La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online

Este próximo mes de octubre empiezan las votaciones decisivas para aprobar, en el Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión referente a la reforma de copyright en el mercado digital único europeo. ¿Subes contenido a Internet? ¿Compartes noticias online? De ser así, esta reforma te afectará negativamente… si permitimos que salga adelante. Escribe y llama a tus eurodiputados para evitarlo. Read more “La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online”

Desobedeceremos hasta acabar con la farsa de la partitocracia

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas. Alcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles, puesto que el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido.

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas; cuestión ciertamente subjetiva, y que varía con el tiempo gracias a la desobediencia civil, uno de los motores del progreso social.

El no reconocimiento del voto a las mujeres, la prohibición del matrimonio homosexual o el encarcelamiento de los insumisos al servicio militar ya se consideraban mayoritariamente “injustas” antes de que el parlamento lo reconociera oficialmente, cambiando sus leyes. Pero antes de que esto ocurriera, no poca gente fue represaliada por defender lo que hoy nos parece normal.

Rosaparks_bus_colauAlcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles. Al asumir con la convicción del inocente las consecuencias de incumplir normas injustas, se erosiona la certidumbre y determinación de quienes tienen que hacerlas cumplir porque se respeten, única fuente real de su poder.

Puesto que hasta las dictaduras tienen leyes de obligado cumplimiento, el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido. Cada uno elegirá si observa la ley para evitar las sanciones asociadas a su incumplimiento, pero no hay ninguna necesidad de comulgar con ella. Si se está dispuesto asumir las consecuencias -o puedes librarte de ellas-, tampoco tienes que cumplirlas, como vemos a diario.

Cuando las leyes son promulgadas por un sistema político en el que no existe representación política de los votantes (los electos obedecen el mandato imperativo de quien hace las listas de su partido) ni separación real de poderes (pues todos emanan de la cúpula de los partidos); en el que la abstención ronda permanentemente el 40%, no existe capacidad de revocación del mandato electivo y la población es objeto de un saqueo masivo articulado desde estas instituciones, la desobediencia civil es la única salida digna y pacífica.

Por eso, no puedo sino aplaudir a Ada Colau cuando dice que “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. Desobedeceremos para acabar con la poca legitimidad que le quedan a las instituciones del Régimen del 78 y terminar con la farsa de la partitocracia que lleva casi 40 años inhibiendo el nacimiento de la Democracia. Ada Colau está haciendo algo (ya veremos si bien, mal y/o en el sitio apropiado) por alcanzarla, por eso la votan.

Actualización: Sobre la reacción de Pedro Sánchez

Hoy -5 de junio- el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que un líder político no puede decir que no se deben ‘de’ cumplir las leyes porque se consideren justas o injustas… ¿quién califica qué es justo o injusto? (minuto 18:30 de Las Mañanas de Radio Nacional), demostrando con ello que está capacitado para hacer bueno a Rajoy, como han hecho con sus antecesores todos los Presidentes del Gobierno desde Felipe González.

Afortunadamente para el señor Sánchez, un líder político puede decir tantas tonterías como le venga en gana -incluso en programas radiofónicos de gran audiencia-, que para eso existe la libertad de expresión y pensamiento. ¿Quien califica lo que un líder político puede decir y no decir? Por suerte y -a veces- por desgracia, nadie. Cuestión distinta es la opinión que a cada uno le pueda provocar las declaraciones de estos líderes, o las leyes que hagan.

¿Qué quién califica qué es justo o injusto?. Pues CUALQUIERA tiene pleno derecho de juzgar lo que hacen y dicen los demás según sus propios criterios, es que sólo faltaría. No lo plantee como una pregunta retórica… hasta los niños de 6 años tienen un concepto de la justicia y la injusticia, generalmente basado en la empatía (aunque haya otros criterios). Espero que usted también lo tenga, ya que pretende gobernar nuestro país; aunque lo disimula bastante bien.

Esto no significa que la opinión personal que tenga cada uno sea la mayoritaria, la verdadera ni la correcta. Habrá a quien le parezca injusto que un exconsejero de Caja Madrid (ahora Bankia) que votara a favor de la emisión de preferentes con las que se estafaron a miles de personas lidere un partido político que se autodenomina socialista, obrero y español; y se presente como candidato a la Presidencia del Gobierno. Habrá a quienes les parezca justo, y -sea justo o injusto- no hay duda de que las leyes se lo permiten si el partido que dirige le nomina.

Pero que las leyes permitan algo no puede equipararse con que sea justo: una norma injusta puede ratificarse como ley en el Parlamento, ejecutarse en los juzgados y llamarse justicia sin serlo. Anda que no hemos visto veces a políticos de todo pelaje diciendo que todo lo que han hecho era legal… ¡pues menos mal! porque si no lo fuera igual estabais declarando ante el juez y no ante un periodista.

No hemos llegado al fin de la historia: Los abusos de los poderosos y las rebeliones contra ellos han sido, son y seguirán siendo elementos presentes en todos los tiempos. Siempre habrá “líderes políticos” que nos digan que debemos obedecer las leyes, aunque no nos gusten, que no podemos juzgarlas (ni a quienes las aprueban) porque son expresión de la “voluntad popular”, y que -si no nos gustan- que nos presentemos a las elecciones (aunque como ganes igual alguien te monta un golpe de Estado).

Estos son los mismos que van diciendo que vivimos en democracia porque se vota, igual que se vota y se votaba en otros regímenes que no eran ni son nada democráticos; que vivimos en libertad porque en la Constitución se reconocen una serie de derechos individuales que ya existían antes de poder ir a reclamarlos ante un Tribunal Constitucional y que, pese a su existencia, se siguen vulnerando a diario (por ejemplo, el voto de los españoles no residentes); los mismos que nos hablan del imperio de la ley y de separación de poderes cuando el que manda es el mismo que hace las leyes, las ejecuta, y nombra -directa o indirectamente- a los jefes de quien debe juzgarlas.

Estos son los que hablen en nombre de la mayoría cuando sólo les ha votado el 30,37% y el 20,33% del censo electoral respectivamente (PP y PSOE según datos de 2011); y dicen ser nuestros representantes porque así lo dice el art. 66 de la Constitución, cuando la ley electoral imposibilita dicha representación con las listas de partido. Abiertas o cerradas, da igual; la designación siempre depende del partido que te pone en ellas, e impiden identificar a tu representante para poder darle un mandato expreso (cuestión, por cierto, prohibida salvo cuando es “disciplina de voto”).

Representantes a los que sus electores no pueden fiscalizar hasta las siguientes elecciones por falta de mecanismos de control para ello; con los que no existe un vínculo económico, pues se financian directamente del presupuesto del Estado; y que ni siquiera tienen que pisar su circunscripción en toda la legislatura si no quieren. No es de extrañar que el cumplimiento de los programas electorales y atender a los supuestos representados sea totalmente opcional.

Y luego están los otros, que según el secretario general del PSOE no deberían ser líderes políticos. Los que alientan el incumplimiento de las leyes injustas e incitan a delitos como el de sedición. No hablo de Ada Colau, que -como informa el periodista al que responde Pedro Sánchez- no ha hecho nada de todo esto todavía. Hablo de terroristas como Thomas Jefferson, que, no contento subvertir el orden legal y constitucional vigente liderando la sedición armada de las 13 colonias inglesas en América, llama a las futuras generaciones a la guerra civil cuando afirma que “el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural”.

Comparados con gentuza como esta, que ha escrito las páginas más brillantes de la historia política de la humanidad y rescatado el concepto de democracia (representativa) para la historia moderna, los que pensamos que la desobediencia civil generalizada es otra forma de expresión individual de la voluntad popular, en ocasiones necesaria, somos unos angelitos.

No siempre se puede esperar cuatro años para cambiar el voto, ni hacerlo garantiza los resultados deseados. Si, en las circunstancias descritas, ese grupo de “representantes” votados en listas por un porcentaje minoritario del censo aprueban una ley que pueda aceptar una mayoría social, será mera coincidencia. Si, por contra, siguiendo las ordenes del jefe de su partido, esos mismos “representantes” aprueban una ley que genera un rechazo social, pues como mucho será cumplida a regañadientes.

Pero habrá gente que, en uso de su libertad de pensamiento, decidirán incumplir esa ley y afrontar las consecuencias como forma de protesta. Y puesto que la desobediencia civil de una ley que te parece injusta no la deroga, serán castigados por ello. Y otros les imitaran, y serán también castigados. Y, si los motivos de la desobediencia son fundados, cada detención deslegitimará a quienes aprobaron y aplican esa ley. Y cuando las cárceles estén llenas y haya quedado claro que nadie la quiere, esa ley se dejará de cumplir y -finalmente- será derogarada.

Sobran los ejemplos de normas en vigor que se incumplen sin ninguna consecuencia para los infractores, y a sabiendas de los órganos del Estado (¿descargas “ilegales”?, ley seca en EE.UU hace casi un siglo), pero mi favorito es el de no tributar por los regalos de boda o cumpleaños. Dado que no hay un mínimo legal exento, están sujetos al impuesto de donaciones aunque nadie los declara. Es decir, total impunidad en el incumplimiento del texto de la ley con la complicidad del Estado. ¿Qué pasaría si Hacienda intentara hacer cumplir el texto de esta ley en vigor, pero que ha sido socialmente derogada? ¿Por qué no se cambia para ajustarla a la realidad social? ¿Tiene que venir un órgano del Estado a dar carta de naturaleza a esta realidad jurídico-social? Pues claro que no, pero todo llegará.

Así que si Ada Colau decide incumplir, como alcaldesa, alguna ley que le parezca injusta el Gobierno tendrá que aplicarle la legislación vigente, y procesarla por un delito de prevaricación. Pero, si por un casual, una buena parte de la población opinara como ella, se expone a que el problema escale y tener que medir sus fuerzas con los desobedientes dentro y fuera de Barcelona (y no creo que tenga todas las de ganar). Eso, o tolerar su transgresión por un bien mayor, como se hace normalmente (caso Botín, Infanta, etc…), lo cual intensificará la desobediencia y conducirá finalmente al enfrentamiento. Es lo que pasa cuando las instituciones políticas están deslegitimadas, tanto por su diseño como por su funcionamiento, y una minoría impone normas que no reflejan el sentir de la población en nombre de todos.

Echar a la Casta requiere que te voten hasta las abuelas

Lo decía muy bien Pablo Iglesias a lo largo de la noche electoral: PODEMOS no se ha puesto un techo electoral, nació ganar elecciones creando espacios de convergencia que permitan que tengamos un Gobierno democrático y que los partidos de la casta pasen a formar parte de la historia (dentro vídeo). A pesar de los excelentes resultados [de esta formación], las elecciones las ha ganado el PP, por lo que seguirá habiendo 6 millones de parados, más de 10 millones en situación de pobreza y desahucios todos los días.

Seguía después, ya en su discurso en la plaza del Reina Sofía (empieza en el minuto 54), diciendo que podemos, pero no podemos sólos; a lo que Monedero añadió que en esta causa no sobra nadie y que a nadie se le pide el carné, con estar en la lucha basta. Y es verdad, me consta que ni sobra nadie ni se piden carnés… ni falta que hace, puesto que es evidente de qué pie cojea este nuevo partido.

No se me escapa que la lucha por la Democracia hoy es una lucha contra las nuevas formas de fascismo, entendido como la imposición por el Estado de un modelo económico que redistribuye la riqueza de la población hacia las grandes empresas; ni que la existencia de dicho modelo económico en España hoy es parte del legado dejado por la Guerra Civil, pero tampoco olvido que para culminar una revolución democrática desde las urnas es necesario el apoyo electoral de esa mayoría silenciosa que se asusta fácilmente cuando se toca el tema del (anti)fascismo o la Guerra Civil.

La revolución electoral en ciernes depende de que el Frente Amplio que propone PODEMOS consiga el voto de los mismos que piensan que meterse en política es peligroso, de los que abiertamente te dicen que quieren que sean otros los que decidan por ellos, de los que han nacido y crecido en el franquismo, se creyeron la Transición y siguen informándose por la prensa… visto como funciona el sistema electoral, te tienen que votar hasta las abuelas. Gente que puede entender la fractura social que separa la casta del resto de la población, brecha que PODEMOS explota con éxito y que puede llevarle a la victoria si no espantan a esa mayoría social, que -según Errejón- está lista para convertirse en mayoría política, agitando fantasmas del pasado.

Por eso no puedo sino preocuparme cuando dice Iglesias que quieren acabar con lo viejo justo antes de dar paso al portavoz del partido… ¡que se arranca cantando una copla Republicana de la Guerra Civil!. En momentos puntuales se repiten en la plaza gritos de “no pasarán” mientras la masa levanta el puño cerrado, casi todos sacando pecho como un pez globo porque le hemos robado una salchicha al amo, y no puedo dejar de acordarme del ridículo que hicieron los del PP cuando pasaron del “Pujol enano aprende castellano” a hablar catalán en la intimidad.

Tener ideología supongo que es inevitable, y en momentos de euforia difícil de ocultar, pero que no nos ciegue un millón y pico de votos. El techo electoral de PODEMOS lo marcará gestos como los que vi el 25M, que sólo sirven para desmovilizar al votante moderado de PODEMOS y movilizar al electorado más rancio que se ha quedado en casa.

Poco importa que vayas a salvar al país de las multinacionales si lo que esa abuela que te tiene que votar ve por televisión es que la cuarta fuerza política del país es la reencarnación de las brigadas internacionales y le inducen a pensar que si ganan se acabará el mundo o algo peor. ¿Cuantos falangistas se levantarán de su tumba para votar resucitados por los cánticos de estos mítines? ¿Cuántos simpatizantes de PODEMOS simpatizan con Izquierda Anticapitalista, partido vertebrador de la candidatura Europea?

Si algo han demostrado estas elecciones es que al Santo hay que vestirlo guapo para la procesión. Desgraciadamente, para la gente que puede decidir el resultado de las elecciones la III República, la jerarquía católica, la revolución proletaria o los cadáveres que quedan en las cunetas no son un prioridad. Les importa que el Gobierno les robe el fruto de su trabajo, les deje sin los amigos que marcharon al exilio laboral para no volver, sin la familia que no pudieron formar, y que les obliga a malvivir hasta su -prematura- muerte porque el dinero de las pensiones y los servicios sociales se dedica a pagar los rescates de la banca.

Ese discurso es el que interesa a la población, y no se articula en el eje izquierda-derecha porque son problemas que nos afectan a todos, también a los conservadores que votarían a PODEMOS si tuvieran la certeza de que al hacerlo no van a provocar que ardan las iglesias. En el eje Democracia-Plutocracia apenas hay oferta política donde se ubica la mayoría y sería un error que el Frente Amplio de PODEMOS fuera “de izquierdas”, como propone izquierda unida (Frente Popular 2.0, se ve que no han entendido nada) porque no basta con fagocitar al PSOE y unir a la izquierda, también hay que ganar el centro.

Recordemos que para recuperar la soberanía e instaurar la Democracia hacen falta mayorías que permitan reformar la Constitución, Mayorías de, como mínimo, 3/5. Hace falta el centro y este sólo se puede ganar con un insulso discurso de centro o desde otro eje de coordenadas que se superponga y en el que no haya competencia. Ese eje es el Democracia-Plutocracia y creo que los promotores de PODEMOS lo saben bien, puesto que su discurso se dirige allí.

La batalla por la Democracia no se ganará en el eje izquierda-derecha, así que démosle a esta cuestión el papel secundario que merece porque la democracia no es patrimonio exclusivo de la izquierda como España no lo es de la derecha. Estamos cansados de cansarnos Monedero, cansémonos también de repetir los mismos errores. Guardemos los discursos, consignas y banderas del pasado en el armario y -sin renunciar a esas ideas- ayudemos a los que faltan a unirse a la causa democrática desde la diversidad. Me parece que cambiar las cosas a mejor es más importante que que nos den razón, y la receta del éxito es bien sencilla: luchemos primero por la Democracia sin espantar a nadie con aspavientos ideológicos, y los que quieran que sean de izquierdas después.

Comando “SPAM-Electoral”

Idea sencilla, barata y para toda la familia: imprimir y repartir en tu bloque ANTES DE LAS 0:00h DEL SÁBADO la propaganda electoral de las pequeñas formaciones de tu preferencia que se presentan a las elecciones europeas de esta domingo, adjuntando una carta de motivación. Todos los archivos para modificar e imprimir vuestras versiones están al final (necesitareis un editor de PDF).

Yo he impreso 74 ejemplares por unos 10€, y creo que se va a convertir en una tradición :D

PD: En las próximas elecciones pásate por www.comandospamelectoral.com, donde montaremos una aplicación que facilite la impresión de la propaganda.

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Estimado/a vecina/o,

En los últimos días posiblemente habrás recibido en tu buzón conmovedoras cartas a todo color de los candidatos/as de los principales partidos políticos solicitando tu voto este próximo domingo. En ellas te cuentan lo bonito que será el futuro si les votas, pero omiten otras muchas cosas.

comandospamelectoral

No te cuentan que hay proclamadas 39 candidaturas para las próximas elecciones Europeas, muchas de las cuales ni siquieras conocerás. Gente valiente que se presenta a las elecciones para defender otro modelo de España y Europa a pesar de las trabas administrativas, del silencio mediático sobre su existencia y con unos presupuestos ridículos para la campaña electoral, que generalmente salen de sus propios bolsillos y a fondo perdido.

No te cuentan que esta propaganda es impresa y buzoneada a cargo de los presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagas cuando compras cualquier cosa o te retienen de la nómina o de la pensión; y que, para enviarla, el Censo Electoral ha facilitado tus datos personales a los partidos políticos que te han escrito, por lo que te tienen “fichado/a” en sus bases de datos.

Tampoco te cuentan que este trato privilegiado sólo lo reciben los partidos que obtengan escaños, ya que el resto tienen que pagárselo de su bolsillo. Por eso es raro recibir propaganda electoral de partidos pequeños… hasta ahora. Afortunadamente somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar a estas formaciones a recorrer el último kilómetro hasta quienes de verdad pueden hacer algo para cambiar las cosas. Si, me refiero a ti, tu familia y tus amigos :)

Atribuyen a Albert Einstein la definición de locura como “hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”, yo no seré tan sutil. Cualquier persona normal entiende que si hacer mal tu trabajo no tiene consecuencias, nadie en su sano juicio se esforzaría en hacer las cosas bien; que si no yendo a trabajar lo que se consigue es que te renueven en vez de despedirte, tenemos claro que no volveremos a pisar la oficina NUNCA.

Los políticos no merecen un trato distinto, por lo que el voto de castigo es lo mínimo que cualquier demócrata debería plantearse el próximo domingo. No un voto de alternancia a otro partido sistémico, sino un verdadero voto de castigo a partidos emergentes, para que cuando la clase política vean los resultados electorales se asusten de verdad. Por eso he dedicado mi tiempo y dinero en imprimir esta carta con la propaganda electoral de las formaciones políticas de mi preferencia, aunque hay muchas otras que te animo a conocer.

No sé tu, pero a mi quien gane las elecciones dejó de importarme hace ya mucho tiempo y no me conformo con elegir el mejor de dos males cuando abundan las candidaturas compuestas por gente sencilla que sabe lo que es estar en paro, lo que cuesta el transporte público y que -desde luego- nunca ha tenido cuentas en suiza ni vehículo oficial. Gente corriente que en la mayoría de los casos han demostrado con sus acciones su voluntad de impulsar un cambio político verdadero, para el que sólo necesitan tu voto… que los técnicos y funcionarios para poner en marcha estas políticas ya los pone el Estado.

No seas parte del problema, sé parte de la solución. Atentamente, tu vecino/a.

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El verdadero porcentaje de gastos que cubren las matrículas universitarias

Que si el 15, el 20 (¿¡sólo el 20?!), el 25%pese a que los presupuestos de las universidades públicas están disponibles en internet parece que nadie tiene muy claro qué porcentaje de los gastos se cubren con las matrículas universitarias. El propio Gobierno admite con la boca pequeña que todavía no se sabe “exactamente” el porcentaje real del copago realizado por los estudiantes porque -hasta muy recientemente- no se ha empezado a separar los gastos de las universidades por programas.

Sea cual sea la cifra exacta (un detalle, al parecer, sin importancia), tanto el Gobierno central como algunos autonómicos tienen claro que los precios públicos todavía están muy lejos del máximo legal del 25% del coste de los estudios en primera matrícula que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su art. 81.3.b; y continúan encareciendo las matrículas a pesar de que la universidad pública española ya es la cuarta más cara de la UE21 (era la sexta antes de los tasazos: datos OCDE para 2011 – Tabla B5.1), y no por su calidad ni porque podemos permitírnoslo.

De hecho, hace unos días la Comunidad de Madrid ha vuelto a subir drásticamente los precios públicos de las universidades por segundo año consecutivo: esta vez un 26,64% en los estudios de menor experimentalidad (generalmente de letras) y el 15,63% de casi todas las ingenierías (ver Anexo I de los Decretos 60/2013 y 66/2012). Y ello, en plena campaña de matriculación, que se estaba haciendo con los precios públicos vigentes (los del año anterior).

Aunque resulta utópico esperar que alguien incapaz de revisar en plazo los precios públicos con un año de preaviso lo entienda, un somero análisis de los presupuestos de las universidades públicas deja bien claro que la última subida ha rebasado los margenes legales en casi todos los centros. Esto es así porque las matrículas universitarias son precios públicos y, por tanto, su cuantía debe estar vinculada a los costes económicos de la docencia, respetando los máximos que marca la LOU.

Ahora bien, ¿cómo pueden determinar el precio del crédito sin conocer su coste exacto?. Cualquiera que haya pisado una universidad en su vida sabe -o debería- que en ellas se llevan a acabo otras muchas actividades que generan gastos, pero que nada tienen que ver con la docencia y que, en consecuencia, no deben sufragarse con cargo a los precios públicos. Si restamos esas cantidades del presupuesto vemos que los estudiantes no están tan subvencionados como se dice, y que no se puede subir más el precio de las matrículas sin modificar antes la LOU. Veámoslo con un ejemplo.

Como mínimo, un tercio del presupuesto de la Carlos III es gasto no relacionado con la docencia de grado

Para comprender porqué las Administraciones no se ponen de acuerdo en el porcentaje de gastos que cubre la matrícula nada mejor que revisar las cuentas de una universidad pública. Haciéndolo comprobaremos que la separación de costes por actividades sigue siendo insuficiente, que se mantiene el criterio de considerar docente todo gasto que no esté muy claro a qué corresponde (inflando injustificadamente las tasas), y que tanto la información publicada como su presentación no facilitan precisamente la rendición de cuentas.

La elegida para esta análisis ha sido la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyos presupuestos para 2013 consignan un gasto total de 157,5 millones de euros. De esta cantidad los alumnos sufragan 27,8 millones de euros en precios públicos por títulos oficiales de grado y doctorados (partida 310.00 de ingresos de todos los presupuestos universitarios – pag. 61 del PDF), por lo que -a priori- sólo pagan el 17,65% de los gastos totales. Ahora bien, para determinar si se pueden subir las tasas, y cuanto, tendremos que establecer primero cual es el coste real del servicio restando los gastos que nada tienen que ver con la docencia y que, por tanto, no deben ser cubiertos mediante abono de precios públicos. ¡Empecemos!

Gasto no docente: Inversión en investigación

El más indiscutible e importante en cuantía es la inversión en investigación, que está reflejada en los presupuestos de toda universidad en el art. 64 del capítulo VI de gastos (pag. 57). En este caso en particular son 24,26 millones de euros del presupuesto que nada tienen que ver con docencia, así que no pueden cargárselos a los estudiantes porque no les corresponde financiar los programas de investigación. Esta partida sola representa el 15,40% del presupuesto total.

Ahora bien, analizando los gastos incluidos en el programa de investigación resulta que éste no sufraga ni un céntimo de los gastos corrientes de funcionamiento de la universidad (suministros, uso de instalaciones, limpieza, seguridad, infraestructuras). Como supongo que esta investigación se hará en las instalaciones de la universidad, me parece justo que el programa de investigación soporte la parte proporcional de estos gastos que les corresponda. ¿O acaso la jardinería es gasto exclusivamente docente?.

Pero, ¿cuál es esa parte proporcional?. Un criterio para estimarla es utilizar el porcentaje que representa la investigación sobre el presupuesto total (15,40%) y aplicárselo a las partidas de gastos comunes (cap. II de gastos, pag 55). Esto restaría 4,19 millones de euros del presupuesto presuntamente docente, y sitúa el gasto no docente en el 18,06%. Se podrían utilizar otros criterios para la estimación, pero me parece una cifra suficientemente conservadora.

Y ojo, que se podrá entrar a discutir si los 12,59 millones de euros en gastos de personal de investigación (la mitad del presupuesto de investigación, que -a su vez- representa el 13,91% de la partida de personal) son suficientes para cubrir los sueldos y seguridad social de las 195 personas contratadas en proyectos de I+D+i (pag 123) más la parte proporcional de los de los restantes 1.905 catedráticos, titulares, profesores y demás Personal Docente y de Investigación (PDI), que -en conjunto- consiguen publicar más de 1.000 artículos de investigación al año (la producción real debe ser muy superior, ya que sólo se publican los artículos con aportaciones relevantes), leer 129 tesis, solicitar un par de docenas de patentes. Viendo lo mal pagada que está la investigación en España, imaginemos que sí.

Gasto no docente: Inversión en ayudas y becas

Cerrado el apartado de investigación pasamos al Capitulo IV del presupuesto, donde se reflejan todas las ayudas a los estudiantes e investigadores (becas de formación, Erasmus, Séneca, postdoctorales…) ¿Deben pagarse las becas con los ingresos por precios públicos? Diría que no: porque ni son gasto docente generado por el alumno, ni la función de la universidad es la de administrar la solidaridad entre estudiantes… que al fin y al cabo son mayores de edad, generalmente desempleados y sin patrimonio, por más o menos dinero que tengan sus padres.

Dado que estos programas no pueden sufragarse a través de los precios públicos (por su propia definición), deberán mantenerse vía impuestos; y en mucha mayor cuantía aprovecho para decir. Los datos de la OCDE (Tabla B5.3) muestran que España es uno de los países estudiados donde la inversión pública en educación terciaria es más regresiva, con un 90% del presupuesto dedicado a financiar directamente a los centros, y sólo un 10% destinado a ayudas y becas… lo que implica que los estudiantes no becados pagan menos matrícula, y los becados reciben menos beca.

Bien es cierto que un ~6% de estas ayudas van destinadas a becas “de colaboración”: auténticos minijobs con dotaciones por debajo del salario mínimo interprofesional y sin seguridad social con los que se cubre parte del funcionamiento de algunos servicios fundamentales de la universidad (biblioteca, aulas de informática), por lo que sería discutible hasta qué punto son o no gasto docente, y/o en qué medida contribuyen a abaratar los costes totales.

Como quiera que los gastos de personal asociados a la gestión y administración de estas “becas” (convocatoria, gestión de pagos, formación en el puesto…) son inseparables del gasto docente, podemos considerar ambas partidas más o menos compensadas. En nuestro caso particular, descargando del presupuesto los programas de ayuda y becas (otros 10,65 millones de euros), ya habríamos identificado un 24,83% del presupuesto cono no docente.

Gasto no docente: Deuda e intereses

Por definición, la deuda (Cap. IX gastos) corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos acumulada en ejercicios anteriores, que no es resultado directo de la actividad docente actual sino de la gestión pasada y que, por tanto, no deben sufragar los estudiantes actuales a través de precios públicos. ¿Deben pagar los estudiantes con su matrícula la deuda y sus intereses (Cap. III gastos) acumulados por decisiones que se tomaron antes de que empezaran sus estudios, sobre las que que no se le consultó y de las que, en el mejor de los casos, se han podido beneficiar mínimamente? Descartando estos gastos, la parte no docente del presupuesto ya representa el 25,44% del total.

Gasto no docente: (presunta) Corrupción

El año pasado, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que se destapaban multitud de irregularidades contables (respuesta oficial). Más recientemente el Tribunal de Cuentas ha detectado prejubilaciones de hasta 300.000 euros “sin soporte legal” en universidades -principalmente andaluzas, pero también en la Carlos III (69.216 euros)-, y son de sobra conocidas las denuncias constantes de clientelismo y corrupción en las universidades españolas, lugar muy dado a hacer una oposición a medida para colocar a amigos que necesitan un sueldo, aunque no sepan hacer la “O” con un canuto. Dada la dificultad de cuantificar estos gastos no docentes, debemos dejarlos fuera del análisis a sabiendas de que existen y que, por tanto, el resultado final estará sesgado a la baja.

Gasto docente, pero no de grado

Otra partida a eliminar del presupuesto docente es la de la formación de post-grado: doctorados, másters oficiales y propios, y cursos de especialización gestionados por el Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) de la UC3M. Los precios públicos de estos estudios deben determinarse en función del perfil de costes específico de esta formación, no pudiendo mezclarse con los de grado para compensar unos con otros.

En el presente análisis esto implica eliminar del presupuesto los 4,37 millones de gastos corrientes atribuidos al CEAES (pag. 79 – el resto del presupuesto son ayudas y becas que ya hemos descontado antes) mas los 3,18 millones de euros de gastos de personal correspondientes al Capítulo I (retribuciones básicas de personal administrativo y gratificaciones) que no están contabilizados como gastos de este centro aunque sí se incluyen en los desgloses de los 31 programas de estudios propios y 12 oficiales del volumen II de los presupuestos (pag 89 a 139 del PDF).

Curiosamente, en la contabilidad de estos programas las retribuciones de los profesores se contabilizan como gastos corrientes, y parece que las cotizaciones a la seguridad social del personal administrativo no se han incluido… así que las añadimos nosotros, al menos en los másters donde es obvio que faltan (361.666€ adicionales). Sumando todos los conceptos se caen del presupuesto de la docencia de grado otros 7,91 millones de euros, quedando el gasto no relacionado con ésta en el 30,51%.

Otros gastos no docentes

Recorriendo las partidas de gastos encontramos otras muchas actividades no docentes dentro de lo que queda del presupuesto: 139.980€ en gastos de protocolo (partida 226.01 – pag 54), 1.274.320€ en estudios técnicos (partida 227.06), 671.840 € en actividades culturales (partida 226.04), 663.750€ en actividades deportivas (partida 226.05), 487.200 € en gastos “no culturales” en el Aula Teatro y el Auditorio de Leganés (pag. 152 y 153 del volumen II), 1.569.690€ en gastos del Espacio Estudiantes (que precisamente gestiona las ayudas, actividades deportivas y culturales – pag. 157 del volumen II), 479.550 € en el Consejo Social (pag. 9 volumen II), 260.360 € del Programa de Igualdad y Cooperación (pag. 169-170 volumen II)… Actividades que no niego que sean fundamentales para la vida universitaria, pero que no parecen ser docentes y -por tanto- no se pueden financiar con cargo a los precios públicos.

Para evitar restar dos veces he tratado de tomar de estas partidas sólo los gastos que no se habían suprimido antes, y prorrateado el resultado final descontando la tasa de participación la investigación en los gastos comunes (15,40%). El resultado es un adelgazamiento adicional de 4.69 millones de euros, lo que sitúa al gasto no relacionado con la docencia de grado en 33,48%.

Compensación por auto-financiación

Por último, hay que señalar que la universidad genera ingresos por múltiples conceptos mediante la utilización de los recursos todavía incluidos en lo que queda de presupuesto: arrendamiento de instalaciones, materiales y servicios, emisión de certificados, ingresos por acceso a las pruebas de acceso a la universidad, universidad para mayores, residencias universitarias… algunos de los cuales podrían no estar reflejados en el presupuesto, ya que parece que la fundación de la UC3M, que gestiona algunos de estas actividades, no está incluida en el presupuesto de la universidad.

Puesto que los gastos de estas actividades no se encuentran desglosados en el presupuesto, procede compensar los gastos de la universidad con la cantidad total de los ingresos percibidos por estas actividades sobre la premisa de que si son rentables, el beneficio debe utilizarse para compensar proporcionalmente las partidas deficitarias de los programas que constituyen la actividad nuclear de la universidad: investigación, docencia (que también incluye infraestructura y servicios comunes). Obviamente, en caso de que estas actividades fueran deficitarias, dicho déficit no puede compensarse con cargo a los precios públicos aunque exista un interés social en que se lleven a cabo (por ejemplo, realizar las pruebas de selectividad).

Para ser justos, destinaremos el 15,40% de estos ingresos que no provienen de los precios públicos por estudios oficiales de grado o postgrado (ni son ingresos por investigación ni transferencias corrientes o de capital de organismos públicos o privados) a la partida de investigación, y el 7,17% a másters y posgrados, que es la proporción que los gastos de estos programas (becas y ayudas incluidas) representan sobre el presupuesto total de la universidad. El resto de ingresos irían a reducir el denominado “gasto docente” de grado.

Hechos los cálculos, el resultado es que el 77,43% de los ingresos correspondientes a los Capítulos III (excepto 310.00, ya contabilizado, y 319.07 , másters universitarios – excluidos), V (ingresos patrimoniales) y VIII (Activos financieros, excepto investigación) debe restarse del presupuesto de la docencia de grado, lo cual representan 5,21 millones de euros auto-financiados. Esto reduciría el presupuesto mínimamente relacionado con los estudios oficiales de grado y pendiente de financiar a 99.552.810€; es decir, el 63,21% del total. Quedémonos con este número.

Gasto no docente: Despilfarro y mala gestión

¿Hemos descartado ya todo el gasto no docente del presupuesto? En mi opinión no, pero dejamos ya de restar para mantener una estimación conservadora y porque los gastos que comento a continuación sí que son docentes, aunque no muy presentables.

Por ejemplo, ¿tiene sentido que una universidad con 821 estudiantes menos (pag. 91 pdf), y el mismo personal (pag. 156 pdf) que hace 4 años, se gaste ni se sabe cuanto en hacer un nuevo edificio en el campus de Getafe habiendo aulas vacías (que no se llenan ni con los cursos para mayores de 55 años)? Vale que la eficiencia energética del edificio (teóricamente certificación LEED Platino) permitirá recuperar la inversión en algunas décadas gracias al ahorro que se obtendrá con la clausura de otros edificios menos eficientes… ¿pero tienen que financiar los estudiantes la reestructuración del campus? Se aprende igual de bien en las aulas y edificios “viejos”, que -por cierto- están en perfecto estado de conservación.

Y qué decir del nuevo campus de Puerta del Hierro ¿era necesario?. ¿Es también necesario duplicar la oferta de plazas inaugurando un nuevo colegio mayor en Getafe donde sólo hay habitaciones individuales? A esos precios dudo que sea para alumnos. Espera, que en Leganés también están construyendo… ¡la burbuja del ladrillo no ha explotado en la UC3M!.

¿Cómo se explica el Campus de Colmenarejo (Google Maps)?. Una única facultad perdida en la sierra cuyos gastos operativos ascienden a 1,13 millones de euros (pag 146 del volumen II – casi la mitad que el campus de Getafe, con 18 edificios) para ¿cuantos, 300 alumnos?. Sin duda esta política de desperdigar microcampuses por la Comunidad de Madrid debe generar unos costes importantes, pese a que algunos ya se hayan eliminado (como el autobús intercampus, que salía por 48.000€ al año por conectar 3 veces al día los centros).

En el capítulo de personal, resulta curioso como el número de Personal Docente e Investigador (PDI) sigue a niveles de 2010 (pag 135) mientras que el número de créditos matriculados ha descendido un 19.1%: en 2010 había matriculados 624 créditos por cada PDI, para 2013 se prevén 499 créditos. Dirán que con Bolonia la formación es más personalizada y blablabla… mentira. Se han suprimido grupos, hay menos alumnos y el número de créditos por alumno ha disminuido, pero mantenemos al mismo número de profesores para… ¿impartir grados de dudosa demanda y con opción de hacerlos en inglés?. ¿Deben los alumnos sufragar con la matrícula los sueldos de los profesores si la universidad decide poner uno por alumno, o crear titulaciones sin demanda? En mi opinión, no; igual que tampoco pueden decidir si quieren más o menos profesores, o mejores.

Aunque no dudo que todas estas cuestiones que critico tengan su razón de ser y justificación, lo que me parece más difícil de sostener es que se consideren gasto docente que deba ser sufragado con la matrícula de los estudiantes; como tampoco entiendo que se dediquen 584.680€ en publicidad y propaganda (partida 226.02 de gastos) o, lo que es lo mismo, 131,38€ por nuevo alumno/año (los antiguos ya están atrapados, jajaja) en engañar a la gente para que estudien aquí. ¿Pero no es una universidad tan excelente y está en lo más alto de los rankings? ¿Acaso no hay gente haciendo cola para entrar? Que hay una demanda del 133% sobre las plazas ofertadas de primer año (pag. 107 pdf) y unas notas de corte bien altas.

Y, así, hasta el infinito…

Haciendo las cuentas, la subida de tasas incumple la LOU

Una vez conocido el presupuesto presuntamente docente, determinar los precios públicos de los grados es cuestión de dividir entre el número de créditos que se imparten al año. Desgraciadamente, debemos volver a estimar la cifra puesto que los presupuestos sólo ofrecen el total agregado de grados y posgrados (pag. 155 vol 1). Para esta operación, baste multiplicar el número de estudiantes de grado (14.800, restando los post-grados y estudios hispánicos) por el número de créditos matriculados por estudiante de media en los últimos 4 años (62,37[1]) para obtener 923.172 créditos al año.

A partir de este cálculo llegamos al resultado de que el coste medio del crédito de la docencia de grado en la UC3M es 107,84 €, por lo que -según la LOU- la primera matrícula podría costar de media, como mucho, 26,96€ por crédito; la segunda 43,14 € y la tercera 80,88 €. Insisto en que se trata de precios medios, porque el coste de estudiar con manuales que se revisan 1 vez por década es distinto del de estudiar con software de cálculo de estructuras o equipos audiovisuales. Por este motivo los precios públicos varían según el grado de experimentalidad de los estudios; y los doctorados, másters y títulos propios tienen sus propios precios en relación con los costes de estas titulaciones.

Esto significa que el precio del crédito en los estudios de menor experimentalidad generalmente será inferior que la media[2], como también ocurrirá en los estudios y centros con mayor demanda por una mera cuestión de economías de escala. A riesgo de ser reiterativo, insisto una vez mas: los precios públicos deben determinarse en función del coste del servicio, por lo que deben ser distintos para cada titulación y para cada universidad, sin que pueda pretenderse que un estudiante de una carrera barata y con más demanda (pongamos económicas o empresariales) subvencione con su matricula el mayor gasto de planes de estudios sin estudiantes y/o que requieran medios más caros. Por mucho que los costes fijos comunes sean la mayor parte, no se puede pretender que cursar ingeniería industrial cueste 4 euros más por crédito (un 14,82% más) que sociología, a menos que a los segundos les incluyan los libros y el viaje de fin de curso en la matrícula.

Pues bien, exactamente eso pretende la UC3M al hacer uso de todo el margen de subida que le concede la Comunidad de Madrid en su último decreto. En el ejercicio de su autonomía universitaria no solo ha fijado el precio del crédito en primera matrícula para todas las titulaciones por encima del límite legal del 25% de los costes (27€ las más baratas), sino también incumplido el límite del 40% en segunda matrícula (50,53€ precio mínimo), el del 75% en tercera (94,75 € precio mínimo) y en cuarta matrícula obliga a pagar -como mínimo- el 117% del coste medio (126,34 €), cuando el máximo absoluto es el 100%.

Por mucho que los rectores se opongan a la subida, son las universidades las últimas responsables fijar los precios públicos, como se refleja en el artículo 2.1 del Decreto 60/2013 de la Comunidad de Madrid. Así pues, en teoría los precios son efectivamente máximos y cada centro puede decidir fijar unos inferiores siempre que el precio se mantenga dentro de los límites que marca la LOU, por lo que sorprende que el precio del crédito en todas las universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, UAH, URJC) sea el mismo ¿Pretenden que creamos que el coste por estudiante es igual en las penitenciarías facultades masificadas de la Complutense que en el bucólico campus de Colmenarejo, o están sufragando los estudiantes de unas universidades a los de otras?

Supongo que la explicación es mucho más sencilla: la Comunidad de Madrid no tiene dinero y ha decidido sanear sus cuentas a costa de los estudiantes y sus familias, bajo amenaza de que la universidad que no haga uso de todo el margen que se apruebe de subida se quedará sin la parte proporcional de la transferencia autonómica (principal fuente de financiación), puesto que de su comportamiento se deduce que no necesita más financiación. Si fuera el caso, sería un buen ejemplo de cómo la corrupción y el despilfarro los pagan quienes los consienten tarde o temprano.

En cualquier caso, todo parece indicar que la subida de tasas en la UC3M vulnera la LOU, situación que probablemente también se producirá en el resto de universidades madrileñas habida cuenta que la Carlos III es la universidad púbica con menos alumnos (17.750) y más campuses (4) de la región. Sería deseable que alguien advirtiera de tal eventualidad a los responsables de fijar los precios públicos antes de que a los más de 200.000 alumnos afectados se les ocurriera organizarse para presentar una demanda judicial colectiva contra el tasazo por incumplimiento de la LOU, reclamando el dinero cobrado de más y los intereses.

Sobre la anulación del tasazo

Para que cayera el tasazo, teóricamente bastaría con que un sólo alumno/a consiguiera recurrir con éxito en la vía contencioso-administrativa la anulación -por impago parcial- de su matrícula para el año 2013/2014[3]; siempre y cuando entre sus alegaciones se incluyera que los precios públicos aprobados por su universidad superan los límites máximos que establece la LOU para los estudios de grado. Si el tribunal apreciara tal circunstancia, deberían ser anulados y habría que devolver la diferencia entre las cantidades cobradas y los últimos precios públicos que cumplan los límites que establece la LOU.

No obstante, esperar a que alguien resuelva esta papeleta no parece ni demasiado solidario ni demasiado seguro; y siempre cabe la posibilidad de que en segunda o siguientes instancias algún alto tribunal limite la devolución de los precios públicos a aquellas personas que lo hubiesen reclamado, ya que el reembolso a todos los estudiantes implicaría la quiebra de la universidad afectada (quizás sea el objetivo último de la Comunidad de Madrid, aunque siempre estará en mano de los estudiantes afectados el facilitar un calendario de pagos que permita la supervivencia de la universidad).

Por eso, porque constituye el paso previo al recurso contencioso-administrativo, y porque es una medida efectiva de protesta, animo a aquellos/as estudiantes que quieran mostrar su rechazo al tasazo a que inauguren el académico inundando los registros de su universidad con reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades cobradas de más. Intentaré publicar aquí un modelo de instancia para aquellas universidades de las que dispongamos de estimaciones suficientemente aproximadas del precio real de la docencia (ver segundo comentario).

O LES PARAMOS LOS PIES AHORA O EL AÑO QUE VIENE NOS VUELVE A APRETAR.
#STOPtasazos

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[1] La cifra utilizada de créditos matriculado por alumno y año parece un poco elevada si tenemos en cuenta que un año académico son 60 créditos tanto en los grados (no dobles) como en los másters. Supongo que ello se debe a que la gente tiende a matricularse del año siguiente completo más las asignaturas que les hayan quedado. En cualquier caso, a la hora de estimar el coste por crédito me parece correcto asumir que los estudiantes se matriculan por cursos completos, ya que sería un poco absurdo determinar dicho coste en función del descenso de las matriculaciones producido por la subida de precios, que es el factor que se trata de calcular y llevaría a que los estudiantes paguen lo mismo independientemente del número de asignaturas de las que se matriculen. Por otra parte, si se prevén descensos en las matriculaciones deben ajustarse también los gastos de la universidad manteniendo el precio del crédito tan constante como lo permitan los costes fijos.

[2] En el supuesto de que se aplique el mismo porcentaje sobre gastos a todas las titulaciones, ya que la universidad podría perfectamente decidir que los estudios en los que no hay suficientes titulados para cubrir las demandas de la sociedad paguen un porcentaje menor dentro de los límites de la LOU (siempre que la diferencia la sufrague íntegramente la universidad, y no los alumnos de otros estudios con tasas más altas).

[3] El impago debería ser mínimo, de modo que cubra los costes reales de la docencia sin llegar al 100% de los precios públicos (devolución parcial del recibo o ingreso parcial en oficina bancaria). Los afectados sin recursos podrían litigar con un abogado de oficio gracias a la justicia gratuita.

Auto-Inmuno-Deficiencia policial

Aparentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad son los únicos que todavía no se han enterado de que se ha perpetrado el mayor fraude electoral de la historia de España (II, III, IV, V, VI y VII) con la intención de desvalijar las arcas públicas recurriendo al derecho internacional para saltarse la reformada Constitución y las leyes. De consumarse, el rescate del sector bancario convertirá a los españoles en esclavos por las deudas de otros… que el Estado asumió en nombre de todos.

Conforme avanza el saqueo, observamos asombrados como la policía acata y cumple con determinación las órdenes de los que nos despojan de derechos sociales, confiscan nuestro trabajo y patrimonio, endurecen las leyes para prohibirnos protestar, y amparan la impunidad de quienes nos atacan por el mero hecho de no resignarnos a contemplar como roban nuestro presente y futuro.

Esta enfermedad social hace tiempo que se conoce en el campo de la medicina. Gracias a esta disciplina sabemos que cuando el sistema inmune ataca al organismo ninguno de los dos sale bien parado… si no llega el tratamiento, el resultado es la muerte. Con los cuerpos y fuerzas de seguridad pasa lo mismo: cuando atacan la base sobre la que se sustentan las instituciones democráticas, se produce la muerte del Estado. Si no empiezan a desempeñar las funciones que le atribuye la Constitución, la ruptura social pronto degenerará en insurrección.

Si no te comportas como policía, no puedes ser considerado como tal

Quizás cuando lograste la plaza tu profesión era una vocación noble y digna, pero habéis hecho con ella lo mismo que los políticos le han hecho a la política. Que en las manifestaciones se coree “Si fuera policía, vergüenza me daría” es el corolario de una larga trayectoria de abusos policiales que cometes o consientes. Ya sabíamos que la policía miente y falsifica sus atestados, “pierde” grabaciones probatorias, incumple su obligación legal de ir identificada y de identificarsepara evitar denuncias falsas, y las verdaderas-, e infiltra agentes en manifestaciones pacíficas que acaban siendo detenidos por sus propios compañeros por provocar altercados (y II) ¿casualidad?.

Lo que no imaginábamos es que sacarais vuestra vena represora a la primera ocasión y con tanto descaro: acosar a personas que hablan de sus cosas en un espacio público esta mal, pero no tanto como realizar detenciones preventivas o por crímenes como leer la Constitución. Tampoco parece propio de una policía democrática fabricar pruebas incriminatorias, imponer el copago al derecho de reunión y manifestación (y II), torturar a los detenidos, censurar testimonios de agresiones, amenazar a la prensa e impedir que documente vuestras impecables intervenciones (II) o dedicarse a sembrar el pánico en la Estación de Atocha (II, III, IV, V y VI) mientras pasan los trenes, sin discriminar entre viajeros y manifestantes.

Uno esperaría que entre quienes supuestamente se dedican ayudar y proteger al prójimo -incluso a riesgo de su propia vida- fueran mayoría los que dan ejemplo con su comportamiento, y exhiben un valor e integridad moral por encima de la media… lamentablemente no es así. Hoy en día policía es sinónimo de arbitrariedad, de abuso de poder y de violencia del Estado; y lo sabéis.

Lejos de tranquilizar, la presencia de la policía inquieta porque sabemos que lo más que se puede esperar de sus agentes es que te den una paliza y te denuncien después. Que la palabra de un policía tenga presunción de veracidad en el ámbito administrativo es tan risible como terrorífico, habida cuenta de cómo utilizáis vuestra condición para quedar impunes de prácticas abusivas y desproporcionadas.

Pero como todos sabemos que el cumplimiento de las leyes sólo es obligatorio para el otro 99% de la población, os hablaré en términos que podáis entender y que demuestran el valor real de la palabra de un policía: Todos los días deshonráis el uniforme faltando al juramento que hicisteis. ¿Cuando os comprometisteis a “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” lo dijisteis en serio? ¿Cuándo empezareis a honrar esa promesa? Porque no podemos esperar mucho más.

¿Acaso no dice la Constitución que es vuestra misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades Y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104 CE)? No dice “o proteger, lo que significa que hay que hacer las dos cosas simultáneamente, no poner en peligro la seguridad ciudadana cuando se ejercen pacíficamente derechos y libertades, ni anteponer una cosa a la otra. Sí, ya se que eso es muy difícil, por eso policía no puede ser cualquiera.

Con ello no digo que no se actúe contra los violentos encapuchados que ensucian las pacifestaciones, que son tan pocos que se les podría detener sin alterar el orden público ni la manifestación, evitando así daños personales y materiales. Creo que es una estrategia que os interesa, porque las protecciones integrales que lleváis se ve que no son muy buenas: 27 policías heridos (un 42,19% del total) para detener a 35 personas y disolver los restos de una pacifestación de 6.000 personas máximo (y II). Aunque si esas lesiones son luxaciones varias por excesivo uso de la porra y a policías infiltrados pacificados por error igual no arreglábamos nada.

Tampoco digo que no se disuelvan las reuniones y manifestaciones ilícitas, que son las que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (art. 513 de Código Penal), así como aquellas en las que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, o en las que se haga uso de uniformes paramilitares (art. 5 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión)… siempre y cuando tal resolución se comunique previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista (mismo art. 5) y se ejecute conforme a la ley. Es decir, en la forma que menos perjudique (art 16.2 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), y avisando de tales medidas a las personas afectadas (art. 17 LOPSC) ¿Habéis probado a pedir amablemente que se despeje la plaza antes de cargar? Igual os sorprenderían los resultados.

Pero nada, vosotros empeñados en actuar al margen de la ley acatando ordenes que deberíais desafiar o -al menos- ignorar. ¿Acaso habéis olvidado que “en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes? (art. 5.1.d LOFCS). Claro, que cuestionar la orden ilegal de un superior requiere de un valor muy distinto del necesario para agredir a manifestantes pacíficos y desarmados a los que luego se acusa de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia mientras se los llevan al hospital, incluso cuando toda ha sido gravado en vídeo.

Sin embargo, por mucho que os deshumanicéis dando palos a estos pacifestantes, imbéciles no sois: sabéis tan bien como nosotros que el gobierno está cometiendo alta traición, que estáis acatando ordenes e imponiendo el cumplimiento de normas en clara contradicción con la Constitución española y -por tanto- sin ninguna fuerza legal; amen del ridículo realizado con la gestión de los detenidos (II, III) a los que se les imputan crímenes imposibles (y II).

También sabéis que vuestra violencia ya no asusta a nadie, ni quedará impune. Cada golpe que dais crea 10 nuevos pacifestantes (ver “ps serio” al final), y vosotros seguiréis siendo los mismos o menos. ¿Que dónde están los refuerzos? Ni los hay ni se les espera, porque el Estado no tiene dinero para más mercenarios ni hay suficiente gente dispuesta a renunciar a su dignidad para ganarse el pan agrediendo a quienes defienden sus mismos intereses. Mejor, así podréis echar más horas extra que muy probablemente no lleguéis a cobrar.

Pedís un trato diferente… y lo vais a tener, porque habéis elegido convertiros en un ejercito ocupante. Espero que todo el mundo os retire el saludo, os deje de hablar, os rehuya, deje de visitar los sitios que frecuentáis y os trate como el cáncer que sois hasta que el ostracismo os haga recapacitar y empecéis a servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Hasta que llegue ese día, seguiré haciendo lo que considero mi deber como ciudadano: desafiar de manera pública y sin violencia a los poderes del Estado con la intención de frustrar las leyes, políticas y decisiones que nos llevan a la ruina. Para ello, reduciré al máximo cualquier conducta que pueda generar ingresos para el Estado y ejerceré mis derechos constitucionales hasta que este sistema político colapse bajo su propio peso. Llegado el caso, también vulneraré la legalidad si fuera necesario, puesto que se ve que su cumplimiento ha dejado de ser obligatorio en este país.

Mientras desarrollo esta labor, entiendo que cualquier persona uniformada que no vaya debidamente identificada, se niegue a identificarse y/o trate de restringir el ejercicio de mis derechos sin causa justificada, de forma desproporcionada o sin observancia de la ley no es agente de policía y, en consecuencia, me reservo el derecho de emplear una respuesta proporcionada en legítima defensa, propia o de terceros.

Nos habéis declarado la guerra; sufrid ahora las consecuencias. ¡Todos los días son #25S! Volveremos hasta que se restaure la democracia en España.


Vídeo © 2012 La Sexta TV
Foto por https://www.facebook.com/14deabril

The union, el negocio tras la marihuana

Título original: The Union: The Business Behind Getting High | Ir al vídeo
Tema: Legalización de la marihuana. Evaluación 4.25/5.
Año 2007. Dur: 172′. Dirigido por Brett Harvey.
Web: http://www.theunionmovie.com/ IMDb.

The Union realiza un exhaustivo recorrido por los aspectos más llamativos y controvertidos de la prohibición (y criminalización) de la Cannabis sativa, una especie herbácea originaria del Himalaya capaz de crecer en casi cualquier lugar de la que se obtiene el Cáñamo: la fibra natural flexible más fuerte conocida, excelente para producir ropa más resistente que la de algodón, papel más duradero que el de celulosa, biocombustibles, etc… ; y la Marihuana: una sustancia psicoactiva con un demostrado potencial farmacológico que se ha utilizado desde la antigüedad como medicina, y que podría servir para producir alternativas libres y menos reactivas para los medicamentos más comunes, que sólo pueden fabricarse bajo licencia de las empresas farmacéuticas.

A principios del siglo XIX, el Cáñamo era el mayor cultivo agrícola del mundo, la materia prima de una gran cantidad de productos manufacturados y presentaba un enorme potencial industrial como sustituto de otros materiales en la elaboración de cientos de productos. Por así decirlo, era el plástico de la época, que cualquiera podía cultivar sin grandes problemas, lo cual atrajo la atención de los diferentes Gobiernos.

En 1937 se aprobó en EE.UU. la Marihuana Tax Act por la que los productores de Cannabis sativa debían adquirir una licencia gubernamental para poder operar legalmente. El problema era que no se otorgaban suficientes licencias para todos los productores, reduciendo artificialmente la disponibilidad de este cultivo para alegría de quienes controlaban el mercado de otras materias primas en competencia con el cáñamo.

Desde entonces, la producción se fue restringiendo progresivamente bajo el pretexto de controlar los efectos indeseables del uso recreativo de los derivados de la planta, como los problemas de salud que supuestamente produce su consumo (cuya existencia está discutida entre la comunidad científica (y II), sobre todo en adultos), la no observancia de las normas de segregación racial o el debilitamiento de la adhesión de la juventud hacia la guerra fría.

De hecho, el tratamiento diferenciado que recibe la marihuana respecto a otras sustancias cuyos efectos perniciosos para la salud y para la sociedad están ampliamente documentados por la ciencia, y corroborados por la estadística, hace sospechar que las razones para su prohibición deben ser otras. A diferencia del tabaco, su consumo prolongado no se asocia con la aparición de ninguna enfermedad. A diferencia del alcohol, no se conocen casos de agresiones inducidos por el abuso de marihuana. A diferencia de la cafeína o de algunos medicamentos con receta, no se ha atribuido ninguna muerte a una sobredosis.

Su consumo ni siquiera aparece entre los motivos más frecuente de muerte no natural, y su potencial adictivo es significativamente menor que el de la nicotina o el alcohol, las sustancias más adictivas conocidas -por encima de la heroína y la cocaína- cuyo consumo es legal y hasta está subvencionado con fondos públicos. Aunque puede crear hábito, su consumo puede ser fácilmente descontinuado y no genera un síndrome de abstinencia significativo. ¡Si hasta el café es más adictivo que la marihuana!.

Entonces, ¿qué sentido mantener la prohibición de una planta con un gran potencial industrial y muy dudosa peligrosidad? ¿Por qué tanto interés en mantenernos alejados de ella? ¿De qué nos quieren proteger? Cada año se dedican ingentes cantidades de recursos públicos a la prevención, lucha y rehabilitación a pesar de que la prohibición no sirve para reducir el consumo (como no sirvió con la Ley seca) ni la población de usuarios parece estar siendo diezmada por el consumo. De hecho, “nunca se ha clasificado la peligrosidad verazmente y ponderadamente de estas sustancias, y se trabaja con una lista elaborada en 1912.”

Aunque la prohibición no reduce el consumo ni la disponibilidad, ni protege a la sociedad de no se sabe muy bien qué, sí que produce otro tipo de resultados. En primer lugar, al empujarse a los consumidores hacia el mercado negro para abastecerse se facilita el acceso a drogas realmente peligrosas que también se distribuyen en este canal sin ningún control (como, por ejemplo, la restricción de venta a menores) ni garantía sanitaria alguna, y se financia a organizaciones criminales que controlan el mercado negro pagando altos precios por algo que -de ser legal- costaría unos céntimos. De hecho, sería tan barato que podría sustituir a otras sustancias intoxicantes mucho más caras como el alcohol o el tabaco.

También se aprecian consecuencias político-criminales, en la medida en que las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de la “Single Convention on Narcotic Drugs” (1961) convierten a la marihuana en una sustancia totalmente prohibida: los países pueden descriminalizar su consumo (es decir, determinar que es legal poseerla y consumirla en tu casa) pero no legalizar su uso o cultivo, por lo que es delito producirla, venderla o transportarla hacia allí.

Cómo se puede tener legalmente algo que no se puede comprar ni producir es una pregunta de difícil respuesta, cuyo desconocimiento no ha impedido que grupos políticos (activistas contra la guerra de Vietnam) o étnicos (judíos, negros) fueran perseguidos por posesión de esta sustancia. Es como si hoy en día los Gobiernos persiguiesen las descargas no autorizadas de materiales protegidos por derechos de autor porque hubieran detectado que quienes realizan este tipo de actividades son también quienes más activamente critican sus decisiones… ¿Una feliz coincidencia, o el neutral cumplimiento de la ley?

Una última consecuencia es la malversación de recursos públicos en mantener las campañas de criminalización de la marihuana, fomentando el miedo y la paranoia de la población, colapsando el sistema judicial y saturando el carcelario con presos cuasi-“políticos”, así como la continuación de una guerra de no se puede ni quiere ganar, pero que justifica la transferencia de una enorme riqueza desde los contribuyentes hacia las redes clientelares del poder.

A lo largo del documental se muestran ejemplos de pequeños productores de la Columbia Británica (Canadá) que cultivan marihuana en sus casas y de cómo esta actividad ilegal impulsa la economía local creando riqueza para quienes arriendan inmuebles para la producción, las empresas que se encargan de la carpintería, electrificación o el suministro de ínsumos para el cultivo, los podadores que preparan la cosecha para la distribución, los vendedores, los que cruzan la frontera con la mercancía, los bancos donde se almacenan los ingresos, abogados que dan asesoramiento legal, etc… Todos ellos forman “The Union“, una comunidad de intereses que directa o indirectamente se beneficia de la prohibición y disfrutan de unas mejores condiciones de vida gracias a ella.

Especialmente interesante es el análisis comparado de la prohibición respecto a crimines reales como homicidios o violaciones, del tratamiento más favorable que reciben otras sustancias más adictivas y con efectos más perniciosos para la salud y la sociedad como son el tabaco, el alcohol o el café, y de la hipocresía generalizada de las posiciones oficialistas sobre la materia. También reseñable es la última parte donde se habla de sobre su potencial farmacológico y ausencia de reacciones adversas, y como se posiciona la industria farmacéutica al respecto. De hecho, ya existen medicamentos cuyo complejo activo es una replica sintética del THC (Marinol), y experiencias exitosas en el tratamiento paliativo de varias dolencias incurables (p.ej. esclerosis múltiple) pese a estar clasificada como sustancia sin valor terapéutico alguno por la DEA.

Sin duda, la marihuana parece una droga peligrosa, lo que no está claro es para quién. El caso es que la lista de países que la han legalizando crece cada día, los últimos en “plante-árselo” han sido los Uruguayos

Como curiosidad, también enlazo el vídeo gubernamental Hemp for Victory!

Europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos

El rescate constituye una DEUDA ODIOSA que será repudiada por haberse otorgado a sabiendas de la insolvencia del país, y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor

Estimados amigos europeos, me siento en la obligación de advertiros de que si entregáis vuestro dinero para rescatar al sector financiero español, lo perderéis para siempre. Sabéis perfectamente que España está en quiebra técnica y que nuestro Gobierno miente más que habla (este y el anterior), y aún así vais a prestar hasta 100.000 millones de euros (equivalente al 16,39% de toda la deuda pública ya existente) a un país cuya economía se prevé se siga contrayendo durante los próximos años, con cifras récord de paro, perdida neta de población y un acelerado envejecimiento de la misma… ¿Cómo esperáis que os paguemos?

Si al menos ese dinero fuera a emplearse para reactivar la economía -y se lograra- todavía podríais recuperarlo con intereses. Pero no; se va a dilapidar en rescatar bancos quebrados. Es decir, en quedarnos como estamos, en subvertir los mecanismos de autorregulación de los mercados que tanto gustan cuando lo que hay que autorregular son las ganancias. Ni un sólo céntimo llegará a la economía real porque las cantidades de activos tóxicos a sanear superan con creces la cuantía del rescate.

Rescate que, por cierto, se solicita en un flagrante fraude electoral, incumpliendo las promesas con las que el PP ganó las elecciones y, por tanto, en abierta subversión del más elemental principio democrático. Rescate que es contrario a los interés de España y de los españoles, por suponer una renuncia inaceptable de soberanía y una carga que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos y del propio Estado. Rescate que está siendo contestado en las calles con creciente intensidad.

Rescate que, curiosamente, se hace sin dinero… ya que no lo aporta ni el Banco Central Europeo (el Estatuto del BCE no lo permite) ni el Fondo Monetario Internacional (el FMI depende de la Reserva Federal de EE.UU, que tiene sus propios problemas), ni ningún país europeo, americano, asiático o árabe. Al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) le queda margen para cubrir el rescate si es que encuentra a alguien le preste ese dinero (!?), problema que comparte con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ni siquiera existe todavía y al que se espera que entre España e Italia aporten un 30% de su capital total (!?). ¿Acaso pretendéis que paguemos intereses por un dinero que no tenéis, ni existe?

Estimados amigos europeos, no penséis que porque modificamos la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos vais a ver un euro. A diferencia de los países serios, la Constitución española sólo se cumple cuando interesa. Pero os digo más, el Gobierno y el actual orden constitucional será depuesto antes que devolver el dinero ¿A quien se le ocurre bajarle el sueldo a la fuerzas de seguridad cuando se suben salvajemente los impuestos y se le asesta al Estado del bienestar el golpe más mortífero en la historia del parlamentarismo español? No parece propio de alguien que quiera agotar la legislatura.

Por tanto, no os sorprendáis cuando nos neguemos a devolver ese dinero que nunca quisimos. Se trata de un ejemplo de libro de DEUDA ODIOSA, que será repudiada tan pronto se restaure la Democracia en España. Estoy seguro que, si no fuera el vuestro, veríais con claridad lo absurdo que resulta pretender la devolución de un préstamo irresponsablemente realizado a un Estado a sabiendas de su insolvencia, de su graves problemas estructurales, de su incapacidad para generar balances positivos, de que el dinero no será empleado para mejorar la productividad ni reactivar la economía, de la existencia de una fuerte oposición popular a la concesión del mismo, poniendo en peligro la viabilidad económica del Estado y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor.

Si, sí, ilegítimo, porque tanto da que la voluntad popular se haya subvertido mediante el uso de la fuerza o ganando unas elecciones a base de mentiras; y traidor por sus crímenes contra la soberanía, la seguridad y la independencia del Estado. En el código penal se tipifican como delitos el publicar y ejecutar ordenes y disposiciones de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia del Estado (art. 589 CP), facilitar a los enemigos de la nación medios directos y eficaces para hostilizar a España (art. 583.2. CP, lástima que sólo sea punible cuando se ayuda a las tropas enemigas, no a sus funcionarios), y el inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España (art. 581 CP, que es lo que probablemente ocurra cuando traten de recuperar el rescate). Me pregunto qué juez o policía tendría el valor de detener a los miembros del Gobierno si apreciara que se pudiera estar cometiendo alguno de estos delitos. Pues ninguno, claro, “en España hace años que hay una huelga indefinida del derecho y la justicia“, como dice Anguita.

Si a sabiendas de todo esto insistís en rescatarnos, asumir las consecuencias de vuestros actos. Alguien hará buen uso de vuestra donación, pero no serán los españoles; el dinero del rescate acabará en manos de los acreedores del sistema financiero español que -oh, casualidad- son VUESTROS propios bancos. ¿De eso se trata, no?. De esclavizar a una nación a través de la deuda; de que las generaciones presentes y futuras de españoles rescatemos a VUESTROS bancos. No gracias, ya tenemos bastante con soportar a los nuestros.

Insisto amigos europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos. Avisados estáis.

Reforma Constitucional: Los acreedores primero

La reforma del art. 135 de la Constitución proclama un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores antes que a sus ciudadanos? Pues ninguno. Por desgracia, nos exigen garantías adicionales para seguir prestándonos, y necesitamos más dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

El pasado 23 de agosto Zapatero convocaba al Congreso para anunciar, por sorpresa, la presentación de una reforma de la Constitución con la que fijar el límite de déficit del Estado, y garantizar la “estabilidad presupuestaria” por mandato constitucional. La iniciativa, pactada previamente con Rajoy y respaldada por la Unión Europea, se concretó en apenas 48 horas, y se está tramitando de manera urgente para que entre en vigor antes de que se disuelvan las Cortes.

En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

Igualdad, también de voto

El igual valor de los votos es un requisito indispensable para la democracia, pero el tamaño de las circunscripciones devalúa el voto de 20 millones de españoles en favor de otros 10 millones, que están sobrerrepresentados. Afortunadamente, basta cambiar un sólo número en la Ley orgánica del Régimen Electoral Central para equiparar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales.

Uno de los pilares del sistema democrático es que el valor del voto debe ser igual para todos en todas partes, algo que no se cumple en España, y que ha dado lugar a preguntas tan célebres como ¿porqué el voto emitido en Soria vale más de cinco veces lo que vale ese mismo voto emitido en Madrid?, e infografías tan interesantes como la de “cuánto vale tu voto“.

El motivo de que esto ocurra es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece –en su artículo 162.2– una asignación inicial de 2 escaños por provincia, repartiendo el resto en función de la población. Semejante sistema, aplicado en un país con unos contrastes demográficos tan acentuados como el nuestro, provoca que el 53,85% de las provincias (las 28 menos habitadas) elijan uno o más representantes de los que proporcionalmente les corresponderían, a costa de las 8 más pobladas… que representan el 15,39% de las circunscripciones, pero en las que vive casi la mitad de la gente.

De hecho, nuestro sistema para el cálculo del tamaño de las circunscripciones es tan contrario al más elemental de los principios democráticos, que hasta el Consejo de Estado ha propuesto -entre otras cosas- reducir la asignación inicial de cada provincia a 1 escaño, repartiendo el resto (pg. 154). En este artículo se compara el sistema actual y la propuesta del Consejo de Estado con otro de cosecha propia: que se repartan el total de Escaños que componen el Congreso en función directa de la población, garantizándose que en cada circunscripción se elija, al menos, uno.

Los tres sistemas en acción

La siguiente tabla muestra, para cada provincia española, la asignación de escaños que recibiría en función de los datos de población publicados a finales de 2007 con cada uno de los tres sistemas, así como la proporción de habitantes por escaño con dicha asignación y la desviación de ese dato respecto a la media nacional. En amarillo se muestran las provincias que están sobrerrepresentadas en el Congreso (al menos, 10.000 habitantes por escaño por debajo de la media nacional), mientras que en rojo están infrarrepresentadas (al menos, 10.000 habitantes por escaño por encima de la media nacional).

Tamaño de las circunscripciones en función del sistema de cálculo utilizado
2 escaños iniciales
(sistema actual)
Provincia
(Habitantes)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1 (prop. ReadyforTomorrow)
DesviaciónHab x EscEsc.Esc.Hab x EscDesviaciónEsc.Hab x EscDesviación
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre el padrón a enero de 2007,
publicado en el Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre.
+75,84%31.1983SORIA
(93.593)
246.797+63,76%193.953+27,56%
+62,82%48.0153TERUEL
(144.046)
272.023+44,23%1144.046-11,54%
+58,88%53.1073SEGOVIA
(159.322)
279.661+38,32%1159.322-23,37%
+56,47%56.2133ÁVILA
(168.638)
284.319+34,71%1168.638-30,58%
+55,27%57.7603PALENCIA
(173.281)
286.641+32,91%1173.281-34,18%
+49,09%65.7463ZAMORA
(197.237)
298.619+23,64%298.619+23,64%
+46,23%69.4401MELILLA
(69.440)
169.440+46,23%169.440+46,23%
+45,44%70.4583CUENCA
(211.375)
2105.688+18,16%2105.688+18,16%
+43,19%73.3693HUESCA
(220.107)
373.369+43,19%2110.054+14,78%
+42,16%74.6923GUADALAJARA
(224.076)
374.692+42,16%2112.038+13,25%
+40,87%76.3654ÁLAVA
(305.459)
3101.820+21,16%2152.730-18,26%
+40,68%76.6031CEUTA
(76.603)
176.603+40,68%176.603+40,68%
+40,19%77.2424LA RIOJA
(308.968)
3102.989+20,25%2154.484-19,62%
+34,78%84.2324OURENSE
(336.926)
3112.309+13,04%3112.309+13,04%
+31,99%87.8324SALAMANCA
(351.326)
3117.109+9,32%3117.109+9,32%
+31,24%88.7944LUGO
(355.176)
3118.392+8,33%3118.392+8,33%
+29,15%91.4934BURGOS
(365.972)
3121.991+5,54%3121.991+5,54%
+24,09%98.0284ALBACETE
(392.110)
498.028+24,09%3130.703-1,21%
+22,97%99.4775LEÓN
(497.387)
4124.347+3,72%4124.347+3,72%
+22,93%99.5345HUELVA
(497.671)
4124.418+3,66%4124.418+3,66%
+21,00%102.0245CIUDAD REAL
(510.122)
4127.531+1,25%4127.531+1,25%
+20,34%102.8834CÁCERES
(411.531)
4102.883+20,34%3137.177-6,22%
+19,85%103.5044LLEIDA
(414.015)
4103.504+19,85%3138.005-6,86%
+19,21%104.3325VALLADOLID
(521.661)
5104.332+19,21%4130.415-0,98%
+14,21%110.7906JAÉN
(664.742)
5132.948-2,95%5132.948-2,95%
+12,44%113.0776BADAJOZ
(678.459)
6113.07712,44%5135.692-5,07%
+12,37%113.1697CÓRDOBA
(792.182)
6132.030-2,23%6132.030-2,23%
+11,29%114.5655CANTABRIA
(572.824)
5114.565+11,29%4143.206-10,89%
+11,22%114.6565CASTELLÓN
(573.282)
5114.656+11,22%4143.321-10,98%
+10,31%115.8246GUIPÚZCOA
(694.944)
6115.824+10,31%5138.989-7,62%
+8,86%117.6986GIRONA
(706.185)
6117.698+8,86%6117.698+8,86%
+6,17%121.1755NAVARRA
(605.876)
5121.175+6,17%5121.175+6,17%
+2,54%125.8669CORUÑA (A)
(1.132.792)
9125.866+2,54%9125.866+2,54%
+2,20%126.2996TARRAGONA
(757.795)
6126.299+2,20%6126.299+2,20%
+2,20%126.3007GRANADA
(884.099)
7126.300+2,20%7126.300+2,20%
+1,79%126.8299VIZCAYA
(1.141.457)
9126.829+1,79%9126.829+1,79%
+0,95%127.9245TOLEDO
(639.621)
5127.924+0,95%5127.924+0,95%
+0,24%128.8318BALEARES
(1.030.650)
8128.831+0,95%8128.831+0,95%
+0,00%129.145350ESPAÑA
(45.200.737)
350129.145+0,00%350129.145+0,00%
-0,14%129.3275ALMERÍA
(646.633)
5129.327-0,14%5129.327-0,14%
-0,87%130.2668LAS PALMAS
(1.042.131)
8130.266-0,87%8130.266-0,87%
-3,15%133.2157ZARAGOZA
(932.502)
7133.215-3,15%7133.215-3,15%
-3,87%134.1499CÁDIZ
(1.207.343)
9134.149-3,87%9134.149-3,87%
-4,04%134.3588ASTURIAS
(1.074.862)
8134.358-4,04%8134.358-4,04%
-4,83%135.3777PONTEVEDRA
(947.639)
7135.377-4,83%7135.377-4,83%
-8,83%140.5467TENERIFE
(983.820)
8122.978+4,78%8122.978+4,78%
-17,51%151.75210MÁLAGA
(1.517.523)
11137.957-6,82%12126.460+2,08%
-19,33%154.10612SEVILLA
(1.849.268)
13142.251-10,15%14132.091-2,28%
-19,77%154.6809MURCIA
(1.392.117)
10139.212-7,79%11126.556+2,00%
-20,33%155.40516VALENCIA
(2.486.483)
17146.264-13,26%19130.868-1,33%
-28,49%165.93311ALICANTE
(1.825.264)
13140.405-8,72%14130.376-0,95%
-33,20%172.01731BARCELONA
(5.332.513)
36148.125-14,70%41130.061-0,71%
-34,55%173.76335MADRID
(6.081.689)
41148.334-14,86%47129.398-0,20%
25,79%33.302,09DESVIACIÓN TÍPICA23.026,0617,82%18.200,1214,10%

Como se puede observar, conforme se reduce el número de escaños inicialmente asignados a cada circunscripción, se reduce también la distancia entre el número de habitantes por escaño en todas las provincias y la media nacional. Idealmente, el valor en todas ellas debiera practicamente el mismo, algo imposible de lograr sin incrementar el número de diputados más allá de los 400.

El gráfico anterior muestra visualmente cómo se distribuyen las desviaciones de las provincias respecto a la media nacional según el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones que se utilice. Como se puede apreciar, la asignación de 0 escaños iniciales es el que más circunscripciones sitúa dentro del margen de desviación “aceptable”, indicado por el recuadro gris (±10%). Sistema que, por cierto, ofrece la ventaja adicional de incrementa sensiblemente el numero de españoles y españolas “adecuadamente” representados/as en el Congreso al no estar direccionalmente sesgado en favor de las circunscripciones pequeñas.

De hecho, pasamos de los más de 20 millones de Españoles infrarrepresentados (y 10 millones de sobrerrepresentados) con el sistema actual de 2 escaños fijos a 2,5 millones de infrarrepresentados (y 1,5 millones de sobrerrepresentados) con el sistema de 0 escaños fijos, que es lo más cerca que se puede estar de la plena igualdad valor del voto sin recurrir a la circunscripción única.

Los problemas de la Circunscripción Única

La circunscripción única es el sistema que utilicé en mis simulaciones de los resultados electorales de 2004 y 2008 para comparar el sistema D’Hondt provincial con el D’Hondt y el Droop nacional sin barrera electoral. En ella, se suman todos los votos para repartir todos los escaños, logrando que la igualdad de voto sea perfecta y efectiva, aunque su utilización plantea otros problemas que me hacen preferir la circunscripción provincial.

El más importante de todos es que no garantiza que la composición del Congreso refleje adecuadamente la distribución territorial del país. Alguno pensará “¡si para eso está el Senado!”… pues no. No porque en el sistema político español el que manda es el Congreso (que elije y fiscaliza al ejecutivo, decide sobre los presupuestos generales del Estado y puede anular por mayoría las enmiendas que haga el Senado a los proyectos de ley), y porque -aunque no fuera así- me parece suficientemente importante que en el mismo haya delegados de todos los rincones del país… que cualquier español/a tenga un diputado a menos de 100Kms de su casa bien vale sacrificar el mínimo imprescindible de igualdad de voto.

La circunscripción provincial permite que sepamos quienes son los diputados por Teruel (aunque quizás no ejerzan como tales), cosa que sería difícil de saber en un sistema de circunscripción única que -además- no garantiza que los haya, ya que su existencia quedaría supediatada a que los partidos capaces de obtener 52 escaños o más colocaran en posición de resultar elegidos a representantes de cada provincia. Ciertamente, se podría obligar por ley a que todas las circunscripciones estén representadas en los primeros puestos de las candidaturas, lo cual generaría situaciones como que CiU tuviera un diputado por Alicante/Cuenca, o que hubiera 2 representantes de Melilla en el Congreso (uno de cada gran partido)… por no hablar de la limitación que una medida así supondría para la libertad, que los afiliados de un partido deberían tener, para elegir el orden y composición de sus listas.

Otros problemas graves que plantea la circunscripción nacional es que dificulta la implantación de sistemas de listas desbloqueadas o, incluso, abiertas, ya que habría hasta 350 candidatos/as entre los que elegir nuestras preferencias; y también está el problemilla de que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia (art. 68.2 CE). Por todo ello, me parece una alternativa peor que la circunscripción provincial, habida cuenta de que no impide que se pueda lograr una proporcionalidad casi tan buena como con la circunscripción única con el sistema electoral adecuado.

Consecuencias electorales de los tres sistemas

Optar por uno u otro sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones no hubiera afectado significativamente al desenlace de las pasadas elecciones, aunque sí que hubiera alterado la composición territorial del Congreso al trasladarse escaños desde las provincias más despobladas hacia las grandes circunscripciones (sobre todo, Madrid y Bacelona). La tabla siguiente muestra cuales hubieran sido los resultados de las elecciones generales de 2008 con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, manteniendo el reparto D’Hondt.

En ella se observa como, según se reduce la asignación inicial de escaños (es decir, se iguala el valor del voto en todo el país), CIU -y en menor medida ERC- se ven beneficiadas por el crecimiento del tamaño de Barcelona; el PNV pierde peso al ajustarse el tamaño de las circunscripciones vascas a su población real, e IU dobla su representación gracias a Madrid y Barcelona (cosa que no ocurre con UPyD). Por su parte, el PP es el partido más perjudicado porque pincha en Barcelona, y sus resultados en las otras grandes circunscripciones no es suficiente para compensar la sangría de diputados en las pequeñas.

Resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción
PartidoVotos%
Votos
2 Esc. iniciales1 Esc. inicial0 Esc. iniciales (min 1)
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre los resultados de las elecciones generales de 2008 utilizando el padrón del Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, para calcular el tamaño de las circunscripciones.

* Los resultados no concuerdan con los oficiales porque el tamaño de las circunscripciones se calculó sobre otros datos de población, de modo que las provincias de CÓRDOBA, CORUÑA y VIZCAYA tenían un escaño de más, que les hubera correspondido a ALICANTE, ALMERÍA y MURCIA. Desconozco la reglamentación para determinar la base sobre la que se aplica el artículo 162 de la Ley Orgánica de 19 de junio, del Régimen Electoral… pero teniendo en cuenta que las elecciones se convocaron el 15 de enero y mis cálculos se basan sobre el censo oficial del 14 de diciembre, probablemente haya un error en el Real Decreto de convocatoria (PPeros, os han robado un escaño)

PSOE11.288.69844,36%168*48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%
PP10.277.80940,39%155*44%+3,61%153
(-2)
43,71%+3,32%152
(-3)
43,43%+3,04%
CIU779.4253,06%102,86%-0,21%11
(+1)
3,14%+0,08%12
(+2)
3,43%+0,37%
PNV306.1281,20%61,71%+0,51%5
(-1)
1,43%+0,23%4
(-2)
1,14%-0,06%
ERC291.5321,17%30,86%-0,31%3 (=)0,86%-0,31%4
(+1)
1,14%-0,03%
IU969.8713,81%20,57%-3,24%4
(+2)
1,14%-2,67%4
(+2)
1,14%-2,67%
BNG212.5430,84%20,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%
CC-PNC174.6290,69%20,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%
UPyD306.0791,20%10,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%
NA-BAI62.3980,24%10,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%
DESV. TIP2,09%1,93%1,88%

Aunque la mejora de la proporcionalidad en los resultados electorales no es muy significativa, la igualdad de voto es un requisito indispensable para la democracia, que justifica -por sí solo- la aplicación de alguno de los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones.

De aplicarse alguna de las propuestas, millones de españoles/as pasarían a estar mejor representados (numéricamente) en el Congreso y, posiblemente, presenciaríamos un cambio en el comportamiento de los electores: en Madrid (con hasta 47 escaños) y Barcelona (con hasta 41) el voto útil podría atenuarse con el consiguiente incremento de las posibilidades de que otras alternativas políticas ganen fuerza en el Congreso e, incluso, consigan representación por primera vez.

De hecho, en ambas circunscripciones, cualquier fuerza política que lograse presentarse podría conseguir un escaño con menos votos (~68.000) que el valor medio del escaño a nivel nacional (74.000 votos/escaño en 2008) si no fuera por la barrera electoral del 3%, cuya legitimidad es discutible cuando el valor del escaño está por debajo de la misma: si un escaño representa el 2,12%/2,54% del total, ¿cómo se justifica que sea necesario el 3% de los votos para ganarlo?.

Por todo lo expuesto, creo que resulta urgente e importante reformar el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones antes de la próxima cita electoral, ya que parece claro que -cambiando un sólo número- se puede acercar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales un 7,69% (1 escaño inicial) o un 10,18% (0 escaños iniciales) respecto al sistema actual. Ahora hay que convencer a sus señorías para que hagan lo correcto, aunque sea por los motivos equivocados.