El verdadero porcentaje de gastos que cubren las matrículas universitarias

Que si el 15, el 20 (¿¡sólo el 20?!), el 25%pese a que los presupuestos de las universidades públicas están disponibles en internet parece que nadie tiene muy claro qué porcentaje de los gastos se cubren con las matrículas universitarias. El propio Gobierno admite con la boca pequeña que todavía no se sabe “exactamente” el porcentaje real del copago realizado por los estudiantes porque -hasta muy recientemente- no se ha empezado a separar los gastos de las universidades por programas.

Sea cual sea la cifra exacta (un detalle, al parecer, sin importancia), tanto el Gobierno central como algunos autonómicos tienen claro que los precios públicos todavía están muy lejos del máximo legal del 25% del coste de los estudios en primera matrícula que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su art. 81.3.b; y continúan encareciendo las matrículas a pesar de que la universidad pública española ya es la cuarta más cara de la UE21 (era la sexta antes de los tasazos: datos OCDE para 2011 – Tabla B5.1), y no por su calidad ni porque podemos permitírnoslo.

De hecho, hace unos días la Comunidad de Madrid ha vuelto a subir drásticamente los precios públicos de las universidades por segundo año consecutivo: esta vez un 26,64% en los estudios de menor experimentalidad (generalmente de letras) y el 15,63% de casi todas las ingenierías (ver Anexo I de los Decretos 60/2013 y 66/2012). Y ello, en plena campaña de matriculación, que se estaba haciendo con los precios públicos vigentes (los del año anterior).

Aunque resulta utópico esperar que alguien incapaz de revisar en plazo los precios públicos con un año de preaviso lo entienda, un somero análisis de los presupuestos de las universidades públicas deja bien claro que la última subida ha rebasado los margenes legales en casi todos los centros. Esto es así porque las matrículas universitarias son precios públicos y, por tanto, su cuantía debe estar vinculada a los costes económicos de la docencia, respetando los máximos que marca la LOU.

Ahora bien, ¿cómo pueden determinar el precio del crédito sin conocer su coste exacto?. Cualquiera que haya pisado una universidad en su vida sabe -o debería- que en ellas se llevan a acabo otras muchas actividades que generan gastos, pero que nada tienen que ver con la docencia y que, en consecuencia, no deben sufragarse con cargo a los precios públicos. Si restamos esas cantidades del presupuesto vemos que los estudiantes no están tan subvencionados como se dice, y que no se puede subir más el precio de las matrículas sin modificar antes la LOU. Veámoslo con un ejemplo.

Como mínimo, un tercio del presupuesto de la Carlos III es gasto no relacionado con la docencia de grado

Para comprender porqué las Administraciones no se ponen de acuerdo en el porcentaje de gastos que cubre la matrícula nada mejor que revisar las cuentas de una universidad pública. Haciéndolo comprobaremos que la separación de costes por actividades sigue siendo insuficiente, que se mantiene el criterio de considerar docente todo gasto que no esté muy claro a qué corresponde (inflando injustificadamente las tasas), y que tanto la información publicada como su presentación no facilitan precisamente la rendición de cuentas.

La elegida para esta análisis ha sido la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyos presupuestos para 2013 consignan un gasto total de 157,5 millones de euros. De esta cantidad los alumnos sufragan 27,8 millones de euros en precios públicos por títulos oficiales de grado y doctorados (partida 310.00 de ingresos de todos los presupuestos universitarios – pag. 61 del PDF), por lo que -a priori- sólo pagan el 17,65% de los gastos totales. Ahora bien, para determinar si se pueden subir las tasas, y cuanto, tendremos que establecer primero cual es el coste real del servicio restando los gastos que nada tienen que ver con la docencia y que, por tanto, no deben ser cubiertos mediante abono de precios públicos. ¡Empecemos!

Gasto no docente: Inversión en investigación

El más indiscutible e importante en cuantía es la inversión en investigación, que está reflejada en los presupuestos de toda universidad en el art. 64 del capítulo VI de gastos (pag. 57). En este caso en particular son 24,26 millones de euros del presupuesto que nada tienen que ver con docencia, así que no pueden cargárselos a los estudiantes porque no les corresponde financiar los programas de investigación. Esta partida sola representa el 15,40% del presupuesto total.

Ahora bien, analizando los gastos incluidos en el programa de investigación resulta que éste no sufraga ni un céntimo de los gastos corrientes de funcionamiento de la universidad (suministros, uso de instalaciones, limpieza, seguridad, infraestructuras). Como supongo que esta investigación se hará en las instalaciones de la universidad, me parece justo que el programa de investigación soporte la parte proporcional de estos gastos que les corresponda. ¿O acaso la jardinería es gasto exclusivamente docente?.

Pero, ¿cuál es esa parte proporcional?. Un criterio para estimarla es utilizar el porcentaje que representa la investigación sobre el presupuesto total (15,40%) y aplicárselo a las partidas de gastos comunes (cap. II de gastos, pag 55). Esto restaría 4,19 millones de euros del presupuesto presuntamente docente, y sitúa el gasto no docente en el 18,06%. Se podrían utilizar otros criterios para la estimación, pero me parece una cifra suficientemente conservadora.

Y ojo, que se podrá entrar a discutir si los 12,59 millones de euros en gastos de personal de investigación (la mitad del presupuesto de investigación, que -a su vez- representa el 13,91% de la partida de personal) son suficientes para cubrir los sueldos y seguridad social de las 195 personas contratadas en proyectos de I+D+i (pag 123) más la parte proporcional de los de los restantes 1.905 catedráticos, titulares, profesores y demás Personal Docente y de Investigación (PDI), que -en conjunto- consiguen publicar más de 1.000 artículos de investigación al año (la producción real debe ser muy superior, ya que sólo se publican los artículos con aportaciones relevantes), leer 129 tesis, solicitar un par de docenas de patentes. Viendo lo mal pagada que está la investigación en España, imaginemos que sí.

Gasto no docente: Inversión en ayudas y becas

Cerrado el apartado de investigación pasamos al Capitulo IV del presupuesto, donde se reflejan todas las ayudas a los estudiantes e investigadores (becas de formación, Erasmus, Séneca, postdoctorales…) ¿Deben pagarse las becas con los ingresos por precios públicos? Diría que no: porque ni son gasto docente generado por el alumno, ni la función de la universidad es la de administrar la solidaridad entre estudiantes… que al fin y al cabo son mayores de edad, generalmente desempleados y sin patrimonio, por más o menos dinero que tengan sus padres.

Dado que estos programas no pueden sufragarse a través de los precios públicos (por su propia definición), deberán mantenerse vía impuestos; y en mucha mayor cuantía aprovecho para decir. Los datos de la OCDE (Tabla B5.3) muestran que España es uno de los países estudiados donde la inversión pública en educación terciaria es más regresiva, con un 90% del presupuesto dedicado a financiar directamente a los centros, y sólo un 10% destinado a ayudas y becas… lo que implica que los estudiantes no becados pagan menos matrícula, y los becados reciben menos beca.

Bien es cierto que un ~6% de estas ayudas van destinadas a becas “de colaboración”: auténticos minijobs con dotaciones por debajo del salario mínimo interprofesional y sin seguridad social con los que se cubre parte del funcionamiento de algunos servicios fundamentales de la universidad (biblioteca, aulas de informática), por lo que sería discutible hasta qué punto son o no gasto docente, y/o en qué medida contribuyen a abaratar los costes totales.

Como quiera que los gastos de personal asociados a la gestión y administración de estas “becas” (convocatoria, gestión de pagos, formación en el puesto…) son inseparables del gasto docente, podemos considerar ambas partidas más o menos compensadas. En nuestro caso particular, descargando del presupuesto los programas de ayuda y becas (otros 10,65 millones de euros), ya habríamos identificado un 24,83% del presupuesto cono no docente.

Gasto no docente: Deuda e intereses

Por definición, la deuda (Cap. IX gastos) corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos acumulada en ejercicios anteriores, que no es resultado directo de la actividad docente actual sino de la gestión pasada y que, por tanto, no deben sufragar los estudiantes actuales a través de precios públicos. ¿Deben pagar los estudiantes con su matrícula la deuda y sus intereses (Cap. III gastos) acumulados por decisiones que se tomaron antes de que empezaran sus estudios, sobre las que que no se le consultó y de las que, en el mejor de los casos, se han podido beneficiar mínimamente? Descartando estos gastos, la parte no docente del presupuesto ya representa el 25,44% del total.

Gasto no docente: (presunta) Corrupción

El año pasado, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que se destapaban multitud de irregularidades contables (respuesta oficial). Más recientemente el Tribunal de Cuentas ha detectado prejubilaciones de hasta 300.000 euros “sin soporte legal” en universidades -principalmente andaluzas, pero también en la Carlos III (69.216 euros)-, y son de sobra conocidas las denuncias constantes de clientelismo y corrupción en las universidades españolas, lugar muy dado a hacer una oposición a medida para colocar a amigos que necesitan un sueldo, aunque no sepan hacer la “O” con un canuto. Dada la dificultad de cuantificar estos gastos no docentes, debemos dejarlos fuera del análisis a sabiendas de que existen y que, por tanto, el resultado final estará sesgado a la baja.

Gasto docente, pero no de grado

Otra partida a eliminar del presupuesto docente es la de la formación de post-grado: doctorados, másters oficiales y propios, y cursos de especialización gestionados por el Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) de la UC3M. Los precios públicos de estos estudios deben determinarse en función del perfil de costes específico de esta formación, no pudiendo mezclarse con los de grado para compensar unos con otros.

En el presente análisis esto implica eliminar del presupuesto los 4,37 millones de gastos corrientes atribuidos al CEAES (pag. 79 – el resto del presupuesto son ayudas y becas que ya hemos descontado antes) mas los 3,18 millones de euros de gastos de personal correspondientes al Capítulo I (retribuciones básicas de personal administrativo y gratificaciones) que no están contabilizados como gastos de este centro aunque sí se incluyen en los desgloses de los 31 programas de estudios propios y 12 oficiales del volumen II de los presupuestos (pag 89 a 139 del PDF).

Curiosamente, en la contabilidad de estos programas las retribuciones de los profesores se contabilizan como gastos corrientes, y parece que las cotizaciones a la seguridad social del personal administrativo no se han incluido… así que las añadimos nosotros, al menos en los másters donde es obvio que faltan (361.666€ adicionales). Sumando todos los conceptos se caen del presupuesto de la docencia de grado otros 7,91 millones de euros, quedando el gasto no relacionado con ésta en el 30,51%.

Otros gastos no docentes

Recorriendo las partidas de gastos encontramos otras muchas actividades no docentes dentro de lo que queda del presupuesto: 139.980€ en gastos de protocolo (partida 226.01 – pag 54), 1.274.320€ en estudios técnicos (partida 227.06), 671.840 € en actividades culturales (partida 226.04), 663.750€ en actividades deportivas (partida 226.05), 487.200 € en gastos “no culturales” en el Aula Teatro y el Auditorio de Leganés (pag. 152 y 153 del volumen II), 1.569.690€ en gastos del Espacio Estudiantes (que precisamente gestiona las ayudas, actividades deportivas y culturales – pag. 157 del volumen II), 479.550 € en el Consejo Social (pag. 9 volumen II), 260.360 € del Programa de Igualdad y Cooperación (pag. 169-170 volumen II)… Actividades que no niego que sean fundamentales para la vida universitaria, pero que no parecen ser docentes y -por tanto- no se pueden financiar con cargo a los precios públicos.

Para evitar restar dos veces he tratado de tomar de estas partidas sólo los gastos que no se habían suprimido antes, y prorrateado el resultado final descontando la tasa de participación la investigación en los gastos comunes (15,40%). El resultado es un adelgazamiento adicional de 4.69 millones de euros, lo que sitúa al gasto no relacionado con la docencia de grado en 33,48%.

Compensación por auto-financiación

Por último, hay que señalar que la universidad genera ingresos por múltiples conceptos mediante la utilización de los recursos todavía incluidos en lo que queda de presupuesto: arrendamiento de instalaciones, materiales y servicios, emisión de certificados, ingresos por acceso a las pruebas de acceso a la universidad, universidad para mayores, residencias universitarias… algunos de los cuales podrían no estar reflejados en el presupuesto, ya que parece que la fundación de la UC3M, que gestiona algunos de estas actividades, no está incluida en el presupuesto de la universidad.

Puesto que los gastos de estas actividades no se encuentran desglosados en el presupuesto, procede compensar los gastos de la universidad con la cantidad total de los ingresos percibidos por estas actividades sobre la premisa de que si son rentables, el beneficio debe utilizarse para compensar proporcionalmente las partidas deficitarias de los programas que constituyen la actividad nuclear de la universidad: investigación, docencia (que también incluye infraestructura y servicios comunes). Obviamente, en caso de que estas actividades fueran deficitarias, dicho déficit no puede compensarse con cargo a los precios públicos aunque exista un interés social en que se lleven a cabo (por ejemplo, realizar las pruebas de selectividad).

Para ser justos, destinaremos el 15,40% de estos ingresos que no provienen de los precios públicos por estudios oficiales de grado o postgrado (ni son ingresos por investigación ni transferencias corrientes o de capital de organismos públicos o privados) a la partida de investigación, y el 7,17% a másters y posgrados, que es la proporción que los gastos de estos programas (becas y ayudas incluidas) representan sobre el presupuesto total de la universidad. El resto de ingresos irían a reducir el denominado “gasto docente” de grado.

Hechos los cálculos, el resultado es que el 77,43% de los ingresos correspondientes a los Capítulos III (excepto 310.00, ya contabilizado, y 319.07 , másters universitarios – excluidos), V (ingresos patrimoniales) y VIII (Activos financieros, excepto investigación) debe restarse del presupuesto de la docencia de grado, lo cual representan 5,21 millones de euros auto-financiados. Esto reduciría el presupuesto mínimamente relacionado con los estudios oficiales de grado y pendiente de financiar a 99.552.810€; es decir, el 63,21% del total. Quedémonos con este número.

Gasto no docente: Despilfarro y mala gestión

¿Hemos descartado ya todo el gasto no docente del presupuesto? En mi opinión no, pero dejamos ya de restar para mantener una estimación conservadora y porque los gastos que comento a continuación sí que son docentes, aunque no muy presentables.

Por ejemplo, ¿tiene sentido que una universidad con 821 estudiantes menos (pag. 91 pdf), y el mismo personal (pag. 156 pdf) que hace 4 años, se gaste ni se sabe cuanto en hacer un nuevo edificio en el campus de Getafe habiendo aulas vacías (que no se llenan ni con los cursos para mayores de 55 años)? Vale que la eficiencia energética del edificio (teóricamente certificación LEED Platino) permitirá recuperar la inversión en algunas décadas gracias al ahorro que se obtendrá con la clausura de otros edificios menos eficientes… ¿pero tienen que financiar los estudiantes la reestructuración del campus? Se aprende igual de bien en las aulas y edificios “viejos”, que -por cierto- están en perfecto estado de conservación.

Y qué decir del nuevo campus de Puerta del Hierro ¿era necesario?. ¿Es también necesario duplicar la oferta de plazas inaugurando un nuevo colegio mayor en Getafe donde sólo hay habitaciones individuales? A esos precios dudo que sea para alumnos. Espera, que en Leganés también están construyendo… ¡la burbuja del ladrillo no ha explotado en la UC3M!.

¿Cómo se explica el Campus de Colmenarejo (Google Maps)?. Una única facultad perdida en la sierra cuyos gastos operativos ascienden a 1,13 millones de euros (pag 146 del volumen II – casi la mitad que el campus de Getafe, con 18 edificios) para ¿cuantos, 300 alumnos?. Sin duda esta política de desperdigar microcampuses por la Comunidad de Madrid debe generar unos costes importantes, pese a que algunos ya se hayan eliminado (como el autobús intercampus, que salía por 48.000€ al año por conectar 3 veces al día los centros).

En el capítulo de personal, resulta curioso como el número de Personal Docente e Investigador (PDI) sigue a niveles de 2010 (pag 135) mientras que el número de créditos matriculados ha descendido un 19.1%: en 2010 había matriculados 624 créditos por cada PDI, para 2013 se prevén 499 créditos. Dirán que con Bolonia la formación es más personalizada y blablabla… mentira. Se han suprimido grupos, hay menos alumnos y el número de créditos por alumno ha disminuido, pero mantenemos al mismo número de profesores para… ¿impartir grados de dudosa demanda y con opción de hacerlos en inglés?. ¿Deben los alumnos sufragar con la matrícula los sueldos de los profesores si la universidad decide poner uno por alumno, o crear titulaciones sin demanda? En mi opinión, no; igual que tampoco pueden decidir si quieren más o menos profesores, o mejores.

Aunque no dudo que todas estas cuestiones que critico tengan su razón de ser y justificación, lo que me parece más difícil de sostener es que se consideren gasto docente que deba ser sufragado con la matrícula de los estudiantes; como tampoco entiendo que se dediquen 584.680€ en publicidad y propaganda (partida 226.02 de gastos) o, lo que es lo mismo, 131,38€ por nuevo alumno/año (los antiguos ya están atrapados, jajaja) en engañar a la gente para que estudien aquí. ¿Pero no es una universidad tan excelente y está en lo más alto de los rankings? ¿Acaso no hay gente haciendo cola para entrar? Que hay una demanda del 133% sobre las plazas ofertadas de primer año (pag. 107 pdf) y unas notas de corte bien altas.

Y, así, hasta el infinito…

Haciendo las cuentas, la subida de tasas incumple la LOU

Una vez conocido el presupuesto presuntamente docente, determinar los precios públicos de los grados es cuestión de dividir entre el número de créditos que se imparten al año. Desgraciadamente, debemos volver a estimar la cifra puesto que los presupuestos sólo ofrecen el total agregado de grados y posgrados (pag. 155 vol 1). Para esta operación, baste multiplicar el número de estudiantes de grado (14.800, restando los post-grados y estudios hispánicos) por el número de créditos matriculados por estudiante de media en los últimos 4 años (62,37[1]) para obtener 923.172 créditos al año.

A partir de este cálculo llegamos al resultado de que el coste medio del crédito de la docencia de grado en la UC3M es 107,84 €, por lo que -según la LOU- la primera matrícula podría costar de media, como mucho, 26,96€ por crédito; la segunda 43,14 € y la tercera 80,88 €. Insisto en que se trata de precios medios, porque el coste de estudiar con manuales que se revisan 1 vez por década es distinto del de estudiar con software de cálculo de estructuras o equipos audiovisuales. Por este motivo los precios públicos varían según el grado de experimentalidad de los estudios; y los doctorados, másters y títulos propios tienen sus propios precios en relación con los costes de estas titulaciones.

Esto significa que el precio del crédito en los estudios de menor experimentalidad generalmente será inferior que la media[2], como también ocurrirá en los estudios y centros con mayor demanda por una mera cuestión de economías de escala. A riesgo de ser reiterativo, insisto una vez mas: los precios públicos deben determinarse en función del coste del servicio, por lo que deben ser distintos para cada titulación y para cada universidad, sin que pueda pretenderse que un estudiante de una carrera barata y con más demanda (pongamos económicas o empresariales) subvencione con su matricula el mayor gasto de planes de estudios sin estudiantes y/o que requieran medios más caros. Por mucho que los costes fijos comunes sean la mayor parte, no se puede pretender que cursar ingeniería industrial cueste 4 euros más por crédito (un 14,82% más) que sociología, a menos que a los segundos les incluyan los libros y el viaje de fin de curso en la matrícula.

Pues bien, exactamente eso pretende la UC3M al hacer uso de todo el margen de subida que le concede la Comunidad de Madrid en su último decreto. En el ejercicio de su autonomía universitaria no solo ha fijado el precio del crédito en primera matrícula para todas las titulaciones por encima del límite legal del 25% de los costes (27€ las más baratas), sino también incumplido el límite del 40% en segunda matrícula (50,53€ precio mínimo), el del 75% en tercera (94,75 € precio mínimo) y en cuarta matrícula obliga a pagar -como mínimo- el 117% del coste medio (126,34 €), cuando el máximo absoluto es el 100%.

Por mucho que los rectores se opongan a la subida, son las universidades las últimas responsables fijar los precios públicos, como se refleja en el artículo 2.1 del Decreto 60/2013 de la Comunidad de Madrid. Así pues, en teoría los precios son efectivamente máximos y cada centro puede decidir fijar unos inferiores siempre que el precio se mantenga dentro de los límites que marca la LOU, por lo que sorprende que el precio del crédito en todas las universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, UAH, URJC) sea el mismo ¿Pretenden que creamos que el coste por estudiante es igual en las penitenciarías facultades masificadas de la Complutense que en el bucólico campus de Colmenarejo, o están sufragando los estudiantes de unas universidades a los de otras?

Supongo que la explicación es mucho más sencilla: la Comunidad de Madrid no tiene dinero y ha decidido sanear sus cuentas a costa de los estudiantes y sus familias, bajo amenaza de que la universidad que no haga uso de todo el margen que se apruebe de subida se quedará sin la parte proporcional de la transferencia autonómica (principal fuente de financiación), puesto que de su comportamiento se deduce que no necesita más financiación. Si fuera el caso, sería un buen ejemplo de cómo la corrupción y el despilfarro los pagan quienes los consienten tarde o temprano.

En cualquier caso, todo parece indicar que la subida de tasas en la UC3M vulnera la LOU, situación que probablemente también se producirá en el resto de universidades madrileñas habida cuenta que la Carlos III es la universidad púbica con menos alumnos (17.750) y más campuses (4) de la región. Sería deseable que alguien advirtiera de tal eventualidad a los responsables de fijar los precios públicos antes de que a los más de 200.000 alumnos afectados se les ocurriera organizarse para presentar una demanda judicial colectiva contra el tasazo por incumplimiento de la LOU, reclamando el dinero cobrado de más y los intereses.

Sobre la anulación del tasazo

Para que cayera el tasazo, teóricamente bastaría con que un sólo alumno/a consiguiera recurrir con éxito en la vía contencioso-administrativa la anulación -por impago parcial- de su matrícula para el año 2013/2014[3]; siempre y cuando entre sus alegaciones se incluyera que los precios públicos aprobados por su universidad superan los límites máximos que establece la LOU para los estudios de grado. Si el tribunal apreciara tal circunstancia, deberían ser anulados y habría que devolver la diferencia entre las cantidades cobradas y los últimos precios públicos que cumplan los límites que establece la LOU.

No obstante, esperar a que alguien resuelva esta papeleta no parece ni demasiado solidario ni demasiado seguro; y siempre cabe la posibilidad de que en segunda o siguientes instancias algún alto tribunal limite la devolución de los precios públicos a aquellas personas que lo hubiesen reclamado, ya que el reembolso a todos los estudiantes implicaría la quiebra de la universidad afectada (quizás sea el objetivo último de la Comunidad de Madrid, aunque siempre estará en mano de los estudiantes afectados el facilitar un calendario de pagos que permita la supervivencia de la universidad).

Por eso, porque constituye el paso previo al recurso contencioso-administrativo, y porque es una medida efectiva de protesta, animo a aquellos/as estudiantes que quieran mostrar su rechazo al tasazo a que inauguren el académico inundando los registros de su universidad con reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades cobradas de más. Intentaré publicar aquí un modelo de instancia para aquellas universidades de las que dispongamos de estimaciones suficientemente aproximadas del precio real de la docencia (ver segundo comentario).

O LES PARAMOS LOS PIES AHORA O EL AÑO QUE VIENE NOS VUELVE A APRETAR.
#STOPtasazos

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[1] La cifra utilizada de créditos matriculado por alumno y año parece un poco elevada si tenemos en cuenta que un año académico son 60 créditos tanto en los grados (no dobles) como en los másters. Supongo que ello se debe a que la gente tiende a matricularse del año siguiente completo más las asignaturas que les hayan quedado. En cualquier caso, a la hora de estimar el coste por crédito me parece correcto asumir que los estudiantes se matriculan por cursos completos, ya que sería un poco absurdo determinar dicho coste en función del descenso de las matriculaciones producido por la subida de precios, que es el factor que se trata de calcular y llevaría a que los estudiantes paguen lo mismo independientemente del número de asignaturas de las que se matriculen. Por otra parte, si se prevén descensos en las matriculaciones deben ajustarse también los gastos de la universidad manteniendo el precio del crédito tan constante como lo permitan los costes fijos.

[2] En el supuesto de que se aplique el mismo porcentaje sobre gastos a todas las titulaciones, ya que la universidad podría perfectamente decidir que los estudios en los que no hay suficientes titulados para cubrir las demandas de la sociedad paguen un porcentaje menor dentro de los límites de la LOU (siempre que la diferencia la sufrague íntegramente la universidad, y no los alumnos de otros estudios con tasas más altas).

[3] El impago debería ser mínimo, de modo que cubra los costes reales de la docencia sin llegar al 100% de los precios públicos (devolución parcial del recibo o ingreso parcial en oficina bancaria). Los afectados sin recursos podrían litigar con un abogado de oficio gracias a la justicia gratuita.

Auto-Inmuno-Deficiencia policial

Aparentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad son los únicos que todavía no se han enterado de que se ha perpetrado el mayor fraude electoral de la historia de España (II, III, IV, V, VI y VII) con la intención de desvalijar las arcas públicas recurriendo al derecho internacional para saltarse la reformada Constitución y las leyes. De consumarse, el rescate del sector bancario convertirá a los españoles en esclavos por las deudas de otros… que el Estado asumió en nombre de todos.

Conforme avanza el saqueo, observamos asombrados como la policía acata y cumple con determinación las órdenes de los que nos despojan de derechos sociales, confiscan nuestro trabajo y patrimonio, endurecen las leyes para prohibirnos protestar, y amparan la impunidad de quienes nos atacan por el mero hecho de no resignarnos a contemplar como roban nuestro presente y futuro.

Esta enfermedad social hace tiempo que se conoce en el campo de la medicina. Gracias a esta disciplina sabemos que cuando el sistema inmune ataca al organismo ninguno de los dos sale bien parado… si no llega el tratamiento, el resultado es la muerte. Con los cuerpos y fuerzas de seguridad pasa lo mismo: cuando atacan la base sobre la que se sustentan las instituciones democráticas, se produce la muerte del Estado. Si no empiezan a desempeñar las funciones que le atribuye la Constitución, la ruptura social pronto degenerará en insurrección.

Si no te comportas como policía, no puedes ser considerado como tal

Quizás cuando lograste la plaza tu profesión era una vocación noble y digna, pero habéis hecho con ella lo mismo que los políticos le han hecho a la política. Que en las manifestaciones se coree “Si fuera policía, vergüenza me daría” es el corolario de una larga trayectoria de abusos policiales que cometes o consientes. Ya sabíamos que la policía miente y falsifica sus atestados, “pierde” grabaciones probatorias, incumple su obligación legal de ir identificada y de identificarsepara evitar denuncias falsas, y las verdaderas-, e infiltra agentes en manifestaciones pacíficas que acaban siendo detenidos por sus propios compañeros por provocar altercados (y II) ¿casualidad?.

Lo que no imaginábamos es que sacarais vuestra vena represora a la primera ocasión y con tanto descaro: acosar a personas que hablan de sus cosas en un espacio público esta mal, pero no tanto como realizar detenciones preventivas o por crímenes como leer la Constitución. Tampoco parece propio de una policía democrática fabricar pruebas incriminatorias, imponer el copago al derecho de reunión y manifestación (y II), torturar a los detenidos, censurar testimonios de agresiones, amenazar a la prensa e impedir que documente vuestras impecables intervenciones (II) o dedicarse a sembrar el pánico en la Estación de Atocha (II, III, IV, V y VI) mientras pasan los trenes, sin discriminar entre viajeros y manifestantes.

Uno esperaría que entre quienes supuestamente se dedican ayudar y proteger al prójimo -incluso a riesgo de su propia vida- fueran mayoría los que dan ejemplo con su comportamiento, y exhiben un valor e integridad moral por encima de la media… lamentablemente no es así. Hoy en día policía es sinónimo de arbitrariedad, de abuso de poder y de violencia del Estado; y lo sabéis.

Lejos de tranquilizar, la presencia de la policía inquieta porque sabemos que lo más que se puede esperar de sus agentes es que te den una paliza y te denuncien después. Que la palabra de un policía tenga presunción de veracidad en el ámbito administrativo es tan risible como terrorífico, habida cuenta de cómo utilizáis vuestra condición para quedar impunes de prácticas abusivas y desproporcionadas.

Pero como todos sabemos que el cumplimiento de las leyes sólo es obligatorio para el otro 99% de la población, os hablaré en términos que podáis entender y que demuestran el valor real de la palabra de un policía: Todos los días deshonráis el uniforme faltando al juramento que hicisteis. ¿Cuando os comprometisteis a “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” lo dijisteis en serio? ¿Cuándo empezareis a honrar esa promesa? Porque no podemos esperar mucho más.

¿Acaso no dice la Constitución que es vuestra misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades Y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104 CE)? No dice “o proteger, lo que significa que hay que hacer las dos cosas simultáneamente, no poner en peligro la seguridad ciudadana cuando se ejercen pacíficamente derechos y libertades, ni anteponer una cosa a la otra. Sí, ya se que eso es muy difícil, por eso policía no puede ser cualquiera.

Con ello no digo que no se actúe contra los violentos encapuchados que ensucian las pacifestaciones, que son tan pocos que se les podría detener sin alterar el orden público ni la manifestación, evitando así daños personales y materiales. Creo que es una estrategia que os interesa, porque las protecciones integrales que lleváis se ve que no son muy buenas: 27 policías heridos (un 42,19% del total) para detener a 35 personas y disolver los restos de una pacifestación de 6.000 personas máximo (y II). Aunque si esas lesiones son luxaciones varias por excesivo uso de la porra y a policías infiltrados pacificados por error igual no arreglábamos nada.

Tampoco digo que no se disuelvan las reuniones y manifestaciones ilícitas, que son las que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (art. 513 de Código Penal), así como aquellas en las que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, o en las que se haga uso de uniformes paramilitares (art. 5 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión)… siempre y cuando tal resolución se comunique previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista (mismo art. 5) y se ejecute conforme a la ley. Es decir, en la forma que menos perjudique (art 16.2 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), y avisando de tales medidas a las personas afectadas (art. 17 LOPSC) ¿Habéis probado a pedir amablemente que se despeje la plaza antes de cargar? Igual os sorprenderían los resultados.

Pero nada, vosotros empeñados en actuar al margen de la ley acatando ordenes que deberíais desafiar o -al menos- ignorar. ¿Acaso habéis olvidado que “en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes? (art. 5.1.d LOFCS). Claro, que cuestionar la orden ilegal de un superior requiere de un valor muy distinto del necesario para agredir a manifestantes pacíficos y desarmados a los que luego se acusa de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia mientras se los llevan al hospital, incluso cuando toda ha sido gravado en vídeo.

Sin embargo, por mucho que os deshumanicéis dando palos a estos pacifestantes, imbéciles no sois: sabéis tan bien como nosotros que el gobierno está cometiendo alta traición, que estáis acatando ordenes e imponiendo el cumplimiento de normas en clara contradicción con la Constitución española y -por tanto- sin ninguna fuerza legal; amen del ridículo realizado con la gestión de los detenidos (II, III) a los que se les imputan crímenes imposibles (y II).

También sabéis que vuestra violencia ya no asusta a nadie, ni quedará impune. Cada golpe que dais crea 10 nuevos pacifestantes (ver “ps serio” al final), y vosotros seguiréis siendo los mismos o menos. ¿Que dónde están los refuerzos? Ni los hay ni se les espera, porque el Estado no tiene dinero para más mercenarios ni hay suficiente gente dispuesta a renunciar a su dignidad para ganarse el pan agrediendo a quienes defienden sus mismos intereses. Mejor, así podréis echar más horas extra que muy probablemente no lleguéis a cobrar.

Pedís un trato diferente… y lo vais a tener, porque habéis elegido convertiros en un ejercito ocupante. Espero que todo el mundo os retire el saludo, os deje de hablar, os rehuya, deje de visitar los sitios que frecuentáis y os trate como el cáncer que sois hasta que el ostracismo os haga recapacitar y empecéis a servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Hasta que llegue ese día, seguiré haciendo lo que considero mi deber como ciudadano: desafiar de manera pública y sin violencia a los poderes del Estado con la intención de frustrar las leyes, políticas y decisiones que nos llevan a la ruina. Para ello, reduciré al máximo cualquier conducta que pueda generar ingresos para el Estado y ejerceré mis derechos constitucionales hasta que este sistema político colapse bajo su propio peso. Llegado el caso, también vulneraré la legalidad si fuera necesario, puesto que se ve que su cumplimiento ha dejado de ser obligatorio en este país.

Mientras desarrollo esta labor, entiendo que cualquier persona uniformada que no vaya debidamente identificada, se niegue a identificarse y/o trate de restringir el ejercicio de mis derechos sin causa justificada, de forma desproporcionada o sin observancia de la ley no es agente de policía y, en consecuencia, me reservo el derecho de emplear una respuesta proporcionada en legítima defensa, propia o de terceros.

Nos habéis declarado la guerra; sufrid ahora las consecuencias. ¡Todos los días son #25S! Volveremos hasta que se restaure la democracia en España.


Vídeo © 2012 La Sexta TV
Foto por https://www.facebook.com/14deabril

The union, el negocio tras la marihuana

Título original: The Union: The Business Behind Getting High | Ir al vídeo
Tema: Legalización de la marihuana. Evaluación 4.25/5.
Año 2007. Dur: 172′. Dirigido por Brett Harvey.
Web: http://www.theunionmovie.com/ IMDb.

The Union realiza un exhaustivo recorrido por los aspectos más llamativos y controvertidos de la prohibición (y criminalización) de la Cannabis sativa, una especie herbácea originaria del Himalaya capaz de crecer en casi cualquier lugar de la que se obtiene el Cáñamo: la fibra natural flexible más fuerte conocida, excelente para producir ropa más resistente que la de algodón, papel más duradero que el de celulosa, biocombustibles, etc… ; y la Marihuana: una sustancia psicoactiva con un demostrado potencial farmacológico que se ha utilizado desde la antigüedad como medicina, y que podría servir para producir alternativas libres y menos reactivas para los medicamentos más comunes, que sólo pueden fabricarse bajo licencia de las empresas farmacéuticas.

A principios del siglo XIX, el Cáñamo era el mayor cultivo agrícola del mundo, la materia prima de una gran cantidad de productos manufacturados y presentaba un enorme potencial industrial como sustituto de otros materiales en la elaboración de cientos de productos. Por así decirlo, era el plástico de la época, que cualquiera podía cultivar sin grandes problemas, lo cual atrajo la atención de los diferentes Gobiernos.

En 1937 se aprobó en EE.UU. la Marihuana Tax Act por la que los productores de Cannabis sativa debían adquirir una licencia gubernamental para poder operar legalmente. El problema era que no se otorgaban suficientes licencias para todos los productores, reduciendo artificialmente la disponibilidad de este cultivo para alegría de quienes controlaban el mercado de otras materias primas en competencia con el cáñamo.

Desde entonces, la producción se fue restringiendo progresivamente bajo el pretexto de controlar los efectos indeseables del uso recreativo de los derivados de la planta, como los problemas de salud que supuestamente produce su consumo (cuya existencia está discutida entre la comunidad científica (y II), sobre todo en adultos), la no observancia de las normas de segregación racial o el debilitamiento de la adhesión de la juventud hacia la guerra fría.

De hecho, el tratamiento diferenciado que recibe la marihuana respecto a otras sustancias cuyos efectos perniciosos para la salud y para la sociedad están ampliamente documentados por la ciencia, y corroborados por la estadística, hace sospechar que las razones para su prohibición deben ser otras. A diferencia del tabaco, su consumo prolongado no se asocia con la aparición de ninguna enfermedad. A diferencia del alcohol, no se conocen casos de agresiones inducidos por el abuso de marihuana. A diferencia de la cafeína o de algunos medicamentos con receta, no se ha atribuido ninguna muerte a una sobredosis.

Su consumo ni siquiera aparece entre los motivos más frecuente de muerte no natural, y su potencial adictivo es significativamente menor que el de la nicotina o el alcohol, las sustancias más adictivas conocidas -por encima de la heroína y la cocaína- cuyo consumo es legal y hasta está subvencionado con fondos públicos. Aunque puede crear hábito, su consumo puede ser fácilmente descontinuado y no genera un síndrome de abstinencia significativo. ¡Si hasta el café es más adictivo que la marihuana!.

Entonces, ¿qué sentido mantener la prohibición de una planta con un gran potencial industrial y muy dudosa peligrosidad? ¿Por qué tanto interés en mantenernos alejados de ella? ¿De qué nos quieren proteger? Cada año se dedican ingentes cantidades de recursos públicos a la prevención, lucha y rehabilitación a pesar de que la prohibición no sirve para reducir el consumo (como no sirvió con la Ley seca) ni la población de usuarios parece estar siendo diezmada por el consumo. De hecho, “nunca se ha clasificado la peligrosidad verazmente y ponderadamente de estas sustancias, y se trabaja con una lista elaborada en 1912.”

Aunque la prohibición no reduce el consumo ni la disponibilidad, ni protege a la sociedad de no se sabe muy bien qué, sí que produce otro tipo de resultados. En primer lugar, al empujarse a los consumidores hacia el mercado negro para abastecerse se facilita el acceso a drogas realmente peligrosas que también se distribuyen en este canal sin ningún control (como, por ejemplo, la restricción de venta a menores) ni garantía sanitaria alguna, y se financia a organizaciones criminales que controlan el mercado negro pagando altos precios por algo que -de ser legal- costaría unos céntimos. De hecho, sería tan barato que podría sustituir a otras sustancias intoxicantes mucho más caras como el alcohol o el tabaco.

También se aprecian consecuencias político-criminales, en la medida en que las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de la “Single Convention on Narcotic Drugs” (1961) convierten a la marihuana en una sustancia totalmente prohibida: los países pueden descriminalizar su consumo (es decir, determinar que es legal poseerla y consumirla en tu casa) pero no legalizar su uso o cultivo, por lo que es delito producirla, venderla o transportarla hacia allí.

Cómo se puede tener legalmente algo que no se puede comprar ni producir es una pregunta de difícil respuesta, cuyo desconocimiento no ha impedido que grupos políticos (activistas contra la guerra de Vietnam) o étnicos (judíos, negros) fueran perseguidos por posesión de esta sustancia. Es como si hoy en día los Gobiernos persiguiesen las descargas no autorizadas de materiales protegidos por derechos de autor porque hubieran detectado que quienes realizan este tipo de actividades son también quienes más activamente critican sus decisiones… ¿Una feliz coincidencia, o el neutral cumplimiento de la ley?

Una última consecuencia es la malversación de recursos públicos en mantener las campañas de criminalización de la marihuana, fomentando el miedo y la paranoia de la población, colapsando el sistema judicial y saturando el carcelario con presos cuasi-“políticos”, así como la continuación de una guerra de no se puede ni quiere ganar, pero que justifica la transferencia de una enorme riqueza desde los contribuyentes hacia las redes clientelares del poder.

A lo largo del documental se muestran ejemplos de pequeños productores de la Columbia Británica (Canadá) que cultivan marihuana en sus casas y de cómo esta actividad ilegal impulsa la economía local creando riqueza para quienes arriendan inmuebles para la producción, las empresas que se encargan de la carpintería, electrificación o el suministro de ínsumos para el cultivo, los podadores que preparan la cosecha para la distribución, los vendedores, los que cruzan la frontera con la mercancía, los bancos donde se almacenan los ingresos, abogados que dan asesoramiento legal, etc… Todos ellos forman “The Union“, una comunidad de intereses que directa o indirectamente se beneficia de la prohibición y disfrutan de unas mejores condiciones de vida gracias a ella.

Especialmente interesante es el análisis comparado de la prohibición respecto a crimines reales como homicidios o violaciones, del tratamiento más favorable que reciben otras sustancias más adictivas y con efectos más perniciosos para la salud y la sociedad como son el tabaco, el alcohol o el café, y de la hipocresía generalizada de las posiciones oficialistas sobre la materia. También reseñable es la última parte donde se habla de sobre su potencial farmacológico y ausencia de reacciones adversas, y como se posiciona la industria farmacéutica al respecto. De hecho, ya existen medicamentos cuyo complejo activo es una replica sintética del THC (Marinol), y experiencias exitosas en el tratamiento paliativo de varias dolencias incurables (p.ej. esclerosis múltiple) pese a estar clasificada como sustancia sin valor terapéutico alguno por la DEA.

Sin duda, la marihuana parece una droga peligrosa, lo que no está claro es para quién. El caso es que la lista de países que la han legalizando crece cada día, los últimos en “plante-árselo” han sido los Uruguayos

Como curiosidad, también enlazo el vídeo gubernamental Hemp for Victory!

Europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos

El rescate constituye una DEUDA ODIOSA que será repudiada por haberse otorgado a sabiendas de la insolvencia del país, y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor

Estimados amigos europeos, me siento en la obligación de advertiros de que si entregáis vuestro dinero para rescatar al sector financiero español, lo perderéis para siempre. Sabéis perfectamente que España está en quiebra técnica y que nuestro Gobierno miente más que habla (este y el anterior), y aún así vais a prestar hasta 100.000 millones de euros (equivalente al 16,39% de toda la deuda pública ya existente) a un país cuya economía se prevé se siga contrayendo durante los próximos años, con cifras récord de paro, perdida neta de población y un acelerado envejecimiento de la misma… ¿Cómo esperáis que os paguemos?

Si al menos ese dinero fuera a emplearse para reactivar la economía -y se lograra- todavía podríais recuperarlo con intereses. Pero no; se va a dilapidar en rescatar bancos quebrados. Es decir, en quedarnos como estamos, en subvertir los mecanismos de autorregulación de los mercados que tanto gustan cuando lo que hay que autorregular son las ganancias. Ni un sólo céntimo llegará a la economía real porque las cantidades de activos tóxicos a sanear superan con creces la cuantía del rescate.

Rescate que, por cierto, se solicita en un flagrante fraude electoral, incumpliendo las promesas con las que el PP ganó las elecciones y, por tanto, en abierta subversión del más elemental principio democrático. Rescate que es contrario a los interés de España y de los españoles, por suponer una renuncia inaceptable de soberanía y una carga que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos y del propio Estado. Rescate que está siendo contestado en las calles con creciente intensidad.

Rescate que, curiosamente, se hace sin dinero… ya que no lo aporta ni el Banco Central Europeo (el Estatuto del BCE no lo permite) ni el Fondo Monetario Internacional (el FMI depende de la Reserva Federal de EE.UU, que tiene sus propios problemas), ni ningún país europeo, americano, asiático o árabe. Al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) le queda margen para cubrir el rescate si es que encuentra a alguien le preste ese dinero (!?), problema que comparte con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ni siquiera existe todavía y al que se espera que entre España e Italia aporten un 30% de su capital total (!?). ¿Acaso pretendéis que paguemos intereses por un dinero que no tenéis, ni existe?

Estimados amigos europeos, no penséis que porque modificamos la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos vais a ver un euro. A diferencia de los países serios, la Constitución española sólo se cumple cuando interesa. Pero os digo más, el Gobierno y el actual orden constitucional será depuesto antes que devolver el dinero ¿A quien se le ocurre bajarle el sueldo a la fuerzas de seguridad cuando se suben salvajemente los impuestos y se le asesta al Estado del bienestar el golpe más mortífero en la historia del parlamentarismo español? No parece propio de alguien que quiera agotar la legislatura.

Por tanto, no os sorprendáis cuando nos neguemos a devolver ese dinero que nunca quisimos. Se trata de un ejemplo de libro de DEUDA ODIOSA, que será repudiada tan pronto se restaure la Democracia en España. Estoy seguro que, si no fuera el vuestro, veríais con claridad lo absurdo que resulta pretender la devolución de un préstamo irresponsablemente realizado a un Estado a sabiendas de su insolvencia, de su graves problemas estructurales, de su incapacidad para generar balances positivos, de que el dinero no será empleado para mejorar la productividad ni reactivar la economía, de la existencia de una fuerte oposición popular a la concesión del mismo, poniendo en peligro la viabilidad económica del Estado y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor.

Si, sí, ilegítimo, porque tanto da que la voluntad popular se haya subvertido mediante el uso de la fuerza o ganando unas elecciones a base de mentiras; y traidor por sus crímenes contra la soberanía, la seguridad y la independencia del Estado. En el código penal se tipifican como delitos el publicar y ejecutar ordenes y disposiciones de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia del Estado (art. 589 CP), facilitar a los enemigos de la nación medios directos y eficaces para hostilizar a España (art. 583.2. CP, lástima que sólo sea punible cuando se ayuda a las tropas enemigas, no a sus funcionarios), y el inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España (art. 581 CP, que es lo que probablemente ocurra cuando traten de recuperar el rescate). Me pregunto qué juez o policía tendría el valor de detener a los miembros del Gobierno si apreciara que se pudiera estar cometiendo alguno de estos delitos. Pues ninguno, claro, “en España hace años que hay una huelga indefinida del derecho y la justicia“, como dice Anguita.

Si a sabiendas de todo esto insistís en rescatarnos, asumir las consecuencias de vuestros actos. Alguien hará buen uso de vuestra donación, pero no serán los españoles; el dinero del rescate acabará en manos de los acreedores del sistema financiero español que -oh, casualidad- son VUESTROS propios bancos. ¿De eso se trata, no?. De esclavizar a una nación a través de la deuda; de que las generaciones presentes y futuras de españoles rescatemos a VUESTROS bancos. No gracias, ya tenemos bastante con soportar a los nuestros.

Insisto amigos europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos. Avisados estáis.

Reforma Constitucional: Los acreedores primero

La reforma del art. 135 de la Constitución proclama un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores antes que a sus ciudadanos? Pues ninguno. Por desgracia, nos exigen garantías adicionales para seguir prestándonos, y necesitamos más dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

El pasado 23 de agosto Zapatero convocaba al Congreso para anunciar, por sorpresa, la presentación de una reforma de la Constitución con la que fijar el límite de déficit del Estado, y garantizar la “estabilidad presupuestaria” por mandato constitucional. La iniciativa, pactada previamente con Rajoy y respaldada por la Unión Europea, se concretó en apenas 48 horas, y se está tramitando de manera urgente para que entre en vigor antes de que se disuelvan las Cortes.

En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

Igualdad, también de voto

El igual valor de los votos es un requisito indispensable para la democracia, pero el tamaño de las circunscripciones devalúa el voto de 20 millones de españoles en favor de otros 10 millones, que están sobrerrepresentados. Afortunadamente, basta cambiar un sólo número en la Ley orgánica del Régimen Electoral Central para equiparar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales.

Uno de los pilares del sistema democrático es que el valor del voto debe ser igual para todos en todas partes, algo que no se cumple en España, y que ha dado lugar a preguntas tan célebres como ¿porqué el voto emitido en Soria vale más de cinco veces lo que vale ese mismo voto emitido en Madrid?, e infografías tan interesantes como la de “cuánto vale tu voto“.

El motivo de que esto ocurra es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece –en su artículo 162.2– una asignación inicial de 2 escaños por provincia, repartiendo el resto en función de la población. Semejante sistema, aplicado en un país con unos contrastes demográficos tan acentuados como el nuestro, provoca que el 53,85% de las provincias (las 28 menos habitadas) elijan uno o más representantes de los que proporcionalmente les corresponderían, a costa de las 8 más pobladas… que representan el 15,39% de las circunscripciones, pero en las que vive casi la mitad de la gente.

De hecho, nuestro sistema para el cálculo del tamaño de las circunscripciones es tan contrario al más elemental de los principios democráticos, que hasta el Consejo de Estado ha propuesto -entre otras cosas- reducir la asignación inicial de cada provincia a 1 escaño, repartiendo el resto (pg. 154). En este artículo se compara el sistema actual y la propuesta del Consejo de Estado con otro de cosecha propia: que se repartan el total de Escaños que componen el Congreso en función directa de la población, garantizándose que en cada circunscripción se elija, al menos, uno.

Los tres sistemas en acción

La siguiente tabla muestra, para cada provincia española, la asignación de escaños que recibiría en función de los datos de población publicados a finales de 2007 con cada uno de los tres sistemas, así como la proporción de habitantes por escaño con dicha asignación y la desviación de ese dato respecto a la media nacional. En amarillo se muestran las provincias que están sobrerrepresentadas en el Congreso (al menos, 10.000 habitantes por escaño por debajo de la media nacional), mientras que en rojo están infrarrepresentadas (al menos, 10.000 habitantes por escaño por encima de la media nacional).

Tamaño de las circunscripciones en función del sistema de cálculo utilizado
2 escaños iniciales
(sistema actual)
Provincia
(Habitantes)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1 (prop. ReadyforTomorrow)
DesviaciónHab x EscEsc.Esc.Hab x EscDesviaciónEsc.Hab x EscDesviación
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre el padrón a enero de 2007,
publicado en el Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre.
+75,84%31.1983SORIA
(93.593)
246.797+63,76%193.953+27,56%
+62,82%48.0153TERUEL
(144.046)
272.023+44,23%1144.046-11,54%
+58,88%53.1073SEGOVIA
(159.322)
279.661+38,32%1159.322-23,37%
+56,47%56.2133ÁVILA
(168.638)
284.319+34,71%1168.638-30,58%
+55,27%57.7603PALENCIA
(173.281)
286.641+32,91%1173.281-34,18%
+49,09%65.7463ZAMORA
(197.237)
298.619+23,64%298.619+23,64%
+46,23%69.4401MELILLA
(69.440)
169.440+46,23%169.440+46,23%
+45,44%70.4583CUENCA
(211.375)
2105.688+18,16%2105.688+18,16%
+43,19%73.3693HUESCA
(220.107)
373.369+43,19%2110.054+14,78%
+42,16%74.6923GUADALAJARA
(224.076)
374.692+42,16%2112.038+13,25%
+40,87%76.3654ÁLAVA
(305.459)
3101.820+21,16%2152.730-18,26%
+40,68%76.6031CEUTA
(76.603)
176.603+40,68%176.603+40,68%
+40,19%77.2424LA RIOJA
(308.968)
3102.989+20,25%2154.484-19,62%
+34,78%84.2324OURENSE
(336.926)
3112.309+13,04%3112.309+13,04%
+31,99%87.8324SALAMANCA
(351.326)
3117.109+9,32%3117.109+9,32%
+31,24%88.7944LUGO
(355.176)
3118.392+8,33%3118.392+8,33%
+29,15%91.4934BURGOS
(365.972)
3121.991+5,54%3121.991+5,54%
+24,09%98.0284ALBACETE
(392.110)
498.028+24,09%3130.703-1,21%
+22,97%99.4775LEÓN
(497.387)
4124.347+3,72%4124.347+3,72%
+22,93%99.5345HUELVA
(497.671)
4124.418+3,66%4124.418+3,66%
+21,00%102.0245CIUDAD REAL
(510.122)
4127.531+1,25%4127.531+1,25%
+20,34%102.8834CÁCERES
(411.531)
4102.883+20,34%3137.177-6,22%
+19,85%103.5044LLEIDA
(414.015)
4103.504+19,85%3138.005-6,86%
+19,21%104.3325VALLADOLID
(521.661)
5104.332+19,21%4130.415-0,98%
+14,21%110.7906JAÉN
(664.742)
5132.948-2,95%5132.948-2,95%
+12,44%113.0776BADAJOZ
(678.459)
6113.07712,44%5135.692-5,07%
+12,37%113.1697CÓRDOBA
(792.182)
6132.030-2,23%6132.030-2,23%
+11,29%114.5655CANTABRIA
(572.824)
5114.565+11,29%4143.206-10,89%
+11,22%114.6565CASTELLÓN
(573.282)
5114.656+11,22%4143.321-10,98%
+10,31%115.8246GUIPÚZCOA
(694.944)
6115.824+10,31%5138.989-7,62%
+8,86%117.6986GIRONA
(706.185)
6117.698+8,86%6117.698+8,86%
+6,17%121.1755NAVARRA
(605.876)
5121.175+6,17%5121.175+6,17%
+2,54%125.8669CORUÑA (A)
(1.132.792)
9125.866+2,54%9125.866+2,54%
+2,20%126.2996TARRAGONA
(757.795)
6126.299+2,20%6126.299+2,20%
+2,20%126.3007GRANADA
(884.099)
7126.300+2,20%7126.300+2,20%
+1,79%126.8299VIZCAYA
(1.141.457)
9126.829+1,79%9126.829+1,79%
+0,95%127.9245TOLEDO
(639.621)
5127.924+0,95%5127.924+0,95%
+0,24%128.8318BALEARES
(1.030.650)
8128.831+0,95%8128.831+0,95%
+0,00%129.145350ESPAÑA
(45.200.737)
350129.145+0,00%350129.145+0,00%
-0,14%129.3275ALMERÍA
(646.633)
5129.327-0,14%5129.327-0,14%
-0,87%130.2668LAS PALMAS
(1.042.131)
8130.266-0,87%8130.266-0,87%
-3,15%133.2157ZARAGOZA
(932.502)
7133.215-3,15%7133.215-3,15%
-3,87%134.1499CÁDIZ
(1.207.343)
9134.149-3,87%9134.149-3,87%
-4,04%134.3588ASTURIAS
(1.074.862)
8134.358-4,04%8134.358-4,04%
-4,83%135.3777PONTEVEDRA
(947.639)
7135.377-4,83%7135.377-4,83%
-8,83%140.5467TENERIFE
(983.820)
8122.978+4,78%8122.978+4,78%
-17,51%151.75210MÁLAGA
(1.517.523)
11137.957-6,82%12126.460+2,08%
-19,33%154.10612SEVILLA
(1.849.268)
13142.251-10,15%14132.091-2,28%
-19,77%154.6809MURCIA
(1.392.117)
10139.212-7,79%11126.556+2,00%
-20,33%155.40516VALENCIA
(2.486.483)
17146.264-13,26%19130.868-1,33%
-28,49%165.93311ALICANTE
(1.825.264)
13140.405-8,72%14130.376-0,95%
-33,20%172.01731BARCELONA
(5.332.513)
36148.125-14,70%41130.061-0,71%
-34,55%173.76335MADRID
(6.081.689)
41148.334-14,86%47129.398-0,20%
25,79%33.302,09DESVIACIÓN TÍPICA23.026,0617,82%18.200,1214,10%

Como se puede observar, conforme se reduce el número de escaños inicialmente asignados a cada circunscripción, se reduce también la distancia entre el número de habitantes por escaño en todas las provincias y la media nacional. Idealmente, el valor en todas ellas debiera practicamente el mismo, algo imposible de lograr sin incrementar el número de diputados más allá de los 400.

El gráfico anterior muestra visualmente cómo se distribuyen las desviaciones de las provincias respecto a la media nacional según el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones que se utilice. Como se puede apreciar, la asignación de 0 escaños iniciales es el que más circunscripciones sitúa dentro del margen de desviación “aceptable”, indicado por el recuadro gris (±10%). Sistema que, por cierto, ofrece la ventaja adicional de incrementa sensiblemente el numero de españoles y españolas “adecuadamente” representados/as en el Congreso al no estar direccionalmente sesgado en favor de las circunscripciones pequeñas.

De hecho, pasamos de los más de 20 millones de Españoles infrarrepresentados (y 10 millones de sobrerrepresentados) con el sistema actual de 2 escaños fijos a 2,5 millones de infrarrepresentados (y 1,5 millones de sobrerrepresentados) con el sistema de 0 escaños fijos, que es lo más cerca que se puede estar de la plena igualdad valor del voto sin recurrir a la circunscripción única.

Los problemas de la Circunscripción Única

La circunscripción única es el sistema que utilicé en mis simulaciones de los resultados electorales de 2004 y 2008 para comparar el sistema D’Hondt provincial con el D’Hondt y el Droop nacional sin barrera electoral. En ella, se suman todos los votos para repartir todos los escaños, logrando que la igualdad de voto sea perfecta y efectiva, aunque su utilización plantea otros problemas que me hacen preferir la circunscripción provincial.

El más importante de todos es que no garantiza que la composición del Congreso refleje adecuadamente la distribución territorial del país. Alguno pensará “¡si para eso está el Senado!”… pues no. No porque en el sistema político español el que manda es el Congreso (que elije y fiscaliza al ejecutivo, decide sobre los presupuestos generales del Estado y puede anular por mayoría las enmiendas que haga el Senado a los proyectos de ley), y porque -aunque no fuera así- me parece suficientemente importante que en el mismo haya delegados de todos los rincones del país… que cualquier español/a tenga un diputado a menos de 100Kms de su casa bien vale sacrificar el mínimo imprescindible de igualdad de voto.

La circunscripción provincial permite que sepamos quienes son los diputados por Teruel (aunque quizás no ejerzan como tales), cosa que sería difícil de saber en un sistema de circunscripción única que -además- no garantiza que los haya, ya que su existencia quedaría supediatada a que los partidos capaces de obtener 52 escaños o más colocaran en posición de resultar elegidos a representantes de cada provincia. Ciertamente, se podría obligar por ley a que todas las circunscripciones estén representadas en los primeros puestos de las candidaturas, lo cual generaría situaciones como que CiU tuviera un diputado por Alicante/Cuenca, o que hubiera 2 representantes de Melilla en el Congreso (uno de cada gran partido)… por no hablar de la limitación que una medida así supondría para la libertad, que los afiliados de un partido deberían tener, para elegir el orden y composición de sus listas.

Otros problemas graves que plantea la circunscripción nacional es que dificulta la implantación de sistemas de listas desbloqueadas o, incluso, abiertas, ya que habría hasta 350 candidatos/as entre los que elegir nuestras preferencias; y también está el problemilla de que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia (art. 68.2 CE). Por todo ello, me parece una alternativa peor que la circunscripción provincial, habida cuenta de que no impide que se pueda lograr una proporcionalidad casi tan buena como con la circunscripción única con el sistema electoral adecuado.

Consecuencias electorales de los tres sistemas

Optar por uno u otro sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones no hubiera afectado significativamente al desenlace de las pasadas elecciones, aunque sí que hubiera alterado la composición territorial del Congreso al trasladarse escaños desde las provincias más despobladas hacia las grandes circunscripciones (sobre todo, Madrid y Bacelona). La tabla siguiente muestra cuales hubieran sido los resultados de las elecciones generales de 2008 con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, manteniendo el reparto D’Hondt.

En ella se observa como, según se reduce la asignación inicial de escaños (es decir, se iguala el valor del voto en todo el país), CIU -y en menor medida ERC- se ven beneficiadas por el crecimiento del tamaño de Barcelona; el PNV pierde peso al ajustarse el tamaño de las circunscripciones vascas a su población real, e IU dobla su representación gracias a Madrid y Barcelona (cosa que no ocurre con UPyD). Por su parte, el PP es el partido más perjudicado porque pincha en Barcelona, y sus resultados en las otras grandes circunscripciones no es suficiente para compensar la sangría de diputados en las pequeñas.

Resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción
PartidoVotos%
Votos
2 Esc. iniciales1 Esc. inicial0 Esc. iniciales (min 1)
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre los resultados de las elecciones generales de 2008 utilizando el padrón del Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, para calcular el tamaño de las circunscripciones.

* Los resultados no concuerdan con los oficiales porque el tamaño de las circunscripciones se calculó sobre otros datos de población, de modo que las provincias de CÓRDOBA, CORUÑA y VIZCAYA tenían un escaño de más, que les hubera correspondido a ALICANTE, ALMERÍA y MURCIA. Desconozco la reglamentación para determinar la base sobre la que se aplica el artículo 162 de la Ley Orgánica de 19 de junio, del Régimen Electoral… pero teniendo en cuenta que las elecciones se convocaron el 15 de enero y mis cálculos se basan sobre el censo oficial del 14 de diciembre, probablemente haya un error en el Real Decreto de convocatoria (PPeros, os han robado un escaño)

PSOE11.288.69844,36%168*48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%
PP10.277.80940,39%155*44%+3,61%153
(-2)
43,71%+3,32%152
(-3)
43,43%+3,04%
CIU779.4253,06%102,86%-0,21%11
(+1)
3,14%+0,08%12
(+2)
3,43%+0,37%
PNV306.1281,20%61,71%+0,51%5
(-1)
1,43%+0,23%4
(-2)
1,14%-0,06%
ERC291.5321,17%30,86%-0,31%3 (=)0,86%-0,31%4
(+1)
1,14%-0,03%
IU969.8713,81%20,57%-3,24%4
(+2)
1,14%-2,67%4
(+2)
1,14%-2,67%
BNG212.5430,84%20,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%
CC-PNC174.6290,69%20,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%
UPyD306.0791,20%10,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%
NA-BAI62.3980,24%10,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%
DESV. TIP2,09%1,93%1,88%

Aunque la mejora de la proporcionalidad en los resultados electorales no es muy significativa, la igualdad de voto es un requisito indispensable para la democracia, que justifica -por sí solo- la aplicación de alguno de los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones.

De aplicarse alguna de las propuestas, millones de españoles/as pasarían a estar mejor representados (numéricamente) en el Congreso y, posiblemente, presenciaríamos un cambio en el comportamiento de los electores: en Madrid (con hasta 47 escaños) y Barcelona (con hasta 41) el voto útil podría atenuarse con el consiguiente incremento de las posibilidades de que otras alternativas políticas ganen fuerza en el Congreso e, incluso, consigan representación por primera vez.

De hecho, en ambas circunscripciones, cualquier fuerza política que lograse presentarse podría conseguir un escaño con menos votos (~68.000) que el valor medio del escaño a nivel nacional (74.000 votos/escaño en 2008) si no fuera por la barrera electoral del 3%, cuya legitimidad es discutible cuando el valor del escaño está por debajo de la misma: si un escaño representa el 2,12%/2,54% del total, ¿cómo se justifica que sea necesario el 3% de los votos para ganarlo?.

Por todo lo expuesto, creo que resulta urgente e importante reformar el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones antes de la próxima cita electoral, ya que parece claro que -cambiando un sólo número- se puede acercar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales un 7,69% (1 escaño inicial) o un 10,18% (0 escaños iniciales) respecto al sistema actual. Ahora hay que convencer a sus señorías para que hagan lo correcto, aunque sea por los motivos equivocados.

Cómo evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP con una sencilla reforma legislativa

Una sencilla modificación del artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que reduzca a 1 o 0 la asignación inicial de escaños a cada provincia podría evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP, y se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea más o menos el mismo y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso

Estimado/a diputado/a socialista,

Dado que le han fastidiado las vacaciones con el tema de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y aprovechando que las Cámaras están reunidas, le hago participe de una sencilla reforma que está en sus manos hacer para evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP en las próximas elecciones: modificar el artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (y el 162.3) para que la asignación inicial de escaños a cada provincia en el cálculo del tamaño de las circunscripciones sea de 1 o 0, según les convenga.

Como planteo en mi último artículo, la medida no sólo se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea equipare parcialmente y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso, sino que también les servirá para minimizar la debacle que se les viene encima y -quien sabe- conseguir que si gobierna Rajoy, lo haga sólo durante 4 años.

Si observa la simulación de los resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción observará que la reforma propuesta sólo perjudica al PNV y al PP, partidos claramente privilegiados con el sistema actual, por lo que no les debería costar demasiado reunir los votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria.

A CiU la medida les beneficia claramente: con estos votos, y los suyos, ya suman 180. No obstante, podrían atraer a la causa también a Esquerra, IU, CC-PNC y UPyD, habida cuenta de que -pese a no beneficiarse directamente con los datos de 2008- el crecimiento del tamaño de Tenerife, Barcelona y Madrid hace más difícil que pierdan su actual representación, y les sitúa un poco más cerca de incrementarla.

Además, estoy seguro que el jefe de comunicación del candidato Rubalcaba sabrá cómo convertir esta idea en una campaña de lavado de imagen del partido socialista, que buena falta les hace. Mientras “los que no creen en el valor igual de los votos” califican la reforma de atraco y recurren al Constitucional, el partido socialista resurge de sus cenizas como el paladín de la democracia… y con la coartada perfecta: no sólo no se benefician sobre el papel, sino que la idea la propuso el Consejo de Estado.

Es posible que, bien ejecutada, esta campaña les sirva para recuperar a los menos indecisos y desengañados o, al menos, para frenar la sangría en intención de voto. Desde luego, con el mío no cuenten, ya que aunque no quiero que gobierne el PP, jamás votaría al PSOE para evitarlo. No soy tan tonto como no darme cuenta de lo cercanas que son sus posturas en los asuntos realmente importantes, y el peligro que representa el entendimiento entre ustedes. Al fin y al cabo, del bipartidismo al partido único sólo hay un pequeño paso.

La pregunta es… ¿Cuán grande será la caída?

Con el actual sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones, al PP le basta que el 13% de los votantes socialistas se cambien de bando (o el 22% de los socialistas se abstuvieran) para conseguir mayoría absoluta. Sin embargo, no alcanzaría esa mayoría absoluta si se aplicase alguno de los dos sistemas alternativos propuestos en el artículo.

Resultados electorales en función del sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos.
PP176
(10,278)
176
(11,614)
170
(10,278)
171
(11,614)
172
(10,278)
174
(11,614)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
145
(8,805)
148
(9,821)
140
(8,805)
144
(9,821)

De hecho, analizando los diferentes resultados que depararía el escenario propuesto, y las circunstancias en las que el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones, parece que la mejor alternativa es optar por la propuesta del Consejo de Estado (1 escaño inicial por circunscripción).

Mayorías absolutas del PP según el sistema de cálculo del tamaño de la circunscripción
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -30%
PP =
PSOE -18%
PP +18%
PSOE -25,5%
PP =
PSOE -14%
PP +14%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos
PP176
(10,278)
176
(11,614)
176
(10,278)
176
(12,025)
176
(10,278)
176
(11,716)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
136
(7,902)
141
(9,370)
136
(8,433)
142
(9,708)

De optarse por dicha alternativa, el pacto probablemente sería sólo con CiU y -posiblemente- serían necesarias medidas adicionales, como derogar la última modificación del artículo 169.3 de la LOREG. La lógica de esta derogación es clara: mientras que el PP puede captar a los votantes de partidos extraparlamentarios de (extrema) derecha que no logren presentarse, los de izquierdas y “otros” dificilmente votarán al PSOE (¿o acaso ven a los votantes de C’s, PACMA, PAR, CHA, ARALAR, PUM+J, LOS VERDES… votando al PSOE?).

En cualquier caso, creo que la propuesta bien vale el intento aunque eso implique retrasar un poco las elecciones. Cierto que ver las cargas policiales contra los falangistas en la Cruz de los Caidos en plena jornada electoral (20N) es una publicidad impagable, pero mejor retrasar un mes las elecciones que prolongar cuatro años más la travesía del desierto en la que se embarcan.

Hagan lo que hagan, publicaré en esta misma entrada la simulación de los resultados de las próximas elecciones con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, para que sepan si su decisión fue la acertada o no.

Demócratas antisitema

Las movilizaciones del 15M han congregado en las plazas de toda España a miles de personas reclamando -al unísono- una democracia real a pocas horas de que se celebre otra “fiesta” en su nombre, pero sin su presencia. Mientras, desde la clase política y los medios, se alzan las voces de quienes dicen comprender la indignación generalizada al mismo tiempo que tachan de antisistema a los miles de participantes que exigen -pacíficamente, con un nivel de civismo digno del más idealizado país nórdico y, muchos de ellos, sin saberlo- que se cumpla la Constitución. Yo soy uno de ellos.

Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

Ayuda para presentarse a las elecciones

Estimados/as lectores/as, tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Resulta que me quiero presentar a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid o, al menos, al Ayuntamiento de Madrid, pero la ley electoral me exige que vaya acompañado de -ni más ni menos- 129 y 57 candidatos/as respectivamente (al menos todavía no me piden firmas como aval). Aunque conozco a mucha más gente que entiende que los políticos son el problema, desgraciadamente no conozco a tantos que comprendan que la política es la única salida civilizada al mismo.

Hace tiempo que me aburrí de manifestaciones, recogidas de firmas, de escribir a “mis representados” y de protestas por el estilo. Aun siendo muy loables todas estas iniciativas, ninguna de ellas puede hacer mella en el sistema porque, mientras no haya consecuencias políticas o jurídicas, da igual todo lo que hagamos. Para hacer la limpieza que muchos reclaman es necesario que algunos se arremanguen y bajen a la arena política, porque el poder nunca se cede, siempre se arrebata de las manos de los que antes se aferraron a él.

Este fue el motivo que me llevó a cofundar hace ya más de 3 años Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD), un partido con un proyecto tan sencillo como necesario: lograr la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos sobre los pilares del respeto a los Derechos Humanos, la promoción del Estado del bienestar y el desarrollo de una verdadera Democracia, sin necesidad de intermediarios.

Por ahora somos un partido pequeño: no tenemos pretensiones de gobernar, ni estamos en condiciones de hacerlo. Para estas próximas elecciones nos conformamos con ofrecernos voluntarios como portavoces de la ciudadanía y vigilantes de los gobiernos municipales y autonómicos. Consideramos que, para que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de influencia y decisión en el ámbito político, necesita portavoces a su servicio -no al de sus partidos- en las Asambleas Legislativas y en los plenos municipales… personas que gobiernen para nosotros, por nosotros y con nosotros. Eso es lo que pretendemos.

Sin embargo, para lograr este objetivo no sólo hace falta que la gente así lo decida con su voto, antes es necesario formar candidaturas a las que poder votar, y ahí es donde entras tu. En muchos municipios ya hay grupos organizados que están formando candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD (tu también puedes organizar una si quieres antes del 28 de marzo); sin embargo, en Madrid -mi ciudad, donde pretendo presentarme- faltan candidatos/as.


Ver Candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD en un mapa más grande

Nos encontramos en una encrucijada en la historia: el sistema político ha dejado de ser de utilidad a la mayoría de la población, y debe reformarse o morir. Las elecciones de los próximos 2 años son propicias para un cambio real, no basado en la alternancia sino en la adopción de nuevo modelo basado en los ejes sobre los que articula el proyecto político con el que me identifico: acabar con la diferenciación entre gobernantes y gobernados, y hacer que la gestión política responda a los intereses y necesidades de las personas.

Reconozco que no tengo del todo claro cómo se logrará, pero sí que tengo claro que tengo algo que aportar y que el camino empieza por presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada. Aunque parece poco probable que aparezcan los/las candidatos/as para poder presentarnos, y que luego la gente nos vote, sólo lo sabremos intentándolo.

Por eso te pido tu ayuda, y la de tus conocidos, y la de muchas otras personas anónimas que quieran ayudar a completar las listas para que haya más alternativas, más competición y, sobre todo, para que nuestras propuestas se oigan. Los dos sabemos que los problemas de España con la política y los políticos no van a resolverse solos. Si quieres ayudarme, yo quiero intentarlo; pero no puedo presentarme sólo.

Quizás te retraiga el hecho de no conocerme; bueno, yo tampoco te conozco a ti pero -de todas formas- estás invitado o invitada a participar. Por muy mal que lo hagamos, no puede ser peor de lo que ya tenemos (para un ejemplo, véase el vídeo).

Si quieres colaborar, es tan fácil como rellenar la declaración aceptando la candidatura (pdf editable | versión para imprimir) y enviarla, junto a una fotocopia del DNI, a la dirección que se indica al pie de la hoja ANTES de que se acabe el plazo (18 de abril). Obviamente, todo integrante de la lista tiene derecho a participar y decidir sobre el programa electoral, que elaboraremos en el caso de que aparezcan los candidatos.

Para los más desconfiados estoy dispuesto a recoger la documentación en mano en la plaza de aluche a una hora prefijada (laborables de 17h a 20:30h). Así podrás comprobar en persona a quién estás apoyando, y conocer a uno de los candidatos al que -esperemos- podrás votar en mayo.

Decidas lo que decidas, muchas gracias por tu tiempo e interés, y buena suerte en las elecciones. Por mi parte, si logro presentarme esta esta vez, ten por seguro que lo intentará de nuevo en 2012.

La otra barrera electoral

Me entero por el BOE, gracias al aviso de I’m Dario, de algo de lo que -según parece- no se han informado en los medios de comunicación. Resulta que, a partir de ahora, a las elecciones al Congreso y al Senado:

Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria […] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

Partidos políticos que lograrán presentarse al Congreso tras la reforma
PartidoMadridBarcelona
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL1.401.7851.309.171
PARTIDO POPULAR1.737.688470.677
CONVERGENCIA I UNIO547.993
IZQUIERDA UNIDA / INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA164.595155.674
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA184.558
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA132.0955.179
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA¹24.220
LOS VERDES-GRUPO VERDE / ELS VERDS – L’ALTERNATIVA ECOLOGISTA¹10.87512.561
LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID¹9.925
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL¹4.7558.153
PARTIT REPUBLICA CATALA¹4.250
¹ Partido que deberá reunir firmas menos firmas que votos obtuvo en 2008
Fuente: Ready for tomorrow

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Candidaturas políticas al Congreso en peligro de extinción (2012)
CircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin ParlamentariosCircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin Parlamentarios
Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.
A Coruña17 (100%)12 (70,58%)10 (58,82%)La Rioja18 (100%)14 (77,77%)12 (66,66%)
Álava20 (100%)15 (75,00%)8 (40,00%)Las Palmas24 (100%)19 (79,16%)16 (66,66%)
Albacete18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)León24 (100%)20 (83,33%)17 (70,83%)
Alicante27 (100%)23 (85,18%)16 (59,25%)Lleida28 (100%)22 (78,57%)19 (67,86%)
Almería20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Lugo16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Asturias29 (100%)25 (86,20%)22 (75,86%)Madrid37 (100%)33 (89,19%)30 (81,08%)
Ávila25 (100%)21 (84,00%)20 (80,00%)Málaga21 (100%)17 (80,95%)12 (57,14%)
Badajoz17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Melilla8 (100%)5 (62,50%)3 (37,50%)
Barcelona32 (100%)26 (81,25%)21 (65,62%)Murcia22 (100%)18 (81,81%)16 (72,72%)
Burgos26 (100%)22 (84,61%)17 (65,38%)Navarra21 (100%)16 (76,19%)11 (52,38%)
Cáceres20 (100%)16 (80,00%)12 (60,00%)Ourense16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Cadiz18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)Palencia19 (100%)15 (68,75%)11 (56,25%)
Cantabria20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Pontevedra17 (100%)12 (70,58%)9 (52,94%)
Castellón28 (100%)23 (82,14%)17 (60,71%)Salamanca22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Ceuta11 (100%)7 (63,63%)3 (27,27%)Sta C. Tenerife24 (100%)19 (81,82%)15 (72,73%)
Ciudad Real20 (100%)16 (80,00%)15 (75,00%)Segovia23 (100%)19 (82,61%)16 (69,57%)
Córdoba18 (100%)14 (77,77%)11 (61,11%)Sevilla19 (100%)15 (78,95%)12 (80,00%)
Cuenca19 (100%)15 (78,95%)14 (73,68%)Soria17 (100%)13 (76,47%)7 (41,18%)
Girona28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)Tarragona28 (100%)22 (78,57%)18 (64,29%)
Granada22 (100%)18 (81,82%)15 (68,18%)Teruel21 (100%)17 (80,95%)14 (66,67%)
Guadalajara23 (100%)19 (82,61%)15 (65,22%)Toledo22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Guipuzcua19 (100%)14 (73,68%)9 (47,37%)Valencia28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)
Huelva17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Valladolid21 (100%)17 (80,95%)11 (52,38%)
Huesca21 (100%)17 (80,95%)13 (61,90%)Vizcaya21 (100%)16 (76,19%)10 (47,62%)
Islas Baleares20 (100%)16 (80,00%)11 (55,00%)Islas Baleares17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)
Jaen19 (100%)15 (78,95%)13 (68,42%)Zaragoza23 (100%)19 (82,61%)14 (60,87%)

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

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