Europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos

El rescate constituye una DEUDA ODIOSA que será repudiada por haberse otorgado a sabiendas de la insolvencia del país, y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor

Estimados amigos europeos, me siento en la obligación de advertiros de que si entregáis vuestro dinero para rescatar al sector financiero español, lo perderéis para siempre. Sabéis perfectamente que España está en quiebra técnica y que nuestro Gobierno miente más que habla (este y el anterior), y aún así vais a prestar hasta 100.000 millones de euros (equivalente al 16,39% de toda la deuda pública ya existente) a un país cuya economía se prevé se siga contrayendo durante los próximos años, con cifras récord de paro, perdida neta de población y un acelerado envejecimiento de la misma… ¿Cómo esperáis que os paguemos?

Si al menos ese dinero fuera a emplearse para reactivar la economía -y se lograra- todavía podríais recuperarlo con intereses. Pero no; se va a dilapidar en rescatar bancos quebrados. Es decir, en quedarnos como estamos, en subvertir los mecanismos de autorregulación de los mercados que tanto gustan cuando lo que hay que autorregular son las ganancias. Ni un sólo céntimo llegará a la economía real porque las cantidades de activos tóxicos a sanear superan con creces la cuantía del rescate.

Rescate que, por cierto, se solicita en un flagrante fraude electoral, incumpliendo las promesas con las que el PP ganó las elecciones y, por tanto, en abierta subversión del más elemental principio democrático. Rescate que es contrario a los interés de España y de los españoles, por suponer una renuncia inaceptable de soberanía y una carga que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos y del propio Estado. Rescate que está siendo contestado en las calles con creciente intensidad.

Rescate que, curiosamente, se hace sin dinero… ya que no lo aporta ni el Banco Central Europeo (el Estatuto del BCE no lo permite) ni el Fondo Monetario Internacional (el FMI depende de la Reserva Federal de EE.UU, que tiene sus propios problemas), ni ningún país europeo, americano, asiático o árabe. Al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) le queda margen para cubrir el rescate si es que encuentra a alguien le preste ese dinero (!?), problema que comparte con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ni siquiera existe todavía y al que se espera que entre España e Italia aporten un 30% de su capital total (!?). ¿Acaso pretendéis que paguemos intereses por un dinero que no tenéis, ni existe?

Estimados amigos europeos, no penséis que porque modificamos la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos vais a ver un euro. A diferencia de los países serios, la Constitución española sólo se cumple cuando interesa. Pero os digo más, el Gobierno y el actual orden constitucional será depuesto antes que devolver el dinero ¿A quien se le ocurre bajarle el sueldo a la fuerzas de seguridad cuando se suben salvajemente los impuestos y se le asesta al Estado del bienestar el golpe más mortífero en la historia del parlamentarismo español? No parece propio de alguien que quiera agotar la legislatura.

Por tanto, no os sorprendáis cuando nos neguemos a devolver ese dinero que nunca quisimos. Se trata de un ejemplo de libro de DEUDA ODIOSA, que será repudiada tan pronto se restaure la Democracia en España. Estoy seguro que, si no fuera el vuestro, veríais con claridad lo absurdo que resulta pretender la devolución de un préstamo irresponsablemente realizado a un Estado a sabiendas de su insolvencia, de su graves problemas estructurales, de su incapacidad para generar balances positivos, de que el dinero no será empleado para mejorar la productividad ni reactivar la economía, de la existencia de una fuerte oposición popular a la concesión del mismo, poniendo en peligro la viabilidad económica del Estado y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor.

Si, sí, ilegítimo, porque tanto da que la voluntad popular se haya subvertido mediante el uso de la fuerza o ganando unas elecciones a base de mentiras; y traidor por sus crímenes contra la soberanía, la seguridad y la independencia del Estado. En el código penal se tipifican como delitos el publicar y ejecutar ordenes y disposiciones de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia del Estado (art. 589 CP), facilitar a los enemigos de la nación medios directos y eficaces para hostilizar a España (art. 583.2. CP, lástima que sólo sea punible cuando se ayuda a las tropas enemigas, no a sus funcionarios), y el inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España (art. 581 CP, que es lo que probablemente ocurra cuando traten de recuperar el rescate). Me pregunto qué juez o policía tendría el valor de detener a los miembros del Gobierno si apreciara que se pudiera estar cometiendo alguno de estos delitos. Pues ninguno, claro, “en España hace años que hay una huelga indefinida del derecho y la justicia“, como dice Anguita.

Si a sabiendas de todo esto insistís en rescatarnos, asumir las consecuencias de vuestros actos. Alguien hará buen uso de vuestra donación, pero no serán los españoles; el dinero del rescate acabará en manos de los acreedores del sistema financiero español que -oh, casualidad- son VUESTROS propios bancos. ¿De eso se trata, no?. De esclavizar a una nación a través de la deuda; de que las generaciones presentes y futuras de españoles rescatemos a VUESTROS bancos. No gracias, ya tenemos bastante con soportar a los nuestros.

Insisto amigos europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos. Avisados estáis.

La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

The Corporation ¿Instituciones o psicópatas? – Documental

Título original: The Corporation | Ir al vídeo
Tema: Empresas. Evaluación 4.25/5.
Año 2003. Dur: 172′. Producido por Mark Achbar.
Web: http://www.thecorporation.com.

Las sociedades mercantiles o empresas (denominadas erróneamente como “corporaciones” en la versión es español) se crearon durante el siglo XIX como forma de propiedad de una actividad económica. Gracias a esta fórmula, un grupo de personas podían organizarse para obtener beneficios a través de instituciones jurídicamente independientes de quienes las controlan y de quienes trabajan en ellas. Este sencillo tecnicismo encierra una de las innovaciones legales que más radicalmente han transformado no sólo la economía humana, sino también las relaciones sociales y nuestro sistemas de valores.

La clave para comprender las repercusiones de esta innovación es el concepto de responsabilidad limitada, en virtud del cual, los propietarios de las empresas son capaces de eludir las responsabilidades de su actividades económicas, al quedar esta limitada a la empresa y, en el mejor de los casos, a sus administradores. Esta característica permite a las empresas generar riqueza para sus propietarios de forma mucho más eficaz, ya que cualquier cosa que se haga mal será responsabilidad de la empresa, que es un ente incorpóreo e inmortal accionado por personas reemplazables.

La combinación de responsabilidad limitada y búsqueda ilimitada de mayores beneficios convierte a las empresas, según alguno de los entrevistados, en una grave amenaza para nuestra superveniencia, ya que a las empresas sólo les preocupan los beneficios de sus accionistas, anteponiéndolos al bien público y al bienestar del resto de personas que se ven afectadas por ellas. Como reconoce en el documental la CEO de “The Body Shop”, “TODO el legítimo para la obtención de beneficios”.

Desde esta perspectiva, la consecuencia lógica de la limitación de responsabilidad es que este tipo de organizaciones tiendan a generar el máximo coste colateral que la sociedad les permita, o pueda asumir, para mejorar su cuenta de resultados: desde la explotación de mano de obra esclava, la contaminación del medio ambiente con residuos sin tratar, la comercialización de productos peligrosos y/o sin un estudio riguroso de sus efectos sobre la salud humana, la privatización de recursos naturales para convertirlos en mercancías, etc…

Las empresas como psicópatas

La mayor parte del documental está dedicada a repasar algunos ejemplos de estos efectos colaterales que producen las empresas al socializar los costes de su actividad con el fin de obtener el máximo beneficio. Temas que también son tratados por otros documentales de una forma más monográfica, y que sirven de muestra sobre cómo la empresa está en el origen de muchos problemas sociales modernos.

A partir de estos ejemplos, el documental traza un paralelismo entre el comportamiento de las empresas y el perfil clínico de un psicópata, caracterizado por:

  • Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás.
  • Incapacidad para mantener relaciones duraderas – Deslocalizaciones, temporalidad.
  • Desprecio por la seguridad de los demás.- Comercialización de productos peligrosos para la salud o producción de daños medioambientales.
  • Mentir y engañar sistemáticamente a los demás para obtener un beneficio.
  • Incapacidad para sentirse culpable (la culpa es de otro).
  • Incapacidad para adaptarse a las normas sociales (salvo que sea rentable).

Un fiel reflejo de este diagnóstico es el testimonio de Charleton Brown, intermediario financiero que -con toda crudeza- expone las verdades incómodas del fundamentalismo de mercado: Las catástrofes traen oportunidades de negocio… los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron que muchos se enriquecieran en el mercado del oro, la guerra del golfo disparó la rentabilidad del petroleo y, en general, los conflictos armados mejoran los beneficios en el comercio de materias primas. Como dicen en el documental, “cada vez que se tala un árbol, hay un vertido de crudo o se diagnostica un cancer, sube el PIB“.

El problema radica en que, desde la óptica de la empresa, toda decisión se evalúa exclusivamente desde una perspectiva económica y con el objetivo de maximizar el beneficio a corto plazo. Si el beneficio potencial compensa el riesgo que se corre, incumplir las leyes, vulnerar los derechos humanos o tomar cualquier otro tipo de decisión moralmente reprobable es opción estratégica; y mientras no se le atribuya un valor económico igual o superior a la propia actividad económica que se desarrolla, las empresas seguirán sin considerarán las implicaciones morales, sociales o medioambientales de sus acciones. Incluso si los propios trabajadores rechazan las prácticas de su empresa, se ven en la tesitura de cumplirlas para conservar sus empleos.

Es por esto que, sólo cuando el conocimiento de sus practicas empresariales genera rechazo entre los clientes -y una potencial merma de las ventas- aparece la preocupación por los “daños colaterales” que produce su actividad económica. Así nacieron las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa; que, aunque positivas, no son más que acciones de marketing que dedican una ínfima cantidad de los recursos de la empresa a lavar la mala imagen que producen el resto de sus actividades. Si a las empresas realmente les preocuparan los costes que externalizan hacia la sociedad, los reducirían, aunque ello supusiera una merma de su competitividad y/o beneficios

La apropiación de los bienes comunes

El afán de expansión de las empresas les lleva a invadir todos los ámbitos de la vida, y a querer apropiarse de todo lo que existe, llegando incluso a invadir aspectos de la vida que tradicionalmente se han mantenido fuera de la dinámica del mercado. Bajo la premisa de que la riqueza sólo se crea cuando se posee de forma privada, empresas y gobiernos se afanan en la parcelación de los bienes comunes amparándose en el discurso de las supuestas bondades de las privatizaciones, desregulaciones y libre comercio. Sin embargo, esta forma de actuar no crea riqueza, sino que la usurpa poniéndole una valla y declarando propiedad privada algo que es de todos, como pasa con la apropiación del conocimiento mediante el uso de patentes.

Algo similar ocurre con las instituciones públicas que ofrecen servicios fundamentales para la sociedad: se están transfiriendo sistemáticamente a manos privadas con la escusa de obtener una ganancia marginal de eficiencia en su funcionamiento. Sin embargo, esto no siempre se consigue y, cuando se logra, es a costa de un peor servicio o mayor coste para sufragar los beneficios, porque las empresas privadas no pueden funcionar con pérdidas. Es por eso que es necesario un sector público fuerte que pueda funcionar con pérdidas, de modo que garantice la prestación de ciertos servicios (educación, sanidad, acceso a suministros), pueda subvencionar sectores productivos dependientes, y mantener el empleo para reactivar el consumo durante las recesiones -en vez de limitarse a reducir plantilla para mantener la rentabilidad, o cerrar si no lo consigue.

Como ya se demostró en el caso de los bomberos privados (63′), hay ámbitos de la vida en que la gestión privada es contraproducente para todos. Hay cosas demasiado esenciales para el bien púbico como para que se consideren oportunidades de negocio, por eso es necesario tomar la decisión política de sacar este tipo de productos y servicios del mercado. Como se comenta en el documental, la esclavitud desapareció no porque dejara de ser rentable, sino porque se tomo la decisión política de que el ser humano no podía ser una mercancía ni una propiedad.

Además de abrir nuevos mercados -apropiándose de los bienes comunes- las empresas también invaden el espacio público para lograr sus objetivos. A la tradicional publicidad, se van añadiendo nuevas formas de relaciones públicas dirigidas a lograr que los consumidores compren sus productos. El grado de manipulación puede llegar a ser enorme, desde la publicidad que enseña a los niños como dar mejor la lata para a sus padres para que les compren lo que han visto en la tele, a la creación de manifestaciones tridimensionales de las marcas y los valores que personifican (“como disneyworld“), la publicidad encubierta (mensajes que no parecen publicidad ni que vayan dirigidos a nosotros), o la creación de grupos -presentados como expertos independientes- para la defensa de sus intereses.

El objetivo final es convertir a la población en consumidores mecánicos de productos que no necesitan, que se encuentren disociados unos de otros y llenen sus vidas satisfaciendo necesidades creadas por las empresas, desempeñando la función social que nos han asignado y viviendo según los valores que nos han inculcado (como que el transporte público es para quien no tenga más remedio). Si lo que hacen es ético o no, no les interesa: los publicistas (como todos) se limitan a hacer su trabajo.

Indiferencia hacia la democracia y los derechos humanos

La tercera parte de “The Corporation” repasa el largo historial de indiferencia hacia la democracia y vulneración de los derechos humanos de estas compañías, propiciado por el hecho de que las empresas no están integradas en el procesos democráticos, ni sometidas a ellos. Aunque, en teoría, las empresas deben cumplir las leyes, esto no garantiza que lo hagan, ni que -aun respetando los límites de la ley- las actividades que desarrollan no produzcan daños en otras personas y/o el medio ambiente.

Es de sobra conocida la estrecha cooperación entre la industria y los gobiernos, así como la capacidad que tienen las empresas para presionar a estos últimos de muy diferentes maneras. Independientemente de la forma de gobierno que adopte un Estado, en todos ellos la línea que separa a los responsables del sector público y del sector privado es muchas veces difusa, o directamente no existe; lo que ha llevado, en no pocas ocasiones, a que los gobiernos sean instrumentos en manos de los grandes empresarios locales y/o extranjeros.

Cuando las grandes transnacionales no han podido persuadir a los gobiernos para imponer políticas económicas “impopulares”, pero muy beneficiosas para ellas, no han dudado en financiar a otras opciones políticas más afines a sus intereses. Un ejemplo claro de este fenómeno es la ascensión del fascismo en Europa, que se produjo (en parte) gracias a la financiación y el apoyo mediático que estos grupos extremistas obtuvieron de las grandes empresas. Una vez alcanzado el poder, los gobiernos totalitarios “recompensaron” a quienes les apoyaron con una regulación que acallará las reivindicaciones sindicales, fortaleciera su control de los mercados y protegiera sus beneficios empresariales; todas ellas políticas gubernamentales muy positivas para la economía, como se ha demostrado con el milagro económico chino.

El recurso al golpe de estado es un caso clásico en el continente americano: Guatemala (1954), Chile (1973), Bolivia, Argentina y Brasil durante los años 1970, e incluso Honduras recientemente (2008). Sin embargo, el rechazo internacional hacia los gobiernos golpistas de sudamérica hizo que, a partir de la década de 1980, el control de los gobiernos democráticos empezara a ejercerse a través de organismos internacionales “neutrales” -como el Fondo Monetario internacional o el Banco Mundial- que imponían estrictos planes de ajuste y restructuración económica como requisito para acceder a los fondos necesarios para evitar la quiebra. Así ocurrió en Polonia (1989), Rusia después del colapso de la URSS, o Sudáfrica una vez finalizado el apartheid. Quedó claro que no era necesario un golpe de estado para obligar a un gobierno a reestructurar la gestión pública en beneficio de las empresas, basta con crear las condiciones necesarias (“crisis” o “emergencias”) para que no tenga otra opción, y la opinión pública acepte con resignación los cambios. Esta estrategia ha sido bautizada como “la doctrina del shock”.

Hacia la economía democrática

Como ya se ha visto, la empresa crea mucha riqueza para sus propietarios, pero lo hace apropiándose de los recursos naturales del planeta y explotando a los más débiles como mano de obra barata para transformar dichos recursos naturales de una forma derrochadora. Cuando encuentra trabas a sus planes de expansión económica no duda en subvertir el sistema legal y el principio democrático para que sirvan a sus intereses, hasta el extremo de que la ONU se empieza a plantear la necesidad de crear un tribunal para juzgar a multinacionales. Los daños que generan este tipo de organizaciones superan con creces los beneficios que obtienen unos pocos de ellas.

Para poner freno y reconducir los efectos perniciosos del dominio de las grandes conglomerados empresariales, el documental plantea como solución la democratización de la economía, es decir, someter a las empresas y a la economía al control democrático de los ciudadanos, de modo que estos puedan opinar sobre lo que pasa en los mercados, y tengan la capacidad de modular las actividades empresariales y financieras que les afectan directa o indirectamente.

Entre las medidas propuestas destacan -a mi entender- “despojar” a las empresas de su “derechos” como “personas” (jurídicas), la disolución de aquellas que incumplan reiteradamente la ley (ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de reconvertirlas en cooperativas), o permitir que trabajadores y consumidores puedan participar en igualdad de condiciones en los consejos de administración donde se toman las decisiones que les afectan. Como dice Milton Friedman en el vídeo, “es necesario crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto”.

En definitiva, se trata de poner a la empresa al servicio a la comunidad para satisfacer las necesidades de todos, en vez de permitir que sean las empresas las que utilicen a la sociedad para alcanzar el máximo lucro posible; algo que sólo será posible con gobiernos verdaderamente democráticos, al servicio de los ciudadanos y sometidos a su control, que sean capaces de impulsar cambios legislativos ambiciosos que permitan alcanzar estos objetivos. Es por esto que resulta fundamental recuperar el control sobre los gobiernos para hacer prevalecer, desde ellos, la lógica de la democracia sobre la lógica del mercado. Todo llegará… si nos esforzamos por que ocurra.

El papel de los consumidores en la economía de mercado

Cuando notamos que nuestra economía personal se deteriora la reacción instintiva de mucha gente es señalar al Gobierno, ya sea para echarle la culpa de nuestros problemas o para exigirle que los solucione por nosotros. Qué si suben los alimentos; la gasolina; la vivienda; el desempleo… ¡todo sube menos los sueldos!; y ante este panorama lo único que se nos ocurre es entregarnos a la práctica del verdadero deporte nacional: echarle la culpa a los demás, sin asumir ninguna responsabilidad sobre nuestros propios problemas; y exigir que nos los resuelvan, en vez de buscar soluciones por nuestra cuenta.

Sin embargo, por mucho que nos neguemos a ver la realidad, sigue siendo igualmente hipócrita exigir responsabilidades al Gobierno cuando la economía no está bajo control estatal. En un mercado no regulado, la interacción entre productores y consumidores determina las características de los intercambios comerciales mediante un proceso colectivo de negociación en el que todas las partes tratan de maximizar el valor o utilidad que obtienen de dichos intercambios.

El funcionamiento de este mecanismo presupone que todas las partes están dispuestas a defender sus propios intereses compitiendo contra todos los demás: contra nuestros clientes (o empleadores) para obtener más ingresos; contra nuestros proveedores (trabajadores y medioambiente incluido) para obtener materia prima a menor coste; y contra quienes se dedican a lo mismo que nosotros (competencia) para acaparar más clientes y proveedores. Esta es la premisa de la competición, sobre la que se basa la economía de mercado.

Sin embargo, al menos en España, los consumidores no estamos ejerciendo eficazmente nuestro papel de contrapeso para equilibrar y estabilizar los mercados. No nos gusta “perder” el tiempo comparado ofertas, buscando alternativas, restringiendo o posponiendo nuestro consumo cuando las condiciones no nos satisfacen, o negociado las condiciones en que se realizarán las transacciones. Por tanto, a nadie le debería sorprender que suframos los desajustes que estamos incentivando con nuestra irresponsable forma de consumir.

Cuando la demanda es inflexible, los precios suben (y los salarios bajan)

En una escena de “The Wire” unos narcotraficantes discuten sobre la nueva heroína que están despachando:

– String, la gente se está quejando… nos dice que esta basura está floja.
– Lo sé. Pero es floja en todas partes. La cosa es que no importa a qué llamamos heroína, se va a vender. Si la droga es fuerte, la venderemos. Si la droga es floja, venderemos el doble. ¿Sabes por qué? Porque un drogadicto va a tratar de conseguirla sin importarle más. Cuanto peor la hacemos, más ganamos.

Esto mismo deben pensar en España el sector de vivienda y el energético, especialmente el petroquímico (con el precio de la gasolina), entre otros. La única diferencia es que, en vez de vender más, lo que se hace es vender la misma cantidad a mayor precio; que van incrementando hasta que los consumidores no pueden pagar más, o deciden no hacerlo.

Cuando los consumidores no discriminan con sus decisiones económicas entre buenas y malas ofertas existe poco incentivo para que las empresas proveedoras compitan entre sí por mejorar el valor de sus propuestas. Independientemente de que sea por falta de interés en estudiar las ofertas o porque hay pocas opciones entre las que elegir, cuando los consumidores no participan activamente en la negociación de los precios la oferta acaba por volverse homogénea, de baja calidad y alto coste. Esto es lo que pasa en los mercados donde no hay competencia.

Según Eurostat, en 2006 los precios en España estaban un 7.71% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, pero los salarios estaban entre el 26,87% y el 29,5% por debajo de esos mismos países. ¿Es casualidad que en España tengamos precios europeos pero sueldos muy inferiores? Mi modesta opinión es que no. La gente tiene tantas necesidades creadas, y tan poca costumbre de privarse de nada, que es incapaz de defender sus propios intereses… algo que aprovechan los mercados, que sí están acostumbrados a competir contra nosotros, y a ganar.

Esta situación se conoce en economía como demanda inflexible o cautiva, que se produce cuando la demanda, ya sea de empleo o de consumo, apenas sufre variaciones conforme varían las condiciones de las transacciones. Cuando esto ocurre, una de las consecuencias más inmediatas es un rápido empeoramiento de dichas condiciones para la parte “inflexible” de la transacción, que continuará hasta que el empeoramiento empiece a afectar también a la otra parte y se restablezca el equilibrio.

El tamaño grande no siempre es el más barato
El tamaño grande NO es necesariamente el más barato

De este modo, si una empresa reduce la calidad de sus productos y/o incrementa sus precios, y estos cambios no afectan a la cantidad de unidades vendidas, los cambios se mantendrán en el tiempo. Igualmente, si empeoran las condiciones laborales y no se reduce la demanda de empleo, ni aumenta la rotación de la plantilla, las nuevas condiciones laborales se perpetuarán.

Por este motivo, tanto en nuestro papel de trabajadores como en el de consumidores, estamos obligados a contrarrestar a quienes compiten contra nosotros para maximizar sus beneficios, por la cuenta que nos trae. Esto implica acostumbrarse a prestar atención y comparar las condiciones de venta, a sondear el mercado de forma regular en busca de mejores ofertas (también de trabajo o alquiler), a cambiar de proveedor siempre que se pueda obtener una mejora sensible, y a negociar y a rechazar aquellas condiciones que no nos favorezcan. Como dicen los angloparlantes O el trato es bueno o no hay trato.

Sólo cuando una parte significativa de la población empiece a rechazar tratos que no les convienen (o no les quede más remedio, como ya le está pasando a muchos), las empresas empezarán a buscar formas alternativas para mantener sus márgenes de beneficios sin alterar la calidad de sus productos/servicios, los precios, o los salarios; y aquellas que no encuentren nuevas formas de incrementar su competitividad desaparecerán.

La concentración de la propiedad privada perjudica al consumidor

Otra de las características fundamentales de nuestra mercado es que la oferta supera ampliamente la demanda. Simplemente no hay suficientes consumidores para todo lo que se produce, por lo que muchas empresas acaban desapareciendo frente a sus competidores, otras fusionándose para tratar de sobrevivir y otras absorbiendo -o comprando- las cuotas de mercado de los menos afortunados.

La tendencia generalizada de los productores para contrarrestar su situación intrínseca de debilidad y garantizarse unos beneficios crecientes es organizarse y coordinarse para reducir el nivel de competencia del mercado, obstruyendo la entrada de nuevos competidores y pactando precios que les dejen un buen margen (price fixing). De este modo, conforme se reduce la competencia, las pocas empresas supervivientes desarrollan la capacidad de poder trasladar sistemáticamente los incrementos en sus costes a sus clientes y/o proveedores, hasta el punto de poder imponer precios que garanticen sus beneficios.

La capacidad de las empresas para alcanzar este escenario ideal -para ellas- depende en gran medida de la felixibilidad y movilidad de la demanda. ¿Cómo es posible que Telefónica se atreva a lanzar en Alemania una marca de telefonía móvil barata y diga que en España no piensa hacerlo, o que las tarifas telefónicas en España sean las tarifas más altas de toda Europa? Evidentemente, la diferencia es que los consumidores españoles y alemanes nos comportamos de diferente manera, y hemos creado mercados con características diferentes.

Mientras que en Alemania los sueldos son altos, y los precios se mantienen estables; en España los sueldos bajan en términos absolutos, lo que, combinado con una alta inflación (media anual del 3,33% entre 2002 y 2008) originada en el incremento de los márgenes empresariales, hace que el salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico, mientras que los beneficios de las empresas han crecido un 73% entre 1999 y 2006… cuatro veces más que las empresas del resto de Europa.

Este milagro económico ha sido posible gracias a la falta de competencia real, en unos mercados donde la práctica totalidad de la producción está concentrada en pocas empresas (3-4 por sector), y que es consecuencia directa e indirecta de que amplios sectores de la población acepten como normal el empeoramiento de su situación económica y mantengan sus hábitos pese a pagar precios más altos y recibir salarios más bajos.

Frente a este modelo de ciudadano despreocupado y conformista -predominante en el mercado español- encontramos al ciudadano inconformista y activo, que ha comprendido que para proteger su poder adquisitivo debe fomentar la competencia eligiendo aquellas ofertas que dinamicen en el mercado, en especial cuando las realicen empresas de reciente implantación. Este tipo de ciudadano no se casa con nadie: premia o castiga con su tiempo o dinero a las empresas dispuestas a hacerle una oferta mejor, exige a los poderes públicos que ejerzan de forma efectiva su mandato de proteger la libertad de mercado y hacer que las empresas cumplan las leyes; y orienta su voto hacia quienes cumplen cumplen adecuadamente su labor de supervisión de los mercados.

Desgraciadamente, en el mercado español predomina el perfil conformista, por lo que las empresas seguirán dictando los precios y salarios que mejor encajen con sus previsiones de incremento de beneficios hasta que la gente decida fomentar la competencia y elegir a gobiernos estrictos a la hora de supervisar los mercados.

Regular los mercados no es suficiente

El Estado, como supervisor del mercado nacional, tiene un importante papel a la hora de regular su mercado interior. Al menos en teoría, entre sus funciones deberían estar el tomar medidas contundentes para evitar que la actividad de sectores enteros se concentre en manos a unas pocas empresas (oligopolios), erradicar cualquier práctica que coarte la libertad de los consumidores para elegir, y poner freno a las estrategias que erosionan la competencia.

Sin embargo su capacidad de poder proteger la libertad de mercado depende en gran medida de que este tema sea una prioridad para los electores, y de que éstos le respalden sin fisuras a la hora de tomar medidas impopulares entre empresarios e inversores. Cuando esto no es así, lo que suele pasar es precisamente lo contrario: los gobiernos pasan a estar al servicio de los mercados, dejándoles hacer, fortaleciendo sus estructuras de beneficios y subvencionando sus ventas a costa del dinero y los impuestos de los ciudadanos (que viene a ser lo mismo).

Sólo de este modo se explica que gobiernos elegidos por una mayoría de ciudadanos apuesten de forma sistemática por la moderación salarial (¡¡¡ahora defendida hasta por los sindicatos !!!) como solución para luchar contra la inflación en detrimento de la mejora de la productividad y el aumento del nivel de competencia en los mercados. No obstante, a falta de una labor pedagógica y medidas complementarias, en la práctica, lo que se consigue con esta moderación es reducir el consumo sin reducir los precios ni aumentar la competencia.

Evidentemente, mientras el coste de los salarios puedan mantenerse, e incluso reducirse si se incrementen menos que los precios y se hacen más precarias las condiciones de empleo, cualquier inversión en aumentar la productividad y competitividad es poco atractiva. Y más aún cuando la intensidad de la competencia está controlada y resulta posible para todos (tanto a consumidores como a productores) compensar su incapacidad de competir a costa del erario público mediante subvenciones, ayudas directas (II) y bajadas de impuestos, para que podamos continuar como si no pasara nada.

Este tipo de “soluciones”, aunque pueden desahogar la situación a corto plazo, no sólo no atajan las causas estructurales de los problemas sino que, además, los agravan. Al aliviarse la crisis con estas medidas temporales, las reformas de fondo necesarias se posponen -si es que se realizan- y, cuando los precios absorben las subvenciones o rebajas fiscales, volvemos al punto de partida, iniciando un ciclo que conduce inevitablemente la quiebra del Estado. Cuando no se puedan pagar las subvenciones que todo el mundo pide con los impuestos que nadie quiere pagar ¿a quién irán a llorarle subvenciones y bajadas de precios?, ¿quien protegerá a los ciudadanos de los poderes económicos y de ellos mismos?, pero, sobre todo, ¿quién rescatará a las empresas cuando sean víctimas de su propia codicia?

Está claro, al menos para mi, que los gobiernos de España han trabajado, trabajan y posiblemente seguirán trabajando para proteger los beneficios empresariales. Eso sí, disfrazando sus iniciativas en tal sentido como medidas para la protección de empleo y lucha contra el paro… evidentemente, sin trabajadores que explotar no habría actividad económica ni beneficios.

En estas circunstancias, cualquier intervencionismo económico se limitará a ayudar a las empresas a superar las consecuencias de su mala gestión, nunca a ayudar a los consumidores en detrimento de los beneficios empresariales. Por tanto, resulta cuanto menos ingenuo reclamar ayuda al Estado, ya que cualquier solución que nos ofrezca llegará siempre tarde, será insuficiente por lo general, y muy probablemente se limitará a mitigar los efectos perniciosos por un tiempo, en vez de atajar el verdadero problema.

No obstante, tengo que insistir en que la culpa de que los gobiernos que elegimos no estén desempeñando eficazmente su labor de controlar los mercados es, en primer lugar, de los ciudadanos que se lo consienten y/o se empeñan en respaldarlos con su voto. Además, por mucho que el gobierno se esmerara en regular los mercados, cualquier esfuerzo será siempre inútil mientras la mayor parte de la población siga sin asumir su parte de responsabilidad en equilibrar la relación entre oferta y demanda… mientras sigamos consintiendo el enriquecimiento de otros a nuestra costa. El Estado no puede solucionar los problemas que nosotros mismos hemos provocado.

Ser competitivo no es resignarse, sino competir contra los mercados

Todo lo que aquí he expuesto es una obviedad. Desgraciadamente para todos, un amplio porcentaje de la población no acaba de asimilar que hay que competir contra los mercados; y con su actitud despreocupada y conformista acaban generando graves distorsiones en el mercado, que sufrimos todos.

Porque que los precios suban, los salarios bajen, y la oferta se vuelva homogénea y de baja calidad es sólo la punta del iceberg. Conforme se agudizan estas condiciones en los mercados, los consumidores tienen dos opciones: o mantener su consumo a costa de aumentar su endeudamiento, o reducirlo. En cualquier caso, el resultado a medio plazo es que la demanda disminuye sin esperanza de reactivarse, con lo que se acaba destruyendo parte de la capacidad productiva del mercado y se concentra la oferta en menos productores que antes.

Un ejemplo claro de lo que hablo es la crisis inmobiliaria: Quizás los bancos podrían no haber dado tan alegremente hipotecas, pero es que su negocio es vender dinero; quizás el Estado podría no haber incentivado la compra con desgravaciones y ayudas fiscales, pero es que ese tipo de medidas son las que desean los votantes… Sin embargo, el que verdaderamente podía haber evitado la crisis fue el consumidor dispuesto a pagar el equivalente al sueldo de 20 años para comprar una casa normalita. Si estas personas hubieran ejercido su papel de contrapeso del mercado, probablemente la oferta se habría racionalizado de forma controlada, y la burbuja no habría estallado en nuestra cara llevándose por delante a cientos de familias que trabajaban en la construcción, para alguna de las entidades bancarias afectadas por la morosidad o que tienen una hipoteca que no pueden pagar.

Para mantener el poder adquisitivo (y evitar colapsos económicos que puedan afectarle), el ciudadano tiene varias opciones a su alcance. Por desgracia, todas ellas requieren un esfuerzo de su parte y empezar a pensar por uno mismo. En cualquier caso, cambiar nuestra forma de interactuar en contextos económicos siempre será una alternativa mejor a largo plazo que seguir siendo un colectivo atomizado que vive a merced de las grandes empresas y del Estado. ¿No será mejor organizarse para defender nuestros propios intereses, por si a nadie más le preocupan?

A nivel individual, hay que acostumbrarse a utilizar nuestras transacciones mercantiles para fomentar la competencia y demostrar que somos sensibles a la oferta reduciendo el consumo -u optando por otras alternativas- cuando el valor o utilidad que conseguimos de nuestras transacciones no nos satisfaga. Todo se resume en presionar a las empresas, que son la causa de nuestros problemas económicos, para que mejoren sus ofertas (de empleo, de productos y de servicios). Como dice la sabiduría popular, “si quieres que te suban el sueldo o que te bajen el alquiler, lo mejor es que te vayas a otro sitio”.

Cuando no encontremos alternativas aceptables, debemos plantearnos la posibilidad de organizarnos para lograr mejoras de precio y calidad, y/o asumir directamente el rol de producción. Así, por ejemplo, resulta relativamente sencillo montar una cooperativa para, por ejemplo, comprar productos ecológicos directamente al productor a mejor precio (II) al eliminar intermediarios y combinar el poder de compra de los miembros de la misma; así empezó el séptimo grupo empresarial de España.

Como máxima general, conviene aliarse con aquellos que persiguen los mismos objetivos que nosotros para aumentar y coordinar la presión sobre nuestras contra-partes (base sobre las que se asienta el sindicalismo, y los oligopolios) y no subvencionar los beneficios ajenos con nuestro dinero: Si la empresa se traslada a un polígono porque es más barato (para la empresa, no para el empleado), que pague una ruta en vez de obligar a los trabajadores a desplazarse por su cuenta; si hay jornada partida, que pague un comedor; si no se puede igualar el IPC al revisar los salarios, que aumente los días de vacaciones o reduzca la jornada laboral…

Así que la próxima vez que recibas un llamamiento para presionar a determinada empresa, no olvides que proviene de un grupo de personas tratando de defender sus intereses, que muy probablemente compartas. Así que en vez de ignorarlo, o burlarte, evalúa si te beneficiarías de la acción, y en caso afirmativo ¡participa! Te sorprenderías de lo que se puede conseguir, hasta bajar el precio de la gasolina. Y ya puestos a tomar las riendas de nuestro propio destino, vota a políticos que trabajen en defensa de tus intereses, que no tengan miedo a intervenir en los mercados y se comprometan a aumentar la competencia real entre empresas y a garantizar la libertad y los derechos del consumidor.

La próxima vez que pienses que algo es muy caro o que te pagan poco, pregúntate qué méritos has hecho tu para merecer algo mejor. El primer responsable de tu destino eres tu mismo, así que decide; compite.

Guía para el registro de marcas comerciales en España

Más allá de su utilidad como elemento identificativo, el verdadero valor de la marca radica en que aportan a cada consumidor motivos emocionales para preferir determinadas ofertas frente al resto, y a las empresas una forma de capitalizar su reputación. Por eso, desde el blog más anónimo hasta la transnacional más poderosa, todos tratan de construir una identidad que les diferencie del resto de ofertas que hay en el mercado.

La forma más habitual de construir dicha identidad es mediante la asociación con un símbolo fácilmente reconocible, que permita a los clientes recordar la excelente experiencia que supuso confiar en nosotros cuando vuelva a tener la necesidad, y transmita a los que no los son una idea de lo que se puede esperar de nosotros en cuanto a calidad y precio. Para alcanzar esta situación ideal, es necesario construir un vínculo emocional con los clientes, que dote del significado que queremos a la marca. Este proceso requiere un esfuerzo consistente y continuado; de ahí la necesidad de registrar y proteger los elementos que utilizaremos como señas de identidad.

Para quienes no tienen conocimientos legales sobre la materia, el mundo de las marcas puede parecer inaccesible, estereotipo que se encargan de fomentar los bufetes especializados en propiedad industrial: Sin embargo, la realidad es que contamos con el mismo derecho que cualquier empresa del EuroStoxx para registrar nuestra marca, y el procedimiento es relativamente sencillo con la ayuda adecuada.

El objetivo de este artículo es explicar los fundamentos y procedimientos básicos para el registro de marcas en la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM), de modo que podamos registrar nuestra marca por nosotros mismos y evitar la intermediación de abogados especializados en marcas que, en el 95% de los casos, no son necesarios ni pueden justificar las minutas que cobran. No registrar nuestra marca supone renunciar a uno de los activos más importantes para el éxito a largo plazo: nuestra reputación.

Conceptos básicos sobre marcas: Utilidad, clasificación de Niza, ámbito de protección y restricciones

Mediante el registro de marcas obtenemos el derecho exclusivo a utilizar el signo registrado para distinguir, dentro del ámbito geográfico de protección elegido, los productos o servicios que hayamos seleccionado en nuestra solicitud. En el caso de las marcas nacionales, el periodo de la concesión es de 10 años, y se conserva su titularidad de forma indefinida mientras se paguen las tasas de renovación.

Como titulares de una marca registrada, durante su vigencia podremos recabar protección judicial en caso de que alguien la utilice para identificar productos o servicios similares a los nuestros sin nuestro consentimiento, evitar que alguien pueda registrar una empresa con dicho nombre (siempre que los fundadores no tenga registrada la misma marca en otra categoría), y defender legalmente la titularidad del dominio web correspondiente.

Es importante comprender que las marcas se solicitan para identificar productos o servicios correspondientes a una serie de categorías, denominadas "Clases ", establecidas a partir del "Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" de 1957. En este acuerdo se definieron una serie de categorías estandarizadas (Ver listado ) para el registro de marcas. A efectos prácticos, cada categoría se considera independiente, pudiendo co-existir marcas diferentes que utilicen la misma denominación para identificar productos en diferentes clases.

De este modo, la marca "Colonial" está simultáneamente registrada para identificar los siguientes productos:

  1. PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA; HELADOS COMESTIBLES por BIMBO, S.A (Clase 30)
  2. VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA y SERVICIOS DE VENTA AL DETALLE EN COMERCIOS de estos productos por J Y S SAUQUET, S.A (Clases 35 y 25)
  3. LEJÍAS por DANIEL DEL OLMO, S.A. (Clase 03)
  4. SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCIÓN y ARQUITECTURA por INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (Clases 36, 37 y 42).

Pese a tratarse del mismo nombre, estas marcas son simultáneamente válidas porque se distinguen unas de otras visualmente (no inducen a error) y están registradas para clases diferentes, es decir, identifican productos o servicios no relacionados. Si no se hubieran cumplido ambos requisitos a la hora de presentar la solicitud, esta podría haber sido denegada o recurrida, tema de lo que hablaremos más adelante. En caso de que deseáramos que nadie más utilizara nuestra marca, deberíamos registrarla en TODAS las clases, lo cual no es precisamente barato.

Otro concepto importante es el ámbito geográfico de protección : Las marcas pueden ser Nacionales , que se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas y son de aplicación únicamente en España; marcas comunitarias o europeas, que se registran en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y son válidas en todos los países de la Unión Europea; o Internacionales , que son marcas nacionales registradas en otros países a través de la OEPM. En función del ámbito de protección, el precio del registro y renovación de la marca variará, siendo la más barata la nacional. En 2008, el registro de una marca nacional cuesta 150 euros por clase, mientras que la europea en torno a 1500€ (hasta 3 clases).

Según el mercado al que dirijamos nuestras actividad resultará más conveniente elegir un ámbito geográfico más amplio o específico: todo dependerá de qué impacto puede tener que otros utilicen (o registren) nuestra marca para productos similares en otros países. En la mayoría de los casos la marca nacional es la opción más razonable, especialmente si es una marca de servicios y tenemos registrado el dominio .com correspondiente.

No obstante, cuando la marca sea para productos destinados a la exportación o desarrollemos nuestra actividad en diferentes países, suele ser preferible un registro geográfico más amplio que cubra los mercados a los que nos dirigimos. En todo caso, siempre se puede ampliar la cobertura de una marca en el futuro si no hay marcas en conflicto.

En cuanto a lo que puede ser registrado como marca, los artículos quinto y posteriores de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establecen una serie de restricciones al registro de marcas, siendo las más destacables:

  1. la utilización de denominaciones genéricas, no distintivas o que cuyo uso se haya generalizado como genérico;
  2. los que imiten emblemas y símbolos de organismos oficiales;
  3. el nombre, apellido, seudónimo o la imagen de personas distintas del solicitante
  4. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica;
  5. signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial;
  6. los que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o puedan crear confusión, o los que, aun designando productos o servicios diferentes, sean semejantes a marcas renombradas y pueda pueda indicar una conexión con el titular de la marca renombrada o socavar el caracter distintivo de dichos signos anteriores.

Por tanto, a la hora de registrar una marca debe primar la originalidad en el nombre y diseño para evitar conflictos con otras marcas y problemas con el registro.

Procedimiento de registro de una marca comercial

Antes de pensar en registrar una marca conviene comprobar que el dominio .com correspondiente al nombre está disponible, y registrarlo. Este trámite es rápido y barato, y nos da cierta seguridad de que nadie ha registrado esa marca con anterioridad en ninguna parte del mundo. En mi opinión, en pleno siglo XXI registrar y desarrollar una marca cuyo dominio .com lo ha registrado otro es perder tiempo y dinero.

Para empezar a realizar una solicitud de registro de marca lo primero es comprobar si está disponible para la clase o clases que le corresponden, ya que cualquier similitud en el nombre, grafismo o pronunciación puede dar origen a un recurso por parte del titular de otra marca registrada previamente.

Para saber la/s clase/s más adecuadas para nuestro producto o servicio lo más práctico es buscar en el localizador de marcas de la OEPM a los líderes del mercado, que muy probablemente tendrán sus marcas registradas y habrán contado con un asesoramiento legal que podremos aprovechar. Así, por ejemplo, si queremos registrar una marca de cerveza, lo normal sería buscar "Mahou", "San Miguel", "Cruzcampo", "Heineken", "Shandy"… e ir anotando las categorías en las que se registran los productos, así como las descripciones de las clases solicitadas para ir componiendo la nuestra.

Es probable que en estas búsquedas encontréis registradas categorías que no corresponden con el producto que se comercializa bajo esta marca. Esto se debe a que muchas empresas no quieren arriesgarse a que alguien lance productos o servicios con su nombre y optan por registrar todas las categorías (¿os imagináis un "Centro de Desintoxicación" Cruzcampo?). En la mayoría de los casos, la que más se repite es la buena, pero conviene comprobar con la última revisión de clasificación de Niza las categorías que se han registrado, para comprobar que lo que queremos comercializar encaja en esa categoría y no en otra.

En nuestro ejemplo de cerveza, la más repetida es la clase 32, que corresponde a la categoría dedicada a "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas ". No obstante, algunas marcas también han optado por registrar las clases 33 (Bebidas alcohólicas excepto cerveza), 43 (Restauración – restaurantes), 16 (Publicaciones y revistas), 35 (servicios de publicidad), 39 (transporte y distribución) y 25 (vestidos, calzado y sombrerería) entre otras.

Aunque estos registros "secundarios" no nos servirán para rellenar nuestra solicitud, ofrecen información sobre las estrategias de expansión de la competencia y, en el caso de los registros más recientes, sirven para anticipar sus próximos movimientos. Por ejemplo, desde el 16/03/2008 se puede saber que Heineken está registrando LIFE HEINEKEN (M 2813364) como marca para bares, restaurantes, cervecerías y cafeterías en lo que parece ser un proyecto de extender su imagen de marca más allá del envase de sus cervezas; y desde hace algo más de tiempo tiene concedida una marca para lo que parecen ser máquinas de "vending".

Normalmente las descripciones más repetidas son las que copian el nombre de la categoría y/o el genérico "Las solicitadas ", que sirven para registrar toda la categoría en general, sin tener que modificar en el futuro la descripción de la marca en caso de que ampliáramos el negocio dentro de los productos y servicios de la clase. Tanto si se opta por esta estrategia como si se prefiere ser más específico en la descripción, conviene dejar la puerta abierta a otros productos/servicios no contemplados originalmente, pero pertenecientes a la misma clase.

La cantidad de clases a registrar dependerá de nuestro presupuesto y nivel de preocupación por que alguien nos copie la marca para otra cosa, aunque para el común de los mortales será suficiente con la clase correspondiente a la actividad principal. Si el negocio marcha bien, podemos registrar más clases en el futuro, conforme vislumbremos nuevas lineas de negocio.

Una vez conocida la/s clase/s que nos interesan, deberemos comprobar en el localizador de la OEPM que no existen marcas nacionales, marcas internacionales con efecto en España y marcas comunitarias similares en nombre, pronunciación y grafismo a la que pretendemos registrar , ya que de lo contrario se denegará la solicitud. Aviso: el localizador de marcas limita los resultados a las primeras 200 coincidencias, así que si hay más resultados para la consulta no aparecerán todos los registros y tendremos que ser más específicos.

Siguiendo con el ejemplo de la cerveza, si quisiéramos registrar "Duff" como marca, habría que buscar en los tres apartados el propio nombre "Duff" así como "Duf", ya que fonéticamente no hay diferencia entre una y dos efes y es posible que encontremos marcas que contengan esa cadena y sean parecidas (por ejemplo, "Laduf"). La OEPM ofrece un servicio de pago para descartar coincidencias fonéticas.

De esta búsqueda sacamos dos conclusiones, que en la categoría 32, "Duff BEER" es una marca europea (001341130) registrada por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION el 11/10/1999 (no se dieron mucha prisa), con lo cual cualquier solicitud de registro en la misma categoría será muy probablemente rechazada o recurrida; y que esto es algo que no sabía quien intentó registrar como marca nacional "CERVEZA DUFF BEER PILS" (M 2808479) en enero de 2008… 150 euritos a la basura.

CERVEZA DUFF BEER PILS - M 2808479

Hacer correctamente y con esmero la búsqueda de marcas con alguna similitud nos ahorrará dinero y disgustos, así que conviene hacer un pequeño esfuerzo. También conviene saber que las bases de datos online pueden no estár actualizadas en tiempo real, con lo cual existe una pequeña posibilidad de que se acabe de inscribir algún registro en conflicto con el que nosotros queremos y no figure. Los días 1 y 15 de cada mes se suele hace un volcado de registros que coincide con la publicación del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" (BOPI) , lugar donde se publican todos los trámites relacionados con marcas y patentes. Si las últimas solicitudes del BOPI aparecen en Internet y no hay registros en conflicto, es el mejor momento para hacer la presentación de la marca. En cualquier caso, conviene darse prisa a la hora de registrar.

Una vez relativamente seguros de que no hay registros en conflicto en la clase que nos interesa, y que dicha clase es la correcta, podemos empezar la tramitación del registro de nuestra marca.

Formulario de registro de marcas y procedimiento

La presentación de una la solicitud de registro de marca puede hacerse telématicamente (las 24h en la web de la OEPM y con un 15% de descuento), por correo certificado en sobre abierto dirigido a la OEPM, presencialmente en la Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Pº de la Castellana, 75. Madrid), en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma, así como en los órganos que éstas habiliten en el futuro. Mi recomendación es hacer el trámite directamente con la OEPM, que para algo es el registro central.

Para solicitar una marca es necesario cumplimentar el formulario de solicitud a máquina (o en el ordenador), rellenando todos los datos personales del solicitante, la denominación y/o diseño que se quiere registrar y las clases o categorías correspondientes. Dicha documentación debe entregarse debidamente firmada junto al justificante de pago de las tasa correspondiente, que en 2008 son de 151,35€ por clase para las marcas de productos o servicios.

En la primera hoja del formulario de solicitud hay que marcar el tipo de marca , que por lo general será de productos o servicios . Las marcas colectivas corresponden a asociaciones de fabricantes comercializan sus productos bajo marca común (por ejemplo, en el caso de cooperativas de segundo nivel), y las de garantía son aquellas que certifican características del producto y son utilizadas por terceros bajo autorización, como la denominación de origen. Las otras opciones se refieren a marcas anteriormente registradas.

Además del tipo de marca, hay que indicar que el solicitante no está representado (apartado 2), marcar con una equis la documentación que se adjunta (justificante de pago, y 4 copias si es una marca mixta), el número de páginas de la solicitud (7 o 3 es lo más normal) y la firma. No escribáis en las partes reservadas de las esquinas superior e inferior derecha.

En la segunda hoja hay que completar el apartado "Reproducción y datos de la marca" (Apt. 4), incluyendo una reproducción del distintivo (18). La marcas solicitadas suelen ser "denominativas" (solo el nombre) o mixtas (nombre y representación gráfica). En caso de que sólo se reclame la denominación, deberemos seleccionar este tipo en la casilla 19 e indicar que "desea que la OEPM publique y registre la presente marca en los caracteres estándar utilizados por dicha oficina ", que son caracteres alfanuméricos y algunos de puntuación (casilla 20).

Si, además de la denominación, queremos registrar una representación gráfica de la misma, el tipo de marca a seleccionar será "mixto ", y no marcaremos la casilla 20. Si los elementos gráficos son a color conviene reivindicar los colores principales como características distintivas señalando, además de su nombre nombre, el código RBG , CMYK , Pantone o CIELAB que identifica los colores. Si la denominación de la marca no es directamente legible conviene rellenar el apartado "descripción escrita de la marca", indicando explícitamente el denominativo solicitado junto a una descripción exhaustiva y precisa del distintivo, ya que, de otro modo, nos solicitarán que lo corrijamos.

En la tercera página deberemos indicar las clases solicitadas y los productos o servicios protegidos, que habremos elegido a partir de las búsquedas previas de marcas de la competencia o similares. Si se ha solicitado un distintivo gráfico o mixto, deberá acompañarse la solicitud con 4 reproducciones de la marca en las hojas existentes al efecto (páginas 4 a 7 de la solicitud). Aunque las dimensiones máximas indicadas en el formulario es de 8cm x 12cm, las dimensiones del recuadro de la página 2 es de 7,5cm x 11,3cm, así que recomiendo que las reproducciones se impriman con un tamaño máximo de 7,5cm de ancho y 11cm de alto para que quepan en el formulario.

Una vez presentada la solicitud, se publicará en el la resolución del expediente de la solicitud se realizará antes de 8 meses desde la solicitud si no hay oposiciones, y de 15 meses si las hay. Si se resuelve a favor del solicitante, la marca quedará registrada a su nombre hasta pasados 10 años de la fecha de solicitud inicial, y podrá renovarla por periodos de 10 años pagando las tasas correspondientes sin límite de tiempo. Durante el procedimiento recibiremos diferentes notificaciones procedentes de la OEPM informándonos de la marcha del proceso.

Marcas registradas

Una vez concedida la marca, recibiréis publicidad / spam de varios bufetes de abogados especializados en marcas y propiedad industrial. Es algo que suelen hacer aprovechando que los datos del registro (incluida la dirección completa del solicitante) se publican en el BOPI y son accesibles al público, pero no os preocupéis que sólo lo mandan una vez. Aunque parezcan formularios oficiales o traten de incitaros a "sobreproteger" vuestra marca, tener en cuenta que no necesitáis ninguno de los servicios que os ofrecen. La OEPM se encarga de enviaros gratuitamente avisos de nuevas solicitudes de marcas o nombres comerciales de terceros que pudieran resultar incompatibles con vuestro registro , así como de avisaros 8 meses antes de que caduque vuestra marca para que tengáis tiempo de renovarla, si queréis.

No obstante, recomiendo apuntar en el calendario un recordatorio de la fecha de vencimiento de la marca, así como adquirir la costumbre de hacer búsquedas cada 3 meses en la sección de localización de marcas nacionales, internacionales con efecto en España y europeas, ya que podría solicitarse alguna marca que consideremos entra en conflicto pero que de la que no hayamos recibido notificación.

Es importante hacer esta revisión trimestral porque, si no presentáis un recurso de oposición frente a una solicitud en conflicto ésta será concedida y adquirirá validez legal. Si habéis estado atentos sabréis que sólo podéis recurrir aquellas solicitudes en las clases solicitadas para vuestra marca , y que sólo son denegadas de oficio aquellas peticiones de registro de marcas que son iguales a otras existentes o no cumplen los requisitos que establece la ley. De ahí la importancia de dedicar 5 minutos a "proteger" nuestra marca.

Os dejo un enlace a un enlace a un artículo muy interesante referente a las oposiciones de marcas , que os puede servir de referencia tanto para recurrir marcas de otros como para defender vuestras marcas de oposiciones. El recurso en PDF no tiene desperdicio.

Por último, os recuerdo que tenéis la obligación legal de usar la marca , ya que de otro modo podría solicitarse su anulación. También es conveniente que comuniquéis a la OEPM cualquier cambio de domicilio , a fin de que puedan avisarnos ante cualquier eventualidad. Espero haberos ahorrado un buen dinero en abogados… gastarlo a mi salud.

Referencias y materiales

A continuación os dejo una recopilación de los materiales necesarios para el registro de marcas.

Imperio Fiduciario – Quien controle el suministro de dinero controlará el mundo

Título original: Fiat Empire | Ir al vídeo
Tema: Sistema bancario. Evaluación 4.25/5.
Año 2007. Dur: 58′. Producido por Matrixx Entertainment Corporation.
Web: http://www.fiatempire.com

Fiduciario (Adj.): Que depende del crédito y confianza que merezca.

Si te gustó el dinero como deuda, “Fiat Empire” también te gustará, y es una excelente continuación de lo que allí se comentaba. En esta ocasión la reflexión se centra sobre el dinero fiduciario y la reserva federal estadounidense.

A pesar de que el nombre puede llevar a engaño, la reserva federal es una empresa privada propiedad de los principales bancos estadounidenses. Algo que no es un impedimento para que esta empresa sea la encargada de supervisar y regular el sistema bancario, controla el suministro de dinero a la economía y decide la política monetaria de EE.UU al margen de las instituciones democráticamente elegidas.

A principio del siglo XX, la mayor parte de la población de Estados Unidos disponía de ahorros gracias a la buena marcha de la economía, hasta tal punto que los bancos veían peligrar su negocio. Para evitar el desastre, los principales banqueros decidieron unir fuerzas para limitar la competición e imponer barreras de entrada al mercado bancario, de modo que sus beneficios quedaran protegidos.

Para ello, propusieron al gobierno de los EE.UU que creara el marco regulatorio necesario para evitar futuras crisis de liquidez, como la producida en 1907, superando la que, entendían, era la principal amenaza a la estabilidad económica: que la cantidad de dinero disponible estaba limitada por el tamaño de las reservas de oro y plata. Al disociar el dinero del bien que respaldaba su valor, los políticos crearon una fuente ilimitada de financiación más ágil y menos impopular que las subidas de impuestos. Siempre que hiciera falta se podrían imprimir más billetes, aunque esto atente contra su propia Constitución. Así nació, en 1913, la Reserva Federal.

Entre las novedosas características de recién aprobado sistema monetario se encontraba la posibilidad de que los bancos pudieran prestar más dinero del que disponen en sus depósitos (sistema fraccional, también en vigor en la Unión Europea), dado que sólo se requiere disponer de una reserva equivalente a una porción del total de los mismos. También permite emitir moneda de curso legal que no esté respaldada por ningún elemento real (dinero fiduciario), que por tanto puede crearse de la nada. Ambos mecanismos permiten incrementar a voluntad la masa monetaria, y resolver el problema de la liquidez.

Aunque este ocurrente sistema pueda resolver los problemas de liquidez, lo hace a coste de generar una alta inflación. Cuando la cantidad de dinero en circulación (masa monetaria) crece por encima del crecimiento de la producción (PIB), el excedente de dinero en los mercados hace que haya más cantidad moneda para representar una misma cantidad de riqueza. Esto, en la práctica, significa que cada vez que se crea e inyecta dinero fiduciario en los mercados, el valor de la moneda se devalua. No es que los precios suban, es que el poder de compra de la moneda disminuye, y hace falta más cantidad para comprar lo mismo, como pasa últimamente en la relación entre el dolar y el petróleo.

Ya sea creando más billetes, o a través de deuda no respaldada íntegramente por depósitos en el banco, el resultado es el mismo, la transferencia de riqueza desde la sociedad hacia quienes tienen el monopolio para crear el dinero. ¿Como pueden las entidades bancarias crear dinero de la nada (mediante créditos) y cobrar intereses por ello? Como dijo Adolft Hitler, “que fortuna para los gobiernos que la gente no piense“.

Considero que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que la fuerzas militares… Si los ciudadanos americanos permiten alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de su moneda; primero mediante la inflación, y después mediante la deflación, la banca y las corporaciones que prolifera a su alrededor despojarán a los ciudadanos de toda la propiedad; hasta que sus hijos se despierten sin techo en el continente que sus padres conquistaron. – Thomas Jefferson

La historia de las cosas

Título original: The story of stuff | Ir al vídeo
Tema: Economía de Materiales. Evaluación 5/5.
Año 2007?. Dur: 21′. Producido por Free Range Studios.
Web: http://www.storyofstuff.com/

Un vídeo documental sencillo y directo en torno a una cuestión simple, y a la vez compleja. A partir de la pregunta “¿de dónde vienen las cosas que tenemos, y a dónde van?, el vídeo analiza las implicaciones “deliberadamente ocultadas” del modelo de producción y consumo en que se basa la economía mundial.

Siguiendo el recorrido que hace cualquier producto por las fases de esta cadena, se ilustra con claridad las consecuencias que tiene, en un mundo finito, un sistema que adquiere del entorno natural los recursos que necesita en cada fase para la producción; demasiados recursos para producir demasiadas cosas que no necesitamos.

Externalización de costes para aumentar las ventas, los beneficios

Entre las grandes lecciones que se pueden sacar de este vídeo destaco el concepto de externalización de costes, entendido como que el coste real de hacer cosas no se refleja en el precio de los productos. Así se explica que sea más rentable importar fresas de Chile que producirlas cerca del punto de venta al consumidor, por ejemplo.

Esto es posible porque el sistema de producción se apropia de los recursos ajenos para mantener unos unos precios competitivos que incentiven el consumo. ¿Cómo lo hace? Pagando salarios bajos por el tiempo de producción y distribución, apropiándose de recursos naturales sin pagar, y desentendiéndose del tratamiento de los residuos producidos durante el proceso de producción y una vez finalizado el ciclo de consumo… residuos contaminantes que son devueltos al medio ambiente sin tratar, y que, al cabo de los 6 meses de la venta, suponen el 99% del total de materiales distribuidos.

Afortunadamente, poco a poco se van incorporando mecanismos de reciclaje para convertir la cadena de transformación de materiales en un circuito cerrado. Un sistema que no desperdicie recursos, ni gente. Los hábitos de reducción de los residuos son la clave de esta transformación.

Sin embargo, aunque se vayan incorporando a la fase de gestión de residuos mecanismos de reutilización (cascos retornables, por ejemplo) y reciclaje, la implantación de estos sistemas en las fases de extracción, producción y distribución es insuficiente. Por ello, resulta vital aplicar la primera y más importante de las tres R: Reducir la cantidad de productos que consumimos.

Publicidad, obsolescencia y consumidores infelices

También interesante la reflexión sobre los mecanismos para obligarnos a seguir consumiendo, principalmente a través de la obsolescencia planificada y percibida. En ambos casos el objetivo es que el consumidor sustituya el objeto por uno nuevo, aunque por medios diferentes.

En el caso de la planificada, los productos se diseñan para que dejen de ser útiles pasado un periodo de tiempo. Tal es el caso de los ordenadores que se quedan viejos porque los nuevos sistemas operativos requieren más potencia, pero también es lo que se persigue haciendo productos que no se pueden actualizar, o cuando se deja de fabricar piezas de recambio o consumibles para modelos viejos (cintas VHS y, próximamente, DVD’s).

La obsolescencia percibida se basa en el deseo de estar a la última, desechando productos funcionales por versiones nuevas para no quedarnos anticuados o usar “cosas viejas”. El ejemplo que se pone es el de la moda, algo en lo que nunca me había percatado ya que a mi particularmente me importa bien poco lo que opinen los demás a este respecto, y cualquiera que minusvalore a otro en base a la capacidad de consumo solo merece todo mi desprecio.

Otro mecanismo para mantener el consumo es la publicidad, a través de la cual se nos crean necesidades que nunca tuvimos, y se nos ofrece satisfacerlas consumiendo más y más. Esto se logra principalmente atacando nuestro autoconcepto… basta con ver los modelos que anuncian productos de belleza y compararlos con nuestro reflejo en el espejo o con quien tenemos al lado.

Sin embargo, aunque satisfagamos estas nuevas necesidades consumiendo, esto no puede hacernos más felices, ya que las ventas bajarían. De hecho, para mantener el creciente ritmo de consumo es necesario dedicar cada vez más tiempo a ganar dinero que gastar, y más tiempo a gastarlo, con lo cual cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas que nos gustan. En vez de reducir la necesidad de trabajar, el desarrollo económico la ha incrementado. ¿Es esto el progreso?

Reducir el consumo para aumentar el bienestar

El motor de este sistema es el consumo. Un motor que alimentamos diariamente. El acto de compra es la única forma de soberanía que podemos ejercer libremente y a diario. Y dejar de consumir es el mecanismo más efectivo para frenar la sobreexplotación de recursos naturales, el expolio del tercer mundo la deslocalización de los trabajos del primero, y disminuir nuestro nivel de exposición a productos tóxicos.

Como resume la cita que se atribuye en el documental al desconocido Victor Lebow, que traduzco libremente:

Nuestra gran economía productiva […] exige que hagamos del consumo nuestro modo de vida. Que convirtamos la compra y uso de productos en rituales. Que busquemos la satisfacción espiritual y del ego en el consumo […] Necesitamos que las cosas se consuman, envejezcan, se reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor.”

Por tanto, dejar de consumir productos producidos dentro de la economía de materiales dominante es una necesidad real para nuestra propia supervivencia como especie. Una de mis máximas particulares es consumir los menos posible, y así no alimentar este sistema insostenible que se acabará colapsando cuando hayamos consumido todos los recursos o envenenado a todos los consumidores.

En tiempos difíciles como los que se nos avecinan dejar de consumir no es una opción. Sin embargo, no resulta complicado organizarse para consumir menos recursos: sustituir el coche por una moto, una bici o el transporte público y, sobre todo, apagar la televisión para que no nos haga sentirnos mal con nosotros mismos por elegir vivir con menos cosas y más tiempo para nosotros.

Como dicen en el vídeo, lo que hay que tirar a la basura es la mentalidad de la economía desechable, y sustituirla por otra basada en la sotenibilidad, la química limpia, el “residuos cero”, los ciclos de producción cerrados, las energías renovables y una economía local fuerte. El consumo de las cosas que verdaderamente necesitamos no necesita reactivarse, por eso creo que cuanto más se habla de medidas para reactivar el consumo, más cerca estamos de la solución. Veremos que pasa…

Lo que no dice la publicidad sobre la receta de Coca-Cola

Después de muchos años por fin he comprendido, gracias a la publicidad, que la Coca-Cola es un alimento básico que está situado en la base de la pirámide alimentaria. O eso deben creer en el departamento de marketing a la vista de la última campaña de publicidad que ha aparecido recientemente en paradas del autobús y vallas publicitarias.

En la campaña, que reproduzco más abajo, se muestra la sinuosa botella de cristal de Coca-Cola vacía sobre fondo blanco, con las típicas gotas como de rocío sobre el cristal, y un texto que dice “Sin conservantes añadidos. Sin aromas artificiales. Desde 1886”. Nada de movimiento ni diseño gráfico innovador… solo una botella vacía sobre fondo blanco. Una campaña muy probablemente dirigida a adultos preocupados por la conveniencia de incluir en su dieta (o la de sus hijos) semejante producto.

Supongo que para el consumidor medio esta campaña será un impacto publicitario más de los miles que recibe a diario, pero a mi particularmente me ofende la forma en que se utilizan texto e imagen para establecer un paralelismo entre la Coca-Cola y el agua: Ambos tan cristalinos (¿por qué la botella está vacía?), tan refrescantes, “sin conservantes añadidos, sin aromas artificiales y de toda la vida”, en una palabra, tan naturales… Si para algo ha servido la psicología y el estudio de la heurística es para hacer publicidad más efectiva.

Lo que la publicidad no dice sobre la receta de Coca-Cola
A la izquierda, marquesina de parada de autobús con la publicidad de Coca-Cola. A la derecha, botellín de Coca-Cola en la sección de zumos refrigerados, que es donde debería estar.

AVISO LEGAL: En ningún momento se utiliza el término “natural” o equivalentes referidos a los productos de Coca-Cola Company. La empresa niega toda responsabilidad sobre cualquier interpretación errónea que los consumidores puedan hacer de sus campañas de publicidad.

Los ingredientes de la Coca-Cola

Según la etiqueta que aparece en la foto, la Coca-Cola contiene agua carbonatada, azúcar, colorante E-150d (o “caramelo al amoniaco, que contiene 2-acetil-4-(5)-tetrahidroxibutilimidazol, sustancia que puede afectar al sistema inmune y que la FAO/OMS recomienda no ingerir por encima de 200 mg/día por kg de peso), acidulante E-338 (o ácido fosfórico, que se obtiene mediante el tratamiento químico de rocas de fosfato de calcio. Entre sus propiedades están el producir descalcificación y poder ser corrosivo (aunque no toxico) en soluciones a partir del 85%), y “aromas” (incluyendo cafeína).

Como cabría esperar, la publicidad de Coca-Cola no miente, pero eso no significa necesariamente que diga la verdad. En la escueta información de la etiqueta no se menciona entre los ingredientes ningún E200, que es el grupo de los conservantes que se hubieran podido añadir. Sin embargo, el hecho de que se matice que no tiene conservantes “añadidos” hace sospechar que alguien se está cubriendo las espaldas, así como el indicar una fecha de consumo preferente (unos 12 meses desde el punto de venta) hace sospechar que el producto necesita cierto grado de conservación. Sin embargo, todo esto no son más que especulaciones; resulta más interesante el caso de los aromas añadidos.

Obviando el hecho de que tener que añadir aroma a un alimento es ya bastante artificial de por si, conviene saber que la normativa europea distingue entre aromas artificiales, que son aquellos obtenido por síntesis química, pero no químicamente idénticos a sustancias naturales; aromas naturales, obtenidos a partir de una materia de origen vegetal o animal en estado natural o transformada con vistas al consumo humano por procedimientos tradicionales; y otros aromas, idénticos molecularmente a los naturales, pero obtenidos mediante procedimientos químicos.

Cuando son artificiales es obligatorio ponerlo en la etiqueta, y el término natural solo se puede utilizar cuando los aromas cumplen rigurosamente con los requisitos que implica esta denominación. Por tanto, cabe pensar que los aromas añadidos a la Coca-Cola son producidos industrialmente, aunque nos quedamos sin saber cuáles son, a parte de la cafeína.

Uno de los ingredientes que no se mencionan explícitamente en el etiquetado podría ser el extracto de hoja de coca (¿un “aroma”?), que parece se sigue utilizando y del que no se pueden extraer todos los alcaloides de la cocaína, por lo que la bebida contendría trazas de dicho estimulante. En la etiqueta tampoco se indica la cantidad de E-150d que contiene la Coca-Cola, a pesar de que la OMS ha establecido una recomendación sobre la cantidad máxima segura para la salud.

En definitiva, aunque resulta difícil sacar conclusiones dada la falta de información fiable, si de algo estoy seguro es de que la Coca-Cola NO es un producto natural, que convenga consumir regularmente en una dieta equilibrada, por muchos millones que se inviertan en confundir a los consumidores.

Idoneidad para la salud e información para el consumidor

La falta de información, u opacidad, es una de las características principales de las economías de mercado. Al parecer, una de las máxima de esta economía es que “cuanto menos sepa el consumidor, mejor para todos”. ¿Por qué conviene que el consumidor no sepa el origen y composición exacta de productos que consume, la estructura de costes y margen de beneficios de los mismos, o el impacto ecológico y social de su producción? Esta es la clase de información a la que no se da publicidad. Conviene que recordemos que la publicidad es una versión sesgada e incompleta de la realidad.

Por otra parte, me preocupa que los gobiernos permitan a las empresas ocultar información a los consumidores, como pasa con los aceites vegetales, categoría que engloba desde el aceite de coco hasta el de oliva, donde se mezclan sin diferenciar productos con propiedades muy diferentes para la salud (por ejemplo, en grasas saturadas).

En este sentido, el caso de Coca-Cola me parece sangrante, ya que se permite la comercialización de un producto para consumo humano cuya composición exacta es un secreto comercial, y que supuestamente contiene ingredientes secretos sobre los que no podemos conocer su idoneidad para la salud.

Lejos de mi intención acusar esta, u otra, empresa transnacional de anteponer sus beneficios a la salud de la población; ni de poner en duda la diligencia de las autoridades a la hora de proteger la salud pública y regular los mercados en beneficio de los consumidores. Quiero pensar que el secreto de la fórmula de Coca-Cola es sólo una estrategia de marketing y que se ha verificado que los productos de esta marca son seguros para el consumo humano. Sin embargo, me preocupa tener que pensarlo en vez de saberlo, como me preocupa sospechar que mi salud se contabiliza como un gasto en el balance de las empresas de alimentación; y que cotiza en bolsa.

El maltrato al consumidor y la responsabilidad del cliente – Openbank

En Marzo de este año Openbank dio un paso más en la integración de sus sistemas con los del grupo Santander lanzando una nueva web para realizar la operativa online. Ya habían cambiado el aspecto de Patagon Bank por el del Santander, pero ahora tocaba migrar el sistema a uno similar a SuperNET (si no el mismo).

Cualquiera que se haya visto en la necesidad de hacer una migración a otro sistema sabe que el proceso de transición es difícil, que surgen problemas imprevistos y es necesario un tiempo para estabilizar las cosas… por eso se realizan pruebas previas con con un grupo reducido de usuarios antes de poner en producción nuevos sistemas.

Sin embargo, el grupo Santander ha optado por poner en producción los sistemas para que sean los clientes los que detecten los fallos (como hace Microsoft con Windows), y ahora clientes y empleados tenemos que sufrir las consecuencias de las decisiones de algún ejecutivo visionario con sueldo de 6 cifras y mucha prisa por alcanzar los objetivos de su bonus, al que no le vendría mal que le mandaran al call-center a contestar las llamadas originadas por sus decisiones.

No puedo comprender se una empresa “solvente” decida cambiar a una nueva versión de su producto sin probarlo antes, porque bastan 45 segundos para darse cuenta que la navegación es insufrible: para operar primero hay que ir a la categoría que interesa y luego pinchar en la pestaña operativa, ya que, por defecto, se muestra la información de contratación (aunque ya seas cliente).

Además, desde que pusieron en marcha la web hace casi dos meses, he vuelto a recibir los extractos en papel porque el nuevo sistema no funciona correctamente, y han desaparecido características como el teclado en pantalla, por lo que hay que volver a escribir las contraseñas con el teclado 8en mi opinión, más inseguro.

Pero no es sólo que la nueva web tenga fallos, también ha dejado de funcionar la pasarela de pago desde la página web de la AEAT para pagar las liquidaciones de impuestos mediante cargo en cuenta. Por si a alguien el interesa, a la hora de tramitar el pago se produce el siguiente error:

“LA OPERACIÓN NO SE HA PODIDO REALIZAR. SE PRODUJO EL SIGUIENTE ERROR: RESPUESTA DE LA ENTIDAD COLABORADORA: [código 83] El segundo NIF no corresponde al titular de la cuenta”

No os molestéis, no tiene solución, y el departamento que tiene que arreglarlo no trabaja en fines de semana. Paradójicamente, la informática nos devuelve a la era del papel, ya que la solución que me ofrece el servicio de atención al cliente es que pague mis impuestos a la antigua usanza, desplazándome en día laborable a rellenar un impreso, que debo comprar, y esperar en cola.

Según parece, todo lo que toca el grupo Santander deja de funcionar.

La responsabilidad del cliente

Algún lector habitual se estará preguntando a qué viene esta pataleta. Por una parte, quería dejar constancia pública de mi descontento con Openbank, pero también utilizar esta historia para reflexionar sobre un fenómeno bastante habitual: el maltrato al cliente.

En España estamos acostumbrados a recibir malos tratos por parte de las empresas de las que somos usuarios, y a las que pagamos por sus servicios. Maltratos de los que somos en buena medida responsables, ya que, como consumidores, toleramos y financiamos servicios que no cumplen con nuestras expectativas. Parece que nos cuesta darnos cuenta de que nuestra necesidad de comprar lo que nos venden es mucho menor que la necesidad que tienen los vendedores de que compremos lo que sea.

Todos los días estamos decidiendo con nuestras compras qué empresas quiebran y cuales obtienen beneficios; y, sin embargo, nos resignamos a aceptar que las cosas no se pueden cambiar cuando está en nuestras manos decidir cómo se nos atiende, y quien lo hace. Ya lo dijo Anaxágoras, “si me engañas una vez, la culpa es tuya; si me engañas dos, será mía”.

Los consumidores somos el motor de la selección natural en el mercado, mucho más cuando la oferta supera ampliamente a la demanda, como pasa hoy en día. Lo creamos o no, tenemos la capacidad para cambiar las cosas. Sin embargo, dedicamos demasiada energía a enfurecernos y muy poca a solucionar nuestros problemas.

Las empresas saben que se nos va la fuerza por la boca, así que nos ayudan a desahogarnos contratando a personas a las que podemos gritar, amenazar, insultar y protestar lo que queramos, pero que no tienen culpa en lo que nos pasa ni potestad para solucionarlo. Una vez nos hayamos tranquilizamos, las cosas suelen volver a donde estaban antes del problema.

Por eso creo que va siendo hora de canalizar esa energía negativa hasta convertirla en algo positivo. Mejor que quejarse verbalmente es hacerlo por escrito; nos da tiempo a pensar lo que vamos a decir, a que se nos pase el calentón y, sobre todo, dejamos constancia del problema, porque las palabras se las lleva el viento. También queda constancia cuando un cliente deja de serlo, y nos aseguramos de que se enteren de que no compartimos su forma de hacer negocios.

Si nos resignamos con las cosas que no nos gustan, nadie va a cambiarlas por nosotros. Va siendo hora de empezar a asumir nuestro papel como protagonistas en la transformación de nuestra realidad más cercana, y de ir sustituyendo viejos hábitos de protesta, que no conducen a nada, por protestas más efectivas. Suerte.

La reforma del IRPF favorece las rentas del capital sobre las del trabajo

Con motivo del inicio de la campaña de la renta he tenido ocasión de comprobar empíricamente como la reforma fiscal de 2007 favorece las rentas del capital sobre las del trabajo. Antes de la reforma del IRPF todos los ingresos del declarante estaban integrados en su base imponible, por la que se tributaba al tipo asignado al rango de ingresos correspondiente con los suyos. A partir de la reforma se “iguala el tratamiento a todos los tipos de ahorro” a través de su separación en una base imponible del ahorro, que tributa al 18% en todos los casos.

Gracias a esta medida, ya es fiscalmente más beneficioso dedicarse a negocios especulativos basados en el capital financiero que a negocios productivos basados en el trabajo, con las consecuencias que ello implica para nuestra economía y para nuestro modelo de convivencia.

Trabajar o especular, he ahí el dilema

A la hora de tributar, la cuantía a pagar varía sustancialmente dependiendo de la situación personal de cada uno. Por ello, para ejemplificar mi tesis, utilizaré un ejemplo, concreto aunque representativo, del funcionamiento de la base de ahorro. Para este simulacro fiscal utilizaré el caso de un hombre de 29 años, soltero, residente en Madrid, sin hijos ni mayores a su cargo, que vive en un piso alquilado cuyo alquiler no puede desgrabarse porque su casero no lo declara, y carece del resguardo del ingreso de la fianza en el IVIMA. En ambos casos los ingresos son los mismos: 50.000€ brutos al año. Lo único que cambia es la forma de obtenerlos.

Escenario 1: Trabajador por cuenta ajena.

Después de muchos años trabajando, nuestro hombre ha ascendido en el escalafón hasta ejecutivo de una gran multinacional, y obtenido un sueldo al nivel de sus capacidades. Todas las mañanas se levanta temprano para ir a trabajar, y suele quedarse por las tardes para impulsar los proyectos que se van quedando rezagados porque todavía le queda progresión en la empresa.

De los 50.000€ brutos que cobra le han retenido 12.000€ a cuenta del IRPF, y ha pagado 2.350€ de seguridad social. Al ir a hacer la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2007, le sale que su cuota total final es de 11.730.08€. Es decir, que su presión fiscal es del 23.46%, y el resultado de su declaración es a devolver 269,92€.

Captura del programa PADRE con el resultado de una declaración de la renta con unos ingresos de 50.000€ provenientes en exclusiva del trabajo por cuenta ajena

Escenario 2: Especulador de andar por casa

En el segundo caso nuestro hombre, sabedor de las implicaciones de las reformas fiscales realizadas en 2007, finalmente se ha convencido de que eso de trabajar es para ricos. La nueva base del ahorro, con una tributación plana al 18%, hace mucho más ventajoso fiscalmente vivir de las rentas que trabajando.

Gracias a un capital que tenía ahorrado y sus amplios conocimientos sobre mercados financieros, ha obtenido beneficios por importe de 50.000€: que si unos futuros sobre el petroleo, unos warrants por aquí, unos fondos asiáticos por allá, algunas acciones de empresas OPAdas… todo desde la comodidad de su casa gracias a la operativa por Internet.

Para no quedarse sin seguridad social ni jubilación, opta por darse de alta en autónomos y cotizar por la base mínima. Al no desarrollar ninguna actividad, no percibe ingresos de actividades económicas; aunque podría, porque los mercados sólo abren de 9 a 5 y con las ordenes condicionadas no necesita seguir las cotizaciones al segundo.

Al ir a hacer la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2007, le sale que su cuota total final es de 8.091€ (!). Es decir, que su presión fiscal es del 16.18%, y el resultado de su declaración es a pagar 6.530,55€. Incluso aunque el especulador aumentara su cotización a la Seguridad Social el resultado no variaría ni un céntimo.

Captura del programa PADRE con el resultado de una declaración de la renta con unos ingresos de 50.000€ provenientes en exclusiva de compra-venta de acciones

Balance

Como me consta que la mayoría de los lectores no creerán lo que leen, animo a los incrédulos a descargarse el programa de ayuda de la declaración de la renta (disponible sólo para windows), y a comparar una declaración de “trabajador por cuenta ajena” con una paralela en la que los ingresos brutos procedan únicamente de transmisiones de acciones (en la casilla 342) y/o de beneficios por compra-venta de inmuebles (en la casilla 360), en vez de provenir de retribuciones dinerarias (casilla 001 a 0).

En este ejemplo (50.000€), la diferencia entre especular y trabajar es de 3.639€ netos al año a favor de la primera opción. Conforme reducimos los ingresos totales, la diferencia entre ganar dinero trabajando y especulando se reduce, hasta alcanzar un punto de inflexión en torno a los 25.000€ brutos al año.

Por sus acciones los conoceréis

A la vista de los datos, parece que quienes verdaderamente se benefician de la nueva base del ahorro son precisamente los “contribuyentes con ingresos superiores a los 39.386 euros, que concentran el 62% del ahorro declarado. No sólo porque sean los que más fácilmente pueda acceder al ahorro, sino porque todo lo que ahorren tributará a un tipo que está por debajo del tipo mínimo de las rentas del trabajo (que es del 24%), y muy por debajo del que les correspondería tributar según sus ingresos totales (del 37% hasta 52.360 y del 43% a partir de esa cifra).

Con esta medida, el gobierno del Partido Socialista se descubre como el gran prestidigitador que es: capaz de combinar un discurso progresista con medidas que fomentan las desigualdades sociales. Demuestra también su capacidad para manipular a la ciudadanía con la ayuda de los medios de comunicación… aunque claro, seguramente todos los que deciden qué es noticia y cómo se cuenta cobran más de 39.386 euros brutos al año.

Esta medida no sólo reduce injustificadamente los ingresos con que el Estado sufraga servicios fundamentales para el bienestar de las personas, que aunque no se cobren hay que pagar, sino que favorece fiscalmente actividades que son el motor de las burbujas especulativas, que no sólo desestabilizan la economía sino que perjudican a amplios sectores de la población (encareciendo la energía, los alimentos y la vivienda, por citar tres ejemplos). Por todo ello, ya se ha propuesto la reintegración de los rendimientos del capital en la base imponible del IRPF, aunque dudo mucho que esta propuesta atraiga la atención de los medios de persuasión.