión sean más caros y menos seguros-, quienes hoy se ahogan en su propia bilis mientras reclaman cabezas para calmar su ira seguirán sin comprender que han sido títeres del Gobierno, y seguirán pensando que los controladores -y quienes ocupen su lugar en el futuro: taxistas, farmacéuticos…- se merecen todo lo que les pase. Así nos irá.

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[1] Salvo que seas banquero o Mohamed VI, como alguien publicó en Meneame
[2] Aunque los controladores lo tienen más fácil por ser pocos, altamente cualificados y de difícil reemplazo

La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

Justicia para España

Leo, alegrado, que las cuatro principales asociaciones de jueces se disponen a convocar un acto de protesta el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones:

  • Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
  • Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
  • Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
  • Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
  • Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
  • Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

  • Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
  • Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
  • Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
  • Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Treinta años de Transición

En unos días celebraremos los treinta años desde la ratificación mediante referéndum de la Constitución Española de 1978. Grandes titulares anunciarán, y por todo el país se festejará, algo que nunca ocurrió: la llegada de la Democracia a España. Nos atiborraremos a ver especiales sobre aquellos tiempos convulsos, en los que la máxima prioridad de los españoles era dejar atrás la dictadura franquista… tiempos en los que los españoles tuvieron que sacrificar la democracia para recuperar sus libertades.

Efectivamente, los ciudadanos tenían demasiada prisa en recuperar derechos fundamentales que no tenían reconocidos y afianzar los avances producidos desde la muerte del dictador; así que poco importó que la Constitución presentase serias deficiencias democráticas: simplemente no sabíamos qué características debería tener un Estado democrático y las prioridades eran otras, así que los españoles aceptaron aquel conjunto de propuestas a las que hoy llamamos Constitución.

Sin embargo, en el mismo paquete en el que se nos devolvían derechos y libertades, también iban incluidas otras muchas cosas. Entre ellas, una separación quirúrgica entre los poderes del estado y los depositarios de la soberanía nacional, así como una insuficiente separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Características que convierten a España en una partitocracia, en donde las cúpulas de los partidos asumen la soberanía efectiva de la nación. Había que elegir, todo o nada, sin tiempo para pensar una solución mejor.

La Constitución española no es democrática

Según la Constitución Española, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla:

  • No elegimos al jefe de Estado: es un cargo no electo, vitalicio y hereditario; y no sometido a las leyes, a diferencia del resto de los ciudadanos.
  • No elegimos al jefe de Gobierno: es un cargo elegido por los diputados en la sesión de investidura, y sometido a su control parlamentario (al menos, al de los grupos de la oposición, que son minoría).
  • No elegimos a los diputados que nos representan, ya que las listas electorales son cerradas, y las elaboran las cúpulas de los partidos según criterios que desconocemos.
  • Nuestros representantes están sometidos a la disciplina de voto, es decir, que deben lealtad a (los dirigentes de) sus partidos, no a sus electores, so pena de ser sancionados.
  • No elegimos a los responsables de la administración de justicia, ni de otros órganos con labores ejecutivas, como el banco de España o la policía. Además, todos estos organismos dependen económicamente de la partida presupuestaria que les asigne el gobierno en los presupuestos del Estado, lo cual limita los recursos de los que disponen para desempeñar sus funciones.
  • No disponemos de mecanismos efectivos para el ejercicio directo de nuestras soberanía sin la intermediación de los poderes del Estado. No podemos ejercer ningún control efectivo sobre la labor de los poderes del Estado, someter propuestas a referéndum ni modificar leyes sin el visto bueno del Parlamento.
  • No se nos consultan decisiones relevantes, como la adopción del Euro o el nuevo modelo de Unión Europea dibujado en el Tratado de Lisboa, Constitución de una Europa sin democracia.
  • No podemos modificar estas reglas: sólo los partidos políticos que sumen una mayoría parlamentaria suficiente puede modificar la Constitución y las leyes orgánicas.

¿Es esto lo que entendemos por Democracia? Sinceramente, espero que no, porque en este modelo los ciudadanos ("demos" ) no tenemos poder alguno ("cratos" ). Sin embargo, aunque nuestra Constitución diste de ser perfecta, es innegable que ha cumplido con su objetivo: darnos tiempo para formarnos como ciudadanos y aprender la Democracia… que nadie confunda crítica con desprecio.

Gracias a ella, nos encontramos más cualificados que en 1978 para evaluarla con criterio, disponemos del tiempo suficiente para plantear mejoras y, sobre todo, lo hacemos sin miedo a que esto produzca un golpe de estado y una nueva guerra civil… ¡motivos más que suficientes para festejar sus 30 años de vigencia!.

No obstante, después de treinta años de experiencia con la Constitución, creo que no conviene seguir posponiendo el debate sobre la calidad de esta "democracia", así como sobre las alternativas para mejorarla y ampliarla. Ya hemos alabado suficiente las virtudes de nuestra Constitución, y ocultado demasiado sus defectos, que son muchos y graves.

Lo que en su día supuso un avance, hoy vemos que también ha sido origen de muchos de los problemas que sufrimos los ciudadanos: la falta de representatividad del sistema electoral, la corrupción, el transfugismo, la parálisis del poder judicial, la desprotección de nuestros supuestos derechos de acceso a la vivienda o a trabajar, la falta de transparencia de las administraciones… nuestros problemas serían distintos, u otros quizás, si se hubiera escrito la Constitución de otra manera.

Segunda Transición hacia una verdadera Democracia

Quizás hace 30 años no fuera el momento de innovar políticamente. Dimos un único paso en la dirección correcta… y nos detuvimos. Sin duda la Constitución supuso un cambio radical para quienes pudieron votarla (mayores de 48), pero responde cada vez menos a las necesidades de los nuevos españoles crecidos en libertad (menores de 35). Hasta el propio Zapatero admite que "sería conveniente reformarla" y que "algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación", aunque él no se atreva a hacerlo.

En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que acertamos a la primera, o que esta Constitución se hizo para durar más que sus antecesoras (el récord lo tiene la de 1876 con 55 años); especialmente si consideramos que su redacción estuvo condicionada por el miedo a una regresión totalitaria y que la transición fue controlada por el franquismo. Ambos aspectos acotaron hasta dónde se podía avanzar.

Hoy somos conscientes de que la soberanía es un bien muy preciado para regalarla en unas elecciones; y que hay que controlar activamente la labor de quienes la gestionan si queremos que la utilicen en beneficio de nuestros intereses comunes. Ya nos vamos aburriendo de indignarnos con jueces y políticos; de protestar públicamente contra sus decisiones; de organizar manifestaciones contra las injusticias que sufrimos; de recoger firmas que no sirven para nada… en definitiva, de mendigar aquello que nos pertenece por derecho: la soberanía de este país.

Empezamos a comprender que la política no nos es indiferente; y de que, guste o no, tendremos que incluir entre nuestras responsabilidades hacernos cargo de lo que compartimos con el resto de la sociedad, si es que queremos que seguir teniendo algo compartido. Tarde o temprano dejaremos de identificarnos irracionalmente con partidos que en realidad no defienden nuestros intereses, y de empezar a exigir resultados a quienes confiamos el voto. Sustituiremos las consignas partidistas, los estereotipos y los tópicos por un estudio de las propuestas políticas que impulsan nuestros representantes, que a veces no nos lo que nos tratan de vender.

Va siendo hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. De asumir que la Constitución ya está amortizada y de buscar formas de seguir avanzando. Evidentemente, esto pasa por convencer a los partidos mayoritarios (únicos que pueden modificarla), para que la modifiquen, renunciando con ello al control del país; o por empezar a votar a otros partidos que se propongan desarrollar una Constitución verdaderamente democrática, al menos hasta que consigan la mayoría necesaria para ello. No podemos seguir posponiendo nuestra cita con la historia, por la cuenta que nos trae.

Querida Constitución, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre tendrás un hueco en nuestros corazones, pero no podemos detenernos aquí para no herir tus sentimientos. La Democracia todavía está más allá del horizonte, y no podemos quedarnos contigo más tiempo. Gracias, una vez más, por resguardarnos mientras recuperábamos las fuerzas para seguir luchando por alcanzar nuestros sueños.

Zeitgeist

Título original: Zeitgeist, the Movie | Ir al vídeo
Tema: Nuevo Orden Mundial. Evaluación 4.75/5.
Año 2007. Dur: 116′. Producido por Peter Joseph.
Web: http://www.zeitgeistmovie.com.

Zeitgeist” podría interpretarse como el espíritu de nuestra era, y es un documental en tres partes que trata de elaborar una cosmovisión de nuestro tiempo relacionando eventos trascendentes aparentemente inconexos, y que son objeto de un tratamiento más pormenorizado en otros documentales.

Superados los 5 primeros minutos de metáforas visuales que, a mi juicio, son demasiado abstractas para la mente media y que, en todo caso, recomiendo ver una vez visto el documental, entramos de lleno en los tres grandes temas que trata: los mitos como medio de control social, el terrorismo internacional y el negocio de los dueños del mundo. ¿Qué tienen que ver unos con otros?

La mayor historia jamás contada

La primera parte habla del origen de las religiones, y de su papel a lo largo de la historia como instrumento de las élites para controlar a la gente a través de deidades omnipresentes y omnipotentes que vigilan lo que hacemos y nos castigarán si nos desviamos de lo que sus intermediarios dicten que es correcto.

Es muy interesante como el documental traza un paralelismo entre el culto al sol y a las estrellas, y el imaginario católico/cristiano. Lo que más me impactó fue los paralelismos descritos en el documental entre las vidas de los dioses/mesías de diferentes religiones: Nacidos el 25 de diciembre, de una virgen, coincidiendo con la aparición de una estrella en el Este que guió a 3 reyes hasta ellos. Iniciaron su ministerio a los 30 años una vez bautizados, tuvieron 12 discípulos, fueron conocidos como “el Hijo de Dios”, “la Luz” y “La oveja de Dios”; y realizaban milagros como andar sobre las aguas y curar a los enfermos. Fueron traicionados por uno de sus discípulos, crucificados, y resucitaron a los 3 días.

Estas son a grandes rasgos las biografías de Horus (Egipto) y de Jesús (Cristianismo), cuya estructura mitológica comparten también con otras deidades de diferentes culturas y épocas como Attis (Grecia), Krishna (India), Dioniso (Roma) o Mitra (Persia). Según parece, dichos paralelismos se deben a que estos mitos fueron una forma primitiva de transmisión de conocimientos astronómicos. Por ejemplo, los “tres reyes” (¿magos?) es el nombre que han tenido desde la antigüedad las estrellas del cinturón de Orion, que están perfectamente alineadas con Sirio, la estrella más brillante del firmamento, trazando una linea que apunta al lugar exacto por donde sale el sol el día 25 de diciembre.

El mito de la crucifixión también tiene un paralelismo astrológico, ya que vendría a representar el fenómeno que se produce tras el solsticio de invierno cuando la elevación máxima del sol sobre el horizonte alcanza su punto más bajo y, durante 3 días (22, 23 y 24 de diciembre), se estabiliza para volver a ganar altura al cuarto. Esta “muerte y resurrección del astro rey” se producía antigüamente (y volverá a producirse) en la parte del horizonte ocupada por La Cruz del Sur, y anuncia el alargamiento de los días y la llegada de la primavera.

La influencia del culto al sol se extiende por casi toda la mitología cristiana. Así, los 12 discípulos se corresponden con las 12 constelaciones del zodiaco por las que se desplaza el sol al cabo del año, y la cruz de la cristiandad es una simplificación pagana de la cruz del zodiaco (el cruce de solsticios y equinoccios, con el Sol en el centro). Todo parece indicar que la religión judeo-cristiana no sería más que una adaptación de la religión de los antiguos dominadores del pueblo de Israel. La cantidad de paralelismos es impresionante.

Más allá de la lección de antropología de las religiones, la idea fundamental de esta primera parte es que los mitos pueden ser utilizados como medio de control social: al igual que otras religiones teistas, el cristianismo fomenta la sumisión ciega a la autoridad, sustituye la responsabilidad humana por la voluntad de Dios, y justifica los actos más atroces si son cometidos en nombre de la fe (Inquisición, Guerra Santa). Marco Aurelio consideró que la doctrina cristiana era peligrosa para el bienestar del Estado, y dictó una ley castigando al exilio a aquellos que trataran de influir en las mentes de otras personas a través del miedo a la divinidad. Sin embargo, y a pesar de haber sido perseguido desde sus inicios, el cristianismo siguió prosperando y acabó por convertirse en la religión del Emperador Constantino I, inaugurando una nueva era de dominio político a través de la religión que duraría 1600 años, hasta que dejó de ser necesaria.

Todo el Mundo en un escenario

En la segunda parte del documental (36′) se de-construye el mito del ataque del 11-S, concluyendo que en realidad las torres gemelas fueron demolidas y que la comisión del 11S se cerró en falso, sin contestar a preguntas como por qué no hay restos de los motores, el fuselaje y la cabina (incluidos los pasajeros) de los vuelos que se estrellaron, cómo es que algunos de los supuestos secuestradores siguen con vida, o qué clase de relaciones comerciales mantienen las familias Bush y Bin Laden.

Esta segunda parte denuncia que el 11S se utilizó para inocular en la población el miedo hacia una amenaza invisible (¿ocupando el puesto de Dios?) y justificar las guerras de Afganistán e Irak, igual que el hundimiento del Maine sirvió para justificar la guerra Hispano Estadounidense de 1898 en donde perdimos las últimas colonias.

Mal que les pese a los creyentes en la Santa Televisión y a los guardianes de la fe, todo parece indicar que el 11S fue una operación bajo falsa bandera realizada por el gobierno de los EE.UU, y que se enmarca dentro de una conspiración mundial que se está desarrollando de forma encubierta para asumir el control absoluto del poder político del mundo, y eliminar las libertades y derechos civiles.

Según parece, el siglo XXI pasará a la historia como el siglo en el que el terrorismo se convirtió en una técnica utilizada por los gobiernos para promover determinados programas políticos impopulares, aprovechando la cohesión social momentánea producida por el miedo y la agresión exterior, tesis principal del libro “La doctrina del Shock”, de Naomi Klein.

Ignore a los hombres detrás de la cortina

La tercera parte (71′) analiza el papel que juegan la creciente creación de deuda y el dinero fiduciario dentro de este plan, y cómo el pánico de 1907, el cual podría repetirse en breve, fue utilizado para imponer a la opinión pública la necesidad de crear la Reserva Federal.

Como Banco Central de EE.UU, la Reserva Federal tiene el monopolio en el suministro de dinero, que presta al gobierno de los Estados Unidos a crédito, generando una deuda creciente que no se puede pagar (salvo con más dinero prestado). También controla la expansión o contracción de la masa monetaria que determina el valor del dinero, y que utiliza para barrer del mercado a empresas independientes y a los pequeños ahorradores, concentrando el poder económico en las manos de los accionistas de la FED, que son los principales bancos estadounidenses. En definitiva, un sistema para someter a los gobiernos, a la economía y a la gente.

Este fraudulento modelo de Banco Central, similar al que motivó la guerra de la independencia contra el gobierno británico, vulnera la propia Constitución de EE.UU y su coste es equivalente a los ingresos que obtiene el Gobierno mediante el impuesto sobre la renta, un impuesto que también fue creado en 1913, que también vulnera la Constitución y que se cobra pese a no fue aprobado con la mayoría suficiente y no está regulado mediante ley o reglamento alguno, como se ilustra en “America: Freedom to Fascism“.

Para acelerar este proceso de apropiación de la riqueza de las naciones, los grandes cárteres de la banca encontraron en la guerra un medio muy eficiente para extender el poder de los grupos económico – industriales de su propiedad. Se pueden obtener muchos beneficios financiando y equipando a las facciones enfrentadas, de modo que se enfrenten en igualdad de condiciones y se prolongue el conflicto, obligando a los contendientes a “echar el resto” para ganar. A lo largo del siglo XX estos grupos incentivaron guerras entre Estados, llegando a la conclusión de que la estrategia más rentable es mantener el conflicto para mantener los ingresos.

Así es como hemos llegado al nuevo concepto de guerra perpetua, que son las guerras del futuro. Diseñadas para mantenerse en el tiempo, no para ganarse. Sólo así se garantizan los beneficios para la industria armamentística y la banca que financia a los contendientes. Sólo así se desestabilizan las zonas de conflicto y se justifica tanto la reorganización política de los países como la construcción de bases permanentes que sirvan de lanzadera para nuevos ataques preventivos. Así fue en Vietnam, y así es en Iraq y Afganistán.

Un tipo de guerra que no sólo se libra contra naciones, también contra ti. Las nuevas leyes para protegernos contra el terrorismo están diseñadas para reducir y recortar los derechos de los ciudadanos, y limitar tu capacidad de respuesta ante lo que se avecina. Mientras, se inunda la sociedad con formas de entretenimiento diseñadas para mantener la mente distraída de lo que pasa, se última la puesta en funcionamiento de Nuevo Orden Mundial.

La guerra contra el terror es la nueva guerra permanente, y sus victimas serán los ciudadanos de los países autoproclamados como democráticos. Gracias al control de los medios de comunicación, se convencerá a la población de la existencia de un enemigo invisible infiltrado, y se la someterá a un estado constante de miedo que permitirá crear la división necesaria para que los propios ciudadanos sean quienes soliciten la implantación de medidas totalitarias que recorten los derechos y libertades de los demás. Un ejemplo de este tipo de medidas está previsto que sea sustituir el DNI por un chip RFID implantado en el cuerpo que servirá para vigilar a la población y, llegado el caso, para borrar la identidad de los elementos considerados subversivos.

Para llegar a este punto, primero es necesario dividir a la población, motivo por el cual se lleva promoviendo desde hace décadas un modelo cultural centrado en resaltar las diferencias individuales, a pesar de que nunca fuimos tan homogéneos. Quienes construyen imperios lo hacen manipulando a los conquistados, de manera que se dividan y enfrenten hasta destruirse mutuamente mientras los instigadores se lucran. “Divide y vencerás”, es el lema.

Este es el futuro hacia el que nos conducen, si es que quieres darte cuenta de lo que está pasando. Un gobierno mundial centralizado y una economía donde cada aspecto de cada individuo será monitorizado y documentado en tiempo real. Un mundo donde el ser humano será despojado de su capacidad para transformar la realidad que lo rodea, de su dominio sobre sus circunstancias y de su bondad innata. Un mundo donde la sociedad es malvada, y donde todo el mundo es un enemigo al que tenemos que enfrentarnos en solitario.

Sin embargo, por mucho que se adoctrine a la población en la televisión y las escuelas, los seres humanos seguiremos compartiendo con nuestros semejantes las mismas inquietudes, y seguiremos necesitando de los demás tanto como ellos de nosotros para nuestra mutua supervivencia. Una interdependencia más fuerte que cualquier diferencia que pueda separarnos. Cuando seamos conscientes como especie de esta gran verdad, la revolución habrá empezado.

Según veo en la página web, en octubre de 2008 se lanzará Zeitgeist II. Espero impaciente poder verlo.

Posteriormente se lanzó también Zeitgeist III