Lo prometido NUNCA es deuda

Todo parecido entre las promesas electorales de cualquier político y su acción en el gobierno o en la oposición es mera coincidencia. La constitución Española en su artículo 67.2 lo pone bien claro: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo“. Esto significa que nadie puede decirles lo que tienen que hacer o lo que tienen que votar. Se supone que actúan en conciencia, de forma “personal e indelegable“, como añade el art. 79 CE.

Así que, aunque puedes votar a la lista de un partido para que haya más integrantes de esa lista sentados en la cámaras legislativas del Estado o de las comunidades autónomas, que también tienen artículos similares en sus estatutos de autonomía, en ningún caso eso supuestos “representantes” tienen que cumplir con lo que hayan prometido, ni tienen que tener en cuenta tus intereses o demandas concretas, o la de los habitantes de la circunscripción a la que se supone que representan.

Si solicitas una reunión con ellos y acceden, es porque quieren; si te escuchan mientras les planteas lo que les quieras trasmitir es por que les apetece; y si te prometen que lo mirarán o que harán algo al respecto es por ser educados o por quedar bien, pero sin ningún compromiso ni ninguna fecha concreta porque no existe mandato imperativo. Así que si lo que propones les parece interesante harán lo que les parezca cuando les venga bien, y si no, pues te fastidias… porque no tienen obligación alguna.

La única motivación que tienen los cargos de designación electoral para atender a las demandas de los votantes y cumplir sus compromisos electorales es el impacto negativo que NO hacerlo pudiera tener en las siguientes elecciones, pero como la mayoría de la gente vota por miedo a lo que puedan hacer los otros y cegada por la ideología y el odio que les ha inoculado sus políticos favoritos, pues no hay mucho riesgo de que alguien se cambie de bando, vote a otro partido parecido que tampoco tiene que cumplir sus promesas, o se abstengan para que ganen los otros.

El ejemplo más palmario lo tuvimos cuando el PSOE se abstuvo para que Rajoy fuera Presidente. ¿Podían haber formado gobierno? Sí, con los mismos apoyos con los que se aprobó la moción de censura. ¿El programa electoral mencionaba algo de dejar gobernar al PP antes que pactar con PODEMOS? NO. ¿Algún votante socialista quería que Rajoy fuera presidente o voto al PSOE pensando que su voto posibilitaría un gobierno del PP? NO. ¿Tenían obligación legal de haber intentado formar gobierno con PODEMOS o haber votado en contra en vez de abstenerse para evitarlo? NO. En las siguientes elecciones ¿les pasó factura permitir que Rajoy gobernara 2 años más?. NO… en las siguientes elecciones consiguieron dos millones de votos más y 48 diputados más.

Así que, si votáis a alguien que os promete construir un puente y, al llegar al poder, os construye un muro en su lugar… pues no os sorprendáis. El sistema político está diseñado así adrede. Y ningún político lo quiere cambiar, porque eso implicaría tener que dejar de hacer lo que quieran y empezar a trabajar para los españoles. Eso nunca lo van a permitir, y como las leyes que hay que cambiar sólo las pueden cambiar ellos, por ahí no hay salida.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Demandamos judicialmente por incumplimiento del programa electoral?. Eso ya se ha intentado, y ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues que las “promesas electorales” y su cumplimiento escapan al control jurisdiccional, de manera que, del acierto o desacierto en la llevanza y ejecución de las mismas, no cabe derivar responsabilidad … en términos jurídicos. Corresponde al Gobierno “la posibilidad de posponer unos compromisos por otros o sustituirlos en la forma más conveniente” y a los ciudadanos “expresar su […] disconformidad con estas actuaciones y omisiones” […] mediante “su libertad de no votarlo si defrauda sus expectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales“.

Al no estar “sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo“, ni al derecho penal -añado yo-, los actos consistentes en “promesas electorales” sólo son susceptibles de la sanción derivada del ejercicio del derecho a voto. “La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes“.

Pues más claro agua. En el régimen del 78 las promesas electorales NO hay que cumplirlas, y si la única forma de castigar al que incumple sus promesas es votar a otros que tampoco tienen que cumplirlas pues acabamos teniendo lo que tenemos. Ni colectivismo, ni libertad, sino partitocracia para todos.

Votar sin mandato imperativo de los electores y sin posibilidad de revocarlo en cualquier momento es extender cheques en blanco y tener fe en que no nos estafen. Justo todo lo contrario a la democracia, que se basa precisamente en la limitación del poder, en la total desconfianza de quienes lo ejercen, y en el sometimiento de los representantes a la voluntad de los representados.

Al parecer, ahora los partidos del Gobierno quieren poner peajes en todas las autopistas y autovias del país. ¿Eso iba en el programa electoral, o se les ha ocurrido sobre la marcha? No sé vosotros, pero como yo no soy de ir extendiendo cheques en blanco para que me mangoneen, como estoy harto de campañas electorales superfluas que no vinculan a nadie, y como no quiero ser cómplice de mi propia ruina ni de la de mi país, en vez de ir a votar cada cuatro años a ver si suena la flauta y pasarme la vida esperando a que aparezca alguien interesado en hacer las reformas necesarias, consiga los votos y cumpla sus promesas electorales pese a no estar legalmente obligado a ello; prefiero promover activamente los cambios necesarios para que los políticos tengan que trabajar para la ciudadanía, y cumplir sus promesas, o marcharse por donde han venido.

Estos políticos nefastos que tenemos no han caído del cielo, los vota la gente que se empeña en seguir extendiéndoles un cheque en blanco cada 4 años para que sigan arruinándonos la vida y el país de la forma que prefieran. Sólo tu puedes acabar con esta locura. En las próximas elecciones, no les extiendas otro cheque en blanco y súmate a la desobediencia civil pacífica. Abstente, y movilízate con la sociedad civil para poner al Estado al servicio de la sociedad, no de los partidos políticos. Rompe la rueda de mentiras en la que llevamos más de 40 años dando vueltas. No les sustentes con tu voto. Que callen las urnas hasta que la voluntad de la ciudadanía sea ley, y lo prometido por cualquier político que resulte elegido sea deuda.

No lo llames democracia

Identificar al Régimen del 78 con la democracia no es solo un error conceptual, sino que también desprestigia el mismo concepto de democracia por asociación con la inoperancia de la política actual, y liga el futuro de la democracia en España con el destino del Régimen del 78, que no es prometedor. Aunque sea imperfecta, parcial o deficiente, si nos referimos a España como una democracia cada vez más gente se planteará buscar una solución a sus problemas políticos en sistemas no democráticos, porque la democracia no funciona.

La Alemania nazi no era una Democracia. Y a nadie se le ocurriría describirla como una democracia imperfecta, o una democracia parcial, o una democracia deficiente, o llamarla cuasi-democracia, o decir que era una democracia con graves carencias, una democracia con problemillas para aceptar a las minorías étnicas y convivir pacíficamente con sus vecinos. La Alemania nazi era una dictadura totalitaria: porque la reconocemos como tal la llamamos así, y porque la llamamos así la reconocemos como tal.

Desgraciadamente esta distinción no siempre está tan clara. Existen sistemas políticos que sin ser democracias no llegan a ser dictaduras. Un ejemplo de este tipo de sistemas políticos fue la República de Wiemar. El régimen político que posibilitó el ascenso del Nazismo era una partitocracia u oligarquía de partidos, como la que tenemos hoy en España, pero, qué curioso, a ninguna de las dos se la denomina así.

A ambas se las identifica como democracias parlamentarias a pesar de que no tienen separación de poderes, ni representación de los electores, ni mandato imperativo, ni el parlamento tiene un papel preponderante… que son algunas de las características que debería reunir una democracia que se define como parlamentaria.

Lo que sí había en la República de Wiemar, y hay en España, es un sistema electoral proporcional en el que se votaban listas de candidatos confeccionadas por los líderes de los partidos. Candidatos que le debían su puesto al partido y, en consecuencia, hacían lo que les dijeran desde partido… que básicamente es una organización jerárquica en la que manda el jefe, y a los revoltosos se les echa.

En un sistema como éste, en el que la ciudadanía carece tanto de mecanismos para ejercer el poder político de forma directa como de representantes sujetos a su mandato imperativo, los partidos políticos acaban convirtiéndose en los protagonistas de la vida política, y su principal preocupación pasa a ser consolidar y aumentar su cuota de poder para usarla en beneficio propio.

Como esta forma de ejercer el poder no es muy democrática, es normal que estos políticos dediquen muchos esfuerzos a enfrentar a la población entre sí, dividiéndola ideológicamente en facciones rivales para distraerlos de la naturaleza anti-democrática del Estado en el que viven; y otros muchos más en repetir hasta la saciedad lo buena que es la Democracia “que nos hemos dado” y que “tanto esfuerzo ha costado lograr”, por muchos problemas, deficiencias o imperfecciones que presente.

Por los paralelismos con España, el final de la República de Weimar debería alertarnos de los peligros de seguir esta inercia de llamar democracia a algo que no lo es. Cuando la República de Wiemar, al igual que pasa hoy en España y en otros muchos sitios, se enfrentó a una grave crisis que los políticos ni vieron venir, ni supieron o pudieron resolver, la población vio como esos políticos a los que se les llena la boca de democracia no hacían nada para intentar aliviar su sufrimiento, en buena medida porque no podían… el sistema político no estaba preparado para eso.

La coalición de gobierno intentó aprobar medidas legislativas impopulares para atajar los efectos de crack del 29 sobre la economía alemana, principalmente una devaluación de salarios y restricción del crédito. Pero no había una mayoría suficiente en la cámara legislativa y los partidos de la oposición estaban más preocupados en ganar las siguientes elecciones que en apoyar una medidas impopulares que reforzarían al gobierno si funcionaban, y que si no funcionaban les hundirían con él.

Así que como el parlamento no aprobaba estas medidas tan urgentes y necesarias, el gobierno las impuso mediante un decreto de emergencia, que sería el equivalente a nuestros reales decretos-ley. Al tratarse de una medida legislativa adoptada unilateralmente por el ejecutivo tenía que ser convalidada por el parlamento en un plazo de tiempo. Y no lo fue, porque el gobierno no tenía mayoría parlamentaria. Así que se adelantaron las elecciones dos años.

¿Y a qué no sabéis lo que pasó? Pues que las elecciones no resolvieron nada. Seguía sin haber una mayoría suficiente para gobernar, aunque se formó gobierno. Los únicos partidos que mejoraron sus resultados fueron los más extremos ideológicamente: los nazis y los comunistas. Este gobierno duró dos años. En 1932 decidieron volver a adelantar las elecciones, a ver si alguien conseguía una mayoría suficiente para poder gobernar. Como no fue el caso, se volvieron a repetir las elecciones ese mismo año, y dos veces más en 1933, hasta que al final el partido nazi consiguió una mayoría suficiente para ilegalizaron el resto de partidos y se acabó la “democracia”. ¿Os suena todo esto de algo?

Y estaréis pensando, ¿qué tiene que ver toda esta película con llamarlo democracia? Pues veréis, puedo imaginarme a un alemán de 1930 -o a un español de 2023- que está sufriendo los efectos de una grave crisis económica que ha dejado en paro a un 30% de la población mirando hacia sus políticos en busca de soluciones a sus problemas graves y acuciantes, y ver como éstos no hacen más que insultarse entre ellos, hacer propaganda a golpe de eslogan fácil, proponer medidas ornamentales, presentar mociones de censura sin futuro y convocar elecciones para ver si desatascan la situación.

¿Qué va a pensar esa persona del sistema político que está padeciendo? Pues que no funciona, lógicamente. ¿Y cómo dices que se llama? ¡Ah!, democracia. Bueno, pues si esto que tenemos hoy es una democracia, una democracia plena (como se encargan de recordarnos los políticos constantemente), y resulta que en esta supuesta democracia plena el Estado cumple las leyes cuando le interesa; los derechos fundamentales se suprimen a conveniencia; a los políticos les preocupan más su cuota de poder que resolver nuestros problemas: y a quien se queje le meten en la cárcel o le ponen una multa de hasta 600.000€… Bueno, pues si esto es la democracia, alguien podría llegar a pensar, entonces o ahora, que la democracia no funciona. Y como no funciona, pues habrá que plantearse buscar otras alternativas.

Y esas otras alternativas no van a ser democráticas, obviamente, porque la “democracia” ya se ha probado, y ya ha fracasado. Así ganaron popularidad las propuestas autocráticas en el periodo entre guerras, ofreciendo un sistema alternativo que prometía orden, estabilidad y un gobierno efectivo para resolver los problemas de la gente que las “democracias” en descomposición no eran capaces de lograr. A muy poca gente se le ocurrió plantear “una democracia mejor”. Ya habían tenido suficiente democracia como para saber que no quería más.

Pero ese rechazo de la población no era en realidad a la democracia, que ni existía entonces en Alemania ni existe hoy España, sino a la partitocracia u oligarquía de partidos realmente existente. Al haberse identificado democracia con partitocracia por interés político, por inercia o por décadas de condicionamiento social, el fracaso de la partitocracia destruyó toda posibilidad de implantar un sistema democrático en Alemania, dejando una única opción sobre la mesa.

Por eso, para que la democracia sea a una alternativa a considerar el día en que el Régimen del 78 termine de fracasar es necesario que dejemos de llamar democracia a lo que no lo es: ni imperfecta, ni parcial, ni deficiente. Identificar al Régimen del 78 con la democracia no es sólo un error conceptual, sino que también desprestigia el mismo concepto de democracia por asociación con la inoperancia de la política actual, y además liga el futuro de la democracia en España con el destino del Régimen del 78, que no es prometedor.

Si la gente piensa que la democracia no funciona, buscarán alternativas no democráticas. Así que si crees en la democracia, si te gusta la democracia, si quieres vivir en una democracia, no lo llames democracia hasta que no lo sea, porque si lo haces, el fracaso del sistema político actual cerrará las puertas a la democracia y nos mandará irremediablemente en la dirección contraria. Sé que es difícil, pero no contribuyas al desprestigio de la democracia refiriéndote a España como si fuera un país democrático.

El Rey no es inviolable, y lo saben

Políticos, jueces, y medios de comunicación llevan más de cuarenta años mintiéndonos a la cara descaradamente con que el Rey es total y absolutamente inviolable cuando, conforme a los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional y los principios generales del derecho, no puede serlo

Como en toda obra del ser humano, en la Constitución del 78 a veces encontramos cosas que no encajan: imperfecciones, contradicciones. ¿Cómo resolver estas tensiones dentro de un texto que es el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, cuyo contenido íntegro es total y absolutamente correcto para dicho ordenamiento?

Pues si atendemos a lo que dice el Tribunal Constitucional reiteradamente en sus sentencias, cuando “se genera cierto grado de tensión interpretativa en el interior de la Constitución… [e]ste elemento de tensión no puede ser resuelto desde uno de sus extremos, sino, por el contrario, y como venimos haciendo a partir de una interpretación sistemática y global de los preceptos constitucionales implicados; dicho de otro modo, sólo puede ser resuelto desde el principio de unidad de la Constitución” (STC 179/1994 FJ5 In fine).

¿Qué significa esto del principio de unidad de la Constitución?, pues que la Constitución “es un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás, es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática” (STC 154/2006, de 22 de mayo FJ4 in fine). Por tanto, “la interpretación de los preceptos constitucionales ha de hacerse de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en cuenta el contenido íntegro de la Norma fundamental” (STC 252/1988, de 20 de diciembre FJ2).

Explica el Tribunal Constitucional en otra sentencia que, “en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos” (STC 53/1985, de 11 de abril FJ9).

En otra sentencia añade que “la solución consistirá en otorgar la preferencia de su respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca, tanto por su propia naturaleza, como por las circunstancias concurrentes en su ejercicio. No se trata, sin embargo, de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y dar preeminencia al que se ajuste más al sentido y finalidad que la Constitución señala, explícita o implícitamente” (STC 320/1994, 28 de noviembre, FJ 2).

Después de toda esta reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que no sólo parece bastante razonable sino que vincula a Jueces y Tribunales (art 5.1 LO 6/1985 del Poder Judicial) ¿Cómo se explica que siempre que se intenta plantear un litigio contra el Rey de España los tribunales archiven la causa alegando que es “inviolable”?. Y no son temas menores. Por ejemplo, tenemos la demanda por paternidad de Alberto Solá. De confirmarse la paternidad de Juan Carlos I, Alberto sería legítimo heredero a la corona de España porque es mayor que Felipe VI, que sería un usurpador. Por no hablar de los presuntos delitos fiscales, la malversación de fondos públicos para tapar la boca a sus amantes, etc… del emérito.

Es cierto que el art. 56.3 CE dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero ¿cómo encaja este precepto con otros como que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 CE), que “todos los poderes públicos -incluida la Corona, que es un órgano constitucional- están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE), que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 CE) o que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE).

Como veis, la lista de preceptos constitucionales en aparente conflicto con una inviolabilidad absoluta del Rey son unos cuantos. Y ya nos ha dicho el tribunal constitucional que no se puede resolver este conflicto afirmando el carácter absoluto de alguno de los preceptos en conflicto. Hay que hacer una interpretación sistemática. Si tan solo hubiera alguna forma de armonizar estos preceptos… sigamos leyendo el art. 56.3 CE.

Articulo 56.

  1. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

¿Por qué habla la Constitución de que sus actos sean siempre refrendados y que si no lo son carecerán de validez en el mismo apartado del artículo? ¿Es acaso del Rey un incapaz absoluto, que no puede obrar por sí mismo y necesita el refrendo hasta para ir al baño? Vamos a ver qué dicen los otros artículos…

Articulo 64.

  1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
  2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Articulo 65.

  1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
  2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Entonces, ¿el Rey sólo puede decidir por si mismo quienes forman parte de la Casa Real y como distribuir su presupuesto, necesitando refrendo para el resto de actos de su vida? ¿y por eso es inviolable? Si fuera este el caso, ¿quién refrendó que Juan Carlos I se fuera a cazar elefantes a Botsuana? ¿O los actos que le han permitido amasar una fortuna infinitamente superior a los ingresos que ha percibido del Estado? ¿quién refrendaba a las amantes del rey?. Si el Rey tomara por su propia cuenta una decisión distinta de las recogidas en el art. 65 CE como -por ejemplo- pedir una pizza u organizar un golpe de estado, ¿estaría actuando de forma inconstitucional? Bueno, daría igual porque sería absolutamente inviolable.

¿No sería más lógico pensar que los actos que necesitan refrendo son los que se indican justo antes, en los artículos 62 y 63 CE, en los que el Rey actúa como Jefe de Estado aparentando tomar unas decisiones que sólo serán válidas si son refrendadas por un miembro del gobierno, que -como asume la responsabilidad de las mismas- exime de ella al Rey haciéndole inviolable en relación a estos actos concretos, pero no a los que realice en su vida privada y/o sin refrendo?.

Si fuera así, el Rey podría conservar su libertad en sus actos privados y su inviolabilidad respecto a los actos como Jefe de Estado sin que se vulnerar ningún otro precepto constitucional… como pasa con los diputados por ejemplo, que son inviolables solo por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE), pero no en su vida privada. De interpretarse así, todo cobraría sentido mágicamente y se preservará la armonía de la Constitución sin cambiar una sola letra, solo hay que querer entender un poquito. No es difícil.

Lo que no puede ser es atenernos a la literalidad del texto en lo tocante a la inviolabilidad, ignorando todo lo que dice el Tribunal Constitucional -y el sentido común- sobre la interpretación sistemática de la Constitución, pero hacer una interpretación sistemática del resto del apartado para que solo se refrenden sus actos como jefe de Estado. En derecho hay que aplicar un criterio homogéneo, el que sea, pero homogéneo, no el que más nos interese según cada caso. Y hay que aplicarlo hasta sus últimas consecuencias, independientemente de cuales sean… así es como funciona un estado en el que impera la ley.

Y está es la verdad, lo saben ellos y ahora, lo sabes tu también. Políticos, jueces, y medios de comunicación llevan más de 40 años mintiéndonos a la cara descaradamente con que el Rey es total y absolutamente inviolable cuando, conforme a los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional y los principios generales del derecho, no puede serlo. Cuando alguien te salga con la gilipollez de que el rey es inviolable, pues le mandas un enlace a este artículo y nos haces un favor a los dos.

Es tan obvio, que no hace falta ni saber derecho para darse cuenta de que cualquier otra conclusión no tiene sentido. En un estado social y democrático de derecho no puede haber ninguna persona por encima de la Constitución y las leyes. El engaño es tan burdo, que los que defienden la inviolabilidad absoluta se limita a repetir hasta la extenuación “que lo pone en la Constitución”, sin entrar a discutir la segunda parte del art 56.3 CE, que citan fuera de contexto; sin explicar cómo es que la inviolabilidad -que excluye sólo la responsabilidad penal- se extiende también a la esfera civil y administrativa; o por qué los actos privados del Rey no son refrendados, como deberían según una interpretación literal del precepto; o qué impide a un tribunal determinar los hechos y calificarlos jurídicamente aunque no pueda hacer efectiva la sentencia si resultase condenatoria; o porqué consideran que a un Rey que ha abdicado se le sigue aplicando esta inviolabilidad cuando ésta sólo se refiere al titular de la Corona, que es un cargo unipersonal. Cuestiones en las que no entran porque no hay por donde cogerlas ni argumentación posible más allá del “porque sí”, “porque es una figura simbólica” o cualquier variante de “por conveniencia política”.

En el siglo XVI los herederos de Cristóbal Colón pudieron llevar ante los tribunales a la Corona de Castilla por considerar que se habían incumplido las Capitulaciones de Santa Fé, pero en la muy “democrática” España del siglo XXI es imposible abrir ningún procedimiento que implique al monarca porque a los poderes del Estado no les da la gana, simple y llanamente. Porque aunque el Rey no sea absolutamente inviolable según los criterios de interpretación de la Constitución del Tribunal Constitucional, no hay juez ni tribunal que vaya a admitir a trámite un procedimiento en el que tuviera que personarse… aunque hacerlo constituya -en mi opinión- un presunto delito de prevaricación como la copa de un pino. ¿Por qué no celebrar el juicio? aunque no se pudiera hacer ejecutar lo juzgado, una sentencia condenatoria tendría valor simbólico.

¿Y que creéis que diría el Tribunal Constitucional si se planteara un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por este motivo? Pues se limitarían a buscar la mejor forma de inadmitirlo sin entrar en el fondo del asunto, porque sería difícil sostener la inviolabilidad total sin caer en el más absoluto descrédito después de toda su jurisprudencia. Luego ya se buscaría la forma de persuadir al recurrente para que no acuda a instancias internacionales y, así, evitar tratar más este tema.

En una democracia de verdad, semejante despropósito sería impensable porque todos los poderes del estado estarían alineados sin fisuras con una interpretación sistemática, coherente y homogénea de la Constitución. Por desgracia no vivimos en una, como se encargan de recordarnos cada vez que sale el tema de la inviolabilidad real. Mientras que en nuestro país se siga idolatrando una Constitución deliberadamente ambigua, que los poderes del Estado no dudan en retorcer a conciencia y a conveniencia, nunca conoceremos lo que es la seguridad jurídica ni el imperio de la ley.

Créditos: Miniatura basada en la fotografía de Pool Moncloa

El voto electrónico NO es la solución

El voto electrónico no aporta ninguna ventaja significativa sobre el voto en papeleta, pero sí que plantea muchos inconvenientes. Por su complejidad, centralización y absoluta falta de transparencia pone en peligro el secreto del voto, y facilita que se pueda producir un fraude indetectable o se susciten dudas sobre la validez del resultado. Por eso debe rechazarse cualquier intento de implantación.

En ocasiones los avances tecnológicos no suponen una mejora sobre lo que teníamos antes. El cine 3D, la energía nuclear, el cibersexo, los avisos de cookies… hay innovaciones que generan más problemas de los que resuelven, no aportan nada o, directamente, son peligrosas. Dentro de este tercer grupo está el voto electrónico, cuya complejidad, centralización y absoluta falta de transparencia posibilita todo tipo de manipulación y fraude electoral.

El principal argumento contra el voto electrónico es que no aporta ninguna ventaja significativa sobre el “arcaico” voto en papeleta. Cierto que permitiría votar sin desplazarse hasta el colegio electoral y haría más rápido el recuento, pero tampoco es que haya mucho margen de mejora en estos aspectos: casi todo el mundo puede llegar andando al colegio electoral, existe el voto por correo, y a las cuatro horas del cierre de las urnas ya están escrutados casi todos los votos. ¿Realmente necesitamos el voto electrónico?.

Los partidarios de su implantación piensan que esta tecnología resolvería las deficiencias de nuestro sistema político. Que la ciudadanía tendrá una mayor participación en los asuntos públicos gracias a él… pero no es cierto. Si se quisieran consultar más decisiones políticas a la población, simplemente se haría. Nada impide que se haga utilizando papeletas de papel. De hecho, en muchos países es normal aprovechar cualquier proceso electoral para decidir sobre los asuntos acumulados desde la última consulta y, llegado el caso, se podría organizar una cuando hubiera un número suficiente de cuestiones o alguna fuera urgente.

Si no se hace es porque a los políticos, simple y llanamente, no les interesa y no existe ningún mecanismo que permita a los ciudadanos convocar estas consultas. En otras palabras, con o sin voto electrónico, las consultas, elecciones y referendos los tienen que convocar los políticos. Son ellos quienes deciden los temas y el momento de preguntar, normalmente cuando les venga bien o no tengan más remedio. Y, en cualquier caso, el resultado es irrelevante, ya que los referendos tienen carácter meramente consultivo, los programas electorales no son vinculantes, y en España se supone que no existe el mandato imperativo.

Vamos, que el voto electrónico nos deja como estamos, con recuentos un poco más rápidos y la posibilidad de votar lo que decidan los políticos sin acudir al colegio electoral ni pedir el voto por correo; lo cual puede ser una ventaja si no se pudiera garantizar la seguridad de las personas que acuden a votar o les resultara muy difícil desplazarse hasta allí. Pero ni va a ser más barato, ni más trasparente, ni más seguro, y no va a aumentar ni la participación ni la confianza en las elecciones.

El voto electrónico es más caro

No va a ser más barato porque el papel impreso ya es muy barato y se puede reciclar. Sustituir urnas de metacrilato por urnas electrónicas es caro, a lo que hay que sumar los costes de electricidad y telecomunicaciones, los sistemas de redundancia para que no se interrumpan las votaciones, la auditoría de que el sistema funciona como debe, equipos de ciberseguridad, técnicos capaces de resolver incidencias, la ayuda necesaria para que todo el mundo sepa cómo votar, así como el traslado y almacenamiento seguro de los medios de votación entre convocatorias. Jugosos contratos para engordar aún más el sector parapúblico.

Ni punto de comparación con el método tradicional: Todo el mundo sabe cómo funciona una urna y cómo repararla con lo que haya a mano en caso de que sufriera alguno de los pocos problemas que puede sufrir. Se adquieren en cualquier sitio, reemplazarlas es trivial, siguen funcionando con normalidad en las condiciones más adversas y, después de estar almacenadas durante cuatro años sin vigilancia, siguen estando listas para su uso. Y lo más importante, cualquiera puede auditar su funcionamiento y seguridad sin conocimientos especializados y sin interferir en la votación o el recuento.

La única forma que habría de ahorrar con el voto electrónico, y habría que verlo, sería cerrando los colegios electorales y votando por Internet. No obstante, el ahorro que se pudiera obtener nunca justificaría los problemas que plantea esta forma de votación, que pasaría de ser pública a ser privada, de ser distribuida a ser centralizada, y en la que se perdería toda la transparencia del proceso.

El voto electrónico no es transparente

El sistema de votación tradicional es fácilmente comprensible y auditable. Se coge una urna vacía, se coloca en un sitio donde sea visible, la gente que va a votar se identifica ante la mesa e introduce un único voto. Cuando termina la votación, se cuentan todos los votos y obtiene un resultado. Es tan sencillo que cualquiera que sepa leer y contar puede verificar que el acta refleja exactamente lo expresado por los ciudadanos en las urnas, sin necesidad de equipos especiales ni de pedir permiso a nadie. Su obviedad hace que se pueda confiar implícitamente en los resultados.

Por contra, el voto electrónico no es tan fácil de auditar. Verificar que el voto se ha emitido y contado correctamente, y comprobar que el resultado corresponde con lo expresado realmente por los ciudadanos en las urnas no está al alcance de todos: habría que saber de programación, redes, sistemas, ciberseguridad, criptografía, base de datos… y eso, suponiendo que tuviéramos acceso total a la infraestructura que ejecuta la plataforma de voto electrónico antes, durante y después de la votación… cosa que parece muy improbable.

Tener acceso al código fuente del software de votación y recuento no bastaría, porque nada nos garantiza que sea el que se está ejecutando realmente durante la votación. Por no hablar de los problemas de seguridad que pudiera haber en dicho software, o en el hardware que lo ejecuta, o en los protocolos y redes de comunicación que conectan todos los elementos.

El voto electrónico no es más seguro

Además, si permitimos votar desde cualquier dispositivo abrimos la puerta a problemas que no existen cuando acudimos al colegio electoral como, por ejemplo, la suplantación por alguien con acceso a tu dispositivo electrónico, el ser coaccionado para votar en un sentido u otro, o que quienes no pudieran proveerse de los medios para votar no podrían hacerlo. Para votar en papel no hay que comprar ni contratar nada.

El botín que se puede obtener de unas elecciones adulteradas justifica con creces los esfuerzos necesarios para influir en el resultado. Así que debemos asumir que habrá entidades que intentarán alterarlo; y adoptar sistemas que dificulten la posibilidad de fraude, no que lo faciliten. La urna y las papeletas ya garantizan que el voto sea secreto y que los resultados sean auditables y validables, las dos premisas sobre las que se sustentan las elecciones en países democráticos.

Son precisamente estas dos características las que hacen que los procedimientos electorales no sean los más idóneos para ser digitalizados, ya que -a diferencia de otro tipo de transacciones electrónicas, en las que el contenido debe quedar registrado y vinculado con personas claramente identificadas- en el caso de las votaciones el voto tiene que ser secreto, para evitar que los votantes puedan ser coaccionados o incentivados a ejercer su derecho en uno u otro sentido, o que se puede identificar quienes apoyan determinados programas políticos.

A pesar de los enormes esfuerzos de investigación que se están realizando en este campo, todavía no se ha encontrado la forma de mantener el voto electrónico secreto y los resultados auditables/verificables. Personalmente dudo que se pueda diseñar un sistema informático que pueda hacer ambas cosas a la vez, pero -si se lograra- es seguro que muy pocos podrían comprobar que funciona como debe, y dicha comprobación no podría hacerse externamente y sin el riesgo de interferir en el proceso.

En cuanto a la seguridad del resultado, detectar y probar el fraude electoral en las votaciones con papeletas resulta sencillo: basta con estar en el lugar de la votación hasta que se termine el recuento con una cámara, no perder de vista la urna ni a quienes la manejan y cotejar luego todas las actas. Todo ello se puede hacer externamente sin interferir en el procedimiento y, al ser un sistema analógico y distribuido, el daño potencial es menor y la logística necesaria para alterar el sentido del resultado es más compleja.

Por contra, en las elecciones electrónicas es muy difícil comprender cómo nuestro voto se traslada desde el lugar de votación hasta el resultado final. No se puede hacer un seguimiento de los bits en tránsito, ni mucho menos estar seguros que el resultado es el que debería o de que se ha mantenido el anonimato del voto. Es más fácil cambiar una cifra en una base de datos controlada por cuatro administradores debidamente “motivados” que alterar el contenido de cientos de urnas o actas electorales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Fiarnos de lo que nos digan quienes más intereses tienen en el resultado de las elecciones?

El voto electrónico no fomenta la participación ni la confianza

En cualquier caso, el impacto de esta tecnología sobre la participación me parece que será neutro o negativo, ya que votar electrónicamente acarrea la posibilidad de que se produzcan problemas que impidan a la gente a votar, desde falta de conectividad, errores o virus informáticos hasta certificados caducados o dispositivos incompatibles. Incluso, se podrían provocar estos problemas en segmentos de la población cuyo voto interesa suprimir. Si el votante no está muy convencido, después de diez minutos sufriendo errores es probable que desista de votar. Y si encima el modelo de voto electrónico elegido implica desplazarse hasta donde estén las urnas, perdemos una de las pocas justificaciones para su implantación.

Por todo lo anterior, parece claro que el problema del voto electrónico no es la resistencia al cambio o la innovación, sino que la tecnología que se pretende utilizar no es la idónea para resolver el problema y no ofrece ninguna ventaja importante sobre la urna de papel, pero sí que crea oportunidades para alterar el sentido del voto popular y socavar la confianza en el proceso electoral, por lo que no debería utilizarse bajo ninguna circunstancia.

Mientras que el voto en papel es sencillo, transparente, distribuido y garantiza el voto secreto y unos resultados auditables, el voto electrónico es todo lo contrario: complejo, opaco y centralizado; lo cual facilita que se pueda producir un fraude indetectable o se susciten dudas sobre la validez del resultado, que es casi peor. Oportunidades que, tarde o temprano, alguien aprovechará en beneficio propio.

Por eso os animo a desconfiar de todos aquellos que lo defiendan, a analizar detenidamente los argumentos a favor y -en caso de que no os convenzan- a oponeros a cualquier intento de implantación, por pequeño que sea. No cambiemos algo que está bien y funciona, sobre todo cuando no hay ninguna necesidad y afecta a un aspecto tan esencial de nuestras sociedades… que luego cuesta mucho dar marcha atrás.

Créditos: Miniatura basada en la obra de B Ban

Al final, tendrás que luchar

Imagen de Iván Tamás en Pixabay

La historia de la humanidad es la historia de unos pocos tratando de vivir de lujo a costa de los demás: chamanes, faraones, sacerdotes, patricios, clérigos, señores feudales, nobles, reyes, terratenientes, dictadores, tecnócratas, políticos, rentistas, empresarios, oligarcas… Sus historias son las que se cuentan, sus figuras las que se idolatran y sus conflictos los que padecemos el común de los mortales.

Los demás sólo somos el rebaño que esquilar, ordeñar y, eventualmente, sacrificar para mantener su modo de vida privilegiado. Nuestra función se limita a producir los excedentes que consumen, a renunciar a cualquier acción que perturbe el funcionamiento de los medios de apropiación de dichos excedentes, y a perpetuar este sistema engendrando a la siguiente generación de pringados.

Desde muy pequeños somos adoctrinados en las máximas de que la ley es justa y el mercado eficiente; que nuestra organización social recompensa a cada uno en función de su esfuerzo, mérito y contribución al bienestar colectivo; que vivimos en una democracia donde nuestro voto cuenta y nuestra voz se escucha y, sobre todo, que la violencia siempre es mala, y hay que renunciar a ella toda situación.

Los beneficiarios de este sistema nos enseñan a legitimar “el orden establecido”, que les sitúa en la cúspide de las estructuras de poder y dominación, y a mantener la “paz social”, que hacen posible su modo de vida. Alcanzado este punto, sólo resta por superar un pequeño obstáculo para alcanzar la utopía: que quienes controlan este sistema social, basado en la máxima de “todo para nosotros, nada para los demás“, sean capaces de reprimir su propia codicia a niveles socialmente aceptables. Esto difícilmente puede lograrse por un periodo prolongado de tiempo.

Como nos enseña Montesquieu en “Del espíritu de las leyes“, el poder tiende de forma natural a expandirse si otro poder no lo detiene. La idea que subyace a su pensamiento político se resume en su máxima de que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que otro poder detenga a ese poder. Y ese otro poder tienes que ser tú. Desgraciadamente, nuestro sistema social se ha construido a base de incapacitar a la inmensa mayoría de la población para enfrentarse a estos abusos, por lo que en la práctica no existe freno.

¿Que los alquileres están muy caros? No seas finolis y alquílate un trastero o un balcón. ¿Qué no hay trabajo? Hazte “empresario” con Glovo o Deliveroo, o emigra. ¿Qué te cobran el doble que hace 12 años por la electricidad? Es el mercado, amigo. ¿Cuantos productos que consumes han mejorado su relación calidad-precio? ¿a cuánta gente conoces que le hayan subido el sueldo “porque sí”?. ¿Te acuerdas cuando ser mileurista era una mierda y no una aspiración vital?… pues si te parece que estamos mal ahora, espera a la próxima vuelta de tuerca.

Cuando una relación de poder se altera, a la parte fortalecida le resulta más difícil reprimirse en el ejercicio de su nuevo poder, y a la parte debilitada más difícil resistirse a nuevos intentos de debilitarla aún más. Si esta dinámica se repite en una única dirección, el resultado es una espiral de crecientes abusos que nos conducen de forma irremediable a estallidos revolucionarios que reequilibren la situación e inicien un nuevo ciclo, o hacia una forma de gobierno totalitaria capaz de mantener a raya a la cada vez mayor masa de gente sin nada que perder.

Así que, mientras haya quienes pretendan vivir a tu costa, quieras o no, te guste o no, al final tendrás que luchar por tu supervivencia y por tu libertad; por controlar al Estado y contra las fuerzas del mercado con intereses opuestos a ti. Lo que sí puedes elegir es cuándo y en qué condiciones hacerlo. Cuanto más tardes en empezar, más difícil será y más debilitado estarás. Así que la cuestión es ¿cuánto estás dispuesto a tragar antes de hacer algo al respecto?

Sí claro, los hombres no sabemos lo que significa ser discriminado

Miriam Lueck Avery @Flickr – CC BY-SA 2.0

Como hombre blanco, heterosexual y europeo, no hay discusión sobre discriminación en la que no se me reproche que, dadas mis características personales, no sé lo que significa ser discriminado… como si eso fuera argumento suficiente para invalidar lo que pueda aportar a la conversación. Aunque es cierto que mi conocimiento sobre cualquier forma de discriminación que no sufra nunca será comparable con el de quienes la sufren a diario, me preocupa que las personas discriminadas esgriman tan alegremente este argumento.

Es cierto que sólo puedo imaginar la clase de discriminación que sufren las personas de otro genero, etnia, y/u orientación sexual. Quizá no conozca de primera mano la discriminación que sufren los colectivos a los que no pertenezco, pero eso no significa que no pueda comprenderla, empatizar con ellos, opinar sobre el asunto y contribuir a resolverlo. Digo esto porque, hablando con según qué personas, me da la sensación de que piensan que sufro algún problema congénito que me incapacita para comprender las cosas que, supuestamente, no me pasan.

Es verdad que no se me discrimina como mujer, homosexual o negro. Probablemente nunca conoceré la sutiles formas que adopta la discriminación por raza, religión, orientación sexual o género. Pero conozco otras formas de discriminación y no me gustan, y puedo comprender tu problema y solidarizarme contigo. Por eso, me molesta especialmente que alguien de un colectivo discriminado me diga que no puedo entender sus problemas. Por tres motivos.

En primer lugar, porque este comentario suele utilizarse como una forma sutil y “educada” de mandarme callar, generalmente cuando estoy diciendo algo que no le está gustando un pelo a mi interlocutor. Hasta aquí nada raro, no te interesa lo que tengo que decir y ya está. Vale.

En segundo lugar, porque afirmar tal cosa implica negar que carezco de las más esenciales cualidades humanas, como empatía, compasión, entendimiento o voluntad de cooperación. Seguro que no es la intención, pero ese comentario me deshumaniza y -además- carece de sentido. Si no puedo entenderlo, ¿por qué insistes en contármelo? Puede que no pueda experimentar la discriminación de la que me hablas, pero puedo entender por qué es mala y hay que erradicarla.

Y, por último, porque da por buena la presunción de que a los hombres blancos, heterosexuales y europeos no se nos discrimina bajo ninguna circunstancia, lo cual es a todas luces falso. Sufrimos tanto las discriminaciones de carácter general igual que el resto de la población como otras específicas de nuestra condiciones personales. Y nos molesta que nos digan que lo nuestro no es discriminación, como a todo el mundo.

Otra cosa es que no quieras verlo, que haya otras que te parezcan más graves, que no te importe lo que nos pase a los demás o te interese que exista. Ejemplos hay muchos para quien quiera verlos, De hecho, probablemente somos el único colectivo al que se discrimina expresamente, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Desde ventajas fiscales y bonificaciones de las que no disfrutamos por nuestro sexo, hasta la aplicación de un procedimiento penal agravado (y susceptible de abuso), con supresión de la presunción de inocencia y mayores penas para el mismo delito según el sexo del agresor en casos de violencia de género.

La discriminación hacia el hombre blanco, heterosexual y europeo existe. A algunas personas hasta les parece bien que exista esta discriminación si es por una buena causa. Discriminación positiva lo llaman, como si no fuera discriminación igualmente, y no se hiciera a costa de alguien que tiene más mérito o necesidad que otra persona de un colectivo vulnerable. Llamadme loco, pero me parece que crear más desigualdad no es la forma en la que una sociedad que aspira a ser libre y democrática resuelve sus problemas de desigualdad, ni tengo que pagar yo los platos de las injusticias que se cometieron en el pasado.

Llegados a este punto, quisiera contar un caso de discriminación que sufro personalmente. Sí, pertenezco a un colectivo que sufre a diario una grave discriminación y que pone en riesgo su vida cada vez que sale a la calle. Soy ciclista. El año pasado 44 compañeros/as ciclistas fueron mortalmente atropellados, y fue un año bueno.

A los ciclistas no se nos respeta. Nuestra mera presencia molesta tanto a coches como a peatones, pese a que tenemos el mismo derecho a utilizar las vías públicas que el resto de usuarios. Los conductores no respetan la distancia de seguridad, no reducen la marcha al adelantarnos, nos acosan con el claxon, nos envenenan con sus tubos de escape, nos atropellan y encima, la culpa de lo que nos pase es nuestra porque ir en bici es muy peligroso.

No soy mujer, pero sé como se criminaliza a las víctimas por conductas que entran dentro de la normalidad. No tendría que tener miedo de salir a la calle, y sin embargo debo extremar las medidas de precaución cuando cojo la bici, igual que vosotras. ¿Frenará?, ¿no frenará?. Aunque no sea lo mismo, creedme que os entiendo.

También entiendo que el resto de personas son capaces de entender mi situación, aunque sean hombres y no tengan bici. Por eso me molesta que a mi se me niegue, a priori, esta capacidad asumiendo que no soy capaz de empatizar ni he sufrido una discriminación equiparable con la que pueda trazar paralelismos. De hecho, lo encuentro bastante discriminatorio.

Este es mi caso, pero cada cual tendrá su historia de discriminación que desconoces. Quizás le robaron un empleo público porque la oposición estaba amañada, optó por no estudiar religión y eso le impidió estudiar lo que quería, le resulta imposible votar porque vive en el extranjero y no llegan las papeletas a tiempo, le expulsan de sitios públicos por su aspecto físico… De una u otra manera, seguro que tu interlocutor conoce la discriminación y podría ponerse en tu lugar si quisiera. Pongámoslo fácil desterrando estereotipos y asunciones falsas.

El ‘régimen del 78’ NO es la democracia

El ‘régimen de 78‘ NO es la democracia, porque cualquier parecido con la definición de democracia (y segunda parte) que se prefiera es mera coincidencia. Por desgracia, los pocos que todavía defienden que sí lo es, siguen acudiendo con puntualidad marcial a defender sus barricadas editoriales en los medios de comunicación. La semana pasada, la labor de que no decaiga la moral entre quienes sostienen con su voto al Régimen del 78 recayó en Carlos Santos, que afirma que vivimos en una democracia, y “avanzada”, sin ruborizarse.

Aunque todo el mundo puede opinar lo que quiera, en un artículo periodístico se esperaría un mínimo de rigor… porque la verdadera historia es otra. Como se aprecia en la primera hoja de su edición original, la Constitución española es la última de las leyes fundamentales del reino y recibe su legitimidad política del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Fue elaborada por unas Cortes Españolas creadas ese mismo año por la Ley 1/1977 para la Reforma política. En sus escasas dos hojas no sólo configura el Congreso y el Senado en su forma actual, sino que establece las bases del que fuera el sistema electoral en España hasta la fecha y faculta al Gobierno presidido por el ex-secretario General del Movimiento Nacional, D. Alfonso Suarez, para regular las primeras elecciones (Disposición transitoria primera).

Parte muy importante de esa regulación fue la de decidir qué partidos se legalizaban para concurrir a las elecciones del 15 de junio de 1977. Por supuesto, ninguno antifranquista ni republicano; el primer partido que incluía una alusión a la república en su denominación fue Esquerra Republicana de Catalunya, legalizado un mes y medio después de las elecciones (2/Ago/1977). Cierto es que se pudieron presentar los partidos de la “izquierda” pactista, repletos de socialistas monárquicos y comunistas juan-carlistas, que habían pasado por la ventanilla de Arias Navarro traicionando a quienes sufrieron y murieron por los ideales que supuestamente representaban.

En cualquier caso, tampoco es que importase, puesto que en 1966 ya se había decidido que España fuera una monarquía cuando el Caudillo muriera, como así lo votaron el 95% de los Españoles… casi tantos como ratificaron el referéndum de la Ley para la Reforma Política (94,45%). Era una época de “extraordinaria placidez” en la que la gente votaba con conocimiento de causa, y en la que decidimos en las urnas que queríamos para España una monarquía absoluta, como la de Fernando VII, puesto que el monarca ejercería el mismo poder que Franco, pero sin su carisma. 😏

Un dato reseñable es que ni la Ley para de Reforma Política ni el decreto de convocatoria de las primeras elecciones se menciona nada de una nueva Constitución o de la apertura de un proceso constituyente. Se trataba de unas elecciones a Cortes franquistas, como las que se venían celebrando cada cuatro años para elegir a los Procuradores electivos en Cortes (el “tercio familiar“), sólo que ahora, se repartían en dos cámaras y eran mayoritariamente electivos (¡ojo!, 41 senadores “constituyentes” lo fueron por designación real [art. 2.3 Ley 1/1977]). La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 seguía en vigor.

De hecho, tan poco importante era el asunto constitucional que ni se trató en la campaña electoral, porque no era lo que se votaba. No obstante, 10 meses después de las elecciones se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (15 de mayo de 1978), en donde se elaboró un anteproyecto de consenso en el increíble tiempo de 47 días, que pasó el trámite parlamentario en el extraordinario plazo de 133 días, se sometió a referéndum en un tiempo récord de 36 días y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, es decir, tan sólo 23 días después de su ratificación. Por supuesto, el debate fue exhaustivo y con gran participación de la sociedad civil, donde se escucharon todas las propuestas y alternativas. 😒

La Constitución española tiene 17.816 palabras, se elaboró en 180 días, entró en vigor 59 días después. Una rapidez inaudita si pensamos que los estadounidenses tardaron 16 meses en acordar un texto de 3.492 palabras que sería su primera Constitución, y 3 años y medio en ratificarlo. A los pocos años, viendo que presentaba serias deficiencias, hicieron una revisión del texto, que tardaron 116 días en aprobar y más de dos años en ratificar, situando el total en 4.379 palabras, que siguen en vigor 227 años después. Claro que en el caso de EE.UU, sí que se estaba transformando realmente el sistema político; de una monarquía absoluta a un gobierno representativo.

¿Cómo fue posible tal celeridad? Lo fue por dos motivos: primero, porque la Constitución española se empezó a elaborar en secreto el 22 de agosto de 1977 por un grupo de siete parlamentarios (los denominados “padres” de la Constitución). Repito, EN SECRETO. No hay nada menos democrático que una Constitución hecha en secreto, sin debate público, por unos políticos que no han recibido el mandato constituyente. El 22 de noviembre de 1977, periodistas de la revista ‘Cuadernos para el diálogo’ filtraban a la opinión pública los 39 primeros artículos del borrador, para sorpresa de todos.

Y, segundo, porque estos padres de la Constitución contaban con una base bien trabajada. El antiguo ministro de Franco, Fraga, había elaborado un proyecto de Constitución para Arias Navarro en enero de 1975, que preveía unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo, autonomía administrativa y cultural para las regiones, y la aplicación práctica de los derechos del hombre definidos por la ONU. ¿Nos suena de algo? También se reciclaron algunos preceptos de las Leyes Fundamentales del Reino (art. 37 LO del Estado » Art. 8.1 de la CE78), por lo que sólo había que ultimar algunos pequeños detalles.

Al igual que otras leyes fundamentales anteriores, el texto final fue aprobado en referéndum… pero el porcentaje a favor bajó al 87,78 % de votantes aun cuando la elección era entre seguir con la monarquía absoluta franquista o el remozado régimen del 78. Las nuevas generaciones de españoles empezaban a perder la claridad de ideas con la que antaño votaron sus padres. O quizás se empezaban a frustrar muchas expectativas y a entender que todo aquello había sido una farsa. ¡Libertad, libertad, sin ira libertad! […] pero aquí no se cambia na”.

Así fue como, tras unas elecciones regidas por las leyes electorales franquistas en las que ni se trató el tema, unas Cortes -también franquistas- con representantes de los partidos políticos aprobados por el Gobierno y 41 senadores designados por el Rey crearon, en tiempo récord y con la mínima publicidad posible, la “democracia que nos hemos dado”. Una nueva democracia sospechosamente parecida a lo que ya había antes, puesto que conservaba los principales órganos del Estado preexistentes; sancionada por un Rey absoluto, que seguiría siendo tan inviolable como hasta entonces; y ratificada por los Españoles que no tuvieron que exiliarse, tras 42 años de adoctrinamiento nacional católico; gracias a la que disfrutamos de unos “derechos que nos costó mucho conseguir”™.

De la legalidad franquista a la legalidad post-franquista

De acuerdo, quizás las circunstancias históricas hicieron que el procedimiento no fuera impecable, pero no juzguemos la comida por la presentación. Los platos más deliciosos pueden salir de la cocina más humilde. ¿Qué contiene la Constitución del Régimen del 78 (en adelante CE78) que sólo gusta a los paladares más envejecidos?

No existe separación de poderes

Ya lo resumió a la perfección Alfonso Guerra en dos sencillas frases: “Montesquieu ha muerto” y “Quien se mueva no sale en la foto“. ¿Qué pretendía decir? Con la segunda, pues que quien moleste a la ejecutiva de su partido político o saque los pies del tiesto se queda sin poltrona a cargo del erario público.

Esto es así porque las listas electorales las hacen los jefes de cada partido, colocando en ellas a los más leales, los que dicen que sí a todo y son obedientes. Una vez elegidos, harán lo que se les mandé si quieren repetir. Puesto que no hay limitación de mandatos, basta con no equivocarse al apretar un botón o al aplaudir para asegurarse el sueldo y una sustanciosa jubilación.

Lo mismo ocurre con la mayoría de los altos cargos del Estado, ya que son elegidos por o a propuesta del Gobierno (los jefes del partido) o de sus acólitos (el Parlamento): los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (los “jefes” de los jueces), el Presidente del Tribunal Supremo (TS), el Fiscal General del Estado, el Tribunal de cuentas (vigilan las cuentas y la gestión económica de Estado), los puestos directivos en la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, asesores, etc. Hay muchos sitios donde colocar estómagos agradecidos si el partido alcanza el poder.

Lo cual nos remite a la primera frase. Puesto que no es muy inteligente morder la mano que te da de comer, quienes ocupan altos cargos en los Órganos del Estado sufren un grave conflicto de intereses: si trataran de ejercer su labor de contrapeso al Poder su carrera profesional puede finalizar prematuramente. Por tanto, los controles institucionales al poder del Gobierno no operan. Al igual que el franquismo, no hay separación de poderes sino separación de funciones de un mismo poder. El partido que gane las elecciones ocupará todas las instituciones del Estado y podrá gobernar sin injerencias hasta las siguientes elecciones. Montesquieu yace en su tumba.

No existe la representación política

Además de obediencia ciega, otra consecuencia de la elección mediante listas de partido es que no existe representación de los gobernados. El voto sólo se pide para legitimar un régimen como democrático, como si con Franco no hubiera habido elecciones, pero los deseos de los ciudadanos no se incorporan al proceso político porque el mandato imperativo está prohibido (art. 67.2 CE78) y, en consecuencia, cualquier promesa electoral es constitucionalmente no vinculante.

No obstante, existe algo bastante parecido denominado disciplina de voto“, gracias a la cual el diputado votará lo que diga su partido si quiere evitar ser multado o expulsado, y optar a ser reelegido. Tal es la potencia de este mandato imperativo del partido que es capaz hasta de hacer que sus diputados se abstengan para que el supuesto archienemigo forme gobierno. También explica la ausencia generalizada de disidencia interna y hace que todas las leyes aprobadas desde 1979 sean inconstitucionales.

Así las cosas se puede afirmar que no existe representación política… de los ciudadanos. La soberanía nacional no reside en el pueblo, como dice el art. 1.2 CE78, ni en la ciudad… sino en las cúpulas de los partidos políticos, que la ejercen a través del sometimiento de sus diputados a una estructura y unos procedimientos internos que tienen poco de democráticos (contraviniendo también el art. 6 CE78). Por eso España no es una democracia, sino una partitocracia.

Aunque supuestamente son el “instrumento fundamental para la participación política”, ni sus militantes de base, ni sus simpatizantes, ni sus votantes tienen acceso o influencia sobre las cúpulas de estos partidos, que son las que pueden tomar las decisiones políticas, elegir a casi todos los candidatos y deponer a secretarios generales díscolos si la situación lo requiere.

Mediante su control del Estado se aseguran una buena financiación y que no les salga demasiada competencia, de modo que puedan monopolizar el proceso electoral y los ciudadanos no tenga alternativas frente a las políticas de Estado como la monarquía, la Globalización, la Unión Europea y el Euro, las privatizaciones, la desmantelación del Estado del Bienestar, los rescates a empresas privadas con fondos públicos, más precariedad, menos salario y más impuestos.

Si no te gusta el Gobierno dentro de 4 años podrás votar a otros para que sigan haciendo lo mismo, porque no tenemos ninguna influencia sobre lo que pasa. Igual por eso la gente vota con las entrañas, porque si el voto sólo sirve para cambiar caras sólo queda evitar que los otros gobiernen, porque son mucho peores. No importa que estés votando a ladrones, rompe-patrias o corruPPtos. No importa el programa electoral; algunas ya se presentan sin tenerlo y así no tener que incumplirlo. Lo único importante es que votes a quien sea para que la rueda siga girando, por eso todos los candidatos piden de forma unánime que la gente participe (aunque sea para votar a sus enemigos).

No existe imperio de la ley

También se incumplen la Constitución y las leyes, porque no están para ser cumplidas. A la muerte del Dictador los europeos nos miraban raro y había que darle al tinglado un barniz democrático para que nos aceptaran en el mercado común, pero nada mas. Como no hay separación de poderes y rige el principio de jerarquía, no queda nadie para controlar que se respeten los procedimientos legales y el ejercicio del poder se rige por la costumbre anterior. Si lo ordena el superior o se ha publicado en el BOE se obedece automáticamente: a los empleados del Estado no les pagan para que tengan criterio propio sobre la legalidad o la constitucionalidad de lo que hacen.

Así encontramos gobiernos que declaran estados de alarma ilegales para encubrir sus errores de gestión del espacio aéreo; que no se someten al control parlamentario estando “en funciones” porque se ve que los arts. 108 y siguientes CE están de adorno; Comunidades Autónomas que establecen precios públicos por encima del máximo legal y prescindiendo de la memoria económica obligatoria, partidos políticos que se financian con dinero negro, terrorismo de Estado… y pocos jueces dispuestos a mover un dedo si no es para acelerar el trámite cuando estos asuntos llegan a juicio. Por contra, cuando se trata de las 166 órdenes de desahucio que se ejecutan cada día, ni a los jueces que las ordenan ni a los policías que las realizan parece importarles que haya ya 8 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenando a España porque la normativa hipotecaria vulnera el derecho comunitario y la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE78).

Como antes de que se aprobara la Constitución, la discrecionalidad a la hora de aplicar el derecho resulta alarmantemente alta. Al mero mortal se le aplica la legislación vigente con saña si es para castigarle, y con moderada mesura cuando hay que resarcirle. Pero si eres “alguien” las leyes se te aplican de manera distinta. Por eso en vez de mandar a los inspectores, la Agencia Tributaria “invitó” a los integrantes del clan Botín a regularizar voluntariamente su situación fiscal para no incurrir en penas de cárcel. Por eso el juez aplicó todos los atenuantes posibles a un famoso futbolista para dejar las 3 condenas por delitos castigados con entre 2 y 6 años de prisión cada uno en 7 meses, porque si fueran 8 tendría que entrar en prisión (sentencia). Estos casos son la guinda del pastel, ya que “sólo” se está produciendo un trato de favor prohibido por el art. 14 de la Constitución Española, cuyo cumplimiento parecer ser opcional.

No existe seguridad jurídica

Para que todo este despropósito sea posible es necesario que las leyes están escritas en un lenguaje ambiguo que no entienda nadie, pero pueda significar lo que sea necesario según la ocasión. Como cualquier estudiante o practicante del derecho puede corroborar, abundan los debates en los que los juristas no se ponen de acuerdo sobre el significado de un precepto legal, dividiéndose la opinión entre la doctrina mayoritaria (hagamos que esto funcione si chirriar demasiado) y la minoritaria (apliquemos la lógica y el texto literal de la ley hasta su últimas consecuencias, y que espabilen los legisladores). Sí el desconocimiento no exime de su cumplimiento, cabría esperar que las leyes fueran -además de públicas- comprensibles, para que podamos saber cómo acatarlas.

Un ejemplo de esto lo tenemos al intentar determinar cuándo nace la obligación de cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, ya que la propia ley -que no se ha cambiado desde 1970- establece unos criterios tan vagos y genéricos que nadie sabe lo que significan (art. 2 Decreto 2530/1970). El Tribunal Supremo ha emitido múltiples sentencias estableciendo un criterio objetivo para determinar cuándo se debe empezar a cotizar por la Seguridad Social, como es el facturar por importe superior al Salario Mínimo Interprofesional, que la Seguridad Social reconoce oficialmente pese a que sus funcionarios siguen sancionando sin más prueba que estar de alta en Hacienda para facturar. Si no estás de acuerdo con la sanción, pues dedica tu tiempo y dinero a reclamar, que los funcionarios cobramos igual y no nos va a pasar nada si es que nos hemos “equivocado”.

En el siguiente escalón encontramos los casos en los que la ley esta clara, pero significa otra cosa para los tribunales. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo sentencia que la responsabilidad civil no es mancomunada cuando interesa, por mucho que el art. 1.137 de Código Civil diga exactamente lo contrario. O que la declaración de nulidad de las clausulas suelo en hipotecas no obliga a devolver lo cobrado de más por mucho que diga el Código Civil (art. 1.303 y siguientes) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ambos casos se realiza una interpretación correctora, que no es sino un eufemismo para denominar a la usurpación de funciones legislativas para ignorar el texto de la ley… siempre por una buena causa.

Estas “interpretaciones creativas” se aplican hasta a la Constitución. Desde la desestimación de una demanda de paternidad decisiva para determinar quien debe ser el actual Jefe de Estado según una lectura interesada y expansiva de su art. 56.3 (referido sólo a los actos refrendados por miembros del Gobierno), hasta la vulneración del derecho de sufragio pasivo para la consecución de valores o bienes constitucionalmente protegido más importantes (de los que la Constitución ni habla); pasando por curiosidades como que se considere en vigor la ley 46/1977 de Amnistía (STS 101/2012, FD 3.3) pese a que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1976, incorporado a la Constitución a través del art. 10.2 y con efecto derogatorio por el apartado 3 de su disposición derogatoria.

Resumiendo, que en España las leyes son incomprensibles, indeterminadas, o directamente significan todo lo contrario de lo que ponen; por lo tanto, conocer de antemano las consecuencias jurídicas de tus actos resulta casi imposible; máxime cuando los funcionarios del estado tienden a interpretarlas como mejor les conviene según el caso.

No hubo desfascificación ni condena al franquismo

El dictador murió en la cama dejando todo atado y bien atado. A la mañana siguiente, los altos cargos franquistas se despertaron demócratas de toda la vida y comenzaron a edificar la España moderna y “democrática” en la que vivimos hoy. Se aprobó una ley de amnistía que dejaba impunes delitos de lesa humanidad: Los crímenes de guerra y dictadura más antiguos sin esclarecer desde que se aprobara la declaración Universal de Derechos Humanos, que sitúan a España como el país con más desaparecidos después de Camboya. El saldo provisional es de 114.000 desaparecidos. Ni los peores dictadores sudamericanos se han atrevido a tanto.

Lejos de hacer un escarmiento público de los crímenes del fascismo, como se hizo con la Alemania nazi, ni los responsables políticos ni el aparato de represión (ejercito, policía, jueces y fiscales) fueron purgados. Miles de criminales quedaron sueltos por las calles entre sus víctimas, sin muestras de arrepentimiento. El régimen se vistió de democracia, pero nunca abandonó su esencia fascista. Por eso, cuatro décadas después, todavía encontramos calles y plazas rindiendo homenaje a estos crímenes y criminales; personas que se niegan a cumplir la ley, si es de memoria histórica; y gobiernos que siguen ignorando las críticas de la ONU y obstruyendo la acción de la justicia.

Por eso, cuarenta años después de ser rebautizado como Audiencia Nacional, el Tribunal de Orden Público sigue combatiendo a quienes pretenden subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional; persiguiendo a abucheadores, twitteros (y II), raperos (y II). titiriteros y maleantes. En ocasiones, de forma tan desaforada que hasta la Unión Europea ha advertido de que intervendrá si no se respeta el principio de proporcionalidad en las penas. Mientras, los españoles como Dios manda pueden tuitear lo que quieran.

Por eso la policía ni va identificada ni se identifica cuando es requerida, saltándose la ley; y te amenazan si les grabas “trabajando”, aunque sea completamente legal. No se de qué se preocupan, si los jueces son benévolos a la hora de castigar sus “errores” y los gobiernos no dudan en indultar a los pocos que han sido condenados por delitos de torturas, permitiendo que continúen trabajando en las fuerzas de seguridad. Eso si no les condecoran.

Por eso, cuando los jueces penales se muestran escrupulosos en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el Gobierno reforma la ley para que sean órganos administrativos los que impongan sanciones económicas peores que la cárcel prescindiendo de un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE78). Por eso carecemos de un recurso de apelación contra las sentencias por delitos superiores a cinco años o contra las dictadas por la Audiencia Nacional, lo cual ha provocado reiteradas condenas a España del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Todo escrupulosamente legal y democrático, porque a una sociedad que se amoldó al fascismo, que permitió la Transición, que confunde legalidad con legitimidad, moralidad o justicia estas cosas le importan poco. Por eso a muchos nos cuesta sentir orgullo de ser español, español, español. El régimen del 78 tiene un pasado y un presente demasiado oscuro como para sacar pecho, menos aún para hablar de democracia. A la España que quiere respeto, justicia y reconciliación nos repugna que se ensucie la bandera cada vez que quienes abogan por la impunidad y el sometimiento por la fuerza de los que no piensan como ellos se envuelven con ella para jalear a tipos armados que van a agredir a otros compatriotas, en vez detener a los cabecillas de la sedición y cerrar sus medios de comunicación.

Así que acabo el artículo como la empecé: quienes piensen que España es una democracia, por favor, les ruego que la definan y luego me expliquen cómo es posible que todas las cosas que he comentado a lo largo del artículo (y muchas más que he omitido) ocurra en una Democracia. ¿Por qué en España exista una fundación “Francisco Franco”, pero no una “Adolf Hitler” en Alemania. Y no me vengan con que nuestra democracia no es perfecta porque, efectivamente, ni es perfecta, ni es democracia.

La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online

Este próximo mes de octubre empiezan las votaciones decisivas para aprobar, en el Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión referente a la reforma de copyright en el mercado digital único europeo. ¿Subes contenido a Internet? ¿Compartes noticias online? De ser así, esta reforma te afectará negativamente… si permitimos que salga adelante. Escribe y llama a tus eurodiputados para evitarlo. Read more “La Reforma del Copyright en la UE dificultará enlazar y subir contenido online”

Desobedeceremos hasta acabar con la farsa de la partitocracia

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas. Alcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles, puesto que el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido.

La comprensión de los fundamentos de la democracia y el compromiso en su defensa EXIGE la desobediencia de las leyes cuando son injustas; cuestión ciertamente subjetiva, y que varía con el tiempo gracias a la desobediencia civil, uno de los motores del progreso social.

El no reconocimiento del voto a las mujeres, la prohibición del matrimonio homosexual o el encarcelamiento de los insumisos al servicio militar ya se consideraban mayoritariamente “injustas” antes de que el parlamento lo reconociera oficialmente, cambiando sus leyes. Pero antes de que esto ocurriera, no poca gente fue represaliada por defender lo que hoy nos parece normal.

Rosaparks_bus_colauAlcanzada cierta masa crítica, al legislador sólo queda reconocer lo evidente: que la norma ha sido derogada por la sociedad gracias al desafío público de los desobedientes civiles. Al asumir con la convicción del inocente las consecuencias de incumplir normas injustas, se erosiona la certidumbre y determinación de quienes tienen que hacerlas cumplir porque se respeten, única fuente real de su poder.

Puesto que hasta las dictaduras tienen leyes de obligado cumplimiento, el que una ley esté en vigor no puede ser criterio sobre su justicia o injusticia, ni puede fundamentar ninguna adhesión a su contenido. Cada uno elegirá si observa la ley para evitar las sanciones asociadas a su incumplimiento, pero no hay ninguna necesidad de comulgar con ella. Si se está dispuesto asumir las consecuencias -o puedes librarte de ellas-, tampoco tienes que cumplirlas, como vemos a diario.

Cuando las leyes son promulgadas por un sistema político en el que no existe representación política de los votantes (los electos obedecen el mandato imperativo de quien hace las listas de su partido) ni separación real de poderes (pues todos emanan de la cúpula de los partidos); en el que la abstención ronda permanentemente el 40%, no existe capacidad de revocación del mandato electivo y la población es objeto de un saqueo masivo articulado desde estas instituciones, la desobediencia civil es la única salida digna y pacífica.

Por eso, no puedo sino aplaudir a Ada Colau cuando dice que “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. Desobedeceremos para acabar con la poca legitimidad que le quedan a las instituciones del Régimen del 78 y terminar con la farsa de la partitocracia que lleva casi 40 años inhibiendo el nacimiento de la Democracia. Ada Colau está haciendo algo (ya veremos si bien, mal y/o en el sitio apropiado) por alcanzarla, por eso la votan.

Actualización: Sobre la reacción de Pedro Sánchez

Hoy -5 de junio- el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que un líder político no puede decir que no se deben ‘de’ cumplir las leyes porque se consideren justas o injustas… ¿quién califica qué es justo o injusto? (minuto 18:30 de Las Mañanas de Radio Nacional), demostrando con ello que está capacitado para hacer bueno a Rajoy, como han hecho con sus antecesores todos los Presidentes del Gobierno desde Felipe González.

Afortunadamente para el señor Sánchez, un líder político puede decir tantas tonterías como le venga en gana -incluso en programas radiofónicos de gran audiencia-, que para eso existe la libertad de expresión y pensamiento. ¿Quien califica lo que un líder político puede decir y no decir? Por suerte y -a veces- por desgracia, nadie. Cuestión distinta es la opinión que a cada uno le pueda provocar las declaraciones de estos líderes, o las leyes que hagan.

¿Qué quién califica qué es justo o injusto?. Pues CUALQUIERA tiene pleno derecho de juzgar lo que hacen y dicen los demás según sus propios criterios, es que sólo faltaría. No lo plantee como una pregunta retórica… hasta los niños de 6 años tienen un concepto de la justicia y la injusticia, generalmente basado en la empatía (aunque haya otros criterios). Espero que usted también lo tenga, ya que pretende gobernar nuestro país; aunque lo disimula bastante bien.

Esto no significa que la opinión personal que tenga cada uno sea la mayoritaria, la verdadera ni la correcta. Habrá a quien le parezca injusto que un exconsejero de Caja Madrid (ahora Bankia) que votara a favor de la emisión de preferentes con las que se estafaron a miles de personas lidere un partido político que se autodenomina socialista, obrero y español; y se presente como candidato a la Presidencia del Gobierno. Habrá a quienes les parezca justo, y -sea justo o injusto- no hay duda de que las leyes se lo permiten si el partido que dirige le nomina.

Pero que las leyes permitan algo no puede equipararse con que sea justo: una norma injusta puede ratificarse como ley en el Parlamento, ejecutarse en los juzgados y llamarse justicia sin serlo. Anda que no hemos visto veces a políticos de todo pelaje diciendo que todo lo que han hecho era legal… ¡pues menos mal! porque si no lo fuera igual estabais declarando ante el juez y no ante un periodista.

No hemos llegado al fin de la historia: Los abusos de los poderosos y las rebeliones contra ellos han sido, son y seguirán siendo elementos presentes en todos los tiempos. Siempre habrá “líderes políticos” que nos digan que debemos obedecer las leyes, aunque no nos gusten, que no podemos juzgarlas (ni a quienes las aprueban) porque son expresión de la “voluntad popular”, y que -si no nos gustan- que nos presentemos a las elecciones (aunque como ganes igual alguien te monta un golpe de Estado).

Estos son los mismos que van diciendo que vivimos en democracia porque se vota, igual que se vota y se votaba en otros regímenes que no eran ni son nada democráticos; que vivimos en libertad porque en la Constitución se reconocen una serie de derechos individuales que ya existían antes de poder ir a reclamarlos ante un Tribunal Constitucional y que, pese a su existencia, se siguen vulnerando a diario (por ejemplo, el voto de los españoles no residentes); los mismos que nos hablan del imperio de la ley y de separación de poderes cuando el que manda es el mismo que hace las leyes, las ejecuta, y nombra -directa o indirectamente- a los jefes de quien debe juzgarlas.

Estos son los que hablen en nombre de la mayoría cuando sólo les ha votado el 30,37% y el 20,33% del censo electoral respectivamente (PP y PSOE según datos de 2011); y dicen ser nuestros representantes porque así lo dice el art. 66 de la Constitución, cuando la ley electoral imposibilita dicha representación con las listas de partido. Abiertas o cerradas, da igual; la designación siempre depende del partido que te pone en ellas, e impiden identificar a tu representante para poder darle un mandato expreso (cuestión, por cierto, prohibida salvo cuando es “disciplina de voto”).

Representantes a los que sus electores no pueden fiscalizar hasta las siguientes elecciones por falta de mecanismos de control para ello; con los que no existe un vínculo económico, pues se financian directamente del presupuesto del Estado; y que ni siquiera tienen que pisar su circunscripción en toda la legislatura si no quieren. No es de extrañar que el cumplimiento de los programas electorales y atender a los supuestos representados sea totalmente opcional.

Y luego están los otros, que según el secretario general del PSOE no deberían ser líderes políticos. Los que alientan el incumplimiento de las leyes injustas e incitan a delitos como el de sedición. No hablo de Ada Colau, que -como informa el periodista al que responde Pedro Sánchez- no ha hecho nada de todo esto todavía. Hablo de terroristas como Thomas Jefferson, que, no contento subvertir el orden legal y constitucional vigente liderando la sedición armada de las 13 colonias inglesas en América, llama a las futuras generaciones a la guerra civil cuando afirma que “el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural”.

Comparados con gentuza como esta, que ha escrito las páginas más brillantes de la historia política de la humanidad y rescatado el concepto de democracia (representativa) para la historia moderna, los que pensamos que la desobediencia civil generalizada es otra forma de expresión individual de la voluntad popular, en ocasiones necesaria, somos unos angelitos.

No siempre se puede esperar cuatro años para cambiar el voto, ni hacerlo garantiza los resultados deseados. Si, en las circunstancias descritas, ese grupo de “representantes” votados en listas por un porcentaje minoritario del censo aprueban una ley que pueda aceptar una mayoría social, será mera coincidencia. Si, por contra, siguiendo las ordenes del jefe de su partido, esos mismos “representantes” aprueban una ley que genera un rechazo social, pues como mucho será cumplida a regañadientes.

Pero habrá gente que, en uso de su libertad de pensamiento, decidirán incumplir esa ley y afrontar las consecuencias como forma de protesta. Y puesto que la desobediencia civil de una ley que te parece injusta no la deroga, serán castigados por ello. Y otros les imitaran, y serán también castigados. Y, si los motivos de la desobediencia son fundados, cada detención deslegitimará a quienes aprobaron y aplican esa ley. Y cuando las cárceles estén llenas y haya quedado claro que nadie la quiere, esa ley se dejará de cumplir y -finalmente- será derogarada.

Sobran los ejemplos de normas en vigor que se incumplen sin ninguna consecuencia para los infractores, y a sabiendas de los órganos del Estado (¿descargas “ilegales”?, ley seca en EE.UU hace casi un siglo), pero mi favorito es el de no tributar por los regalos de boda o cumpleaños. Dado que no hay un mínimo legal exento, están sujetos al impuesto de donaciones aunque nadie los declara. Es decir, total impunidad en el incumplimiento del texto de la ley con la complicidad del Estado. ¿Qué pasaría si Hacienda intentara hacer cumplir el texto de esta ley en vigor, pero que ha sido socialmente derogada? ¿Por qué no se cambia para ajustarla a la realidad social? ¿Tiene que venir un órgano del Estado a dar carta de naturaleza a esta realidad jurídico-social? Pues claro que no, pero todo llegará.

Así que si Ada Colau decide incumplir, como alcaldesa, alguna ley que le parezca injusta el Gobierno tendrá que aplicarle la legislación vigente, y procesarla por un delito de prevaricación. Pero, si por un casual, una buena parte de la población opinara como ella, se expone a que el problema escale y tener que medir sus fuerzas con los desobedientes dentro y fuera de Barcelona (y no creo que tenga todas las de ganar). Eso, o tolerar su transgresión por un bien mayor, como se hace normalmente (caso Botín, Infanta, etc…), lo cual intensificará la desobediencia y conducirá finalmente al enfrentamiento. Es lo que pasa cuando las instituciones políticas están deslegitimadas, tanto por su diseño como por su funcionamiento, y una minoría impone normas que no reflejan el sentir de la población en nombre de todos.

Echar a la Casta requiere que te voten hasta las abuelas

Lo decía muy bien Pablo Iglesias a lo largo de la noche electoral: PODEMOS no se ha puesto un techo electoral, nació ganar elecciones creando espacios de convergencia que permitan que tengamos un Gobierno democrático y que los partidos de la casta pasen a formar parte de la historia (dentro vídeo). A pesar de los excelentes resultados [de esta formación], las elecciones las ha ganado el PP, por lo que seguirá habiendo 6 millones de parados, más de 10 millones en situación de pobreza y desahucios todos los días.

Seguía después, ya en su discurso en la plaza del Reina Sofía (empieza en el minuto 54), diciendo que podemos, pero no podemos sólos; a lo que Monedero añadió que en esta causa no sobra nadie y que a nadie se le pide el carné, con estar en la lucha basta. Y es verdad, me consta que ni sobra nadie ni se piden carnés… ni falta que hace, puesto que es evidente de qué pie cojea este nuevo partido.

No se me escapa que la lucha por la Democracia hoy es una lucha contra las nuevas formas de fascismo, entendido como la imposición por el Estado de un modelo económico que redistribuye la riqueza de la población hacia las grandes empresas; ni que la existencia de dicho modelo económico en España hoy es parte del legado dejado por la Guerra Civil, pero tampoco olvido que para culminar una revolución democrática desde las urnas es necesario el apoyo electoral de esa mayoría silenciosa que se asusta fácilmente cuando se toca el tema del (anti)fascismo o la Guerra Civil.

La revolución electoral en ciernes depende de que el Frente Amplio que propone PODEMOS consiga el voto de los mismos que piensan que meterse en política es peligroso, de los que abiertamente te dicen que quieren que sean otros los que decidan por ellos, de los que han nacido y crecido en el franquismo, se creyeron la Transición y siguen informándose por la prensa… visto como funciona el sistema electoral, te tienen que votar hasta las abuelas. Gente que puede entender la fractura social que separa la casta del resto de la población, brecha que PODEMOS explota con éxito y que puede llevarle a la victoria si no espantan a esa mayoría social, que -según Errejón- está lista para convertirse en mayoría política, agitando fantasmas del pasado.

Por eso no puedo sino preocuparme cuando dice Iglesias que quieren acabar con lo viejo justo antes de dar paso al portavoz del partido… ¡que se arranca cantando una copla Republicana de la Guerra Civil!. En momentos puntuales se repiten en la plaza gritos de “no pasarán” mientras la masa levanta el puño cerrado, casi todos sacando pecho como un pez globo porque le hemos robado una salchicha al amo, y no puedo dejar de acordarme del ridículo que hicieron los del PP cuando pasaron del “Pujol enano aprende castellano” a hablar catalán en la intimidad.

Tener ideología supongo que es inevitable, y en momentos de euforia difícil de ocultar, pero que no nos ciegue un millón y pico de votos. El techo electoral de PODEMOS lo marcará gestos como los que vi el 25M, que sólo sirven para desmovilizar al votante moderado de PODEMOS y movilizar al electorado más rancio que se ha quedado en casa.

Poco importa que vayas a salvar al país de las multinacionales si lo que esa abuela que te tiene que votar ve por televisión es que la cuarta fuerza política del país es la reencarnación de las brigadas internacionales y le inducen a pensar que si ganan se acabará el mundo o algo peor. ¿Cuantos falangistas se levantarán de su tumba para votar resucitados por los cánticos de estos mítines? ¿Cuántos simpatizantes de PODEMOS simpatizan con Izquierda Anticapitalista, partido vertebrador de la candidatura Europea?

Si algo han demostrado estas elecciones es que al Santo hay que vestirlo guapo para la procesión. Desgraciadamente, para la gente que puede decidir el resultado de las elecciones la III República, la jerarquía católica, la revolución proletaria o los cadáveres que quedan en las cunetas no son un prioridad. Les importa que el Gobierno les robe el fruto de su trabajo, les deje sin los amigos que marcharon al exilio laboral para no volver, sin la familia que no pudieron formar, y que les obliga a malvivir hasta su -prematura- muerte porque el dinero de las pensiones y los servicios sociales se dedica a pagar los rescates de la banca.

Ese discurso es el que interesa a la población, y no se articula en el eje izquierda-derecha porque son problemas que nos afectan a todos, también a los conservadores que votarían a PODEMOS si tuvieran la certeza de que al hacerlo no van a provocar que ardan las iglesias. En el eje Democracia-Plutocracia apenas hay oferta política donde se ubica la mayoría y sería un error que el Frente Amplio de PODEMOS fuera “de izquierdas”, como propone izquierda unida (Frente Popular 2.0, se ve que no han entendido nada) porque no basta con fagocitar al PSOE y unir a la izquierda, también hay que ganar el centro.

Recordemos que para recuperar la soberanía e instaurar la Democracia hacen falta mayorías que permitan reformar la Constitución, Mayorías de, como mínimo, 3/5. Hace falta el centro y este sólo se puede ganar con un insulso discurso de centro o desde otro eje de coordenadas que se superponga y en el que no haya competencia. Ese eje es el Democracia-Plutocracia y creo que los promotores de PODEMOS lo saben bien, puesto que su discurso se dirige allí.

La batalla por la Democracia no se ganará en el eje izquierda-derecha, así que démosle a esta cuestión el papel secundario que merece porque la democracia no es patrimonio exclusivo de la izquierda como España no lo es de la derecha. Estamos cansados de cansarnos Monedero, cansémonos también de repetir los mismos errores. Guardemos los discursos, consignas y banderas del pasado en el armario y -sin renunciar a esas ideas- ayudemos a los que faltan a unirse a la causa democrática desde la diversidad. Me parece que cambiar las cosas a mejor es más importante que que nos den razón, y la receta del éxito es bien sencilla: luchemos primero por la Democracia sin espantar a nadie con aspavientos ideológicos, y los que quieran que sean de izquierdas después.