Café y barrita 96cents… en el Congreso de los Diputados

Bueno, esto no deja de ser una anécdota con tufillo demagógico, pero el otro día estuve en el Congreso de los Diputados y, dado que me tocaba esperar, sentí la perversa curiosidad de saber cuánto costaría un café allí… por aquella famosa respuesta de Zapatero sobre que un café cuesta 80 céntimos en la calle.

Como no había desayunado, me pedí también una barrita tostada -lo cual desvirtúa el experimento-, pero creo que los resultados son igualmente significativos, y sirven para comprender hasta que punto se puede estar desconectado de la realidad. Un café bien hermoso (a medio camino entre taza y tazón) y una barrita tostada, partida por la mitad, y que medía casi un palmo… por 96 céntimos (IVA incluido, of course).

Mira que he probado cafeterías gestionadas por el grupo Arturo CantoBlanco, pero ninguna tan generosa con las raciones, de tan buena calidad y tan barata. Así no hay crisis que duela.

Espero que este post me sirva para recordar que, por algún extraño motivo se tiende a edulcorar la realidad a quienes tienen que tomar las decisiones importantes, de modo que a la tardanza propia del proceso se añade otra producida por la ocultación de la realidad. Seguro que el día de los 80 céntimos marco un antes y un después en la intensidad con la que se luchaba contra la crisis.

Necesitaré este recordatorio porque, después de probar esas barritas, he decidido que tengo que conseguir un escaño como sea :P

A continuación, la prueba del delito. Lástima no haberle sacado también una foto al desayuno (lo siento, estaba hambriento).

Representatividad con Gobernabilidad

Al hacer depender la elección de dos de los poderes del estado de una única expresión de la voluntad popular, el diseño del parlamentarismo obliga a los ciudadanos a optar entre dos características igualmente necesarias de todo sistema político: la representatividad de su cámara de representantes, y la gobernabilidad de su gobierno. La elección, que se plantea como ineludible, es sobre la que versan innumerables discusiones sobre las fórmulas electorales que deben permitir la conversión de votos en escaños. Aunque son muchas las soluciones propuestas, algunas capaces incluso de conciliar ambos aspectos, lo cierto es que el error es de planteamiento.

La naturaleza del ejecutivo y del legislativo es muy distinta, por lo que no parece práctico elegirlos en una misma votación, ni se justifica desde la doctrina de separación de poderes. Al primero se le exige dirigir la política de la nación, mientras que al segundo se le encomienda la elaboración de las normas centrales del ordenamiento jurídico, el control político del Gobierno y la aprobación del régimen de ingresos y gastos del Estado.

Mientras que para el primero es necesaria una figura digna de la confianza de la ciudadanía, que cuente con un programa político que desarrollar y ejerza un liderazgo fuerte, capaz de dar soluciones satisfactorias a los imprevistos que se presenten; para el segundo, lo que se necesitan son portavoces de la pluralidad de puntos de vistas existentes en la sociedad, capaces de mantener en jaque al Gobierno y de auditar -y mejorar- el funcionamiento del Estado.

A este segundo conjunto también le corresponde el introducir en la agenda política los asuntos más relevantes para los grupos a los que representan, y plantear alternativas respecto a las iniciativas de otros. Son los encargados de ofrecer a la ciudadanía otras propuestas y otros modelos de gestión con los que comparar los que tenemos, e introducir -con ello- la competición en la política. De ahí la necesidad de cambiar las mayorías artificiales en el parlamento por la representatividad plural.

La competencia produce calidad, también en política

La competencia resulta fundamental para la democracia, porque es la que aumenta el nivel de autoexigencia de los políticos y la calidad de las ofertas que se formulan. Sin competencia ni alternativas no hay incentivos para mejorar ni para participar, solo mediocridad y desapego. Por eso, sacrificar la representatividad en aras de la Gobernabilidad es suicida, sobre todo habiéndose “superado” la Transición, momento en el que esta medida sí estuvo justificada.

Una vez consolidado el parlamentarismo en España, ya no es necesario mantener un sistema que altera la formación y manifestación de la voluntad popular al imponer altos costes y barreras de entrada a potenciales alternativas. Desgraciadamente, tanto el PSOE como el PP coinciden en la necesidad de perpetuar un sistema tan disfuncional para mantener el status quo, y proteger su duopolio del poder excluyendo a la competencia, y petrificando el sistema de partidos políticos.

Parece claro que el sistema de representación cada vez satisface menos las demandas de quienes lo sustentan, por lo que -de continuar ampliándose la brecha entre representantes y representados- acabará quebrando: siendo desmantelado por la fuerza, o desplegando la suya para reprimir y castigar a quienes lo amenazan, que cada día somos más. Que este pasado diciembre “la clase política y los partidos políticos” fueran percibidos como el tercer problema de los Españoles (p. 5), por encima de la inmigración o el terrorismo por enésimo mes consecutivo; o que 2/3 de los encuestados en noviembre estuvieran poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento (p. 18) y el 60% opine que “en las Cortes se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, en vez de discutir los problemas fundamentales del país” (p. 17) da una idea del desacoplamiento que se está produciendo entre las aspiraciones de los españoles y las prioridades de los políticos.

Como ciudadano, mi máxima prioridad política es obtener los mejores resultados posibles de mi voto y mis impuestos; algo que el sistema electoral español no me permite por su clara disfuncionalidad en términos de representatitividad, que -a su vez- genera también disfunciones en términos de competitividad. Por tanto, congratularse por “la estabilidad y la gobernabilidad” que proporciona nuestro sistema electoral es no comprender el precio que se paga para conseguirla, ni saber que puede obtenerse por otros medios.

Así es: representatividad y gobernabilidad son compatibles. Bastaría combinar la elección directa del Presidente del Gobierno con un sistema electoral plenamente proporcional para garantizar la estabilidad del sistema político, habida cuenta de que el Presidente sería investido por el voto de los ciudadanos y, en un Parlamento fragmentado, difícilmente podría prosperar una moción de censura constructiva. Sería necesario, no obstante, realizar algunos cambios para facilitar al Gobierno el proceso legislativo[¹], habida cuenta de que el aumento de la representatividad dificultaría la construcción de mayorías.

En un sistema como el propuesto, las mayorías artificiales basadas en el sistema electoral y la disciplina de partido darían paso a mayorías basadas en el consenso, sin producir por ello inestabilidad gubernamental. No obstante, el cambi probablemente generaría cierta parálisis legislativa hasta que los supervivientes del proceso de reconversión interiorizaran las nuevas condiciones en las que deberán realizar su trabajo: menos leyes, más consensuadas, más duraderas, y sólo las necesarias.

En efecto, la fragmentación permitirá -creo yo- contener la proliferación legislativa, y obligaría a realizar una política más constructiva y orientada a la ciudadanía. Nos ahorraríamos confusiones como las de Arsenio Fernández de Mesa al afirmar que “el PP representa a la mitad de los españoles“, cuando sólo le votaron un tercio de los que tenían derecho a voto (que son sólo casi dos millones más de los que se abstuvieron).

A estas medidas podrían sumarse otras como sustituir la propaganda electoral por el envío de un folleto en el que cada candidatura disponga del mismo espacio para comunicar su programa electoral, la posibilidad de presentar listas incompletas (a riesgo de que otras formaciones ocupen los escaños si faltaran candidatos), eliminación del umbral de porcentaje mínimo de votos para ser incluido en el recuento (especialmente en aquellas circunscripciones en las que un escaño representa, sobre el total, un porcentaje por debajo de la barrera electoral), el aumento del número de escaños del Congreso a 400, o la selección de los candidatos de cada lista (y su orden) directamente por los afiliados al partido en cada circunscripción.

Con estas, y otras propuestas, es posible construir un sistema político altamente competitivo y flexible, en beneficio del ciudadano. Sólo hace falta que, quienes pueden hacerlo, voten para alejar del poder a las viejas elites dirigentes y sustituirlas por personas sin intereses creados, dispuestas a llevarlas a cabo. Líderes más adecuados a los tiempos que corren, y conscientes tanto de que no deben morder la mano que les da de comer, ni criminalizar a la población por no compartir su anquilosada visión de la realidad, como de que la sociedad española no es ni roja ni azul: hay una amplia gama de colores, y su proporción varía según el tema.

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[¹] Por ejemplo, aumentando la vigencia temporal de los decretos leyes antes de su convalidación.

El Gobierno provoca la rebelión de los controladores para jodernos el puente

Cuando un Gobierno en crisis decide llevar a cabo el programa electoral de la oposición no hay nada como organizar una gran cortina de humo para desviar la atención de este pequeño detalle, aprovechar para convertir en chivo expiatorio a un colectivo que es un obstáculo para sus planes, y lograr que la muchedumbre les aplauda por “resolver” enérgicamente la crisis que ellos mismos han creado. Esto es precisamente lo que ha hecho el ministro de Fomento, José Blanco, con la inestimable colaboración de todos los medios de comunicación relevantes del país, que necesitan más que nunca los ingresos de la publicidad institucional para mantenerse a flote.

La mala gestión causa el conflicto

El Gobierno, a sabiendas de cuál sería la reacción, decidió publicar el día en que se iniciaba el puente de la Constitución un Real Decreto por el que se modificaba unilateralmente -y sin preaviso- las condiciones de trabajo de los controladores aéreos. Podía haberlo publicado cualquier otro día -por ejemplo, el lunes 13- para que tuviéramos el puente en paz, pero la ocasión era perfecta y, además, ya no quedaba tiempo.

El 14 de abril se publicó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo […], en la que se establecía originalmente que:

Disposición adicional cuarta
2.
Los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad dejarán de desempeñar funciones operativas de control de tránsito aéreo, debiendo el proveedor de servicios ofertarle otro puesto de trabajo que no conlleve el ejercicio de esas funciones […]

Esta situación se corrigió el 24 de Octubre (más de 6 meses después), a la vista de que no era posible prescindir de los controladores mayores de 57 años (en torno al 4,5% del total); pero, para entonces, el resto ya habían realizado demasiadas horas extra para suplir estas bajas, y los controladores retirados por el Gobierno no se encontraban en condiciones de reincorporarse rápidamente. Es más, muchos de ellos podrían perder su habilitación para controlar el tráfico aéreo por no haber ejercitado las atribuciones de la licencia durante un número mínimo de horas durante los 12 meses anteriores, tal y como establece el Artículo 11.1.a de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

A la vista está que la mala gestión del Gobierno ha reducido la disponibilidad de horas de control aéreo, poniendo en peligro la continuidad del tráfico. Por suerte esto es España, y aquí sabemos que los problemas se solucionan apretando las tuercas a los trabajadores, que es precisamente lo que parece que está haciendo AENA al ver que las horas y controladores disponibles no son suficientes. De hecho, el pasado día 29 de noviembre se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Santiago de Compostela porque todos los controladores que tenían que acudir a trabajar habían cumplido el máximo de horas que permite la ley.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni por esas iba a ser posible garantizar el control del tráfico aéreo hasta el fin del año, se preparó otro real decreto para sacarse de las manga las horas que faltaban. Así, en el Real Decreto publicado el pasado viernes se dice que:

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.

Esta redacción es claramente contraria a la del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que dice:

Art. 13. Imaginaria.
2. El periodo de imaginaria no computará como actividad aeronáutica si se realiza fuera del lugar de trabajo. La imaginaria realizada en el lugar de trabajo computará como actividad aeronáutica aún cuando el controlador no sea convocado para la realización de actividad operacional […].

En resumen, que antes las guardias en la torre o el control eran horas de actividad aeronáutica (aunque no dirigieras el tráfico aéreo, hay que estar allí por si acaso) y ahora ya no lo son… y parece que este cambio se pretende aplicar retroactivamente a todo el año 2010. ¿Qué te parecería que tu empresa, por que sí y después de meses presionándote, de haberte subido un 40% las horas de trabajo y bajado el sueldo un 25%, decidiese modificar -de nuevo- tu horario unilateralmente y sin siquiera consultarte, asignándote una serie de horas que creías que ya habías trabajado (y que no son ni extra, ni voluntarias, ni remuneradas) porque resulta que han echado a demasiada gente, y ahora no sois suficientes ni hay tiempo de contratar a nadie? ¿Cómo reaccionarías?

Lo que defienden los controladores son derechos laborales básicos

La Constitución establece que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios” (Art. 37.1 CE). Esto, obviamente, también es de aplicación a los controladores aéreos como trabajadores de una empresa pública que son, e incluye su derecho a la huelga y a renunciar a su trabajo con indemnización si se modifican sustancialmente las condiciones pactadas. De hecho, al menos 180 han pedido la rescisión de su contrato desde febrero.

Por tanto, aunque me parezca injustificable el cierre del espacio aéreo español, tengo claro que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento arrinconar a los controladores al borde del precipicio para que ellos mismos salten al foso de los cocodrilos, y el resto de la población podamos darnos un festín con sus entrañas. Como ya he dicho, en tiempos de crisis no hay nada mejor que un chivo expiatorio, y los controladores han caído en la trampa (y cavado su propia tumba, en la que -por cierto- hay sitio para el Gobierno).

Hay que reconocer que no han tenido muchas alternativas… ¿que haces cuando tu empresa no tiene voluntad, ni necesidad, de negociar nada; modifica retroactivamente tu convenio colectivo mediante decreto ley y establece servicios mínimos de casi el 100% si haces huelga?. Pues a priori sólo parece que haya dos opciones: o se largan o tragan una vez más, demostrando que no tienen ninguna capacidad para doblegar al Gobierno. Tan inexistente es su capacidad de negociación que antes del viernes ya habían perdido prácticamente todos los privilegios obtenidos en 1999, gracias a la docilidad del Ministro que negoció con ellos el primer convenio colectivo.

Entonces, ¿por qué se reacciona tan virulentamente contra una medida que parece mucho menos mala que otras ya adoptadas?. Si no ha habido este nivel de contestación cuanto les han bajado el sueldo un 40% y subido -simultáneamente- las horas de trabajo un 25%, ¿por qué lo hay ahora cuando “sólo” se cambia la forma de contabilizar determinadas horas de trabajo? ¿y por qué se reacciona de una forma tan incontrolada?. Al fin y al cabo… ¿quién, en su sano juicio, se jugaría un trabajo fijo con sueldo de seis cifras -para el que no faltan candidatos/as-, y unos supuestos privilegios que tanto ha costado conseguir, por esta pequeñez cuando se expone a que le despidan disciplinariamente y le metan en prisión hasta 8 años?

¡Si con lo que se supone que cobran se pueden retirar de todos modos en tres!… por que no aceptar que les alarguen un poco más las jornadas de tocamiento testicular en el centro de control ¡total, si -como dicen por ahí- no dan ni palo al agua!. Además, después de lo que les ha costado conseguir esta bicoca, por qué iban a optar por una forma de protesta en las que se arriesgan a perder el trabajo y acabar en la cárcel. ¿por qué iban a saltar nadie de esa forma al foso de los leones?.

Para esta última pregunta no tengo respuesta, pero tengo claro que -independientemente de cual sea- cualquiera que esté dispuesto a asumir un riesgo así se encuentra desesperado, o es incapaz de calibrar los riesgos que asume. Ambas circunstancias me parecen claramente incapacitantes para dirigir el tráfico aéreo, así que me alegro de que se fueran a casa el viernes… no sea que con el disgusto del controlador tengamos un accidente.

Es más, creo que debería cesarse el linchamiento inmediatamente porque estamos provocando que los controladores rompan definitivamente la baraja. Si tu empresa recurre al mobbing para que tragues todos los recortes de las condiciones de trabajo que te impongan, y pone a la opinión pública en tu contra, de modo que todo el mundo te odia, insulta, se burla de tu “estrés” e incluso pueden llegar a agredirte… ¿cuanto tiempo aguantarías antes de mandarlo todo a la mierda por-mucho-que-cobres?

Como dice Rubalcaba, “Quien le echa un pulso al Estado, pierde[1]. Los controladores ya han perdido, lo único que les queda por hacer es renunciar masivamente sus empleos, lo que paralizaría el espacio aéreo durante meses -porque no hay sustitutos- y hundiría la economía española. No creo que les falten ganas de hacerlo, pero dudo que lo hagan porque creo que todavía les importa algo el bienestar de quienes les atacan sin motivo. Creo que ya se les ha exigido bastante en 2010: démosles una tregua y ayudémosles, porque lo necesitan.

Se enfrentan a un Gobierno que cree que puede regular los convenios laborales por decreto ley, con efecto retroactivo y justo al inicio de un puente. Si por un momento pudiéramos abstraernos de que -en esta ocasión- las víctimas son odiosos controladores, creo que nos daríamos cuenta de lo que realmente pasa. El Gobierno se salta la Constitución para imponer cambios en el convenio colectivo, se salta la ley para declarar el estado de alarma cuando los cambios no cuelan, y se salta la ley para hacer que el ejercito obligue a trabajar a los controladores… y la gente aplaudiendo. Divide y vencerás, primero los controladores y luego ya veremos.

Tolerar este modus operandi sienta un peligroso precedente que se puede aplicar a cualquier otro sector -quizás el tuyo-, y coloca al Gobierno por encima de la Constitución y de las Leyes del Parlamento. No se puede someter a civiles a la jurisdicción militar sin declarar antes el Estado de Sitio (art. 117.5 CE), no se pueden regular mediante decreto ley derechos laborales garantizados por el Estatuto de los Trabajadores, y no se puede ser tan tonto como para que te importe más coger un vuelo y/o “ajustar cuentas” que todo esto.

A mucha gente le encanta comparar a los controladores con los médicos, y preguntarse si nos gustaría que te quedases sin operar porque se declarar en huelga. Es evidente que a nadie le gustaría; por eso mismo, antes de llegar a ese extremo y que me pille en el quirófano, si veo que el Gobierno se está saltando la ley para presionar a los médicos, me alinearé con ellos en vez de insultarles y tirarles piedras. No vaya a ser que no queden cuando necesite uno.

Quizás los controladores no deberían ser trabajadores, sino funcionarios públicos con sus derechos restringidos -al igual que los cuerpos de seguridad del Estado- porque gestionan un recurso estratégico del país. Sin embargo, mientras el Parlamento no cambie su estatus jurídico, sus relaciones laborales seguirán rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les puede obligar a trabajar, porque no son nuestros esclavos, ni tampoco se puede dejar sin aplicar el régimen disciplinario, porque lo que han hecho es una cosa muy grave.

No obstante, quisiera señalar que cuando la justicia no funciona y el Gobierno se salta las leyes y la Constitución, la única alternativa que queda es la desobediencia civil. Ambas partes han actuado mal en el conflicto, pero si tengo que tomar partido, lo haré en función de lo que hacen y no de si son unos privilegiados o representantes electos: si un empresario lucha verdaderamente por defender la Constitución (aunque sea esta), será mi aliado; mientras que si es un familiar quien la vulnera, será mi enemigo… esa es la única distinción importante.

Sobre sueldos, privilegios y productividad de los controladores

En un país donde el deporte nacional es la envidia, y el segundo deporte nacional es comer sin rechistar toda la mierda que se le sirva a uno, no es de extrañar que cualquier trabajador que tenga un sueldo digno, jornada “supuestamente reducida” y un sindicato fuerte que protege sus derechos sea objeto de mofa y desprecio. Una de las muestras más claras del atrofiamiento mental del español medio es la obsesión de igualarnos por abajo: en vez de aspirar a vivir como controladores, aspiramos a que los controladores vivan como nosotros… hay que ser tontos.

Es más, hay que ser doblemente tontos, porque todo el mundo tiene envidia de un trabajo al que sólo le veo pegas, y se habla de unos supuestos privilegios que yo no veo por ninguna parte. ¿Quién querría un trabajo en el que…

  • Para conseguir el puesto tienes que pasar un riguroso proceso de selección de que sólo supera el 3% de los candidatos, y una formación eliminatoria que dura 21 a 24 meses y cuesta 45.000€.
  • Tienes que tener plena movilidad geográfica para que te trasladen a donde hagas falta, sin opción a oponerte.
  • Trabajas a turnos, con lo malo que es para la salud y para la vida social.
  • Tus vacaciones, permisos y licencias están supeditadas a garantizar la seguridad, eficacia y continuidad de la prestación del servicio. Tu horario del mes que viene no lo conoces hasta 10 días antes, y está sujeto a cambios de última hora y, en tus días libres, tienes que estar disponible para presentarte rápidamente en el centro de control si se requiere tu presencia.
  • Tienes que pasar cada 12 meses un estricto control médico para mantenerte en el puesto. Si no lo pasas (por tener alto el colesterol, por ejemplo), suspendido o a la calle.
  • Si, por lo que sea, no puedes ejercer suficientemente tus funciones en un periodo de 12 meses (embarazo, accidente) quedas inhabilitado hasta que superes un curso de readaptación.
  • Tu convenio colectivo lo redacta el Gobierno mediante Decreto Ley, a ti ni te consultan.
  • Eres responsable de miles de vidas todos los días: un error tuyo puede matar a mucha gente?
  • Pagas más del 40% de tu sueldo en concepto de IRPF?.

Pero no todo son pegas, porque candidatos no faltan. El sueldo, por ejemplo, está muy bien… aunque nadie sepa exactamente cuanto es. Esto no impide que se manejen cifras entre 200.000€ y 240.000€ al año de media. O, lo que es lo mismo, entre 1€ y 2€ por trayecto y pasajero, ya que sus sueldos se pagan con parte de las famosas tasas de los billetes de avión.

A mi esto no me causa ningún problema porque creo que su trabajo lo vale, y porque -como asalariados que son- sé que no tienen posibilidades de evadir impuestos (a diferencia de otros muchos), así que el 40+% de lo que cobran se lo queda el Estado. Pero si realmente los costes laborales son tan elevados, bastaría con contratar suficientes controladores para no tener que pagar horas extra a precio de oro. Porque -no nos engañemos- el verdadero problema es que hay pocos controladores: insuficientes para gestionar creciente el tráfico aéreo; y el responsable directo -o indirecto- de que esto sea así es AENA (el Gobierno), que es quien establece los criterios de selección y el número de plazas que se ofertan cada año.

Hay gente que afirma que esto no es así, que los controladores bloquean el proceso de incorporación para que no entren más y poder hacer más horas extra (como máximo 80), que prefieren ganar más dinero que tener tiempo para disfrutar del que ya cobran. No me lo creo, porque es lo mismo que sostener que los mismos empleados que ahora vemos como se tragan los Reales Decretos del Gobierno, uno de tras de otro, han ejercido el control de una empresa pública durante años, sin que el Gobierno hiciera nada. Si los controladores tuvieran semejante fuerza, nunca se habrían aceptado los cambios introducidos este año. Me parece más lógico pensar que AENA restringe artificialmente la incorporación de controladores en la ya conocida estrategia de generar déficit y disfunción para justificar la privatización.

¿Por qué AENA no convoca más plazas, recluta personal con la licencia comunitaria de controlador de transito aéreo, usa controladores militares y/o cierra aeropuertos de mínima actividad para trasladas aumentar el número de controladores disponibles? Si el Estado puede militarizar los centros de control civiles, ciertamente podría -si quisiera- hacer estas cuatro sencillas cosas -fuera del alcance de las supuestas mafias sindicales- para ahorrarse esas horas extras que hay que hacer cuando hay más trabajo que recursos para hacerlo.

Otra cosa que se les critica es el horario: ¡sólo 32 horas semanales de actividades aeronáuticas!. Claro que a esas hay que añadirle los primeros minutos de traspaso del tráfico aéreo, que no se contabilizan como horario (+1 hora más a la semana), además de todo lo que no es control aéreo. También hay que realizar formación continua obligatoria, preparación de informes/incidencias, las guardias (excepcionalmente, hasta 40h cada 6 días), etc… Vamos, que dudo mucho que los que trabajen en una torre con tráfico aéreo hagan menos de 40h semanales.

También se les acusa de ser un grupo endogámico cuando sólo el 9% de ellos están emparentados entre sí… como si en otros gremios no hubiera familias enteras que comparten profesión (abogados, médicos farmacéuticos), o los familiares no tuvieran que pasar las pruebas físicas, psicológicas, de conocimientos y de ingles como todo el mundo. Otra cosa imperdonable es que el 97% están afiliados a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). En algún momento nos metieron en la cabeza que estar sindicado es algo malo, y somos incapaces de ver su cohesión [2] como ejemplo de lo que pueden lograr los trabajadores unidos .

Por último, también se les achaca que tienen la más baja productividad de Europa, pero cómo no van a tenerla si España está llena de aeropuertos sin tráfico aéreo donde hay más controladores que destinos: Córdoba (0 destinos), Sabadell (0), Son Bonet (0), Albacete (1), La Gomera (1), Logroño (1), Vitoria (1), Badajoz (2), El Hierro (2), Pamplona (2), Salamanca (2), San Sebastian (2), Huesca-Pirineos (4), Burgos (5), Jeréz (5), León (6), Menorca (6), Valladolid (6), Vigo (7), F.G.L. Granada-Jaén (8), A Coruña (8), Santander (8).

Todas estas torres de control necesitan controladores, así que la distribución de la carga de trabajo es muy desigual: mientras los controladores en los puntos calientes están desbordados, otros disfrutan de la vida en provincias. Así, frente a las 435.817 operaciones anuales de Barajas, la mediana de operaciones por aeropuerto en 2009 fue de 17.528 anuales, es decir, 46 por aeropuerto y día. Por tanto, la baja productividad de los controladores no es culpa suya, sino una característica de sistema aeroportuario causada por la proliferación de aeropuertos con poco tráfico, y cuya viabilidad económica depende de que los grandes aeropuertos financien su déficit con los beneficios que generan. Si no hay vuelos, no se puede ser productivo; otra cosa es que ese deba ser el único criterio por el que se abra o cierre un aeropuerto.

Conclusión: Adiós democracia

Sinceramente, me preocupa el entusiasmo con la que la mayoría de personas apoya el linchamiento -promovido por el Ministro- de un colectivo que está defendiendo derechos laborales básicos ante un Gobierno que lo que mejor sabe hacer es mentir, saltarse las leyes, y utilizar a la opinión pública como arma en un conflicto que ha promovido para ocultar la privatización de las pocas empresas públicas rentables que quedan.

Es digno de una socieda prefascista que la gente aplauda las medidas de fuerza manifiestamente ilegales que se aplican contra un colectivo para “solucionar” un problema que ha creado y desencadenado el propio Gobierno, al más puro estilo “quema de Reichstag“. Mucho me temo que la “democracia” será un breve paréntesis en la historia de España con esta sociedad tan fácilmente manipulable, tan entregada al Gobierno y al autoritarismo ante el más mínimo contratiempo, y tan incapaz de ver que lo que está en juego es mucho más que poder coger un avión.

Aunque no descarto la posibilidad de estar totalmente equivocado, y que los controladores sean tan malos y mafiosos como los pintan, tengo claro que prefiero equivocarme dándoles el beneficio de la duda a equivocarme aplaudiendo las medidas de un Gobierno que expolia (AENA, ONLAE), incumple las leyes, lanza al ejercito contra los trabajadores y criminaliza a sus empleados. Semejante Gobierno no me merece ningún respeto ni credibilidad.

Estoy seguro de que, dentro de unos años, cuando el Tribunal Constitucional establezca que el Real Decreto, la declaración del estado de alarma y la militarización eran ilegales, tengamos que pagar con nuestros impuestos las multimillonarias indemnizaciones de los controladores despedidos, y se haya privatizado AENA -haciendo que los viajes en avión sean más caros y menos seguros-, quienes hoy se ahogan en su propia bilis mientras reclaman cabezas para calmar su ira seguirán sin comprender que han sido títeres del Gobierno, y seguirán pensando que los controladores -y quienes ocupen su lugar en el futuro: taxistas, farmacéuticos…- se merecen todo lo que les pase. Así nos irá.

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[1] Salvo que seas banquero o Mohamed VI, como alguien publicó en Meneame
[2] Aunque los controladores lo tienen más fácil por ser pocos, altamente cualificados y de difícil reemplazo

La gestión deficitaria, las malas leyes y los juicios lentos provocan el cierre del Metro de Madrid

Ayer y hoy Madrid -una ciudad de 3,25 millones de habitantes- se ha despertado sin metro, algo que no pasaba desde 1987, y la primera vez en día laborable. Esta es la respuesta de los trabajadores a la reducción de un 5% en sus sueldos que aprobó recientemente la Comunidad de Madrid (CAM), haciendo extensivo a todos los empleados de empresas públicas el decreto ley del gobierno por el que se recortaba el sueldo de los funcionarios, y que -en principio- no les iba a afectar, puesto que los empleados de Metro no son funcionarios.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -“salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida […] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados –como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[…] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

  1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
  2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
  3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
  4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
  5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
_________________________________________
[1] Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

  • Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
  • Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

The Corporation ¿Instituciones o psicópatas? – Documental

Título original: The Corporation | Ir al vídeo
Tema: Empresas. Evaluación 4.25/5.
Año 2003. Dur: 172′. Producido por Mark Achbar.
Web: http://www.thecorporation.com.

Las sociedades mercantiles o empresas (denominadas erróneamente como “corporaciones” en la versión es español) se crearon durante el siglo XIX como forma de propiedad de una actividad económica. Gracias a esta fórmula, un grupo de personas podían organizarse para obtener beneficios a través de instituciones jurídicamente independientes de quienes las controlan y de quienes trabajan en ellas. Este sencillo tecnicismo encierra una de las innovaciones legales que más radicalmente han transformado no sólo la economía humana, sino también las relaciones sociales y nuestro sistemas de valores.

La clave para comprender las repercusiones de esta innovación es el concepto de responsabilidad limitada, en virtud del cual, los propietarios de las empresas son capaces de eludir las responsabilidades de su actividades económicas, al quedar esta limitada a la empresa y, en el mejor de los casos, a sus administradores. Esta característica permite a las empresas generar riqueza para sus propietarios de forma mucho más eficaz, ya que cualquier cosa que se haga mal será responsabilidad de la empresa, que es un ente incorpóreo e inmortal accionado por personas reemplazables.

La combinación de responsabilidad limitada y búsqueda ilimitada de mayores beneficios convierte a las empresas, según alguno de los entrevistados, en una grave amenaza para nuestra superveniencia, ya que a las empresas sólo les preocupan los beneficios de sus accionistas, anteponiéndolos al bien público y al bienestar del resto de personas que se ven afectadas por ellas. Como reconoce en el documental la CEO de “The Body Shop”, “TODO el legítimo para la obtención de beneficios”.

Desde esta perspectiva, la consecuencia lógica de la limitación de responsabilidad es que este tipo de organizaciones tiendan a generar el máximo coste colateral que la sociedad les permita, o pueda asumir, para mejorar su cuenta de resultados: desde la explotación de mano de obra esclava, la contaminación del medio ambiente con residuos sin tratar, la comercialización de productos peligrosos y/o sin un estudio riguroso de sus efectos sobre la salud humana, la privatización de recursos naturales para convertirlos en mercancías, etc…

Las empresas como psicópatas

La mayor parte del documental está dedicada a repasar algunos ejemplos de estos efectos colaterales que producen las empresas al socializar los costes de su actividad con el fin de obtener el máximo beneficio. Temas que también son tratados por otros documentales de una forma más monográfica, y que sirven de muestra sobre cómo la empresa está en el origen de muchos problemas sociales modernos.

A partir de estos ejemplos, el documental traza un paralelismo entre el comportamiento de las empresas y el perfil clínico de un psicópata, caracterizado por:

  • Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás.
  • Incapacidad para mantener relaciones duraderas – Deslocalizaciones, temporalidad.
  • Desprecio por la seguridad de los demás.- Comercialización de productos peligrosos para la salud o producción de daños medioambientales.
  • Mentir y engañar sistemáticamente a los demás para obtener un beneficio.
  • Incapacidad para sentirse culpable (la culpa es de otro).
  • Incapacidad para adaptarse a las normas sociales (salvo que sea rentable).

Un fiel reflejo de este diagnóstico es el testimonio de Charleton Brown, intermediario financiero que -con toda crudeza- expone las verdades incómodas del fundamentalismo de mercado: Las catástrofes traen oportunidades de negocio… los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron que muchos se enriquecieran en el mercado del oro, la guerra del golfo disparó la rentabilidad del petroleo y, en general, los conflictos armados mejoran los beneficios en el comercio de materias primas. Como dicen en el documental, “cada vez que se tala un árbol, hay un vertido de crudo o se diagnostica un cancer, sube el PIB“.

El problema radica en que, desde la óptica de la empresa, toda decisión se evalúa exclusivamente desde una perspectiva económica y con el objetivo de maximizar el beneficio a corto plazo. Si el beneficio potencial compensa el riesgo que se corre, incumplir las leyes, vulnerar los derechos humanos o tomar cualquier otro tipo de decisión moralmente reprobable es opción estratégica; y mientras no se le atribuya un valor económico igual o superior a la propia actividad económica que se desarrolla, las empresas seguirán sin considerarán las implicaciones morales, sociales o medioambientales de sus acciones. Incluso si los propios trabajadores rechazan las prácticas de su empresa, se ven en la tesitura de cumplirlas para conservar sus empleos.

Es por esto que, sólo cuando el conocimiento de sus practicas empresariales genera rechazo entre los clientes -y una potencial merma de las ventas- aparece la preocupación por los “daños colaterales” que produce su actividad económica. Así nacieron las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa; que, aunque positivas, no son más que acciones de marketing que dedican una ínfima cantidad de los recursos de la empresa a lavar la mala imagen que producen el resto de sus actividades. Si a las empresas realmente les preocuparan los costes que externalizan hacia la sociedad, los reducirían, aunque ello supusiera una merma de su competitividad y/o beneficios

La apropiación de los bienes comunes

El afán de expansión de las empresas les lleva a invadir todos los ámbitos de la vida, y a querer apropiarse de todo lo que existe, llegando incluso a invadir aspectos de la vida que tradicionalmente se han mantenido fuera de la dinámica del mercado. Bajo la premisa de que la riqueza sólo se crea cuando se posee de forma privada, empresas y gobiernos se afanan en la parcelación de los bienes comunes amparándose en el discurso de las supuestas bondades de las privatizaciones, desregulaciones y libre comercio. Sin embargo, esta forma de actuar no crea riqueza, sino que la usurpa poniéndole una valla y declarando propiedad privada algo que es de todos, como pasa con la apropiación del conocimiento mediante el uso de patentes.

Algo similar ocurre con las instituciones públicas que ofrecen servicios fundamentales para la sociedad: se están transfiriendo sistemáticamente a manos privadas con la escusa de obtener una ganancia marginal de eficiencia en su funcionamiento. Sin embargo, esto no siempre se consigue y, cuando se logra, es a costa de un peor servicio o mayor coste para sufragar los beneficios, porque las empresas privadas no pueden funcionar con pérdidas. Es por eso que es necesario un sector público fuerte que pueda funcionar con pérdidas, de modo que garantice la prestación de ciertos servicios (educación, sanidad, acceso a suministros), pueda subvencionar sectores productivos dependientes, y mantener el empleo para reactivar el consumo durante las recesiones -en vez de limitarse a reducir plantilla para mantener la rentabilidad, o cerrar si no lo consigue.

Como ya se demostró en el caso de los bomberos privados (63′), hay ámbitos de la vida en que la gestión privada es contraproducente para todos. Hay cosas demasiado esenciales para el bien púbico como para que se consideren oportunidades de negocio, por eso es necesario tomar la decisión política de sacar este tipo de productos y servicios del mercado. Como se comenta en el documental, la esclavitud desapareció no porque dejara de ser rentable, sino porque se tomo la decisión política de que el ser humano no podía ser una mercancía ni una propiedad.

Además de abrir nuevos mercados -apropiándose de los bienes comunes- las empresas también invaden el espacio público para lograr sus objetivos. A la tradicional publicidad, se van añadiendo nuevas formas de relaciones públicas dirigidas a lograr que los consumidores compren sus productos. El grado de manipulación puede llegar a ser enorme, desde la publicidad que enseña a los niños como dar mejor la lata para a sus padres para que les compren lo que han visto en la tele, a la creación de manifestaciones tridimensionales de las marcas y los valores que personifican (“como disneyworld“), la publicidad encubierta (mensajes que no parecen publicidad ni que vayan dirigidos a nosotros), o la creación de grupos -presentados como expertos independientes- para la defensa de sus intereses.

El objetivo final es convertir a la población en consumidores mecánicos de productos que no necesitan, que se encuentren disociados unos de otros y llenen sus vidas satisfaciendo necesidades creadas por las empresas, desempeñando la función social que nos han asignado y viviendo según los valores que nos han inculcado (como que el transporte público es para quien no tenga más remedio). Si lo que hacen es ético o no, no les interesa: los publicistas (como todos) se limitan a hacer su trabajo.

Indiferencia hacia la democracia y los derechos humanos

La tercera parte de “The Corporation” repasa el largo historial de indiferencia hacia la democracia y vulneración de los derechos humanos de estas compañías, propiciado por el hecho de que las empresas no están integradas en el procesos democráticos, ni sometidas a ellos. Aunque, en teoría, las empresas deben cumplir las leyes, esto no garantiza que lo hagan, ni que -aun respetando los límites de la ley- las actividades que desarrollan no produzcan daños en otras personas y/o el medio ambiente.

Es de sobra conocida la estrecha cooperación entre la industria y los gobiernos, así como la capacidad que tienen las empresas para presionar a estos últimos de muy diferentes maneras. Independientemente de la forma de gobierno que adopte un Estado, en todos ellos la línea que separa a los responsables del sector público y del sector privado es muchas veces difusa, o directamente no existe; lo que ha llevado, en no pocas ocasiones, a que los gobiernos sean instrumentos en manos de los grandes empresarios locales y/o extranjeros.

Cuando las grandes transnacionales no han podido persuadir a los gobiernos para imponer políticas económicas “impopulares”, pero muy beneficiosas para ellas, no han dudado en financiar a otras opciones políticas más afines a sus intereses. Un ejemplo claro de este fenómeno es la ascensión del fascismo en Europa, que se produjo (en parte) gracias a la financiación y el apoyo mediático que estos grupos extremistas obtuvieron de las grandes empresas. Una vez alcanzado el poder, los gobiernos totalitarios “recompensaron” a quienes les apoyaron con una regulación que acallará las reivindicaciones sindicales, fortaleciera su control de los mercados y protegiera sus beneficios empresariales; todas ellas políticas gubernamentales muy positivas para la economía, como se ha demostrado con el milagro económico chino.

El recurso al golpe de estado es un caso clásico en el continente americano: Guatemala (1954), Chile (1973), Bolivia, Argentina y Brasil durante los años 1970, e incluso Honduras recientemente (2008). Sin embargo, el rechazo internacional hacia los gobiernos golpistas de sudamérica hizo que, a partir de la década de 1980, el control de los gobiernos democráticos empezara a ejercerse a través de organismos internacionales “neutrales” -como el Fondo Monetario internacional o el Banco Mundial- que imponían estrictos planes de ajuste y restructuración económica como requisito para acceder a los fondos necesarios para evitar la quiebra. Así ocurrió en Polonia (1989), Rusia después del colapso de la URSS, o Sudáfrica una vez finalizado el apartheid. Quedó claro que no era necesario un golpe de estado para obligar a un gobierno a reestructurar la gestión pública en beneficio de las empresas, basta con crear las condiciones necesarias (“crisis” o “emergencias”) para que no tenga otra opción, y la opinión pública acepte con resignación los cambios. Esta estrategia ha sido bautizada como “la doctrina del shock”.

Hacia la economía democrática

Como ya se ha visto, la empresa crea mucha riqueza para sus propietarios, pero lo hace apropiándose de los recursos naturales del planeta y explotando a los más débiles como mano de obra barata para transformar dichos recursos naturales de una forma derrochadora. Cuando encuentra trabas a sus planes de expansión económica no duda en subvertir el sistema legal y el principio democrático para que sirvan a sus intereses, hasta el extremo de que la ONU se empieza a plantear la necesidad de crear un tribunal para juzgar a multinacionales. Los daños que generan este tipo de organizaciones superan con creces los beneficios que obtienen unos pocos de ellas.

Para poner freno y reconducir los efectos perniciosos del dominio de las grandes conglomerados empresariales, el documental plantea como solución la democratización de la economía, es decir, someter a las empresas y a la economía al control democrático de los ciudadanos, de modo que estos puedan opinar sobre lo que pasa en los mercados, y tengan la capacidad de modular las actividades empresariales y financieras que les afectan directa o indirectamente.

Entre las medidas propuestas destacan -a mi entender- “despojar” a las empresas de su “derechos” como “personas” (jurídicas), la disolución de aquellas que incumplan reiteradamente la ley (ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de reconvertirlas en cooperativas), o permitir que trabajadores y consumidores puedan participar en igualdad de condiciones en los consejos de administración donde se toman las decisiones que les afectan. Como dice Milton Friedman en el vídeo, “es necesario crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto”.

En definitiva, se trata de poner a la empresa al servicio a la comunidad para satisfacer las necesidades de todos, en vez de permitir que sean las empresas las que utilicen a la sociedad para alcanzar el máximo lucro posible; algo que sólo será posible con gobiernos verdaderamente democráticos, al servicio de los ciudadanos y sometidos a su control, que sean capaces de impulsar cambios legislativos ambiciosos que permitan alcanzar estos objetivos. Es por esto que resulta fundamental recuperar el control sobre los gobiernos para hacer prevalecer, desde ellos, la lógica de la democracia sobre la lógica del mercado. Todo llegará… si nos esforzamos por que ocurra.

El papel de los consumidores en la economía de mercado

Cuando notamos que nuestra economía personal se deteriora la reacción instintiva de mucha gente es señalar al Gobierno, ya sea para echarle la culpa de nuestros problemas o para exigirle que los solucione por nosotros. Qué si suben los alimentos; la gasolina; la vivienda; el desempleo… ¡todo sube menos los sueldos!; y ante este panorama lo único que se nos ocurre es entregarnos a la práctica del verdadero deporte nacional: echarle la culpa a los demás, sin asumir ninguna responsabilidad sobre nuestros propios problemas; y exigir que nos los resuelvan, en vez de buscar soluciones por nuestra cuenta.

Sin embargo, por mucho que nos neguemos a ver la realidad, sigue siendo igualmente hipócrita exigir responsabilidades al Gobierno cuando la economía no está bajo control estatal. En un mercado no regulado, la interacción entre productores y consumidores determina las características de los intercambios comerciales mediante un proceso colectivo de negociación en el que todas las partes tratan de maximizar el valor o utilidad que obtienen de dichos intercambios.

El funcionamiento de este mecanismo presupone que todas las partes están dispuestas a defender sus propios intereses compitiendo contra todos los demás: contra nuestros clientes (o empleadores) para obtener más ingresos; contra nuestros proveedores (trabajadores y medioambiente incluido) para obtener materia prima a menor coste; y contra quienes se dedican a lo mismo que nosotros (competencia) para acaparar más clientes y proveedores. Esta es la premisa de la competición, sobre la que se basa la economía de mercado.

Sin embargo, al menos en España, los consumidores no estamos ejerciendo eficazmente nuestro papel de contrapeso para equilibrar y estabilizar los mercados. No nos gusta “perder” el tiempo comparado ofertas, buscando alternativas, restringiendo o posponiendo nuestro consumo cuando las condiciones no nos satisfacen, o negociado las condiciones en que se realizarán las transacciones. Por tanto, a nadie le debería sorprender que suframos los desajustes que estamos incentivando con nuestra irresponsable forma de consumir.

Cuando la demanda es inflexible, los precios suben (y los salarios bajan)

En una escena de “The Wire” unos narcotraficantes discuten sobre la nueva heroína que están despachando:

– String, la gente se está quejando… nos dice que esta basura está floja.
– Lo sé. Pero es floja en todas partes. La cosa es que no importa a qué llamamos heroína, se va a vender. Si la droga es fuerte, la venderemos. Si la droga es floja, venderemos el doble. ¿Sabes por qué? Porque un drogadicto va a tratar de conseguirla sin importarle más. Cuanto peor la hacemos, más ganamos.

Esto mismo deben pensar en España el sector de vivienda y el energético, especialmente el petroquímico (con el precio de la gasolina), entre otros. La única diferencia es que, en vez de vender más, lo que se hace es vender la misma cantidad a mayor precio; que van incrementando hasta que los consumidores no pueden pagar más, o deciden no hacerlo.

Cuando los consumidores no discriminan con sus decisiones económicas entre buenas y malas ofertas existe poco incentivo para que las empresas proveedoras compitan entre sí por mejorar el valor de sus propuestas. Independientemente de que sea por falta de interés en estudiar las ofertas o porque hay pocas opciones entre las que elegir, cuando los consumidores no participan activamente en la negociación de los precios la oferta acaba por volverse homogénea, de baja calidad y alto coste. Esto es lo que pasa en los mercados donde no hay competencia.

Según Eurostat, en 2006 los precios en España estaban un 7.71% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, pero los salarios estaban entre el 26,87% y el 29,5% por debajo de esos mismos países. ¿Es casualidad que en España tengamos precios europeos pero sueldos muy inferiores? Mi modesta opinión es que no. La gente tiene tantas necesidades creadas, y tan poca costumbre de privarse de nada, que es incapaz de defender sus propios intereses… algo que aprovechan los mercados, que sí están acostumbrados a competir contra nosotros, y a ganar.

Esta situación se conoce en economía como demanda inflexible o cautiva, que se produce cuando la demanda, ya sea de empleo o de consumo, apenas sufre variaciones conforme varían las condiciones de las transacciones. Cuando esto ocurre, una de las consecuencias más inmediatas es un rápido empeoramiento de dichas condiciones para la parte “inflexible” de la transacción, que continuará hasta que el empeoramiento empiece a afectar también a la otra parte y se restablezca el equilibrio.

El tamaño grande no siempre es el más barato
El tamaño grande NO es necesariamente el más barato

De este modo, si una empresa reduce la calidad de sus productos y/o incrementa sus precios, y estos cambios no afectan a la cantidad de unidades vendidas, los cambios se mantendrán en el tiempo. Igualmente, si empeoran las condiciones laborales y no se reduce la demanda de empleo, ni aumenta la rotación de la plantilla, las nuevas condiciones laborales se perpetuarán.

Por este motivo, tanto en nuestro papel de trabajadores como en el de consumidores, estamos obligados a contrarrestar a quienes compiten contra nosotros para maximizar sus beneficios, por la cuenta que nos trae. Esto implica acostumbrarse a prestar atención y comparar las condiciones de venta, a sondear el mercado de forma regular en busca de mejores ofertas (también de trabajo o alquiler), a cambiar de proveedor siempre que se pueda obtener una mejora sensible, y a negociar y a rechazar aquellas condiciones que no nos favorezcan. Como dicen los angloparlantes O el trato es bueno o no hay trato.

Sólo cuando una parte significativa de la población empiece a rechazar tratos que no les convienen (o no les quede más remedio, como ya le está pasando a muchos), las empresas empezarán a buscar formas alternativas para mantener sus márgenes de beneficios sin alterar la calidad de sus productos/servicios, los precios, o los salarios; y aquellas que no encuentren nuevas formas de incrementar su competitividad desaparecerán.

La concentración de la propiedad privada perjudica al consumidor

Otra de las características fundamentales de nuestra mercado es que la oferta supera ampliamente la demanda. Simplemente no hay suficientes consumidores para todo lo que se produce, por lo que muchas empresas acaban desapareciendo frente a sus competidores, otras fusionándose para tratar de sobrevivir y otras absorbiendo -o comprando- las cuotas de mercado de los menos afortunados.

La tendencia generalizada de los productores para contrarrestar su situación intrínseca de debilidad y garantizarse unos beneficios crecientes es organizarse y coordinarse para reducir el nivel de competencia del mercado, obstruyendo la entrada de nuevos competidores y pactando precios que les dejen un buen margen (price fixing). De este modo, conforme se reduce la competencia, las pocas empresas supervivientes desarrollan la capacidad de poder trasladar sistemáticamente los incrementos en sus costes a sus clientes y/o proveedores, hasta el punto de poder imponer precios que garanticen sus beneficios.

La capacidad de las empresas para alcanzar este escenario ideal -para ellas- depende en gran medida de la felixibilidad y movilidad de la demanda. ¿Cómo es posible que Telefónica se atreva a lanzar en Alemania una marca de telefonía móvil barata y diga que en España no piensa hacerlo, o que las tarifas telefónicas en España sean las tarifas más altas de toda Europa? Evidentemente, la diferencia es que los consumidores españoles y alemanes nos comportamos de diferente manera, y hemos creado mercados con características diferentes.

Mientras que en Alemania los sueldos son altos, y los precios se mantienen estables; en España los sueldos bajan en términos absolutos, lo que, combinado con una alta inflación (media anual del 3,33% entre 2002 y 2008) originada en el incremento de los márgenes empresariales, hace que el salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico, mientras que los beneficios de las empresas han crecido un 73% entre 1999 y 2006… cuatro veces más que las empresas del resto de Europa.

Este milagro económico ha sido posible gracias a la falta de competencia real, en unos mercados donde la práctica totalidad de la producción está concentrada en pocas empresas (3-4 por sector), y que es consecuencia directa e indirecta de que amplios sectores de la población acepten como normal el empeoramiento de su situación económica y mantengan sus hábitos pese a pagar precios más altos y recibir salarios más bajos.

Frente a este modelo de ciudadano despreocupado y conformista -predominante en el mercado español- encontramos al ciudadano inconformista y activo, que ha comprendido que para proteger su poder adquisitivo debe fomentar la competencia eligiendo aquellas ofertas que dinamicen en el mercado, en especial cuando las realicen empresas de reciente implantación. Este tipo de ciudadano no se casa con nadie: premia o castiga con su tiempo o dinero a las empresas dispuestas a hacerle una oferta mejor, exige a los poderes públicos que ejerzan de forma efectiva su mandato de proteger la libertad de mercado y hacer que las empresas cumplan las leyes; y orienta su voto hacia quienes cumplen cumplen adecuadamente su labor de supervisión de los mercados.

Desgraciadamente, en el mercado español predomina el perfil conformista, por lo que las empresas seguirán dictando los precios y salarios que mejor encajen con sus previsiones de incremento de beneficios hasta que la gente decida fomentar la competencia y elegir a gobiernos estrictos a la hora de supervisar los mercados.

Regular los mercados no es suficiente

El Estado, como supervisor del mercado nacional, tiene un importante papel a la hora de regular su mercado interior. Al menos en teoría, entre sus funciones deberían estar el tomar medidas contundentes para evitar que la actividad de sectores enteros se concentre en manos a unas pocas empresas (oligopolios), erradicar cualquier práctica que coarte la libertad de los consumidores para elegir, y poner freno a las estrategias que erosionan la competencia.

Sin embargo su capacidad de poder proteger la libertad de mercado depende en gran medida de que este tema sea una prioridad para los electores, y de que éstos le respalden sin fisuras a la hora de tomar medidas impopulares entre empresarios e inversores. Cuando esto no es así, lo que suele pasar es precisamente lo contrario: los gobiernos pasan a estar al servicio de los mercados, dejándoles hacer, fortaleciendo sus estructuras de beneficios y subvencionando sus ventas a costa del dinero y los impuestos de los ciudadanos (que viene a ser lo mismo).

Sólo de este modo se explica que gobiernos elegidos por una mayoría de ciudadanos apuesten de forma sistemática por la moderación salarial (¡¡¡ahora defendida hasta por los sindicatos !!!) como solución para luchar contra la inflación en detrimento de la mejora de la productividad y el aumento del nivel de competencia en los mercados. No obstante, a falta de una labor pedagógica y medidas complementarias, en la práctica, lo que se consigue con esta moderación es reducir el consumo sin reducir los precios ni aumentar la competencia.

Evidentemente, mientras el coste de los salarios puedan mantenerse, e incluso reducirse si se incrementen menos que los precios y se hacen más precarias las condiciones de empleo, cualquier inversión en aumentar la productividad y competitividad es poco atractiva. Y más aún cuando la intensidad de la competencia está controlada y resulta posible para todos (tanto a consumidores como a productores) compensar su incapacidad de competir a costa del erario público mediante subvenciones, ayudas directas (II) y bajadas de impuestos, para que podamos continuar como si no pasara nada.

Este tipo de “soluciones”, aunque pueden desahogar la situación a corto plazo, no sólo no atajan las causas estructurales de los problemas sino que, además, los agravan. Al aliviarse la crisis con estas medidas temporales, las reformas de fondo necesarias se posponen -si es que se realizan- y, cuando los precios absorben las subvenciones o rebajas fiscales, volvemos al punto de partida, iniciando un ciclo que conduce inevitablemente la quiebra del Estado. Cuando no se puedan pagar las subvenciones que todo el mundo pide con los impuestos que nadie quiere pagar ¿a quién irán a llorarle subvenciones y bajadas de precios?, ¿quien protegerá a los ciudadanos de los poderes económicos y de ellos mismos?, pero, sobre todo, ¿quién rescatará a las empresas cuando sean víctimas de su propia codicia?

Está claro, al menos para mi, que los gobiernos de España han trabajado, trabajan y posiblemente seguirán trabajando para proteger los beneficios empresariales. Eso sí, disfrazando sus iniciativas en tal sentido como medidas para la protección de empleo y lucha contra el paro… evidentemente, sin trabajadores que explotar no habría actividad económica ni beneficios.

En estas circunstancias, cualquier intervencionismo económico se limitará a ayudar a las empresas a superar las consecuencias de su mala gestión, nunca a ayudar a los consumidores en detrimento de los beneficios empresariales. Por tanto, resulta cuanto menos ingenuo reclamar ayuda al Estado, ya que cualquier solución que nos ofrezca llegará siempre tarde, será insuficiente por lo general, y muy probablemente se limitará a mitigar los efectos perniciosos por un tiempo, en vez de atajar el verdadero problema.

No obstante, tengo que insistir en que la culpa de que los gobiernos que elegimos no estén desempeñando eficazmente su labor de controlar los mercados es, en primer lugar, de los ciudadanos que se lo consienten y/o se empeñan en respaldarlos con su voto. Además, por mucho que el gobierno se esmerara en regular los mercados, cualquier esfuerzo será siempre inútil mientras la mayor parte de la población siga sin asumir su parte de responsabilidad en equilibrar la relación entre oferta y demanda… mientras sigamos consintiendo el enriquecimiento de otros a nuestra costa. El Estado no puede solucionar los problemas que nosotros mismos hemos provocado.

Ser competitivo no es resignarse, sino competir contra los mercados

Todo lo que aquí he expuesto es una obviedad. Desgraciadamente para todos, un amplio porcentaje de la población no acaba de asimilar que hay que competir contra los mercados; y con su actitud despreocupada y conformista acaban generando graves distorsiones en el mercado, que sufrimos todos.

Porque que los precios suban, los salarios bajen, y la oferta se vuelva homogénea y de baja calidad es sólo la punta del iceberg. Conforme se agudizan estas condiciones en los mercados, los consumidores tienen dos opciones: o mantener su consumo a costa de aumentar su endeudamiento, o reducirlo. En cualquier caso, el resultado a medio plazo es que la demanda disminuye sin esperanza de reactivarse, con lo que se acaba destruyendo parte de la capacidad productiva del mercado y se concentra la oferta en menos productores que antes.

Un ejemplo claro de lo que hablo es la crisis inmobiliaria: Quizás los bancos podrían no haber dado tan alegremente hipotecas, pero es que su negocio es vender dinero; quizás el Estado podría no haber incentivado la compra con desgravaciones y ayudas fiscales, pero es que ese tipo de medidas son las que desean los votantes… Sin embargo, el que verdaderamente podía haber evitado la crisis fue el consumidor dispuesto a pagar el equivalente al sueldo de 20 años para comprar una casa normalita. Si estas personas hubieran ejercido su papel de contrapeso del mercado, probablemente la oferta se habría racionalizado de forma controlada, y la burbuja no habría estallado en nuestra cara llevándose por delante a cientos de familias que trabajaban en la construcción, para alguna de las entidades bancarias afectadas por la morosidad o que tienen una hipoteca que no pueden pagar.

Para mantener el poder adquisitivo (y evitar colapsos económicos que puedan afectarle), el ciudadano tiene varias opciones a su alcance. Por desgracia, todas ellas requieren un esfuerzo de su parte y empezar a pensar por uno mismo. En cualquier caso, cambiar nuestra forma de interactuar en contextos económicos siempre será una alternativa mejor a largo plazo que seguir siendo un colectivo atomizado que vive a merced de las grandes empresas y del Estado. ¿No será mejor organizarse para defender nuestros propios intereses, por si a nadie más le preocupan?

A nivel individual, hay que acostumbrarse a utilizar nuestras transacciones mercantiles para fomentar la competencia y demostrar que somos sensibles a la oferta reduciendo el consumo -u optando por otras alternativas- cuando el valor o utilidad que conseguimos de nuestras transacciones no nos satisfaga. Todo se resume en presionar a las empresas, que son la causa de nuestros problemas económicos, para que mejoren sus ofertas (de empleo, de productos y de servicios). Como dice la sabiduría popular, “si quieres que te suban el sueldo o que te bajen el alquiler, lo mejor es que te vayas a otro sitio”.

Cuando no encontremos alternativas aceptables, debemos plantearnos la posibilidad de organizarnos para lograr mejoras de precio y calidad, y/o asumir directamente el rol de producción. Así, por ejemplo, resulta relativamente sencillo montar una cooperativa para, por ejemplo, comprar productos ecológicos directamente al productor a mejor precio (II) al eliminar intermediarios y combinar el poder de compra de los miembros de la misma; así empezó el séptimo grupo empresarial de España.

Como máxima general, conviene aliarse con aquellos que persiguen los mismos objetivos que nosotros para aumentar y coordinar la presión sobre nuestras contra-partes (base sobre las que se asienta el sindicalismo, y los oligopolios) y no subvencionar los beneficios ajenos con nuestro dinero: Si la empresa se traslada a un polígono porque es más barato (para la empresa, no para el empleado), que pague una ruta en vez de obligar a los trabajadores a desplazarse por su cuenta; si hay jornada partida, que pague un comedor; si no se puede igualar el IPC al revisar los salarios, que aumente los días de vacaciones o reduzca la jornada laboral…

Así que la próxima vez que recibas un llamamiento para presionar a determinada empresa, no olvides que proviene de un grupo de personas tratando de defender sus intereses, que muy probablemente compartas. Así que en vez de ignorarlo, o burlarte, evalúa si te beneficiarías de la acción, y en caso afirmativo ¡participa! Te sorprenderías de lo que se puede conseguir, hasta bajar el precio de la gasolina. Y ya puestos a tomar las riendas de nuestro propio destino, vota a políticos que trabajen en defensa de tus intereses, que no tengan miedo a intervenir en los mercados y se comprometan a aumentar la competencia real entre empresas y a garantizar la libertad y los derechos del consumidor.

La próxima vez que pienses que algo es muy caro o que te pagan poco, pregúntate qué méritos has hecho tu para merecer algo mejor. El primer responsable de tu destino eres tu mismo, así que decide; compite.

Justicia para España

Leo, alegrado, que las cuatro principales asociaciones de jueces se disponen a convocar un acto de protesta el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones:

  • Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
  • Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
  • Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
  • Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
  • Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
  • Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

  • Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
  • Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
  • Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
  • Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Treinta años de Transición

En unos días celebraremos los treinta años desde la ratificación mediante referéndum de la Constitución Española de 1978. Grandes titulares anunciarán, y por todo el país se festejará, algo que nunca ocurrió: la llegada de la Democracia a España. Nos atiborraremos a ver especiales sobre aquellos tiempos convulsos, en los que la máxima prioridad de los españoles era dejar atrás la dictadura franquista… tiempos en los que los españoles tuvieron que sacrificar la democracia para recuperar sus libertades.

Efectivamente, los ciudadanos tenían demasiada prisa en recuperar derechos fundamentales que no tenían reconocidos y afianzar los avances producidos desde la muerte del dictador; así que poco importó que la Constitución presentase serias deficiencias democráticas: simplemente no sabíamos qué características debería tener un Estado democrático y las prioridades eran otras, así que los españoles aceptaron aquel conjunto de propuestas a las que hoy llamamos Constitución.

Sin embargo, en el mismo paquete en el que se nos devolvían derechos y libertades, también iban incluidas otras muchas cosas. Entre ellas, una separación quirúrgica entre los poderes del estado y los depositarios de la soberanía nacional, así como una insuficiente separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Características que convierten a España en una partitocracia, en donde las cúpulas de los partidos asumen la soberanía efectiva de la nación. Había que elegir, todo o nada, sin tiempo para pensar una solución mejor.

La Constitución española no es democrática

Según la Constitución Española, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla:

  • No elegimos al jefe de Estado: es un cargo no electo, vitalicio y hereditario; y no sometido a las leyes, a diferencia del resto de los ciudadanos.
  • No elegimos al jefe de Gobierno: es un cargo elegido por los diputados en la sesión de investidura, y sometido a su control parlamentario (al menos, al de los grupos de la oposición, que son minoría).
  • No elegimos a los diputados que nos representan, ya que las listas electorales son cerradas, y las elaboran las cúpulas de los partidos según criterios que desconocemos.
  • Nuestros representantes están sometidos a la disciplina de voto, es decir, que deben lealtad a (los dirigentes de) sus partidos, no a sus electores, so pena de ser sancionados.
  • No elegimos a los responsables de la administración de justicia, ni de otros órganos con labores ejecutivas, como el banco de España o la policía. Además, todos estos organismos dependen económicamente de la partida presupuestaria que les asigne el gobierno en los presupuestos del Estado, lo cual limita los recursos de los que disponen para desempeñar sus funciones.
  • No disponemos de mecanismos efectivos para el ejercicio directo de nuestras soberanía sin la intermediación de los poderes del Estado. No podemos ejercer ningún control efectivo sobre la labor de los poderes del Estado, someter propuestas a referéndum ni modificar leyes sin el visto bueno del Parlamento.
  • No se nos consultan decisiones relevantes, como la adopción del Euro o el nuevo modelo de Unión Europea dibujado en el Tratado de Lisboa, Constitución de una Europa sin democracia.
  • No podemos modificar estas reglas: sólo los partidos políticos que sumen una mayoría parlamentaria suficiente puede modificar la Constitución y las leyes orgánicas.

¿Es esto lo que entendemos por Democracia? Sinceramente, espero que no, porque en este modelo los ciudadanos ("demos" ) no tenemos poder alguno ("cratos" ). Sin embargo, aunque nuestra Constitución diste de ser perfecta, es innegable que ha cumplido con su objetivo: darnos tiempo para formarnos como ciudadanos y aprender la Democracia… que nadie confunda crítica con desprecio.

Gracias a ella, nos encontramos más cualificados que en 1978 para evaluarla con criterio, disponemos del tiempo suficiente para plantear mejoras y, sobre todo, lo hacemos sin miedo a que esto produzca un golpe de estado y una nueva guerra civil… ¡motivos más que suficientes para festejar sus 30 años de vigencia!.

No obstante, después de treinta años de experiencia con la Constitución, creo que no conviene seguir posponiendo el debate sobre la calidad de esta "democracia", así como sobre las alternativas para mejorarla y ampliarla. Ya hemos alabado suficiente las virtudes de nuestra Constitución, y ocultado demasiado sus defectos, que son muchos y graves.

Lo que en su día supuso un avance, hoy vemos que también ha sido origen de muchos de los problemas que sufrimos los ciudadanos: la falta de representatividad del sistema electoral, la corrupción, el transfugismo, la parálisis del poder judicial, la desprotección de nuestros supuestos derechos de acceso a la vivienda o a trabajar, la falta de transparencia de las administraciones… nuestros problemas serían distintos, u otros quizás, si se hubiera escrito la Constitución de otra manera.

Segunda Transición hacia una verdadera Democracia

Quizás hace 30 años no fuera el momento de innovar políticamente. Dimos un único paso en la dirección correcta… y nos detuvimos. Sin duda la Constitución supuso un cambio radical para quienes pudieron votarla (mayores de 48), pero responde cada vez menos a las necesidades de los nuevos españoles crecidos en libertad (menores de 35). Hasta el propio Zapatero admite que "sería conveniente reformarla" y que "algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación", aunque él no se atreva a hacerlo.

En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que acertamos a la primera, o que esta Constitución se hizo para durar más que sus antecesoras (el récord lo tiene la de 1876 con 55 años); especialmente si consideramos que su redacción estuvo condicionada por el miedo a una regresión totalitaria y que la transición fue controlada por el franquismo. Ambos aspectos acotaron hasta dónde se podía avanzar.

Hoy somos conscientes de que la soberanía es un bien muy preciado para regalarla en unas elecciones; y que hay que controlar activamente la labor de quienes la gestionan si queremos que la utilicen en beneficio de nuestros intereses comunes. Ya nos vamos aburriendo de indignarnos con jueces y políticos; de protestar públicamente contra sus decisiones; de organizar manifestaciones contra las injusticias que sufrimos; de recoger firmas que no sirven para nada… en definitiva, de mendigar aquello que nos pertenece por derecho: la soberanía de este país.

Empezamos a comprender que la política no nos es indiferente; y de que, guste o no, tendremos que incluir entre nuestras responsabilidades hacernos cargo de lo que compartimos con el resto de la sociedad, si es que queremos que seguir teniendo algo compartido. Tarde o temprano dejaremos de identificarnos irracionalmente con partidos que en realidad no defienden nuestros intereses, y de empezar a exigir resultados a quienes confiamos el voto. Sustituiremos las consignas partidistas, los estereotipos y los tópicos por un estudio de las propuestas políticas que impulsan nuestros representantes, que a veces no nos lo que nos tratan de vender.

Va siendo hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. De asumir que la Constitución ya está amortizada y de buscar formas de seguir avanzando. Evidentemente, esto pasa por convencer a los partidos mayoritarios (únicos que pueden modificarla), para que la modifiquen, renunciando con ello al control del país; o por empezar a votar a otros partidos que se propongan desarrollar una Constitución verdaderamente democrática, al menos hasta que consigan la mayoría necesaria para ello. No podemos seguir posponiendo nuestra cita con la historia, por la cuenta que nos trae.

Querida Constitución, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre tendrás un hueco en nuestros corazones, pero no podemos detenernos aquí para no herir tus sentimientos. La Democracia todavía está más allá del horizonte, y no podemos quedarnos contigo más tiempo. Gracias, una vez más, por resguardarnos mientras recuperábamos las fuerzas para seguir luchando por alcanzar nuestros sueños.

Outfoxed – ¿Información, entretenimiento o propaganda?

Título original: Outfoxed (subtitulos en español) | Ir al vídeo
Tema: Medios de comunicación, propaganda, manipulación | Evaluación 3.75/5.
Año 2004. Dur: 78′. Producido por Carolina productions.
Web: http://www.outfoxed.org/

Aunque exclusivamente centrado en la guerra declarada por Rupert Murdoch al periodismo, Outfoxed expone con claridad el peligro que supone para la democracia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en las manos de unos pocos, tendencia que cada día se hace más fuerte.

A lo largo del documental podemos conocer, de boca de sus ex-empleados, como los dueños de los medios de comunicación sesgan los contenidos que se difunden (además de las noticias). No es sólo que elijan por nosotros qué se muestra y qué no… y cuanta visibilidad merece un tema o asunto en particular; también se manipula la forma de narrar y presentar los contenidos de forma que promuevan un determinado punto de vista.

Fox News fue pionera en borrar abiertamente la linea entre la información y el comentario, en abandonar el periodismo basado en hechos y sustituirlo por “creación de opinión” para influir en la percepción de su público. El del férreo control sobre la linea editorial que se denuncia en el vídeo va más allá de la redacción: también se premia a los invitados y comentaristas más extremistas, y se castiga y censura a quienes se salen del guión.

Algunas de las técnicas del periodismo moderno se las debemos a la FOX, tales como cortar abruptamente a los invitados que dicen cosas que chocan con la linea editorial, introducir en el debate opiniones sin atribuirlas a fuentes concretas, o los debates en desigualdad de condiciones, donde los puntos de vista coinciden mayoritariamente y quienes discrepan lo hacen sin fuerza ni capacidad argumentativa… todo vale para dar la “forma adecuada” a la realidad en la cadena que se publicita como “justa y equilibrada“.

Como se ilustra en el documental, el éxito de sus esfuerzos para influenciar la opinión de su audiencia es notable. Comparadas las respuestas a preguntas sencillas sobre hechos concretos, como si como si se logró establecer una relación entre Saddam Hussein y Al-qaeda, o si había armas de destrucción masiva en Irak (motivo oficial de la invasión); las respuestas del público de noticias Fox difería considerablemente de la respuesta media del conjunto de los encuestados, y eran más similares al discurso oficial de la Administración Bush.

Esta transformación de la difusión de información “objetiva” en difusión de “opinión” en favor de los intereses de la cadena ha sido posible gracias a la buena acogida que ha tenido por parte del público. El éxito de la FOX se basa en filtrar lo que no gusta a su audiencia, que prefiere vivir engañada en una realidad donde todo el mundo piensa como ellos; y ha sido tal su repercusión que las cadenas competidoras han seguido su estela a la vista de que la gente prefiere el periodismo partidista en linea con sus convicciones. Si la gente no prestara atención a este tipo de periodismo, dejaría de existir, pero cuesta resistirse a escuchar a quienes dicen barbaridades (de ahí el éxito de la telebasura).

Aunque obvie decirlo, para tener una visión completa y lo más objetiva del conjunto también hay que estudiar seriamente otros puntos de vista, especialmente cuando no nos gustan y/o contradicen nuestra visión del mundo y de cómo deben ser las cosas.

Desgraciadamente para el periodismo y la democracia, aquellos que traten de informar de forma objetiva al margen de la linea editorial tiene los días contados en las redacciones de los medios tradicionales, controlados por empresas en busca de beneficios. Por eso, más que nunca, necesitamos Internet y el activismo a pie de calle para contrarrestar a los lobbies de la información.

Aunque se hable de la FOX, estas reflexiones son igualmente aplicables a cualquier medio de comunicación del signo ideológico que sea. Hay quienes hacen más esfuerzos por informar de verdad que otros, pero todos están necesariamente sesgados (incluido este blog, claro).

NOTA: La calidad del vídeo es un poco mala, si te apañas con el inglés recomiendo mejor esta versión del vídeo

Guía para el registro de marcas comerciales en España

Más allá de su utilidad como elemento identificativo, el verdadero valor de la marca radica en que aportan a cada consumidor motivos emocionales para preferir determinadas ofertas frente al resto, y a las empresas una forma de capitalizar su reputación. Por eso, desde el blog más anónimo hasta la transnacional más poderosa, todos tratan de construir una identidad que les diferencie del resto de ofertas que hay en el mercado.

La forma más habitual de construir dicha identidad es mediante la asociación con un símbolo fácilmente reconocible, que permita a los clientes recordar la excelente experiencia que supuso confiar en nosotros cuando vuelva a tener la necesidad, y transmita a los que no los son una idea de lo que se puede esperar de nosotros en cuanto a calidad y precio. Para alcanzar esta situación ideal, es necesario construir un vínculo emocional con los clientes, que dote del significado que queremos a la marca. Este proceso requiere un esfuerzo consistente y continuado; de ahí la necesidad de registrar y proteger los elementos que utilizaremos como señas de identidad.

Para quienes no tienen conocimientos legales sobre la materia, el mundo de las marcas puede parecer inaccesible, estereotipo que se encargan de fomentar los bufetes especializados en propiedad industrial: Sin embargo, la realidad es que contamos con el mismo derecho que cualquier empresa del EuroStoxx para registrar nuestra marca, y el procedimiento es relativamente sencillo con la ayuda adecuada.

El objetivo de este artículo es explicar los fundamentos y procedimientos básicos para el registro de marcas en la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM), de modo que podamos registrar nuestra marca por nosotros mismos y evitar la intermediación de abogados especializados en marcas que, en el 95% de los casos, no son necesarios ni pueden justificar las minutas que cobran. No registrar nuestra marca supone renunciar a uno de los activos más importantes para el éxito a largo plazo: nuestra reputación.

Conceptos básicos sobre marcas: Utilidad, clasificación de Niza, ámbito de protección y restricciones

Mediante el registro de marcas obtenemos el derecho exclusivo a utilizar el signo registrado para distinguir, dentro del ámbito geográfico de protección elegido, los productos o servicios que hayamos seleccionado en nuestra solicitud. En el caso de las marcas nacionales, el periodo de la concesión es de 10 años, y se conserva su titularidad de forma indefinida mientras se paguen las tasas de renovación.

Como titulares de una marca registrada, durante su vigencia podremos recabar protección judicial en caso de que alguien la utilice para identificar productos o servicios similares a los nuestros sin nuestro consentimiento, evitar que alguien pueda registrar una empresa con dicho nombre (siempre que los fundadores no tenga registrada la misma marca en otra categoría), y defender legalmente la titularidad del dominio web correspondiente.

Es importante comprender que las marcas se solicitan para identificar productos o servicios correspondientes a una serie de categorías, denominadas "Clases ", establecidas a partir del "Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" de 1957. En este acuerdo se definieron una serie de categorías estandarizadas (Ver listado ) para el registro de marcas. A efectos prácticos, cada categoría se considera independiente, pudiendo co-existir marcas diferentes que utilicen la misma denominación para identificar productos en diferentes clases.

De este modo, la marca "Colonial" está simultáneamente registrada para identificar los siguientes productos:

  1. PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA; HELADOS COMESTIBLES por BIMBO, S.A (Clase 30)
  2. VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA y SERVICIOS DE VENTA AL DETALLE EN COMERCIOS de estos productos por J Y S SAUQUET, S.A (Clases 35 y 25)
  3. LEJÍAS por DANIEL DEL OLMO, S.A. (Clase 03)
  4. SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCIÓN y ARQUITECTURA por INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (Clases 36, 37 y 42).

Pese a tratarse del mismo nombre, estas marcas son simultáneamente válidas porque se distinguen unas de otras visualmente (no inducen a error) y están registradas para clases diferentes, es decir, identifican productos o servicios no relacionados. Si no se hubieran cumplido ambos requisitos a la hora de presentar la solicitud, esta podría haber sido denegada o recurrida, tema de lo que hablaremos más adelante. En caso de que deseáramos que nadie más utilizara nuestra marca, deberíamos registrarla en TODAS las clases, lo cual no es precisamente barato.

Otro concepto importante es el ámbito geográfico de protección : Las marcas pueden ser Nacionales , que se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas y son de aplicación únicamente en España; marcas comunitarias o europeas, que se registran en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y son válidas en todos los países de la Unión Europea; o Internacionales , que son marcas nacionales registradas en otros países a través de la OEPM. En función del ámbito de protección, el precio del registro y renovación de la marca variará, siendo la más barata la nacional. En 2008, el registro de una marca nacional cuesta 150 euros por clase, mientras que la europea en torno a 1500€ (hasta 3 clases).

Según el mercado al que dirijamos nuestras actividad resultará más conveniente elegir un ámbito geográfico más amplio o específico: todo dependerá de qué impacto puede tener que otros utilicen (o registren) nuestra marca para productos similares en otros países. En la mayoría de los casos la marca nacional es la opción más razonable, especialmente si es una marca de servicios y tenemos registrado el dominio .com correspondiente.

No obstante, cuando la marca sea para productos destinados a la exportación o desarrollemos nuestra actividad en diferentes países, suele ser preferible un registro geográfico más amplio que cubra los mercados a los que nos dirigimos. En todo caso, siempre se puede ampliar la cobertura de una marca en el futuro si no hay marcas en conflicto.

En cuanto a lo que puede ser registrado como marca, los artículos quinto y posteriores de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establecen una serie de restricciones al registro de marcas, siendo las más destacables:

  1. la utilización de denominaciones genéricas, no distintivas o que cuyo uso se haya generalizado como genérico;
  2. los que imiten emblemas y símbolos de organismos oficiales;
  3. el nombre, apellido, seudónimo o la imagen de personas distintas del solicitante
  4. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica;
  5. signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial;
  6. los que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o puedan crear confusión, o los que, aun designando productos o servicios diferentes, sean semejantes a marcas renombradas y pueda pueda indicar una conexión con el titular de la marca renombrada o socavar el caracter distintivo de dichos signos anteriores.

Por tanto, a la hora de registrar una marca debe primar la originalidad en el nombre y diseño para evitar conflictos con otras marcas y problemas con el registro.

Procedimiento de registro de una marca comercial

Antes de pensar en registrar una marca conviene comprobar que el dominio .com correspondiente al nombre está disponible, y registrarlo. Este trámite es rápido y barato, y nos da cierta seguridad de que nadie ha registrado esa marca con anterioridad en ninguna parte del mundo. En mi opinión, en pleno siglo XXI registrar y desarrollar una marca cuyo dominio .com lo ha registrado otro es perder tiempo y dinero.

Para empezar a realizar una solicitud de registro de marca lo primero es comprobar si está disponible para la clase o clases que le corresponden, ya que cualquier similitud en el nombre, grafismo o pronunciación puede dar origen a un recurso por parte del titular de otra marca registrada previamente.

Para saber la/s clase/s más adecuadas para nuestro producto o servicio lo más práctico es buscar en el localizador de marcas de la OEPM a los líderes del mercado, que muy probablemente tendrán sus marcas registradas y habrán contado con un asesoramiento legal que podremos aprovechar. Así, por ejemplo, si queremos registrar una marca de cerveza, lo normal sería buscar "Mahou", "San Miguel", "Cruzcampo", "Heineken", "Shandy"… e ir anotando las categorías en las que se registran los productos, así como las descripciones de las clases solicitadas para ir componiendo la nuestra.

Es probable que en estas búsquedas encontréis registradas categorías que no corresponden con el producto que se comercializa bajo esta marca. Esto se debe a que muchas empresas no quieren arriesgarse a que alguien lance productos o servicios con su nombre y optan por registrar todas las categorías (¿os imagináis un "Centro de Desintoxicación" Cruzcampo?). En la mayoría de los casos, la que más se repite es la buena, pero conviene comprobar con la última revisión de clasificación de Niza las categorías que se han registrado, para comprobar que lo que queremos comercializar encaja en esa categoría y no en otra.

En nuestro ejemplo de cerveza, la más repetida es la clase 32, que corresponde a la categoría dedicada a "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas ". No obstante, algunas marcas también han optado por registrar las clases 33 (Bebidas alcohólicas excepto cerveza), 43 (Restauración – restaurantes), 16 (Publicaciones y revistas), 35 (servicios de publicidad), 39 (transporte y distribución) y 25 (vestidos, calzado y sombrerería) entre otras.

Aunque estos registros "secundarios" no nos servirán para rellenar nuestra solicitud, ofrecen información sobre las estrategias de expansión de la competencia y, en el caso de los registros más recientes, sirven para anticipar sus próximos movimientos. Por ejemplo, desde el 16/03/2008 se puede saber que Heineken está registrando LIFE HEINEKEN (M 2813364) como marca para bares, restaurantes, cervecerías y cafeterías en lo que parece ser un proyecto de extender su imagen de marca más allá del envase de sus cervezas; y desde hace algo más de tiempo tiene concedida una marca para lo que parecen ser máquinas de "vending".

Normalmente las descripciones más repetidas son las que copian el nombre de la categoría y/o el genérico "Las solicitadas ", que sirven para registrar toda la categoría en general, sin tener que modificar en el futuro la descripción de la marca en caso de que ampliáramos el negocio dentro de los productos y servicios de la clase. Tanto si se opta por esta estrategia como si se prefiere ser más específico en la descripción, conviene dejar la puerta abierta a otros productos/servicios no contemplados originalmente, pero pertenecientes a la misma clase.

La cantidad de clases a registrar dependerá de nuestro presupuesto y nivel de preocupación por que alguien nos copie la marca para otra cosa, aunque para el común de los mortales será suficiente con la clase correspondiente a la actividad principal. Si el negocio marcha bien, podemos registrar más clases en el futuro, conforme vislumbremos nuevas lineas de negocio.

Una vez conocida la/s clase/s que nos interesan, deberemos comprobar en el localizador de la OEPM que no existen marcas nacionales, marcas internacionales con efecto en España y marcas comunitarias similares en nombre, pronunciación y grafismo a la que pretendemos registrar , ya que de lo contrario se denegará la solicitud. Aviso: el localizador de marcas limita los resultados a las primeras 200 coincidencias, así que si hay más resultados para la consulta no aparecerán todos los registros y tendremos que ser más específicos.

Siguiendo con el ejemplo de la cerveza, si quisiéramos registrar "Duff" como marca, habría que buscar en los tres apartados el propio nombre "Duff" así como "Duf", ya que fonéticamente no hay diferencia entre una y dos efes y es posible que encontremos marcas que contengan esa cadena y sean parecidas (por ejemplo, "Laduf"). La OEPM ofrece un servicio de pago para descartar coincidencias fonéticas.

De esta búsqueda sacamos dos conclusiones, que en la categoría 32, "Duff BEER" es una marca europea (001341130) registrada por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION el 11/10/1999 (no se dieron mucha prisa), con lo cual cualquier solicitud de registro en la misma categoría será muy probablemente rechazada o recurrida; y que esto es algo que no sabía quien intentó registrar como marca nacional "CERVEZA DUFF BEER PILS" (M 2808479) en enero de 2008… 150 euritos a la basura.

CERVEZA DUFF BEER PILS - M 2808479

Hacer correctamente y con esmero la búsqueda de marcas con alguna similitud nos ahorrará dinero y disgustos, así que conviene hacer un pequeño esfuerzo. También conviene saber que las bases de datos online pueden no estár actualizadas en tiempo real, con lo cual existe una pequeña posibilidad de que se acabe de inscribir algún registro en conflicto con el que nosotros queremos y no figure. Los días 1 y 15 de cada mes se suele hace un volcado de registros que coincide con la publicación del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" (BOPI) , lugar donde se publican todos los trámites relacionados con marcas y patentes. Si las últimas solicitudes del BOPI aparecen en Internet y no hay registros en conflicto, es el mejor momento para hacer la presentación de la marca. En cualquier caso, conviene darse prisa a la hora de registrar.

Una vez relativamente seguros de que no hay registros en conflicto en la clase que nos interesa, y que dicha clase es la correcta, podemos empezar la tramitación del registro de nuestra marca.

Formulario de registro de marcas y procedimiento

La presentación de una la solicitud de registro de marca puede hacerse telématicamente (las 24h en la web de la OEPM y con un 15% de descuento), por correo certificado en sobre abierto dirigido a la OEPM, presencialmente en la Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Pº de la Castellana, 75. Madrid), en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma, así como en los órganos que éstas habiliten en el futuro. Mi recomendación es hacer el trámite directamente con la OEPM, que para algo es el registro central.

Para solicitar una marca es necesario cumplimentar el formulario de solicitud a máquina (o en el ordenador), rellenando todos los datos personales del solicitante, la denominación y/o diseño que se quiere registrar y las clases o categorías correspondientes. Dicha documentación debe entregarse debidamente firmada junto al justificante de pago de las tasa correspondiente, que en 2008 son de 151,35€ por clase para las marcas de productos o servicios.

En la primera hoja del formulario de solicitud hay que marcar el tipo de marca , que por lo general será de productos o servicios . Las marcas colectivas corresponden a asociaciones de fabricantes comercializan sus productos bajo marca común (por ejemplo, en el caso de cooperativas de segundo nivel), y las de garantía son aquellas que certifican características del producto y son utilizadas por terceros bajo autorización, como la denominación de origen. Las otras opciones se refieren a marcas anteriormente registradas.

Además del tipo de marca, hay que indicar que el solicitante no está representado (apartado 2), marcar con una equis la documentación que se adjunta (justificante de pago, y 4 copias si es una marca mixta), el número de páginas de la solicitud (7 o 3 es lo más normal) y la firma. No escribáis en las partes reservadas de las esquinas superior e inferior derecha.

En la segunda hoja hay que completar el apartado "Reproducción y datos de la marca" (Apt. 4), incluyendo una reproducción del distintivo (18). La marcas solicitadas suelen ser "denominativas" (solo el nombre) o mixtas (nombre y representación gráfica). En caso de que sólo se reclame la denominación, deberemos seleccionar este tipo en la casilla 19 e indicar que "desea que la OEPM publique y registre la presente marca en los caracteres estándar utilizados por dicha oficina ", que son caracteres alfanuméricos y algunos de puntuación (casilla 20).

Si, además de la denominación, queremos registrar una representación gráfica de la misma, el tipo de marca a seleccionar será "mixto ", y no marcaremos la casilla 20. Si los elementos gráficos son a color conviene reivindicar los colores principales como características distintivas señalando, además de su nombre nombre, el código RBG , CMYK , Pantone o CIELAB que identifica los colores. Si la denominación de la marca no es directamente legible conviene rellenar el apartado "descripción escrita de la marca", indicando explícitamente el denominativo solicitado junto a una descripción exhaustiva y precisa del distintivo, ya que, de otro modo, nos solicitarán que lo corrijamos.

En la tercera página deberemos indicar las clases solicitadas y los productos o servicios protegidos, que habremos elegido a partir de las búsquedas previas de marcas de la competencia o similares. Si se ha solicitado un distintivo gráfico o mixto, deberá acompañarse la solicitud con 4 reproducciones de la marca en las hojas existentes al efecto (páginas 4 a 7 de la solicitud). Aunque las dimensiones máximas indicadas en el formulario es de 8cm x 12cm, las dimensiones del recuadro de la página 2 es de 7,5cm x 11,3cm, así que recomiendo que las reproducciones se impriman con un tamaño máximo de 7,5cm de ancho y 11cm de alto para que quepan en el formulario.

Una vez presentada la solicitud, se publicará en el la resolución del expediente de la solicitud se realizará antes de 8 meses desde la solicitud si no hay oposiciones, y de 15 meses si las hay. Si se resuelve a favor del solicitante, la marca quedará registrada a su nombre hasta pasados 10 años de la fecha de solicitud inicial, y podrá renovarla por periodos de 10 años pagando las tasas correspondientes sin límite de tiempo. Durante el procedimiento recibiremos diferentes notificaciones procedentes de la OEPM informándonos de la marcha del proceso.

Marcas registradas

Una vez concedida la marca, recibiréis publicidad / spam de varios bufetes de abogados especializados en marcas y propiedad industrial. Es algo que suelen hacer aprovechando que los datos del registro (incluida la dirección completa del solicitante) se publican en el BOPI y son accesibles al público, pero no os preocupéis que sólo lo mandan una vez. Aunque parezcan formularios oficiales o traten de incitaros a "sobreproteger" vuestra marca, tener en cuenta que no necesitáis ninguno de los servicios que os ofrecen. La OEPM se encarga de enviaros gratuitamente avisos de nuevas solicitudes de marcas o nombres comerciales de terceros que pudieran resultar incompatibles con vuestro registro , así como de avisaros 8 meses antes de que caduque vuestra marca para que tengáis tiempo de renovarla, si queréis.

No obstante, recomiendo apuntar en el calendario un recordatorio de la fecha de vencimiento de la marca, así como adquirir la costumbre de hacer búsquedas cada 3 meses en la sección de localización de marcas nacionales, internacionales con efecto en España y europeas, ya que podría solicitarse alguna marca que consideremos entra en conflicto pero que de la que no hayamos recibido notificación.

Es importante hacer esta revisión trimestral porque, si no presentáis un recurso de oposición frente a una solicitud en conflicto ésta será concedida y adquirirá validez legal. Si habéis estado atentos sabréis que sólo podéis recurrir aquellas solicitudes en las clases solicitadas para vuestra marca , y que sólo son denegadas de oficio aquellas peticiones de registro de marcas que son iguales a otras existentes o no cumplen los requisitos que establece la ley. De ahí la importancia de dedicar 5 minutos a "proteger" nuestra marca.

Os dejo un enlace a un enlace a un artículo muy interesante referente a las oposiciones de marcas , que os puede servir de referencia tanto para recurrir marcas de otros como para defender vuestras marcas de oposiciones. El recurso en PDF no tiene desperdicio.

Por último, os recuerdo que tenéis la obligación legal de usar la marca , ya que de otro modo podría solicitarse su anulación. También es conveniente que comuniquéis a la OEPM cualquier cambio de domicilio , a fin de que puedan avisarnos ante cualquier eventualidad. Espero haberos ahorrado un buen dinero en abogados… gastarlo a mi salud.

Referencias y materiales

A continuación os dejo una recopilación de los materiales necesarios para el registro de marcas.