El Rey no es inviolable, y lo saben

Políticos, jueces, y medios de comunicación llevan más de cuarenta años mintiéndonos a la cara descaradamente con que el Rey es total y absolutamente inviolable cuando, conforme a los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional y los principios generales del derecho, no puede serlo

Como en toda obra del ser humano, en la Constitución del 78 a veces encontramos cosas que no encajan: imperfecciones, contradicciones. ¿Cómo resolver estas tensiones dentro de un texto que es el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, cuyo contenido íntegro es total y absolutamente correcto para dicho ordenamiento?

Pues si atendemos a lo que dice el Tribunal Constitucional reiteradamente en sus sentencias, cuando “se genera cierto grado de tensión interpretativa en el interior de la Constitución… [e]ste elemento de tensión no puede ser resuelto desde uno de sus extremos, sino, por el contrario, y como venimos haciendo a partir de una interpretación sistemática y global de los preceptos constitucionales implicados; dicho de otro modo, sólo puede ser resuelto desde el principio de unidad de la Constitución” (STC 179/1994 FJ5 In fine).

¿Qué significa esto del principio de unidad de la Constitución?, pues que la Constitución “es un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás, es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática” (STC 154/2006, de 22 de mayo FJ4 in fine). Por tanto, “la interpretación de los preceptos constitucionales ha de hacerse de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en cuenta el contenido íntegro de la Norma fundamental” (STC 252/1988, de 20 de diciembre FJ2).

Explica el Tribunal Constitucional en otra sentencia que, “en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos” (STC 53/1985, de 11 de abril FJ9).

En otra sentencia añade que “la solución consistirá en otorgar la preferencia de su respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca, tanto por su propia naturaleza, como por las circunstancias concurrentes en su ejercicio. No se trata, sin embargo, de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y dar preeminencia al que se ajuste más al sentido y finalidad que la Constitución señala, explícita o implícitamente” (STC 320/1994, 28 de noviembre, FJ 2).

Después de toda esta reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que no sólo parece bastante razonable sino que vincula a Jueces y Tribunales (art 5.1 LO 6/1985 del Poder Judicial) ¿Cómo se explica que siempre que se intenta plantear un litigio contra el Rey de España los tribunales archiven la causa alegando que es “inviolable”?. Y no son temas menores. Por ejemplo, tenemos la demanda por paternidad de Alberto Solá. De confirmarse la paternidad de Juan Carlos I, Alberto sería legítimo heredero a la corona de España porque es mayor que Felipe VI, que sería un usurpador. Por no hablar de los presuntos delitos fiscales, la malversación de fondos públicos para tapar la boca a sus amantes, etc… del emérito.

Es cierto que el art. 56.3 CE dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero ¿cómo encaja este precepto con otros como que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 CE), que “todos los poderes públicos -incluida la Corona, que es un órgano constitucional- están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE), que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 CE) o que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE).

Como veis, la lista de preceptos constitucionales en aparente conflicto con una inviolabilidad absoluta del Rey son unos cuantos. Y ya nos ha dicho el tribunal constitucional que no se puede resolver este conflicto afirmando el carácter absoluto de alguno de los preceptos en conflicto. Hay que hacer una interpretación sistemática. Si tan solo hubiera alguna forma de armonizar estos preceptos… sigamos leyendo el art. 56.3 CE.

Articulo 56.

  1. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

¿Por qué habla la Constitución de que sus actos sean siempre refrendados y que si no lo son carecerán de validez en el mismo apartado del artículo? ¿Es acaso del Rey un incapaz absoluto, que no puede obrar por sí mismo y necesita el refrendo hasta para ir al baño? Vamos a ver qué dicen los otros artículos…

Articulo 64.

  1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
  2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Articulo 65.

  1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
  2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Entonces, ¿el Rey sólo puede decidir por si mismo quienes forman parte de la Casa Real y como distribuir su presupuesto, necesitando refrendo para el resto de actos de su vida? ¿y por eso es inviolable? Si fuera este el caso, ¿quién refrendó que Juan Carlos I se fuera a cazar elefantes a Botsuana? ¿O los actos que le han permitido amasar una fortuna infinitamente superior a los ingresos que ha percibido del Estado? ¿quién refrendaba a las amantes del rey?. Si el Rey tomara por su propia cuenta una decisión distinta de las recogidas en el art. 65 CE como -por ejemplo- pedir una pizza u organizar un golpe de estado, ¿estaría actuando de forma inconstitucional? Bueno, daría igual porque sería absolutamente inviolable.

¿No sería más lógico pensar que los actos que necesitan refrendo son los que se indican justo antes, en los artículos 62 y 63 CE, en los que el Rey actúa como Jefe de Estado aparentando tomar unas decisiones que sólo serán válidas si son refrendadas por un miembro del gobierno, que -como asume la responsabilidad de las mismas- exime de ella al Rey haciéndole inviolable en relación a estos actos concretos, pero no a los que realice en su vida privada y/o sin refrendo?.

Si fuera así, el Rey podría conservar su libertad en sus actos privados y su inviolabilidad respecto a los actos como Jefe de Estado sin que se vulnerar ningún otro precepto constitucional… como pasa con los diputados por ejemplo, que son inviolables solo por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE), pero no en su vida privada. De interpretarse así, todo cobraría sentido mágicamente y se preservará la armonía de la Constitución sin cambiar una sola letra, solo hay que querer entender un poquito. No es difícil.

Lo que no puede ser es atenernos a la literalidad del texto en lo tocante a la inviolabilidad, ignorando todo lo que dice el Tribunal Constitucional -y el sentido común- sobre la interpretación sistemática de la Constitución, pero hacer una interpretación sistemática del resto del apartado para que solo se refrenden sus actos como jefe de Estado. En derecho hay que aplicar un criterio homogéneo, el que sea, pero homogéneo, no el que más nos interese según cada caso. Y hay que aplicarlo hasta sus últimas consecuencias, independientemente de cuales sean… así es como funciona un estado en el que impera la ley.

Y está es la verdad, lo saben ellos y ahora, lo sabes tu también. Políticos, jueces, y medios de comunicación llevan más de 40 años mintiéndonos a la cara descaradamente con que el Rey es total y absolutamente inviolable cuando, conforme a los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional y los principios generales del derecho, no puede serlo. Cuando alguien te salga con la gilipollez de que el rey es inviolable, pues le mandas un enlace a este artículo y nos haces un favor a los dos.

Es tan obvio, que no hace falta ni saber derecho para darse cuenta de que cualquier otra conclusión no tiene sentido. En un estado social y democrático de derecho no puede haber ninguna persona por encima de la Constitución y las leyes. El engaño es tan burdo, que los que defienden la inviolabilidad absoluta se limita a repetir hasta la extenuación “que lo pone en la Constitución”, sin entrar a discutir la segunda parte del art 56.3 CE, que citan fuera de contexto; sin explicar cómo es que la inviolabilidad -que excluye sólo la responsabilidad penal- se extiende también a la esfera civil y administrativa; o por qué los actos privados del Rey no son refrendados, como deberían según una interpretación literal del precepto; o qué impide a un tribunal determinar los hechos y calificarlos jurídicamente aunque no pueda hacer efectiva la sentencia si resultase condenatoria; o porqué consideran que a un Rey que ha abdicado se le sigue aplicando esta inviolabilidad cuando ésta sólo se refiere al titular de la Corona, que es un cargo unipersonal. Cuestiones en las que no entran porque no hay por donde cogerlas ni argumentación posible más allá del “porque sí”, “porque es una figura simbólica” o cualquier variante de “por conveniencia política”.

En el siglo XVI los herederos de Cristóbal Colón pudieron llevar ante los tribunales a la Corona de Castilla por considerar que se habían incumplido las Capitulaciones de Santa Fé, pero en la muy “democrática” España del siglo XXI es imposible abrir ningún procedimiento que implique al monarca porque a los poderes del Estado no les da la gana, simple y llanamente. Porque aunque el Rey no sea absolutamente inviolable según los criterios de interpretación de la Constitución del Tribunal Constitucional, no hay juez ni tribunal que vaya a admitir a trámite un procedimiento en el que tuviera que personarse… aunque hacerlo constituya -en mi opinión- un presunto delito de prevaricación como la copa de un pino. ¿Por qué no celebrar el juicio? aunque no se pudiera hacer ejecutar lo juzgado, una sentencia condenatoria tendría valor simbólico.

¿Y que creéis que diría el Tribunal Constitucional si se planteara un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por este motivo? Pues se limitarían a buscar la mejor forma de inadmitirlo sin entrar en el fondo del asunto, porque sería difícil sostener la inviolabilidad total sin caer en el más absoluto descrédito después de toda su jurisprudencia. Luego ya se buscaría la forma de persuadir al recurrente para que no acuda a instancias internacionales y, así, evitar tratar más este tema.

En una democracia de verdad, semejante despropósito sería impensable porque todos los poderes del estado estarían alineados sin fisuras con una interpretación sistemática, coherente y homogénea de la Constitución. Por desgracia no vivimos en una, como se encargan de recordarnos cada vez que sale el tema de la inviolabilidad real. Mientras que en nuestro país se siga idolatrando una Constitución deliberadamente ambigua, que los poderes del Estado no dudan en retorcer a conciencia y a conveniencia, nunca conoceremos lo que es la seguridad jurídica ni el imperio de la ley.

Créditos: Miniatura basada en la fotografía de Pool Moncloa

El voto electrónico NO es la solución

El voto electrónico no aporta ninguna ventaja significativa sobre el voto en papeleta, pero sí que plantea muchos inconvenientes. Por su complejidad, centralización y absoluta falta de transparencia pone en peligro el secreto del voto, y facilita que se pueda producir un fraude indetectable o se susciten dudas sobre la validez del resultado. Por eso debe rechazarse cualquier intento de implantación.

En ocasiones los avances tecnológicos no suponen una mejora sobre lo que teníamos antes. El cine 3D, la energía nuclear, el cibersexo, los avisos de cookies… hay innovaciones que generan más problemas de los que resuelven, no aportan nada o, directamente, son peligrosas. Dentro de este tercer grupo está el voto electrónico, cuya complejidad, centralización y absoluta falta de transparencia posibilita todo tipo de manipulación y fraude electoral.

El principal argumento contra el voto electrónico es que no aporta ninguna ventaja significativa sobre el “arcaico” voto en papeleta. Cierto que permitiría votar sin desplazarse hasta el colegio electoral y haría más rápido el recuento, pero tampoco es que haya mucho margen de mejora en estos aspectos: casi todo el mundo puede llegar andando al colegio electoral, existe el voto por correo, y a las cuatro horas del cierre de las urnas ya están escrutados casi todos los votos. ¿Realmente necesitamos el voto electrónico?.

Los partidarios de su implantación piensan que esta tecnología resolvería las deficiencias de nuestro sistema político. Que la ciudadanía tendrá una mayor participación en los asuntos públicos gracias a él… pero no es cierto. Si se quisieran consultar más decisiones políticas a la población, simplemente se haría. Nada impide que se haga utilizando papeletas de papel. De hecho, en muchos países es normal aprovechar cualquier proceso electoral para decidir sobre los asuntos acumulados desde la última consulta y, llegado el caso, se podría organizar una cuando hubiera un número suficiente de cuestiones o alguna fuera urgente.

Si no se hace es porque a los políticos, simple y llanamente, no les interesa y no existe ningún mecanismo que permita a los ciudadanos convocar estas consultas. En otras palabras, con o sin voto electrónico, las consultas, elecciones y referendos los tienen que convocar los políticos. Son ellos quienes deciden los temas y el momento de preguntar, normalmente cuando les venga bien o no tengan más remedio. Y, en cualquier caso, el resultado es irrelevante, ya que los referendos tienen carácter meramente consultivo, los programas electorales no son vinculantes, y en España se supone que no existe el mandato imperativo.

Vamos, que el voto electrónico nos deja como estamos, con recuentos un poco más rápidos y la posibilidad de votar lo que decidan los políticos sin acudir al colegio electoral ni pedir el voto por correo; lo cual puede ser una ventaja si no se pudiera garantizar la seguridad de las personas que acuden a votar o les resultara muy difícil desplazarse hasta allí. Pero ni va a ser más barato, ni más trasparente, ni más seguro, y no va a aumentar ni la participación ni la confianza en las elecciones.

El voto electrónico es más caro

No va a ser más barato porque el papel impreso ya es muy barato y se puede reciclar. Sustituir urnas de metacrilato por urnas electrónicas es caro, a lo que hay que sumar los costes de electricidad y telecomunicaciones, los sistemas de redundancia para que no se interrumpan las votaciones, la auditoría de que el sistema funciona como debe, equipos de ciberseguridad, técnicos capaces de resolver incidencias, la ayuda necesaria para que todo el mundo sepa cómo votar, así como el traslado y almacenamiento seguro de los medios de votación entre convocatorias. Jugosos contratos para engordar aún más el sector parapúblico.

Ni punto de comparación con el método tradicional: Todo el mundo sabe cómo funciona una urna y cómo repararla con lo que haya a mano en caso de que sufriera alguno de los pocos problemas que puede sufrir. Se adquieren en cualquier sitio, reemplazarlas es trivial, siguen funcionando con normalidad en las condiciones más adversas y, después de estar almacenadas durante cuatro años sin vigilancia, siguen estando listas para su uso. Y lo más importante, cualquiera puede auditar su funcionamiento y seguridad sin conocimientos especializados y sin interferir en la votación o el recuento.

La única forma que habría de ahorrar con el voto electrónico, y habría que verlo, sería cerrando los colegios electorales y votando por Internet. No obstante, el ahorro que se pudiera obtener nunca justificaría los problemas que plantea esta forma de votación, que pasaría de ser pública a ser privada, de ser distribuida a ser centralizada, y en la que se perdería toda la transparencia del proceso.

El voto electrónico no es transparente

El sistema de votación tradicional es fácilmente comprensible y auditable. Se coge una urna vacía, se coloca en un sitio donde sea visible, la gente que va a votar se identifica ante la mesa e introduce un único voto. Cuando termina la votación, se cuentan todos los votos y obtiene un resultado. Es tan sencillo que cualquiera que sepa leer y contar puede verificar que el acta refleja exactamente lo expresado por los ciudadanos en las urnas, sin necesidad de equipos especiales ni de pedir permiso a nadie. Su obviedad hace que se pueda confiar implícitamente en los resultados.

Por contra, el voto electrónico no es tan fácil de auditar. Verificar que el voto se ha emitido y contado correctamente, y comprobar que el resultado corresponde con lo expresado realmente por los ciudadanos en las urnas no está al alcance de todos: habría que saber de programación, redes, sistemas, ciberseguridad, criptografía, base de datos… y eso, suponiendo que tuviéramos acceso total a la infraestructura que ejecuta la plataforma de voto electrónico antes, durante y después de la votación… cosa que parece muy improbable.

Tener acceso al código fuente del software de votación y recuento no bastaría, porque nada nos garantiza que sea el que se está ejecutando realmente durante la votación. Por no hablar de los problemas de seguridad que pudiera haber en dicho software, o en el hardware que lo ejecuta, o en los protocolos y redes de comunicación que conectan todos los elementos.

El voto electrónico no es más seguro

Además, si permitimos votar desde cualquier dispositivo abrimos la puerta a problemas que no existen cuando acudimos al colegio electoral como, por ejemplo, la suplantación por alguien con acceso a tu dispositivo electrónico, el ser coaccionado para votar en un sentido u otro, o que quienes no pudieran proveerse de los medios para votar no podrían hacerlo. Para votar en papel no hay que comprar ni contratar nada.

El botín que se puede obtener de unas elecciones adulteradas justifica con creces los esfuerzos necesarios para influir en el resultado. Así que debemos asumir que habrá entidades que intentarán alterarlo; y adoptar sistemas que dificulten la posibilidad de fraude, no que lo faciliten. La urna y las papeletas ya garantizan que el voto sea secreto y que los resultados sean auditables y validables, las dos premisas sobre las que se sustentan las elecciones en países democráticos.

Son precisamente estas dos características las que hacen que los procedimientos electorales no sean los más idóneos para ser digitalizados, ya que -a diferencia de otro tipo de transacciones electrónicas, en las que el contenido debe quedar registrado y vinculado con personas claramente identificadas- en el caso de las votaciones el voto tiene que ser secreto, para evitar que los votantes puedan ser coaccionados o incentivados a ejercer su derecho en uno u otro sentido, o que se puede identificar quienes apoyan determinados programas políticos.

A pesar de los enormes esfuerzos de investigación que se están realizando en este campo, todavía no se ha encontrado la forma de mantener el voto electrónico secreto y los resultados auditables/verificables. Personalmente dudo que se pueda diseñar un sistema informático que pueda hacer ambas cosas a la vez, pero -si se lograra- es seguro que muy pocos podrían comprobar que funciona como debe, y dicha comprobación no podría hacerse externamente y sin el riesgo de interferir en el proceso.

En cuanto a la seguridad del resultado, detectar y probar el fraude electoral en las votaciones con papeletas resulta sencillo: basta con estar en el lugar de la votación hasta que se termine el recuento con una cámara, no perder de vista la urna ni a quienes la manejan y cotejar luego todas las actas. Todo ello se puede hacer externamente sin interferir en el procedimiento y, al ser un sistema analógico y distribuido, el daño potencial es menor y la logística necesaria para alterar el sentido del resultado es más compleja.

Por contra, en las elecciones electrónicas es muy difícil comprender cómo nuestro voto se traslada desde el lugar de votación hasta el resultado final. No se puede hacer un seguimiento de los bits en tránsito, ni mucho menos estar seguros que el resultado es el que debería o de que se ha mantenido el anonimato del voto. Es más fácil cambiar una cifra en una base de datos controlada por cuatro administradores debidamente “motivados” que alterar el contenido de cientos de urnas o actas electorales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Fiarnos de lo que nos digan quienes más intereses tienen en el resultado de las elecciones?

El voto electrónico no fomenta la participación ni la confianza

En cualquier caso, el impacto de esta tecnología sobre la participación me parece que será neutro o negativo, ya que votar electrónicamente acarrea la posibilidad de que se produzcan problemas que impidan a la gente a votar, desde falta de conectividad, errores o virus informáticos hasta certificados caducados o dispositivos incompatibles. Incluso, se podrían provocar estos problemas en segmentos de la población cuyo voto interesa suprimir. Si el votante no está muy convencido, después de diez minutos sufriendo errores es probable que desista de votar. Y si encima el modelo de voto electrónico elegido implica desplazarse hasta donde estén las urnas, perdemos una de las pocas justificaciones para su implantación.

Por todo lo anterior, parece claro que el problema del voto electrónico no es la resistencia al cambio o la innovación, sino que la tecnología que se pretende utilizar no es la idónea para resolver el problema y no ofrece ninguna ventaja importante sobre la urna de papel, pero sí que crea oportunidades para alterar el sentido del voto popular y socavar la confianza en el proceso electoral, por lo que no debería utilizarse bajo ninguna circunstancia.

Mientras que el voto en papel es sencillo, transparente, distribuido y garantiza el voto secreto y unos resultados auditables, el voto electrónico es todo lo contrario: complejo, opaco y centralizado; lo cual facilita que se pueda producir un fraude indetectable o se susciten dudas sobre la validez del resultado, que es casi peor. Oportunidades que, tarde o temprano, alguien aprovechará en beneficio propio.

Por eso os animo a desconfiar de todos aquellos que lo defiendan, a analizar detenidamente los argumentos a favor y -en caso de que no os convenzan- a oponeros a cualquier intento de implantación, por pequeño que sea. No cambiemos algo que está bien y funciona, sobre todo cuando no hay ninguna necesidad y afecta a un aspecto tan esencial de nuestras sociedades… que luego cuesta mucho dar marcha atrás.

Créditos: Miniatura basada en la obra de B Ban

Al final, tendrás que luchar

Imagen de Iván Tamás en Pixabay

La historia de la humanidad es la historia de unos pocos tratando de vivir de lujo a costa de los demás: chamanes, faraones, sacerdotes, patricios, clérigos, señores feudales, nobles, reyes, terratenientes, dictadores, tecnócratas, políticos, rentistas, empresarios, oligarcas… Sus historias son las que se cuentan, sus figuras las que se idolatran y sus conflictos los que padecemos el común de los mortales.

Los demás sólo somos el rebaño que esquilar, ordeñar y, eventualmente, sacrificar para mantener su modo de vida privilegiado. Nuestra función se limita a producir los excedentes que consumen, a renunciar a cualquier acción que perturbe el funcionamiento de los medios de apropiación de dichos excedentes, y a perpetuar este sistema engendrando a la siguiente generación de pringados.

Desde muy pequeños somos adoctrinados en las máximas de que la ley es justa y el mercado eficiente; que nuestra organización social recompensa a cada uno en función de su esfuerzo, mérito y contribución al bienestar colectivo; que vivimos en una democracia donde nuestro voto cuenta y nuestra voz se escucha y, sobre todo, que la violencia siempre es mala, y hay que renunciar a ella toda situación.

Los beneficiarios de este sistema nos enseñan a legitimar “el orden establecido”, que les sitúa en la cúspide de las estructuras de poder y dominación, y a mantener la “paz social”, que hacen posible su modo de vida. Alcanzado este punto, sólo resta por superar un pequeño obstáculo para alcanzar la utopía: que quienes controlan este sistema social, basado en la máxima de “todo para nosotros, nada para los demás“, sean capaces de reprimir su propia codicia a niveles socialmente aceptables. Esto difícilmente puede lograrse por un periodo prolongado de tiempo.

Como nos enseña Montesquieu en “Del espíritu de las leyes“, el poder tiende de forma natural a expandirse si otro poder no lo detiene. La idea que subyace a su pensamiento político se resume en su máxima de que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que otro poder detenga a ese poder. Y ese otro poder tienes que ser tú. Desgraciadamente, nuestro sistema social se ha construido a base de incapacitar a la inmensa mayoría de la población para enfrentarse a estos abusos, por lo que en la práctica no existe freno.

¿Que los alquileres están muy caros? No seas finolis y alquílate un trastero o un balcón. ¿Qué no hay trabajo? Hazte “empresario” con Glovo o Deliveroo, o emigra. ¿Qué te cobran el doble que hace 12 años por la electricidad? Es el mercado, amigo. ¿Cuantos productos que consumes han mejorado su relación calidad-precio? ¿a cuánta gente conoces que le hayan subido el sueldo “porque sí”?. ¿Te acuerdas cuando ser mileurista era una mierda y no una aspiración vital?… pues si te parece que estamos mal ahora, espera a la próxima vuelta de tuerca.

Cuando una relación de poder se altera, a la parte fortalecida le resulta más difícil reprimirse en el ejercicio de su nuevo poder, y a la parte debilitada más difícil resistirse a nuevos intentos de debilitarla aún más. Si esta dinámica se repite en una única dirección, el resultado es una espiral de crecientes abusos que nos conducen de forma irremediable a estallidos revolucionarios que reequilibren la situación e inicien un nuevo ciclo, o hacia una forma de gobierno totalitaria capaz de mantener a raya a la cada vez mayor masa de gente sin nada que perder.

Así que, mientras haya quienes pretendan vivir a tu costa, quieras o no, te guste o no, al final tendrás que luchar por tu supervivencia y por tu libertad; por controlar al Estado y contra las fuerzas del mercado con intereses opuestos a ti. Lo que sí puedes elegir es cuándo y en qué condiciones hacerlo. Cuanto más tardes en empezar, más difícil será y más debilitado estarás. Así que la cuestión es ¿cuánto estás dispuesto a tragar antes de hacer algo al respecto?

Sí claro, los hombres no sabemos lo que significa ser discriminado

Miriam Lueck Avery @Flickr – CC BY-SA 2.0

Como hombre blanco, heterosexual y europeo, no hay discusión sobre discriminación en la que no se me reproche que, dadas mis características personales, no sé lo que significa ser discriminado… como si eso fuera argumento suficiente para invalidar lo que pueda aportar a la conversación. Aunque es cierto que mi conocimiento sobre cualquier forma de discriminación que no sufra nunca será comparable con el de quienes la sufren a diario, me preocupa que las personas discriminadas esgriman tan alegremente este argumento.

Es cierto que sólo puedo imaginar la clase de discriminación que sufren las personas de otro genero, etnia, y/u orientación sexual. Quizá no conozca de primera mano la discriminación que sufren los colectivos a los que no pertenezco, pero eso no significa que no pueda comprenderla, empatizar con ellos, opinar sobre el asunto y contribuir a resolverlo. Digo esto porque, hablando con según qué personas, me da la sensación de que piensan que sufro algún problema congénito que me incapacita para comprender las cosas que, supuestamente, no me pasan.

Es verdad que no se me discrimina como mujer, homosexual o negro. Probablemente nunca conoceré la sutiles formas que adopta la discriminación por raza, religión, orientación sexual o género. Pero conozco otras formas de discriminación y no me gustan, y puedo comprender tu problema y solidarizarme contigo. Por eso, me molesta especialmente que alguien de un colectivo discriminado me diga que no puedo entender sus problemas. Por tres motivos.

En primer lugar, porque este comentario suele utilizarse como una forma sutil y “educada” de mandarme callar, generalmente cuando estoy diciendo algo que no le está gustando un pelo a mi interlocutor. Hasta aquí nada raro, no te interesa lo que tengo que decir y ya está. Vale.

En segundo lugar, porque afirmar tal cosa implica negar que carezco de las más esenciales cualidades humanas, como empatía, compasión, entendimiento o voluntad de cooperación. Seguro que no es la intención, pero ese comentario me deshumaniza y -además- carece de sentido. Si no puedo entenderlo, ¿por qué insistes en contármelo? Puede que no pueda experimentar la discriminación de la que me hablas, pero puedo entender por qué es mala y hay que erradicarla.

Y, por último, porque da por buena la presunción de que a los hombres blancos, heterosexuales y europeos no se nos discrimina bajo ninguna circunstancia, lo cual es a todas luces falso. Sufrimos tanto las discriminaciones de carácter general igual que el resto de la población como otras específicas de nuestra condiciones personales. Y nos molesta que nos digan que lo nuestro no es discriminación, como a todo el mundo.

Otra cosa es que no quieras verlo, que haya otras que te parezcan más graves, que no te importe lo que nos pase a los demás o te interese que exista. Ejemplos hay muchos para quien quiera verlos, De hecho, probablemente somos el único colectivo al que se discrimina expresamente, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Desde ventajas fiscales y bonificaciones de las que no disfrutamos por nuestro sexo, hasta la aplicación de un procedimiento penal agravado (y susceptible de abuso), con supresión de la presunción de inocencia y mayores penas para el mismo delito según el sexo del agresor en casos de violencia de género.

La discriminación hacia el hombre blanco, heterosexual y europeo existe. A algunas personas hasta les parece bien que exista esta discriminación si es por una buena causa. Discriminación positiva lo llaman, como si no fuera discriminación igualmente, y no se hiciera a costa de alguien que tiene más mérito o necesidad que otra persona de un colectivo vulnerable. Llamadme loco, pero me parece que crear más desigualdad no es la forma en la que una sociedad que aspira a ser libre y democrática resuelve sus problemas de desigualdad, ni tengo que pagar yo los platos de las injusticias que se cometieron en el pasado.

Llegados a este punto, quisiera contar un caso de discriminación que sufro personalmente. Sí, pertenezco a un colectivo que sufre a diario una grave discriminación y que pone en riesgo su vida cada vez que sale a la calle. Soy ciclista. El año pasado 44 compañeros/as ciclistas fueron mortalmente atropellados, y fue un año bueno.

A los ciclistas no se nos respeta. Nuestra mera presencia molesta tanto a coches como a peatones, pese a que tenemos el mismo derecho a utilizar las vías públicas que el resto de usuarios. Los conductores no respetan la distancia de seguridad, no reducen la marcha al adelantarnos, nos acosan con el claxon, nos envenenan con sus tubos de escape, nos atropellan y encima, la culpa de lo que nos pase es nuestra porque ir en bici es muy peligroso.

No soy mujer, pero sé como se criminaliza a las víctimas por conductas que entran dentro de la normalidad. No tendría que tener miedo de salir a la calle, y sin embargo debo extremar las medidas de precaución cuando cojo la bici, igual que vosotras. ¿Frenará?, ¿no frenará?. Aunque no sea lo mismo, creedme que os entiendo.

También entiendo que el resto de personas son capaces de entender mi situación, aunque sean hombres y no tengan bici. Por eso me molesta que a mi se me niegue, a priori, esta capacidad asumiendo que no soy capaz de empatizar ni he sufrido una discriminación equiparable con la que pueda trazar paralelismos. De hecho, lo encuentro bastante discriminatorio.

Este es mi caso, pero cada cual tendrá su historia de discriminación que desconoces. Quizás le robaron un empleo público porque la oposición estaba amañada, optó por no estudiar religión y eso le impidió estudiar lo que quería, le resulta imposible votar porque vive en el extranjero y no llegan las papeletas a tiempo, le expulsan de sitios públicos por su aspecto físico… De una u otra manera, seguro que tu interlocutor conoce la discriminación y podría ponerse en tu lugar si quisiera. Pongámoslo fácil desterrando estereotipos y asunciones falsas.

El ‘régimen del 78’ NO es la democracia

El ‘régimen de 78‘ NO es la democracia, porque cualquier parecido con la definición de democracia (y segunda parte) que se prefiera es mera coincidencia. Por desgracia, los pocos que todavía defienden que sí lo es, siguen acudiendo con puntualidad marcial a defender sus barricadas editoriales en los medios de comunicación. La semana pasada, la labor de que no decaiga la moral entre quienes sostienen con su voto al Régimen del 78 recayó en Carlos Santos, que afirma que vivimos en una democracia, y “avanzada”, sin ruborizarse.

Aunque todo el mundo puede opinar lo que quiera, en un artículo periodístico se esperaría un mínimo de rigor… porque la verdadera historia es otra. Como se aprecia en la primera hoja de su edición original, la Constitución española es la última de las leyes fundamentales del reino y recibe su legitimidad política del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Fue elaborada por unas Cortes Españolas creadas ese mismo año por la Ley 1/1977 para la Reforma política. En sus escasas dos hojas no sólo configura el Congreso y el Senado en su forma actual, sino que establece las bases del que fuera el sistema electoral en España hasta la fecha y faculta al Gobierno presidido por el ex-secretario General del Movimiento Nacional, D. Alfonso Suarez, para regular las primeras elecciones (Disposición transitoria primera).

Parte muy importante de esa regulación fue la de decidir qué partidos se legalizaban para concurrir a las elecciones del 15 de junio de 1977. Por supuesto, ninguno antifranquista ni republicano; el primer partido que incluía una alusión a la república en su denominación fue Esquerra Republicana de Catalunya, legalizado un mes y medio después de las elecciones (2/Ago/1977). Cierto es que se pudieron presentar los partidos de la “izquierda” pactista, repletos de socialistas monárquicos y comunistas juan-carlistas, que habían pasado por la ventanilla de Arias Navarro traicionando a quienes sufrieron y murieron por los ideales que supuestamente representaban.

En cualquier caso, tampoco es que importase, puesto que en 1966 ya se había decidido que España fuera una monarquía cuando el Caudillo muriera, como así lo votaron el 95% de los Españoles… casi tantos como ratificaron el referéndum de la Ley para la Reforma Política (94,45%). Era una época de “extraordinaria placidez” en la que la gente votaba con conocimiento de causa, y en la que decidimos en las urnas que queríamos para España una monarquía absoluta, como la de Fernando VII, puesto que el monarca ejercería el mismo poder que Franco, pero sin su carisma. 😏

Un dato reseñable es que ni la Ley para de Reforma Política ni el decreto de convocatoria de las primeras elecciones se menciona nada de una nueva Constitución o de la apertura de un proceso constituyente. Se trataba de unas elecciones a Cortes franquistas, como las que se venían celebrando cada cuatro años para elegir a los Procuradores electivos en Cortes (el “tercio familiar“), sólo que ahora, se repartían en dos cámaras y eran mayoritariamente electivos (¡ojo!, 41 senadores “constituyentes” lo fueron por designación real [art. 2.3 Ley 1/1977]). La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 seguía en vigor.

De hecho, tan poco importante era el asunto constitucional que ni se trató en la campaña electoral, porque no era lo que se votaba. No obstante, 10 meses después de las elecciones se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (15 de mayo de 1978), en donde se elaboró un anteproyecto de consenso en el increíble tiempo de 47 días, que pasó el trámite parlamentario en el extraordinario plazo de 133 días, se sometió a referéndum en un tiempo récord de 36 días y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, es decir, tan sólo 23 días después de su ratificación. Por supuesto, el debate fue exhaustivo y con gran participación de la sociedad civil, donde se escucharon todas las propuestas y alternativas. 😒

La Constitución española tiene 17.816 palabras, se elaboró en 180 días, entró en vigor 59 días después. Una rapidez inaudita si pensamos que los estadounidenses tardaron 16 meses en acordar un texto de 3.492 palabras que sería su primera Constitución, y 3 años y medio en ratificarlo. A los pocos años, viendo que presentaba serias deficiencias, hicieron una revisión del texto, que tardaron 116 días en aprobar y más de dos años en ratificar, situando el total en 4.379 palabras, que siguen en vigor 227 años después. Claro que en el caso de EE.UU, sí que se estaba transformando realmente el sistema político; de una monarquía absoluta a un gobierno representativo.

¿Cómo fue posible tal celeridad? Lo fue por dos motivos: primero, porque la Constitución española se empezó a elaborar en secreto el 22 de agosto de 1977 por un grupo de siete parlamentarios (los denominados “padres” de la Constitución). Repito, EN SECRETO. No hay nada menos democrático que una Constitución hecha en secreto, sin debate público, por unos políticos que no han recibido el mandato constituyente. El 22 de noviembre de 1977, periodistas de la revista ‘Cuadernos para el diálogo’ filtraban a la opinión pública los 39 primeros artículos del borrador, para sorpresa de todos.

Y, segundo, porque estos padres de la Constitución contaban con una base bien trabajada. El antiguo ministro de Franco, Fraga, había elaborado un proyecto de Constitución para Arias Navarro en enero de 1975, que preveía unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo, autonomía administrativa y cultural para las regiones, y la aplicación práctica de los derechos del hombre definidos por la ONU. ¿Nos suena de algo? También se reciclaron algunos preceptos de las Leyes Fundamentales del Reino (art. 37 LO del Estado » Art. 8.1 de la CE78), por lo que sólo había que ultimar algunos pequeños detalles.

Al igual que otras leyes fundamentales anteriores, el texto final fue aprobado en referéndum… pero el porcentaje a favor bajó al 87,78 % de votantes aun cuando la elección era entre seguir con la monarquía absoluta franquista o el remozado régimen del 78. Las nuevas generaciones de españoles empezaban a perder la claridad de ideas con la que antaño votaron sus padres. O quizás se empezaban a frustrar muchas expectativas y a entender que todo aquello había sido una farsa. ¡Libertad, libertad, sin ira libertad! […] pero aquí no se cambia na”.

Así fue como, tras unas elecciones regidas por las leyes electorales franquistas en las que ni se trató el tema, unas Cortes -también franquistas- con representantes de los partidos políticos aprobados por el Gobierno y 41 senadores designados por el Rey crearon, en tiempo récord y con la mínima publicidad posible, la “democracia que nos hemos dado”. Una nueva democracia sospechosamente parecida a lo que ya había antes, puesto que conservaba los principales órganos del Estado preexistentes; sancionada por un Rey absoluto, que seguiría siendo tan inviolable como hasta entonces; y ratificada por los Españoles que no tuvieron que exiliarse, tras 42 años de adoctrinamiento nacional católico; gracias a la que disfrutamos de unos “derechos que nos costó mucho conseguir”™.

De la legalidad franquista a la legalidad post-franquista

De acuerdo, quizás las circunstancias históricas hicieron que el procedimiento no fuera impecable, pero no juzguemos la comida por la presentación. Los platos más deliciosos pueden salir de la cocina más humilde. ¿Qué contiene la Constitución del Régimen del 78 (en adelante CE78) que sólo gusta a los paladares más envejecidos?

No existe separación de poderes

Ya lo resumió a la perfección Alfonso Guerra en dos sencillas frases: “Montesquieu ha muerto” y “Quien se mueva no sale en la foto“. ¿Qué pretendía decir? Con la segunda, pues que quien moleste a la ejecutiva de su partido político o saque los pies del tiesto se queda sin poltrona a cargo del erario público.

Esto es así porque las listas electorales las hacen los jefes de cada partido, colocando en ellas a los más leales, los que dicen que sí a todo y son obedientes. Una vez elegidos, harán lo que se les mandé si quieren repetir. Puesto que no hay limitación de mandatos, basta con no equivocarse al apretar un botón o al aplaudir para asegurarse el sueldo y una sustanciosa jubilación.

Lo mismo ocurre con la mayoría de los altos cargos del Estado, ya que son elegidos por o a propuesta del Gobierno (los jefes del partido) o de sus acólitos (el Parlamento): los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (los “jefes” de los jueces), el Presidente del Tribunal Supremo (TS), el Fiscal General del Estado, el Tribunal de cuentas (vigilan las cuentas y la gestión económica de Estado), los puestos directivos en la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, asesores, etc. Hay muchos sitios donde colocar estómagos agradecidos si el partido alcanza el poder.

Lo cual nos remite a la primera frase. Puesto que no es muy inteligente morder la mano que te da de comer, quienes ocupan altos cargos en los Órganos del Estado sufren un grave conflicto de intereses: si trataran de ejercer su labor de contrapeso al Poder su carrera profesional puede finalizar prematuramente. Por tanto, los controles institucionales al poder del Gobierno no operan. Al igual que el franquismo, no hay separación de poderes sino separación de funciones de un mismo poder. El partido que gane las elecciones ocupará todas las instituciones del Estado y podrá gobernar sin injerencias hasta las siguientes elecciones. Montesquieu yace en su tumba.

No existe la representación política

Además de obediencia ciega, otra consecuencia de la elección mediante listas de partido es que no existe representación de los gobernados. El voto sólo se pide para legitimar un régimen como democrático, como si con Franco no hubiera habido elecciones, pero los deseos de los ciudadanos no se incorporan al proceso político porque el mandato imperativo está prohibido (art. 67.2 CE78) y, en consecuencia, cualquier promesa electoral es constitucionalmente no vinculante.

No obstante, existe algo bastante parecido denominado disciplina de voto“, gracias a la cual el diputado votará lo que diga su partido si quiere evitar ser multado o expulsado, y optar a ser reelegido. Tal es la potencia de este mandato imperativo del partido que es capaz hasta de hacer que sus diputados se abstengan para que el supuesto archienemigo forme gobierno. También explica la ausencia generalizada de disidencia interna y hace que todas las leyes aprobadas desde 1979 sean inconstitucionales.

Así las cosas se puede afirmar que no existe representación política… de los ciudadanos. La soberanía nacional no reside en el pueblo, como dice el art. 1.2 CE78, ni en la ciudad… sino en las cúpulas de los partidos políticos, que la ejercen a través del sometimiento de sus diputados a una estructura y unos procedimientos internos que tienen poco de democráticos (contraviniendo también el art. 6 CE78). Por eso España no es una democracia, sino una partitocracia.

Aunque supuestamente son el “instrumento fundamental para la participación política”, ni sus militantes de base, ni sus simpatizantes, ni sus votantes tienen acceso o influencia sobre las cúpulas de estos partidos, que son las que pueden tomar las decisiones políticas, elegir a casi todos los candidatos y deponer a secretarios generales díscolos si la situación lo requiere.

Mediante su control del Estado se aseguran una buena financiación y que no les salga demasiada competencia, de modo que puedan monopolizar el proceso electoral y los ciudadanos no tenga alternativas frente a las políticas de Estado como la monarquía, la Globalización, la Unión Europea y el Euro, las privatizaciones, la desmantelación del Estado del Bienestar, los rescates a empresas privadas con fondos públicos, más precariedad, menos salario y más impuestos.

Si no te gusta el Gobierno dentro de 4 años podrás votar a otros para que sigan haciendo lo mismo, porque no tenemos ninguna influencia sobre lo que pasa. Igual por eso la gente vota con las entrañas, porque si el voto sólo sirve para cambiar caras sólo queda evitar que los otros gobiernen, porque son mucho peores. No importa que estés votando a ladrones, rompe-patrias o corruPPtos. No importa el programa electoral; algunas ya se presentan sin tenerlo y así no tener que incumplirlo. Lo único importante es que votes a quien sea para que la rueda siga girando, por eso todos los candidatos piden de forma unánime que la gente participe (aunque sea para votar a sus enemigos).

No existe imperio de la ley

También se incumplen la Constitución y las leyes, porque no están para ser cumplidas. A la muerte del Dictador los europeos nos miraban raro y había que darle al tinglado un barniz democrático para que nos aceptaran en el mercado común, pero nada mas. Como no hay separación de poderes y rige el principio de jerarquía, no queda nadie para controlar que se respeten los procedimientos legales y el ejercicio del poder se rige por la costumbre anterior. Si lo ordena el superior o se ha publicado en el BOE se obedece automáticamente: a los empleados del Estado no les pagan para que tengan criterio propio sobre la legalidad o la constitucionalidad de lo que hacen.

Así encontramos gobiernos que declaran estados de alarma ilegales para encubrir sus errores de gestión del espacio aéreo; que no se someten al control parlamentario estando “en funciones” porque se ve que los arts. 108 y siguientes CE están de adorno; Comunidades Autónomas que establecen precios públicos por encima del máximo legal y prescindiendo de la memoria económica obligatoria, partidos políticos que se financian con dinero negro, terrorismo de Estado… y pocos jueces dispuestos a mover un dedo si no es para acelerar el trámite cuando estos asuntos llegan a juicio. Por contra, cuando se trata de las 166 órdenes de desahucio que se ejecutan cada día, ni a los jueces que las ordenan ni a los policías que las realizan parece importarles que haya ya 8 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenando a España porque la normativa hipotecaria vulnera el derecho comunitario y la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE78).

Como antes de que se aprobara la Constitución, la discrecionalidad a la hora de aplicar el derecho resulta alarmantemente alta. Al mero mortal se le aplica la legislación vigente con saña si es para castigarle, y con moderada mesura cuando hay que resarcirle. Pero si eres “alguien” las leyes se te aplican de manera distinta. Por eso en vez de mandar a los inspectores, la Agencia Tributaria “invitó” a los integrantes del clan Botín a regularizar voluntariamente su situación fiscal para no incurrir en penas de cárcel. Por eso el juez aplicó todos los atenuantes posibles a un famoso futbolista para dejar las 3 condenas por delitos castigados con entre 2 y 6 años de prisión cada uno en 7 meses, porque si fueran 8 tendría que entrar en prisión (sentencia). Estos casos son la guinda del pastel, ya que “sólo” se está produciendo un trato de favor prohibido por el art. 14 de la Constitución Española, cuyo cumplimiento parecer ser opcional.

No existe seguridad jurídica

Para que todo este despropósito sea posible es necesario que las leyes están escritas en un lenguaje ambiguo que no entienda nadie, pero pueda significar lo que sea necesario según la ocasión. Como cualquier estudiante o practicante del derecho puede corroborar, abundan los debates en los que los juristas no se ponen de acuerdo sobre el significado de un precepto legal, dividiéndose la opinión entre la doctrina mayoritaria (hagamos que esto funcione si chirriar demasiado) y la minoritaria (apliquemos la lógica y el texto literal de la ley hasta su últimas consecuencias, y que espabilen los legisladores). Sí el desconocimiento no exime de su cumplimiento, cabría esperar que las leyes fueran -además de públicas- comprensibles, para que podamos saber cómo acatarlas.

Un ejemplo de esto lo tenemos al intentar determinar cuándo nace la obligación de cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, ya que la propia ley -que no se ha cambiado desde 1970- establece unos criterios tan vagos y genéricos que nadie sabe lo que significan (art. 2 Decreto 2530/1970). El Tribunal Supremo ha emitido múltiples sentencias estableciendo un criterio objetivo para determinar cuándo se debe empezar a cotizar por la Seguridad Social, como es el facturar por importe superior al Salario Mínimo Interprofesional, que la Seguridad Social reconoce oficialmente pese a que sus funcionarios siguen sancionando sin más prueba que estar de alta en Hacienda para facturar. Si no estás de acuerdo con la sanción, pues dedica tu tiempo y dinero a reclamar, que los funcionarios cobramos igual y no nos va a pasar nada si es que nos hemos “equivocado”.

En el siguiente escalón encontramos los casos en los que la ley esta clara, pero significa otra cosa para los tribunales. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo sentencia que la responsabilidad civil no es mancomunada cuando interesa, por mucho que el art. 1.137 de Código Civil diga exactamente lo contrario. O que la declaración de nulidad de las clausulas suelo en hipotecas no obliga a devolver lo cobrado de más por mucho que diga el Código Civil (art. 1.303 y siguientes) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ambos casos se realiza una interpretación correctora, que no es sino un eufemismo para denominar a la usurpación de funciones legislativas para ignorar el texto de la ley… siempre por una buena causa.

Estas “interpretaciones creativas” se aplican hasta a la Constitución. Desde la desestimación de una demanda de paternidad decisiva para determinar quien debe ser el actual Jefe de Estado según una lectura interesada y expansiva de su art. 56.3 (referido sólo a los actos refrendados por miembros del Gobierno), hasta la vulneración del derecho de sufragio pasivo para la consecución de valores o bienes constitucionalmente protegido más importantes (de los que la Constitución ni habla); pasando por curiosidades como que se considere en vigor la ley 46/1977 de Amnistía (STS 101/2012, FD 3.3) pese a que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1976, incorporado a la Constitución a través del art. 10.2 y con efecto derogatorio por el apartado 3 de su disposición derogatoria.

Resumiendo, que en España las leyes son incomprensibles, indeterminadas, o directamente significan todo lo contrario de lo que ponen; por lo tanto, conocer de antemano las consecuencias jurídicas de tus actos resulta casi imposible; máxime cuando los funcionarios del estado tienden a interpretarlas como mejor les conviene según el caso.

No hubo desfascificación ni condena al franquismo

El dictador murió en la cama dejando todo atado y bien atado. A la mañana siguiente, los altos cargos franquistas se despertaron demócratas de toda la vida y comenzaron a edificar la España moderna y “democrática” en la que vivimos hoy. Se aprobó una ley de amnistía que dejaba impunes delitos de lesa humanidad: Los crímenes de guerra y dictadura más antiguos sin esclarecer desde que se aprobara la declaración Universal de Derechos Humanos, que sitúan a España como el país con más desaparecidos después de Camboya. El saldo provisional es de 114.000 desaparecidos. Ni los peores dictadores sudamericanos se han atrevido a tanto.

Lejos de hacer un escarmiento público de los crímenes del fascismo, como se hizo con la Alemania nazi, ni los responsables políticos ni el aparato de represión (ejercito, policía, jueces y fiscales) fueron purgados. Miles de criminales quedaron sueltos por las calles entre sus víctimas, sin muestras de arrepentimiento. El régimen se vistió de democracia, pero nunca abandonó su esencia fascista. Por eso, cuatro décadas después, todavía encontramos calles y plazas rindiendo homenaje a estos crímenes y criminales; personas que se niegan a cumplir la ley, si es de memoria histórica; y gobiernos que siguen ignorando las críticas de la ONU y obstruyendo la acción de la justicia.

Por eso, cuarenta años después de ser rebautizado como Audiencia Nacional, el Tribunal de Orden Público sigue combatiendo a quienes pretenden subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional; persiguiendo a abucheadores, twitteros (y II), raperos (y II). titiriteros y maleantes. En ocasiones, de forma tan desaforada que hasta la Unión Europea ha advertido de que intervendrá si no se respeta el principio de proporcionalidad en las penas. Mientras, los españoles como Dios manda pueden tuitear lo que quieran.

Por eso la policía ni va identificada ni se identifica cuando es requerida, saltándose la ley; y te amenazan si les grabas “trabajando”, aunque sea completamente legal. No se de qué se preocupan, si los jueces son benévolos a la hora de castigar sus “errores” y los gobiernos no dudan en indultar a los pocos que han sido condenados por delitos de torturas, permitiendo que continúen trabajando en las fuerzas de seguridad. Eso si no les condecoran.

Por eso, cuando los jueces penales se muestran escrupulosos en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el Gobierno reforma la ley para que sean órganos administrativos los que impongan sanciones económicas peores que la cárcel prescindiendo de un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE78). Por eso carecemos de un recurso de apelación contra las sentencias por delitos superiores a cinco años o contra las dictadas por la Audiencia Nacional, lo cual ha provocado reiteradas condenas a España del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Todo escrupulosamente legal y democrático, porque a una sociedad que se amoldó al fascismo, que permitió la Transición, que confunde legalidad con legitimidad, moralidad o justicia estas cosas le importan poco. Por eso a muchos nos cuesta sentir orgullo de ser español, español, español. El régimen del 78 tiene un pasado y un presente demasiado oscuro como para sacar pecho, menos aún para hablar de democracia. A la España que quiere respeto, justicia y reconciliación nos repugna que se ensucie la bandera cada vez que quienes abogan por la impunidad y el sometimiento por la fuerza de los que no piensan como ellos se envuelven con ella para jalear a tipos armados que van a agredir a otros compatriotas, en vez detener a los cabecillas de la sedición y cerrar sus medios de comunicación.

Así que acabo el artículo como la empecé: quienes piensen que España es una democracia, por favor, les ruego que la definan y luego me expliquen cómo es posible que todas las cosas que he comentado a lo largo del artículo (y muchas más que he omitido) ocurra en una Democracia. ¿Por qué en España exista una fundación “Francisco Franco”, pero no una “Adolf Hitler” en Alemania. Y no me vengan con que nuestra democracia no es perfecta porque, efectivamente, ni es perfecta, ni es democracia.

La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online

Este próximo mes de octubre empiezan las votaciones decisivas para aprobar, en el Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión referente a la reforma de copyright en el mercado digital único europeo. ¿Subes contenido a Internet? ¿Compartes noticias online? De ser así, esta reforma te afectará negativamente… si permitimos que salga adelante. Escribe y llama a tus eurodiputados para evitarlo. Read more “La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online”

Desobedeceremos hasta acabar con la farsa de la partitocracia

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas. Alcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles, puesto que el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido.

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas; cuestión ciertamente subjetiva, y que varía con el tiempo gracias a la desobediencia civil, uno de los motores del progreso social.

El no reconocimiento del voto a las mujeres, la prohibición del matrimonio homosexual o el encarcelamiento de los insumisos al servicio militar ya se consideraban mayoritariamente “injustas” antes de que el parlamento lo reconociera oficialmente, cambiando sus leyes. Pero antes de que esto ocurriera, no poca gente fue represaliada por defender lo que hoy nos parece normal.

Rosaparks_bus_colauAlcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles. Al asumir con la convicción del inocente las consecuencias de incumplir normas injustas, se erosiona la certidumbre y determinación de quienes tienen que hacerlas cumplir porque se respeten, única fuente real de su poder.

Puesto que hasta las dictaduras tienen leyes de obligado cumplimiento, el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido. Cada uno elegirá si observa la ley para evitar las sanciones asociadas a su incumplimiento, pero no hay ninguna necesidad de comulgar con ella. Si se está dispuesto asumir las consecuencias -o puedes librarte de ellas-, tampoco tienes que cumplirlas, como vemos a diario.

Cuando las leyes son promulgadas por un sistema político en el que no existe representación política de los votantes (los electos obedecen el mandato imperativo de quien hace las listas de su partido) ni separación real de poderes (pues todos emanan de la cúpula de los partidos); en el que la abstención ronda permanentemente el 40%, no existe capacidad de revocación del mandato electivo y la población es objeto de un saqueo masivo articulado desde estas instituciones, la desobediencia civil es la única salida digna y pacífica.

Por eso, no puedo sino aplaudir a Ada Colau cuando dice que “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. Desobedeceremos para acabar con la poca legitimidad que le quedan a las instituciones del Régimen del 78 y terminar con la farsa de la partitocracia que lleva casi 40 años inhibiendo el nacimiento de la Democracia. Ada Colau está haciendo algo (ya veremos si bien, mal y/o en el sitio apropiado) por alcanzarla, por eso la votan.

Actualización: Sobre la reacción de Pedro Sánchez

Hoy -5 de junio- el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que un líder político no puede decir que no se deben ‘de’ cumplir las leyes porque se consideren justas o injustas… ¿quién califica qué es justo o injusto? (minuto 18:30 de Las Mañanas de Radio Nacional), demostrando con ello que está capacitado para hacer bueno a Rajoy, como han hecho con sus antecesores todos los Presidentes del Gobierno desde Felipe González.

Afortunadamente para el señor Sánchez, un líder político puede decir tantas tonterías como le venga en gana -incluso en programas radiofónicos de gran audiencia-, que para eso existe la libertad de expresión y pensamiento. ¿Quien califica lo que un líder político puede decir y no decir? Por suerte y -a veces- por desgracia, nadie. Cuestión distinta es la opinión que a cada uno le pueda provocar las declaraciones de estos líderes, o las leyes que hagan.

¿Qué quién califica qué es justo o injusto?. Pues CUALQUIERA tiene pleno derecho de juzgar lo que hacen y dicen los demás según sus propios criterios, es que sólo faltaría. No lo plantee como una pregunta retórica… hasta los niños de 6 años tienen un concepto de la justicia y la injusticia, generalmente basado en la empatía (aunque haya otros criterios). Espero que usted también lo tenga, ya que pretende gobernar nuestro país; aunque lo disimula bastante bien.

Esto no significa que la opinión personal que tenga cada uno sea la mayoritaria, la verdadera ni la correcta. Habrá a quien le parezca injusto que un exconsejero de Caja Madrid (ahora Bankia) que votara a favor de la emisión de preferentes con las que se estafaron a miles de personas lidere un partido político que se autodenomina socialista, obrero y español; y se presente como candidato a la Presidencia del Gobierno. Habrá a quienes les parezca justo, y -sea justo o injusto- no hay duda de que las leyes se lo permiten si el partido que dirige le nomina.

Pero que las leyes permitan algo no puede equipararse con que sea justo: una norma injusta puede ratificarse como ley en el Parlamento, ejecutarse en los juzgados y llamarse justicia sin serlo. Anda que no hemos visto veces a políticos de todo pelaje diciendo que todo lo que han hecho era legal… ¡pues menos mal! porque si no lo fuera igual estabais declarando ante el juez y no ante un periodista.

No hemos llegado al fin de la historia: Los abusos de los poderosos y las rebeliones contra ellos han sido, son y seguirán siendo elementos presentes en todos los tiempos. Siempre habrá “líderes políticos” que nos digan que debemos obedecer las leyes, aunque no nos gusten, que no podemos juzgarlas (ni a quienes las aprueban) porque son expresión de la “voluntad popular”, y que -si no nos gustan- que nos presentemos a las elecciones (aunque como ganes igual alguien te monta un golpe de Estado).

Estos son los mismos que van diciendo que vivimos en democracia porque se vota, igual que se vota y se votaba en otros regímenes que no eran ni son nada democráticos; que vivimos en libertad porque en la Constitución se reconocen una serie de derechos individuales que ya existían antes de poder ir a reclamarlos ante un Tribunal Constitucional y que, pese a su existencia, se siguen vulnerando a diario (por ejemplo, el voto de los españoles no residentes); los mismos que nos hablan del imperio de la ley y de separación de poderes cuando el que manda es el mismo que hace las leyes, las ejecuta, y nombra -directa o indirectamente- a los jefes de quien debe juzgarlas.

Estos son los que hablen en nombre de la mayoría cuando sólo les ha votado el 30,37% y el 20,33% del censo electoral respectivamente (PP y PSOE según datos de 2011); y dicen ser nuestros representantes porque así lo dice el art. 66 de la Constitución, cuando la ley electoral imposibilita dicha representación con las listas de partido. Abiertas o cerradas, da igual; la designación siempre depende del partido que te pone en ellas, e impiden identificar a tu representante para poder darle un mandato expreso (cuestión, por cierto, prohibida salvo cuando es “disciplina de voto”).

Representantes a los que sus electores no pueden fiscalizar hasta las siguientes elecciones por falta de mecanismos de control para ello; con los que no existe un vínculo económico, pues se financian directamente del presupuesto del Estado; y que ni siquiera tienen que pisar su circunscripción en toda la legislatura si no quieren. No es de extrañar que el cumplimiento de los programas electorales y atender a los supuestos representados sea totalmente opcional.

Y luego están los otros, que según el secretario general del PSOE no deberían ser líderes políticos. Los que alientan el incumplimiento de las leyes injustas e incitan a delitos como el de sedición. No hablo de Ada Colau, que -como informa el periodista al que responde Pedro Sánchez- no ha hecho nada de todo esto todavía. Hablo de terroristas como Thomas Jefferson, que, no contento subvertir el orden legal y constitucional vigente liderando la sedición armada de las 13 colonias inglesas en América, llama a las futuras generaciones a la guerra civil cuando afirma que “el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural”.

Comparados con gentuza como esta, que ha escrito las páginas más brillantes de la historia política de la humanidad y rescatado el concepto de democracia (representativa) para la historia moderna, los que pensamos que la desobediencia civil generalizada es otra forma de expresión individual de la voluntad popular, en ocasiones necesaria, somos unos angelitos.

No siempre se puede esperar cuatro años para cambiar el voto, ni hacerlo garantiza los resultados deseados. Si, en las circunstancias descritas, ese grupo de “representantes” votados en listas por un porcentaje minoritario del censo aprueban una ley que pueda aceptar una mayoría social, será mera coincidencia. Si, por contra, siguiendo las ordenes del jefe de su partido, esos mismos “representantes” aprueban una ley que genera un rechazo social, pues como mucho será cumplida a regañadientes.

Pero habrá gente que, en uso de su libertad de pensamiento, decidirán incumplir esa ley y afrontar las consecuencias como forma de protesta. Y puesto que la desobediencia civil de una ley que te parece injusta no la deroga, serán castigados por ello. Y otros les imitaran, y serán también castigados. Y, si los motivos de la desobediencia son fundados, cada detención deslegitimará a quienes aprobaron y aplican esa ley. Y cuando las cárceles estén llenas y haya quedado claro que nadie la quiere, esa ley se dejará de cumplir y -finalmente- será derogarada.

Sobran los ejemplos de normas en vigor que se incumplen sin ninguna consecuencia para los infractores, y a sabiendas de los órganos del Estado (¿descargas “ilegales”?, ley seca en EE.UU hace casi un siglo), pero mi favorito es el de no tributar por los regalos de boda o cumpleaños. Dado que no hay un mínimo legal exento, están sujetos al impuesto de donaciones aunque nadie los declara. Es decir, total impunidad en el incumplimiento del texto de la ley con la complicidad del Estado. ¿Qué pasaría si Hacienda intentara hacer cumplir el texto de esta ley en vigor, pero que ha sido socialmente derogada? ¿Por qué no se cambia para ajustarla a la realidad social? ¿Tiene que venir un órgano del Estado a dar carta de naturaleza a esta realidad jurídico-social? Pues claro que no, pero todo llegará.

Así que si Ada Colau decide incumplir, como alcaldesa, alguna ley que le parezca injusta el Gobierno tendrá que aplicarle la legislación vigente, y procesarla por un delito de prevaricación. Pero, si por un casual, una buena parte de la población opinara como ella, se expone a que el problema escale y tener que medir sus fuerzas con los desobedientes dentro y fuera de Barcelona (y no creo que tenga todas las de ganar). Eso, o tolerar su transgresión por un bien mayor, como se hace normalmente (caso Botín, Infanta, etc…), lo cual intensificará la desobediencia y conducirá finalmente al enfrentamiento. Es lo que pasa cuando las instituciones políticas están deslegitimadas, tanto por su diseño como por su funcionamiento, y una minoría impone normas que no reflejan el sentir de la población en nombre de todos.

Echar a la Casta requiere que te voten hasta las abuelas

Lo decía muy bien Pablo Iglesias a lo largo de la noche electoral: PODEMOS no se ha puesto un techo electoral, nació ganar elecciones creando espacios de convergencia que permitan que tengamos un Gobierno democrático y que los partidos de la casta pasen a formar parte de la historia (dentro vídeo). A pesar de los excelentes resultados [de esta formación], las elecciones las ha ganado el PP, por lo que seguirá habiendo 6 millones de parados, más de 10 millones en situación de pobreza y desahucios todos los días.

Seguía después, ya en su discurso en la plaza del Reina Sofía (empieza en el minuto 54), diciendo que podemos, pero no podemos sólos; a lo que Monedero añadió que en esta causa no sobra nadie y que a nadie se le pide el carné, con estar en la lucha basta. Y es verdad, me consta que ni sobra nadie ni se piden carnés… ni falta que hace, puesto que es evidente de qué pie cojea este nuevo partido.

No se me escapa que la lucha por la Democracia hoy es una lucha contra las nuevas formas de fascismo, entendido como la imposición por el Estado de un modelo económico que redistribuye la riqueza de la población hacia las grandes empresas; ni que la existencia de dicho modelo económico en España hoy es parte del legado dejado por la Guerra Civil, pero tampoco olvido que para culminar una revolución democrática desde las urnas es necesario el apoyo electoral de esa mayoría silenciosa que se asusta fácilmente cuando se toca el tema del (anti)fascismo o la Guerra Civil.

La revolución electoral en ciernes depende de que el Frente Amplio que propone PODEMOS consiga el voto de los mismos que piensan que meterse en política es peligroso, de los que abiertamente te dicen que quieren que sean otros los que decidan por ellos, de los que han nacido y crecido en el franquismo, se creyeron la Transición y siguen informándose por la prensa… visto como funciona el sistema electoral, te tienen que votar hasta las abuelas. Gente que puede entender la fractura social que separa la casta del resto de la población, brecha que PODEMOS explota con éxito y que puede llevarle a la victoria si no espantan a esa mayoría social, que -según Errejón- está lista para convertirse en mayoría política, agitando fantasmas del pasado.

Por eso no puedo sino preocuparme cuando dice Iglesias que quieren acabar con lo viejo justo antes de dar paso al portavoz del partido… ¡que se arranca cantando una copla Republicana de la Guerra Civil!. En momentos puntuales se repiten en la plaza gritos de “no pasarán” mientras la masa levanta el puño cerrado, casi todos sacando pecho como un pez globo porque le hemos robado una salchicha al amo, y no puedo dejar de acordarme del ridículo que hicieron los del PP cuando pasaron del “Pujol enano aprende castellano” a hablar catalán en la intimidad.

Tener ideología supongo que es inevitable, y en momentos de euforia difícil de ocultar, pero que no nos ciegue un millón y pico de votos. El techo electoral de PODEMOS lo marcará gestos como los que vi el 25M, que sólo sirven para desmovilizar al votante moderado de PODEMOS y movilizar al electorado más rancio que se ha quedado en casa.

Poco importa que vayas a salvar al país de las multinacionales si lo que esa abuela que te tiene que votar ve por televisión es que la cuarta fuerza política del país es la reencarnación de las brigadas internacionales y le inducen a pensar que si ganan se acabará el mundo o algo peor. ¿Cuantos falangistas se levantarán de su tumba para votar resucitados por los cánticos de estos mítines? ¿Cuántos simpatizantes de PODEMOS simpatizan con Izquierda Anticapitalista, partido vertebrador de la candidatura Europea?

Si algo han demostrado estas elecciones es que al Santo hay que vestirlo guapo para la procesión. Desgraciadamente, para la gente que puede decidir el resultado de las elecciones la III República, la jerarquía católica, la revolución proletaria o los cadáveres que quedan en las cunetas no son un prioridad. Les importa que el Gobierno les robe el fruto de su trabajo, les deje sin los amigos que marcharon al exilio laboral para no volver, sin la familia que no pudieron formar, y que les obliga a malvivir hasta su -prematura- muerte porque el dinero de las pensiones y los servicios sociales se dedica a pagar los rescates de la banca.

Ese discurso es el que interesa a la población, y no se articula en el eje izquierda-derecha porque son problemas que nos afectan a todos, también a los conservadores que votarían a PODEMOS si tuvieran la certeza de que al hacerlo no van a provocar que ardan las iglesias. En el eje Democracia-Plutocracia apenas hay oferta política donde se ubica la mayoría y sería un error que el Frente Amplio de PODEMOS fuera “de izquierdas”, como propone izquierda unida (Frente Popular 2.0, se ve que no han entendido nada) porque no basta con fagocitar al PSOE y unir a la izquierda, también hay que ganar el centro.

Recordemos que para recuperar la soberanía e instaurar la Democracia hacen falta mayorías que permitan reformar la Constitución, Mayorías de, como mínimo, 3/5. Hace falta el centro y este sólo se puede ganar con un insulso discurso de centro o desde otro eje de coordenadas que se superponga y en el que no haya competencia. Ese eje es el Democracia-Plutocracia y creo que los promotores de PODEMOS lo saben bien, puesto que su discurso se dirige allí.

La batalla por la Democracia no se ganará en el eje izquierda-derecha, así que démosle a esta cuestión el papel secundario que merece porque la democracia no es patrimonio exclusivo de la izquierda como España no lo es de la derecha. Estamos cansados de cansarnos Monedero, cansémonos también de repetir los mismos errores. Guardemos los discursos, consignas y banderas del pasado en el armario y -sin renunciar a esas ideas- ayudemos a los que faltan a unirse a la causa democrática desde la diversidad. Me parece que cambiar las cosas a mejor es más importante que que nos den razón, y la receta del éxito es bien sencilla: luchemos primero por la Democracia sin espantar a nadie con aspavientos ideológicos, y los que quieran que sean de izquierdas después.

Comando “SPAM-Electoral”

Idea sencilla, barata y para toda la familia: imprimir y repartir en tu bloque ANTES DE LAS 0:00h DEL SÁBADO la propaganda electoral de las pequeñas formaciones de tu preferencia que se presentan a las elecciones europeas de esta domingo, adjuntando una carta de motivación. Todos los archivos para modificar e imprimir vuestras versiones están al final (necesitareis un editor de PDF).

Yo he impreso 74 ejemplares por unos 10€, y creo que se va a convertir en una tradición :D

PD: En las próximas elecciones pásate por www.comandospamelectoral.com, donde montaremos una aplicación que facilite la impresión de la propaganda.

mailing_comandospamelectoral_EU2014

Estimado/a vecina/o,

En los últimos días posiblemente habrás recibido en tu buzón conmovedoras cartas a todo color de los candidatos/as de los principales partidos políticos solicitando tu voto este próximo domingo. En ellas te cuentan lo bonito que será el futuro si les votas, pero omiten otras muchas cosas.

comandospamelectoral

No te cuentan que hay proclamadas 39 candidaturas para las próximas elecciones Europeas, muchas de las cuales ni siquieras conocerás. Gente valiente que se presenta a las elecciones para defender otro modelo de España y Europa a pesar de las trabas administrativas, del silencio mediático sobre su existencia y con unos presupuestos ridículos para la campaña electoral, que generalmente salen de sus propios bolsillos y a fondo perdido.

No te cuentan que esta propaganda es impresa y buzoneada a cargo de los presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagas cuando compras cualquier cosa o te retienen de la nómina o de la pensión; y que, para enviarla, el Censo Electoral ha facilitado tus datos personales a los partidos políticos que te han escrito, por lo que te tienen “fichado/a” en sus bases de datos.

Tampoco te cuentan que este trato privilegiado sólo lo reciben los partidos que obtengan escaños, ya que el resto tienen que pagárselo de su bolsillo. Por eso es raro recibir propaganda electoral de partidos pequeños… hasta ahora. Afortunadamente somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar a estas formaciones a recorrer el último kilómetro hasta quienes de verdad pueden hacer algo para cambiar las cosas. Si, me refiero a ti, tu familia y tus amigos :)

Atribuyen a Albert Einstein la definición de locura como “hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”, yo no seré tan sutil. Cualquier persona normal entiende que si hacer mal tu trabajo no tiene consecuencias, nadie en su sano juicio se esforzaría en hacer las cosas bien; que si no yendo a trabajar lo que se consigue es que te renueven en vez de despedirte, tenemos claro que no volveremos a pisar la oficina NUNCA.

Los políticos no merecen un trato distinto, por lo que el voto de castigo es lo mínimo que cualquier demócrata debería plantearse el próximo domingo. No un voto de alternancia a otro partido sistémico, sino un verdadero voto de castigo a partidos emergentes, para que cuando la clase política vean los resultados electorales se asusten de verdad. Por eso he dedicado mi tiempo y dinero en imprimir esta carta con la propaganda electoral de las formaciones políticas de mi preferencia, aunque hay muchas otras que te animo a conocer.

No sé tu, pero a mi quien gane las elecciones dejó de importarme hace ya mucho tiempo y no me conformo con elegir el mejor de dos males cuando abundan las candidaturas compuestas por gente sencilla que sabe lo que es estar en paro, lo que cuesta el transporte público y que -desde luego- nunca ha tenido cuentas en suiza ni vehículo oficial. Gente corriente que en la mayoría de los casos han demostrado con sus acciones su voluntad de impulsar un cambio político verdadero, para el que sólo necesitan tu voto… que los técnicos y funcionarios para poner en marcha estas políticas ya los pone el Estado.

No seas parte del problema, sé parte de la solución. Atentamente, tu vecino/a.

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El verdadero porcentaje de gastos que cubren las matrículas universitarias

Que si el 15, el 20 (¿¡sólo el 20?!), el 25%pese a que los presupuestos de las universidades públicas están disponibles en internet parece que nadie tiene muy claro qué porcentaje de los gastos se cubren con las matrículas universitarias. El propio Gobierno admite con la boca pequeña que todavía no se sabe “exactamente” el porcentaje real del copago realizado por los estudiantes porque -hasta muy recientemente- no se ha empezado a separar los gastos de las universidades por programas.

Sea cual sea la cifra exacta (un detalle, al parecer, sin importancia), tanto el Gobierno central como algunos autonómicos tienen claro que los precios públicos todavía están muy lejos del máximo legal del 25% del coste de los estudios en primera matrícula que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su art. 81.3.b; y continúan encareciendo las matrículas a pesar de que la universidad pública española ya es la cuarta más cara de la UE21 (era la sexta antes de los tasazos: datos OCDE para 2011 – Tabla B5.1), y no por su calidad ni porque podemos permitírnoslo.

De hecho, hace unos días la Comunidad de Madrid ha vuelto a subir drásticamente los precios públicos de las universidades por segundo año consecutivo: esta vez un 26,64% en los estudios de menor experimentalidad (generalmente de letras) y el 15,63% de casi todas las ingenierías (ver Anexo I de los Decretos 60/2013 y 66/2012). Y ello, en plena campaña de matriculación, que se estaba haciendo con los precios públicos vigentes (los del año anterior).

Aunque resulta utópico esperar que alguien incapaz de revisar en plazo los precios públicos con un año de preaviso lo entienda, un somero análisis de los presupuestos de las universidades públicas deja bien claro que la última subida ha rebasado los margenes legales en casi todos los centros. Esto es así porque las matrículas universitarias son precios públicos y, por tanto, su cuantía debe estar vinculada a los costes económicos de la docencia, respetando los máximos que marca la LOU.

Ahora bien, ¿cómo pueden determinar el precio del crédito sin conocer su coste exacto?. Cualquiera que haya pisado una universidad en su vida sabe -o debería- que en ellas se llevan a acabo otras muchas actividades que generan gastos, pero que nada tienen que ver con la docencia y que, en consecuencia, no deben sufragarse con cargo a los precios públicos. Si restamos esas cantidades del presupuesto vemos que los estudiantes no están tan subvencionados como se dice, y que no se puede subir más el precio de las matrículas sin modificar antes la LOU. Veámoslo con un ejemplo.

Como mínimo, un tercio del presupuesto de la Carlos III es gasto no relacionado con la docencia de grado

Para comprender porqué las Administraciones no se ponen de acuerdo en el porcentaje de gastos que cubre la matrícula nada mejor que revisar las cuentas de una universidad pública. Haciéndolo comprobaremos que la separación de costes por actividades sigue siendo insuficiente, que se mantiene el criterio de considerar docente todo gasto que no esté muy claro a qué corresponde (inflando injustificadamente las tasas), y que tanto la información publicada como su presentación no facilitan precisamente la rendición de cuentas.

La elegida para esta análisis ha sido la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyos presupuestos para 2013 consignan un gasto total de 157,5 millones de euros. De esta cantidad los alumnos sufragan 27,8 millones de euros en precios públicos por títulos oficiales de grado y doctorados (partida 310.00 de ingresos de todos los presupuestos universitarios – pag. 61 del PDF), por lo que -a priori- sólo pagan el 17,65% de los gastos totales. Ahora bien, para determinar si se pueden subir las tasas, y cuanto, tendremos que establecer primero cual es el coste real del servicio restando los gastos que nada tienen que ver con la docencia y que, por tanto, no deben ser cubiertos mediante abono de precios públicos. ¡Empecemos!

Gasto no docente: Inversión en investigación

El más indiscutible e importante en cuantía es la inversión en investigación, que está reflejada en los presupuestos de toda universidad en el art. 64 del capítulo VI de gastos (pag. 57). En este caso en particular son 24,26 millones de euros del presupuesto que nada tienen que ver con docencia, así que no pueden cargárselos a los estudiantes porque no les corresponde financiar los programas de investigación. Esta partida sola representa el 15,40% del presupuesto total.

Ahora bien, analizando los gastos incluidos en el programa de investigación resulta que éste no sufraga ni un céntimo de los gastos corrientes de funcionamiento de la universidad (suministros, uso de instalaciones, limpieza, seguridad, infraestructuras). Como supongo que esta investigación se hará en las instalaciones de la universidad, me parece justo que el programa de investigación soporte la parte proporcional de estos gastos que les corresponda. ¿O acaso la jardinería es gasto exclusivamente docente?.

Pero, ¿cuál es esa parte proporcional?. Un criterio para estimarla es utilizar el porcentaje que representa la investigación sobre el presupuesto total (15,40%) y aplicárselo a las partidas de gastos comunes (cap. II de gastos, pag 55). Esto restaría 4,19 millones de euros del presupuesto presuntamente docente, y sitúa el gasto no docente en el 18,06%. Se podrían utilizar otros criterios para la estimación, pero me parece una cifra suficientemente conservadora.

Y ojo, que se podrá entrar a discutir si los 12,59 millones de euros en gastos de personal de investigación (la mitad del presupuesto de investigación, que -a su vez- representa el 13,91% de la partida de personal) son suficientes para cubrir los sueldos y seguridad social de las 195 personas contratadas en proyectos de I+D+i (pag 123) más la parte proporcional de los de los restantes 1.905 catedráticos, titulares, profesores y demás Personal Docente y de Investigación (PDI), que -en conjunto- consiguen publicar más de 1.000 artículos de investigación al año (la producción real debe ser muy superior, ya que sólo se publican los artículos con aportaciones relevantes), leer 129 tesis, solicitar un par de docenas de patentes. Viendo lo mal pagada que está la investigación en España, imaginemos que sí.

Gasto no docente: Inversión en ayudas y becas

Cerrado el apartado de investigación pasamos al Capitulo IV del presupuesto, donde se reflejan todas las ayudas a los estudiantes e investigadores (becas de formación, Erasmus, Séneca, postdoctorales…) ¿Deben pagarse las becas con los ingresos por precios públicos? Diría que no: porque ni son gasto docente generado por el alumno, ni la función de la universidad es la de administrar la solidaridad entre estudiantes… que al fin y al cabo son mayores de edad, generalmente desempleados y sin patrimonio, por más o menos dinero que tengan sus padres.

Dado que estos programas no pueden sufragarse a través de los precios públicos (por su propia definición), deberán mantenerse vía impuestos; y en mucha mayor cuantía aprovecho para decir. Los datos de la OCDE (Tabla B5.3) muestran que España es uno de los países estudiados donde la inversión pública en educación terciaria es más regresiva, con un 90% del presupuesto dedicado a financiar directamente a los centros, y sólo un 10% destinado a ayudas y becas… lo que implica que los estudiantes no becados pagan menos matrícula, y los becados reciben menos beca.

Bien es cierto que un ~6% de estas ayudas van destinadas a becas “de colaboración”: auténticos minijobs con dotaciones por debajo del salario mínimo interprofesional y sin seguridad social con los que se cubre parte del funcionamiento de algunos servicios fundamentales de la universidad (biblioteca, aulas de informática), por lo que sería discutible hasta qué punto son o no gasto docente, y/o en qué medida contribuyen a abaratar los costes totales.

Como quiera que los gastos de personal asociados a la gestión y administración de estas “becas” (convocatoria, gestión de pagos, formación en el puesto…) son inseparables del gasto docente, podemos considerar ambas partidas más o menos compensadas. En nuestro caso particular, descargando del presupuesto los programas de ayuda y becas (otros 10,65 millones de euros), ya habríamos identificado un 24,83% del presupuesto cono no docente.

Gasto no docente: Deuda e intereses

Por definición, la deuda (Cap. IX gastos) corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos acumulada en ejercicios anteriores, que no es resultado directo de la actividad docente actual sino de la gestión pasada y que, por tanto, no deben sufragar los estudiantes actuales a través de precios públicos. ¿Deben pagar los estudiantes con su matrícula la deuda y sus intereses (Cap. III gastos) acumulados por decisiones que se tomaron antes de que empezaran sus estudios, sobre las que que no se le consultó y de las que, en el mejor de los casos, se han podido beneficiar mínimamente? Descartando estos gastos, la parte no docente del presupuesto ya representa el 25,44% del total.

Gasto no docente: (presunta) Corrupción

El año pasado, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que se destapaban multitud de irregularidades contables (respuesta oficial). Más recientemente el Tribunal de Cuentas ha detectado prejubilaciones de hasta 300.000 euros “sin soporte legal” en universidades -principalmente andaluzas, pero también en la Carlos III (69.216 euros)-, y son de sobra conocidas las denuncias constantes de clientelismo y corrupción en las universidades españolas, lugar muy dado a hacer una oposición a medida para colocar a amigos que necesitan un sueldo, aunque no sepan hacer la “O” con un canuto. Dada la dificultad de cuantificar estos gastos no docentes, debemos dejarlos fuera del análisis a sabiendas de que existen y que, por tanto, el resultado final estará sesgado a la baja.

Gasto docente, pero no de grado

Otra partida a eliminar del presupuesto docente es la de la formación de post-grado: doctorados, másters oficiales y propios, y cursos de especialización gestionados por el Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) de la UC3M. Los precios públicos de estos estudios deben determinarse en función del perfil de costes específico de esta formación, no pudiendo mezclarse con los de grado para compensar unos con otros.

En el presente análisis esto implica eliminar del presupuesto los 4,37 millones de gastos corrientes atribuidos al CEAES (pag. 79 – el resto del presupuesto son ayudas y becas que ya hemos descontado antes) mas los 3,18 millones de euros de gastos de personal correspondientes al Capítulo I (retribuciones básicas de personal administrativo y gratificaciones) que no están contabilizados como gastos de este centro aunque sí se incluyen en los desgloses de los 31 programas de estudios propios y 12 oficiales del volumen II de los presupuestos (pag 89 a 139 del PDF).

Curiosamente, en la contabilidad de estos programas las retribuciones de los profesores se contabilizan como gastos corrientes, y parece que las cotizaciones a la seguridad social del personal administrativo no se han incluido… así que las añadimos nosotros, al menos en los másters donde es obvio que faltan (361.666€ adicionales). Sumando todos los conceptos se caen del presupuesto de la docencia de grado otros 7,91 millones de euros, quedando el gasto no relacionado con ésta en el 30,51%.

Otros gastos no docentes

Recorriendo las partidas de gastos encontramos otras muchas actividades no docentes dentro de lo que queda del presupuesto: 139.980€ en gastos de protocolo (partida 226.01 – pag 54), 1.274.320€ en estudios técnicos (partida 227.06), 671.840 € en actividades culturales (partida 226.04), 663.750€ en actividades deportivas (partida 226.05), 487.200 € en gastos “no culturales” en el Aula Teatro y el Auditorio de Leganés (pag. 152 y 153 del volumen II), 1.569.690€ en gastos del Espacio Estudiantes (que precisamente gestiona las ayudas, actividades deportivas y culturales – pag. 157 del volumen II), 479.550 € en el Consejo Social (pag. 9 volumen II), 260.360 € del Programa de Igualdad y Cooperación (pag. 169-170 volumen II)… Actividades que no niego que sean fundamentales para la vida universitaria, pero que no parecen ser docentes y -por tanto- no se pueden financiar con cargo a los precios públicos.

Para evitar restar dos veces he tratado de tomar de estas partidas sólo los gastos que no se habían suprimido antes, y prorrateado el resultado final descontando la tasa de participación la investigación en los gastos comunes (15,40%). El resultado es un adelgazamiento adicional de 4.69 millones de euros, lo que sitúa al gasto no relacionado con la docencia de grado en 33,48%.

Compensación por auto-financiación

Por último, hay que señalar que la universidad genera ingresos por múltiples conceptos mediante la utilización de los recursos todavía incluidos en lo que queda de presupuesto: arrendamiento de instalaciones, materiales y servicios, emisión de certificados, ingresos por acceso a las pruebas de acceso a la universidad, universidad para mayores, residencias universitarias… algunos de los cuales podrían no estar reflejados en el presupuesto, ya que parece que la fundación de la UC3M, que gestiona algunos de estas actividades, no está incluida en el presupuesto de la universidad.

Puesto que los gastos de estas actividades no se encuentran desglosados en el presupuesto, procede compensar los gastos de la universidad con la cantidad total de los ingresos percibidos por estas actividades sobre la premisa de que si son rentables, el beneficio debe utilizarse para compensar proporcionalmente las partidas deficitarias de los programas que constituyen la actividad nuclear de la universidad: investigación, docencia (que también incluye infraestructura y servicios comunes). Obviamente, en caso de que estas actividades fueran deficitarias, dicho déficit no puede compensarse con cargo a los precios públicos aunque exista un interés social en que se lleven a cabo (por ejemplo, realizar las pruebas de selectividad).

Para ser justos, destinaremos el 15,40% de estos ingresos que no provienen de los precios públicos por estudios oficiales de grado o postgrado (ni son ingresos por investigación ni transferencias corrientes o de capital de organismos públicos o privados) a la partida de investigación, y el 7,17% a másters y posgrados, que es la proporción que los gastos de estos programas (becas y ayudas incluidas) representan sobre el presupuesto total de la universidad. El resto de ingresos irían a reducir el denominado “gasto docente” de grado.

Hechos los cálculos, el resultado es que el 77,43% de los ingresos correspondientes a los Capítulos III (excepto 310.00, ya contabilizado, y 319.07 , másters universitarios – excluidos), V (ingresos patrimoniales) y VIII (Activos financieros, excepto investigación) debe restarse del presupuesto de la docencia de grado, lo cual representan 5,21 millones de euros auto-financiados. Esto reduciría el presupuesto mínimamente relacionado con los estudios oficiales de grado y pendiente de financiar a 99.552.810€; es decir, el 63,21% del total. Quedémonos con este número.

Gasto no docente: Despilfarro y mala gestión

¿Hemos descartado ya todo el gasto no docente del presupuesto? En mi opinión no, pero dejamos ya de restar para mantener una estimación conservadora y porque los gastos que comento a continuación sí que son docentes, aunque no muy presentables.

Por ejemplo, ¿tiene sentido que una universidad con 821 estudiantes menos (pag. 91 pdf), y el mismo personal (pag. 156 pdf) que hace 4 años, se gaste ni se sabe cuanto en hacer un nuevo edificio en el campus de Getafe habiendo aulas vacías (que no se llenan ni con los cursos para mayores de 55 años)? Vale que la eficiencia energética del edificio (teóricamente certificación LEED Platino) permitirá recuperar la inversión en algunas décadas gracias al ahorro que se obtendrá con la clausura de otros edificios menos eficientes… ¿pero tienen que financiar los estudiantes la reestructuración del campus? Se aprende igual de bien en las aulas y edificios “viejos”, que -por cierto- están en perfecto estado de conservación.

Y qué decir del nuevo campus de Puerta del Hierro ¿era necesario?. ¿Es también necesario duplicar la oferta de plazas inaugurando un nuevo colegio mayor en Getafe donde sólo hay habitaciones individuales? A esos precios dudo que sea para alumnos. Espera, que en Leganés también están construyendo… ¡la burbuja del ladrillo no ha explotado en la UC3M!.

¿Cómo se explica el Campus de Colmenarejo (Google Maps)?. Una única facultad perdida en la sierra cuyos gastos operativos ascienden a 1,13 millones de euros (pag 146 del volumen II – casi la mitad que el campus de Getafe, con 18 edificios) para ¿cuantos, 300 alumnos?. Sin duda esta política de desperdigar microcampuses por la Comunidad de Madrid debe generar unos costes importantes, pese a que algunos ya se hayan eliminado (como el autobús intercampus, que salía por 48.000€ al año por conectar 3 veces al día los centros).

En el capítulo de personal, resulta curioso como el número de Personal Docente e Investigador (PDI) sigue a niveles de 2010 (pag 135) mientras que el número de créditos matriculados ha descendido un 19.1%: en 2010 había matriculados 624 créditos por cada PDI, para 2013 se prevén 499 créditos. Dirán que con Bolonia la formación es más personalizada y blablabla… mentira. Se han suprimido grupos, hay menos alumnos y el número de créditos por alumno ha disminuido, pero mantenemos al mismo número de profesores para… ¿impartir grados de dudosa demanda y con opción de hacerlos en inglés?. ¿Deben los alumnos sufragar con la matrícula los sueldos de los profesores si la universidad decide poner uno por alumno, o crear titulaciones sin demanda? En mi opinión, no; igual que tampoco pueden decidir si quieren más o menos profesores, o mejores.

Aunque no dudo que todas estas cuestiones que critico tengan su razón de ser y justificación, lo que me parece más difícil de sostener es que se consideren gasto docente que deba ser sufragado con la matrícula de los estudiantes; como tampoco entiendo que se dediquen 584.680€ en publicidad y propaganda (partida 226.02 de gastos) o, lo que es lo mismo, 131,38€ por nuevo alumno/año (los antiguos ya están atrapados, jajaja) en engañar a la gente para que estudien aquí. ¿Pero no es una universidad tan excelente y está en lo más alto de los rankings? ¿Acaso no hay gente haciendo cola para entrar? Que hay una demanda del 133% sobre las plazas ofertadas de primer año (pag. 107 pdf) y unas notas de corte bien altas.

Y, así, hasta el infinito…

Haciendo las cuentas, la subida de tasas incumple la LOU

Una vez conocido el presupuesto presuntamente docente, determinar los precios públicos de los grados es cuestión de dividir entre el número de créditos que se imparten al año. Desgraciadamente, debemos volver a estimar la cifra puesto que los presupuestos sólo ofrecen el total agregado de grados y posgrados (pag. 155 vol 1). Para esta operación, baste multiplicar el número de estudiantes de grado (14.800, restando los post-grados y estudios hispánicos) por el número de créditos matriculados por estudiante de media en los últimos 4 años (62,37[1]) para obtener 923.172 créditos al año.

A partir de este cálculo llegamos al resultado de que el coste medio del crédito de la docencia de grado en la UC3M es 107,84 €, por lo que -según la LOU- la primera matrícula podría costar de media, como mucho, 26,96€ por crédito; la segunda 43,14 € y la tercera 80,88 €. Insisto en que se trata de precios medios, porque el coste de estudiar con manuales que se revisan 1 vez por década es distinto del de estudiar con software de cálculo de estructuras o equipos audiovisuales. Por este motivo los precios públicos varían según el grado de experimentalidad de los estudios; y los doctorados, másters y títulos propios tienen sus propios precios en relación con los costes de estas titulaciones.

Esto significa que el precio del crédito en los estudios de menor experimentalidad generalmente será inferior que la media[2], como también ocurrirá en los estudios y centros con mayor demanda por una mera cuestión de economías de escala. A riesgo de ser reiterativo, insisto una vez mas: los precios públicos deben determinarse en función del coste del servicio, por lo que deben ser distintos para cada titulación y para cada universidad, sin que pueda pretenderse que un estudiante de una carrera barata y con más demanda (pongamos económicas o empresariales) subvencione con su matricula el mayor gasto de planes de estudios sin estudiantes y/o que requieran medios más caros. Por mucho que los costes fijos comunes sean la mayor parte, no se puede pretender que cursar ingeniería industrial cueste 4 euros más por crédito (un 14,82% más) que sociología, a menos que a los segundos les incluyan los libros y el viaje de fin de curso en la matrícula.

Pues bien, exactamente eso pretende la UC3M al hacer uso de todo el margen de subida que le concede la Comunidad de Madrid en su último decreto. En el ejercicio de su autonomía universitaria no solo ha fijado el precio del crédito en primera matrícula para todas las titulaciones por encima del límite legal del 25% de los costes (27€ las más baratas), sino también incumplido el límite del 40% en segunda matrícula (50,53€ precio mínimo), el del 75% en tercera (94,75 € precio mínimo) y en cuarta matrícula obliga a pagar -como mínimo- el 117% del coste medio (126,34 €), cuando el máximo absoluto es el 100%.

Por mucho que los rectores se opongan a la subida, son las universidades las últimas responsables fijar los precios públicos, como se refleja en el artículo 2.1 del Decreto 60/2013 de la Comunidad de Madrid. Así pues, en teoría los precios son efectivamente máximos y cada centro puede decidir fijar unos inferiores siempre que el precio se mantenga dentro de los límites que marca la LOU, por lo que sorprende que el precio del crédito en todas las universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, UAH, URJC) sea el mismo ¿Pretenden que creamos que el coste por estudiante es igual en las penitenciarías facultades masificadas de la Complutense que en el bucólico campus de Colmenarejo, o están sufragando los estudiantes de unas universidades a los de otras?

Supongo que la explicación es mucho más sencilla: la Comunidad de Madrid no tiene dinero y ha decidido sanear sus cuentas a costa de los estudiantes y sus familias, bajo amenaza de que la universidad que no haga uso de todo el margen que se apruebe de subida se quedará sin la parte proporcional de la transferencia autonómica (principal fuente de financiación), puesto que de su comportamiento se deduce que no necesita más financiación. Si fuera el caso, sería un buen ejemplo de cómo la corrupción y el despilfarro los pagan quienes los consienten tarde o temprano.

En cualquier caso, todo parece indicar que la subida de tasas en la UC3M vulnera la LOU, situación que probablemente también se producirá en el resto de universidades madrileñas habida cuenta que la Carlos III es la universidad púbica con menos alumnos (17.750) y más campuses (4) de la región. Sería deseable que alguien advirtiera de tal eventualidad a los responsables de fijar los precios públicos antes de que a los más de 200.000 alumnos afectados se les ocurriera organizarse para presentar una demanda judicial colectiva contra el tasazo por incumplimiento de la LOU, reclamando el dinero cobrado de más y los intereses.

Sobre la anulación del tasazo

Para que cayera el tasazo, teóricamente bastaría con que un sólo alumno/a consiguiera recurrir con éxito en la vía contencioso-administrativa la anulación -por impago parcial- de su matrícula para el año 2013/2014[3]; siempre y cuando entre sus alegaciones se incluyera que los precios públicos aprobados por su universidad superan los límites máximos que establece la LOU para los estudios de grado. Si el tribunal apreciara tal circunstancia, deberían ser anulados y habría que devolver la diferencia entre las cantidades cobradas y los últimos precios públicos que cumplan los límites que establece la LOU.

No obstante, esperar a que alguien resuelva esta papeleta no parece ni demasiado solidario ni demasiado seguro; y siempre cabe la posibilidad de que en segunda o siguientes instancias algún alto tribunal limite la devolución de los precios públicos a aquellas personas que lo hubiesen reclamado, ya que el reembolso a todos los estudiantes implicaría la quiebra de la universidad afectada (quizás sea el objetivo último de la Comunidad de Madrid, aunque siempre estará en mano de los estudiantes afectados el facilitar un calendario de pagos que permita la supervivencia de la universidad).

Por eso, porque constituye el paso previo al recurso contencioso-administrativo, y porque es una medida efectiva de protesta, animo a aquellos/as estudiantes que quieran mostrar su rechazo al tasazo a que inauguren el académico inundando los registros de su universidad con reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades cobradas de más. Intentaré publicar aquí un modelo de instancia para aquellas universidades de las que dispongamos de estimaciones suficientemente aproximadas del precio real de la docencia (ver segundo comentario).

O LES PARAMOS LOS PIES AHORA O EL AÑO QUE VIENE NOS VUELVE A APRETAR.
#STOPtasazos

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[1] La cifra utilizada de créditos matriculado por alumno y año parece un poco elevada si tenemos en cuenta que un año académico son 60 créditos tanto en los grados (no dobles) como en los másters. Supongo que ello se debe a que la gente tiende a matricularse del año siguiente completo más las asignaturas que les hayan quedado. En cualquier caso, a la hora de estimar el coste por crédito me parece correcto asumir que los estudiantes se matriculan por cursos completos, ya que sería un poco absurdo determinar dicho coste en función del descenso de las matriculaciones producido por la subida de precios, que es el factor que se trata de calcular y llevaría a que los estudiantes paguen lo mismo independientemente del número de asignaturas de las que se matriculen. Por otra parte, si se prevén descensos en las matriculaciones deben ajustarse también los gastos de la universidad manteniendo el precio del crédito tan constante como lo permitan los costes fijos.

[2] En el supuesto de que se aplique el mismo porcentaje sobre gastos a todas las titulaciones, ya que la universidad podría perfectamente decidir que los estudios en los que no hay suficientes titulados para cubrir las demandas de la sociedad paguen un porcentaje menor dentro de los límites de la LOU (siempre que la diferencia la sufrague íntegramente la universidad, y no los alumnos de otros estudios con tasas más altas).

[3] El impago debería ser mínimo, de modo que cubra los costes reales de la docencia sin llegar al 100% de los precios públicos (devolución parcial del recibo o ingreso parcial en oficina bancaria). Los afectados sin recursos podrían litigar con un abogado de oficio gracias a la justicia gratuita.