Reforma Constitucional: Los acreedores primero

La reforma del art. 135 de la Constitución proclama un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores antes que a sus ciudadanos? Pues ninguno. Por desgracia, nos exigen garantías adicionales para seguir prestándonos, y necesitamos más dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

El pasado 23 de agosto Zapatero convocaba al Congreso para anunciar, por sorpresa, la presentación de una reforma de la Constitución con la que fijar el límite de déficit del Estado, y garantizar la “estabilidad presupuestaria” por mandato constitucional. La iniciativa, pactada previamente con Rajoy y respaldada por la Unión Europea, se concretó en apenas 48 horas, y se está tramitando de manera urgente para que entre en vigor antes de que se disuelvan las Cortes.

En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

Igualdad, también de voto

El igual valor de los votos es un requisito indispensable para la democracia, pero el tamaño de las circunscripciones devalúa el voto de 20 millones de españoles en favor de otros 10 millones, que están sobrerrepresentados. Afortunadamente, basta cambiar un sólo número en la Ley orgánica del Régimen Electoral Central para equiparar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales.

Uno de los pilares del sistema democrático es que el valor del voto debe ser igual para todos en todas partes, algo que no se cumple en España, y que ha dado lugar a preguntas tan célebres como ¿porqué el voto emitido en Soria vale más de cinco veces lo que vale ese mismo voto emitido en Madrid?, e infografías tan interesantes como la de “cuánto vale tu voto“.

El motivo de que esto ocurra es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece –en su artículo 162.2– una asignación inicial de 2 escaños por provincia, repartiendo el resto en función de la población. Semejante sistema, aplicado en un país con unos contrastes demográficos tan acentuados como el nuestro, provoca que el 53,85% de las provincias (las 28 menos habitadas) elijan uno o más representantes de los que proporcionalmente les corresponderían, a costa de las 8 más pobladas… que representan el 15,39% de las circunscripciones, pero en las que vive casi la mitad de la gente.

De hecho, nuestro sistema para el cálculo del tamaño de las circunscripciones es tan contrario al más elemental de los principios democráticos, que hasta el Consejo de Estado ha propuesto -entre otras cosas- reducir la asignación inicial de cada provincia a 1 escaño, repartiendo el resto (pg. 154). En este artículo se compara el sistema actual y la propuesta del Consejo de Estado con otro de cosecha propia: que se repartan el total de Escaños que componen el Congreso en función directa de la población, garantizándose que en cada circunscripción se elija, al menos, uno.

Los tres sistemas en acción

La siguiente tabla muestra, para cada provincia española, la asignación de escaños que recibiría en función de los datos de población publicados a finales de 2007 con cada uno de los tres sistemas, así como la proporción de habitantes por escaño con dicha asignación y la desviación de ese dato respecto a la media nacional. En amarillo se muestran las provincias que están sobrerrepresentadas en el Congreso (al menos, 10.000 habitantes por escaño por debajo de la media nacional), mientras que en rojo están infrarrepresentadas (al menos, 10.000 habitantes por escaño por encima de la media nacional).

Tamaño de las circunscripciones en función del sistema de cálculo utilizado
2 escaños iniciales
(sistema actual)
Provincia
(Habitantes)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1 (prop. ReadyforTomorrow)
DesviaciónHab x EscEsc.Esc.Hab x EscDesviaciónEsc.Hab x EscDesviación
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre el padrón a enero de 2007,
publicado en el Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre.
+75,84%31.1983SORIA
(93.593)
246.797+63,76%193.953+27,56%
+62,82%48.0153TERUEL
(144.046)
272.023+44,23%1144.046-11,54%
+58,88%53.1073SEGOVIA
(159.322)
279.661+38,32%1159.322-23,37%
+56,47%56.2133ÁVILA
(168.638)
284.319+34,71%1168.638-30,58%
+55,27%57.7603PALENCIA
(173.281)
286.641+32,91%1173.281-34,18%
+49,09%65.7463ZAMORA
(197.237)
298.619+23,64%298.619+23,64%
+46,23%69.4401MELILLA
(69.440)
169.440+46,23%169.440+46,23%
+45,44%70.4583CUENCA
(211.375)
2105.688+18,16%2105.688+18,16%
+43,19%73.3693HUESCA
(220.107)
373.369+43,19%2110.054+14,78%
+42,16%74.6923GUADALAJARA
(224.076)
374.692+42,16%2112.038+13,25%
+40,87%76.3654ÁLAVA
(305.459)
3101.820+21,16%2152.730-18,26%
+40,68%76.6031CEUTA
(76.603)
176.603+40,68%176.603+40,68%
+40,19%77.2424LA RIOJA
(308.968)
3102.989+20,25%2154.484-19,62%
+34,78%84.2324OURENSE
(336.926)
3112.309+13,04%3112.309+13,04%
+31,99%87.8324SALAMANCA
(351.326)
3117.109+9,32%3117.109+9,32%
+31,24%88.7944LUGO
(355.176)
3118.392+8,33%3118.392+8,33%
+29,15%91.4934BURGOS
(365.972)
3121.991+5,54%3121.991+5,54%
+24,09%98.0284ALBACETE
(392.110)
498.028+24,09%3130.703-1,21%
+22,97%99.4775LEÓN
(497.387)
4124.347+3,72%4124.347+3,72%
+22,93%99.5345HUELVA
(497.671)
4124.418+3,66%4124.418+3,66%
+21,00%102.0245CIUDAD REAL
(510.122)
4127.531+1,25%4127.531+1,25%
+20,34%102.8834CÁCERES
(411.531)
4102.883+20,34%3137.177-6,22%
+19,85%103.5044LLEIDA
(414.015)
4103.504+19,85%3138.005-6,86%
+19,21%104.3325VALLADOLID
(521.661)
5104.332+19,21%4130.415-0,98%
+14,21%110.7906JAÉN
(664.742)
5132.948-2,95%5132.948-2,95%
+12,44%113.0776BADAJOZ
(678.459)
6113.07712,44%5135.692-5,07%
+12,37%113.1697CÓRDOBA
(792.182)
6132.030-2,23%6132.030-2,23%
+11,29%114.5655CANTABRIA
(572.824)
5114.565+11,29%4143.206-10,89%
+11,22%114.6565CASTELLÓN
(573.282)
5114.656+11,22%4143.321-10,98%
+10,31%115.8246GUIPÚZCOA
(694.944)
6115.824+10,31%5138.989-7,62%
+8,86%117.6986GIRONA
(706.185)
6117.698+8,86%6117.698+8,86%
+6,17%121.1755NAVARRA
(605.876)
5121.175+6,17%5121.175+6,17%
+2,54%125.8669CORUÑA (A)
(1.132.792)
9125.866+2,54%9125.866+2,54%
+2,20%126.2996TARRAGONA
(757.795)
6126.299+2,20%6126.299+2,20%
+2,20%126.3007GRANADA
(884.099)
7126.300+2,20%7126.300+2,20%
+1,79%126.8299VIZCAYA
(1.141.457)
9126.829+1,79%9126.829+1,79%
+0,95%127.9245TOLEDO
(639.621)
5127.924+0,95%5127.924+0,95%
+0,24%128.8318BALEARES
(1.030.650)
8128.831+0,95%8128.831+0,95%
+0,00%129.145350ESPAÑA
(45.200.737)
350129.145+0,00%350129.145+0,00%
-0,14%129.3275ALMERÍA
(646.633)
5129.327-0,14%5129.327-0,14%
-0,87%130.2668LAS PALMAS
(1.042.131)
8130.266-0,87%8130.266-0,87%
-3,15%133.2157ZARAGOZA
(932.502)
7133.215-3,15%7133.215-3,15%
-3,87%134.1499CÁDIZ
(1.207.343)
9134.149-3,87%9134.149-3,87%
-4,04%134.3588ASTURIAS
(1.074.862)
8134.358-4,04%8134.358-4,04%
-4,83%135.3777PONTEVEDRA
(947.639)
7135.377-4,83%7135.377-4,83%
-8,83%140.5467TENERIFE
(983.820)
8122.978+4,78%8122.978+4,78%
-17,51%151.75210MÁLAGA
(1.517.523)
11137.957-6,82%12126.460+2,08%
-19,33%154.10612SEVILLA
(1.849.268)
13142.251-10,15%14132.091-2,28%
-19,77%154.6809MURCIA
(1.392.117)
10139.212-7,79%11126.556+2,00%
-20,33%155.40516VALENCIA
(2.486.483)
17146.264-13,26%19130.868-1,33%
-28,49%165.93311ALICANTE
(1.825.264)
13140.405-8,72%14130.376-0,95%
-33,20%172.01731BARCELONA
(5.332.513)
36148.125-14,70%41130.061-0,71%
-34,55%173.76335MADRID
(6.081.689)
41148.334-14,86%47129.398-0,20%
25,79%33.302,09DESVIACIÓN TÍPICA23.026,0617,82%18.200,1214,10%

Como se puede observar, conforme se reduce el número de escaños inicialmente asignados a cada circunscripción, se reduce también la distancia entre el número de habitantes por escaño en todas las provincias y la media nacional. Idealmente, el valor en todas ellas debiera practicamente el mismo, algo imposible de lograr sin incrementar el número de diputados más allá de los 400.

El gráfico anterior muestra visualmente cómo se distribuyen las desviaciones de las provincias respecto a la media nacional según el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones que se utilice. Como se puede apreciar, la asignación de 0 escaños iniciales es el que más circunscripciones sitúa dentro del margen de desviación “aceptable”, indicado por el recuadro gris (±10%). Sistema que, por cierto, ofrece la ventaja adicional de incrementa sensiblemente el numero de españoles y españolas “adecuadamente” representados/as en el Congreso al no estar direccionalmente sesgado en favor de las circunscripciones pequeñas.

De hecho, pasamos de los más de 20 millones de Españoles infrarrepresentados (y 10 millones de sobrerrepresentados) con el sistema actual de 2 escaños fijos a 2,5 millones de infrarrepresentados (y 1,5 millones de sobrerrepresentados) con el sistema de 0 escaños fijos, que es lo más cerca que se puede estar de la plena igualdad valor del voto sin recurrir a la circunscripción única.

Los problemas de la Circunscripción Única

La circunscripción única es el sistema que utilicé en mis simulaciones de los resultados electorales de 2004 y 2008 para comparar el sistema D’Hondt provincial con el D’Hondt y el Droop nacional sin barrera electoral. En ella, se suman todos los votos para repartir todos los escaños, logrando que la igualdad de voto sea perfecta y efectiva, aunque su utilización plantea otros problemas que me hacen preferir la circunscripción provincial.

El más importante de todos es que no garantiza que la composición del Congreso refleje adecuadamente la distribución territorial del país. Alguno pensará “¡si para eso está el Senado!”… pues no. No porque en el sistema político español el que manda es el Congreso (que elije y fiscaliza al ejecutivo, decide sobre los presupuestos generales del Estado y puede anular por mayoría las enmiendas que haga el Senado a los proyectos de ley), y porque -aunque no fuera así- me parece suficientemente importante que en el mismo haya delegados de todos los rincones del país… que cualquier español/a tenga un diputado a menos de 100Kms de su casa bien vale sacrificar el mínimo imprescindible de igualdad de voto.

La circunscripción provincial permite que sepamos quienes son los diputados por Teruel (aunque quizás no ejerzan como tales), cosa que sería difícil de saber en un sistema de circunscripción única que -además- no garantiza que los haya, ya que su existencia quedaría supediatada a que los partidos capaces de obtener 52 escaños o más colocaran en posición de resultar elegidos a representantes de cada provincia. Ciertamente, se podría obligar por ley a que todas las circunscripciones estén representadas en los primeros puestos de las candidaturas, lo cual generaría situaciones como que CiU tuviera un diputado por Alicante/Cuenca, o que hubiera 2 representantes de Melilla en el Congreso (uno de cada gran partido)… por no hablar de la limitación que una medida así supondría para la libertad, que los afiliados de un partido deberían tener, para elegir el orden y composición de sus listas.

Otros problemas graves que plantea la circunscripción nacional es que dificulta la implantación de sistemas de listas desbloqueadas o, incluso, abiertas, ya que habría hasta 350 candidatos/as entre los que elegir nuestras preferencias; y también está el problemilla de que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia (art. 68.2 CE). Por todo ello, me parece una alternativa peor que la circunscripción provincial, habida cuenta de que no impide que se pueda lograr una proporcionalidad casi tan buena como con la circunscripción única con el sistema electoral adecuado.

Consecuencias electorales de los tres sistemas

Optar por uno u otro sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones no hubiera afectado significativamente al desenlace de las pasadas elecciones, aunque sí que hubiera alterado la composición territorial del Congreso al trasladarse escaños desde las provincias más despobladas hacia las grandes circunscripciones (sobre todo, Madrid y Bacelona). La tabla siguiente muestra cuales hubieran sido los resultados de las elecciones generales de 2008 con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, manteniendo el reparto D’Hondt.

En ella se observa como, según se reduce la asignación inicial de escaños (es decir, se iguala el valor del voto en todo el país), CIU -y en menor medida ERC- se ven beneficiadas por el crecimiento del tamaño de Barcelona; el PNV pierde peso al ajustarse el tamaño de las circunscripciones vascas a su población real, e IU dobla su representación gracias a Madrid y Barcelona (cosa que no ocurre con UPyD). Por su parte, el PP es el partido más perjudicado porque pincha en Barcelona, y sus resultados en las otras grandes circunscripciones no es suficiente para compensar la sangría de diputados en las pequeñas.

Resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción
PartidoVotos%
Votos
2 Esc. iniciales1 Esc. inicial0 Esc. iniciales (min 1)
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Esc.
Prov.
% Esc.Difer.
Esc./
Votos
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow sobre los resultados de las elecciones generales de 2008 utilizando el padrón del Real decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, para calcular el tamaño de las circunscripciones.

* Los resultados no concuerdan con los oficiales porque el tamaño de las circunscripciones se calculó sobre otros datos de población, de modo que las provincias de CÓRDOBA, CORUÑA y VIZCAYA tenían un escaño de más, que les hubera correspondido a ALICANTE, ALMERÍA y MURCIA. Desconozco la reglamentación para determinar la base sobre la que se aplica el artículo 162 de la Ley Orgánica de 19 de junio, del Régimen Electoral… pero teniendo en cuenta que las elecciones se convocaron el 15 de enero y mis cálculos se basan sobre el censo oficial del 14 de diciembre, probablemente haya un error en el Real Decreto de convocatoria (PPeros, os han robado un escaño)

PSOE11.288.69844,36%168*48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%168
(=)
48,29%+3,93%
PP10.277.80940,39%155*44%+3,61%153
(-2)
43,71%+3,32%152
(-3)
43,43%+3,04%
CIU779.4253,06%102,86%-0,21%11
(+1)
3,14%+0,08%12
(+2)
3,43%+0,37%
PNV306.1281,20%61,71%+0,51%5
(-1)
1,43%+0,23%4
(-2)
1,14%-0,06%
ERC291.5321,17%30,86%-0,31%3 (=)0,86%-0,31%4
(+1)
1,14%-0,03%
IU969.8713,81%20,57%-3,24%4
(+2)
1,14%-2,67%4
(+2)
1,14%-2,67%
BNG212.5430,84%20,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%2
(=)
0,57%-0,26%
CC-PNC174.6290,69%20,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%2
(=)
0,57%-0,11%
UPyD306.0791,20%10,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%1
(=)
0,29%-0,91%
NA-BAI62.3980,24%10,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%1
(=)
0,29%+0,05%
DESV. TIP2,09%1,93%1,88%

Aunque la mejora de la proporcionalidad en los resultados electorales no es muy significativa, la igualdad de voto es un requisito indispensable para la democracia, que justifica -por sí solo- la aplicación de alguno de los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones.

De aplicarse alguna de las propuestas, millones de españoles/as pasarían a estar mejor representados (numéricamente) en el Congreso y, posiblemente, presenciaríamos un cambio en el comportamiento de los electores: en Madrid (con hasta 47 escaños) y Barcelona (con hasta 41) el voto útil podría atenuarse con el consiguiente incremento de las posibilidades de que otras alternativas políticas ganen fuerza en el Congreso e, incluso, consigan representación por primera vez.

De hecho, en ambas circunscripciones, cualquier fuerza política que lograse presentarse podría conseguir un escaño con menos votos (~68.000) que el valor medio del escaño a nivel nacional (74.000 votos/escaño en 2008) si no fuera por la barrera electoral del 3%, cuya legitimidad es discutible cuando el valor del escaño está por debajo de la misma: si un escaño representa el 2,12%/2,54% del total, ¿cómo se justifica que sea necesario el 3% de los votos para ganarlo?.

Por todo lo expuesto, creo que resulta urgente e importante reformar el sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones antes de la próxima cita electoral, ya que parece claro que -cambiando un sólo número- se puede acercar el valor del voto de millones de ciudadanos y mejorar la proporcionalidad de los resultados electorales un 7,69% (1 escaño inicial) o un 10,18% (0 escaños iniciales) respecto al sistema actual. Ahora hay que convencer a sus señorías para que hagan lo correcto, aunque sea por los motivos equivocados.

Cómo evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP con una sencilla reforma legislativa

Una sencilla modificación del artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que reduzca a 1 o 0 la asignación inicial de escaños a cada provincia podría evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP, y se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea más o menos el mismo y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso

Estimado/a diputado/a socialista,

Dado que le han fastidiado las vacaciones con el tema de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y aprovechando que las Cámaras están reunidas, le hago participe de una sencilla reforma que está en sus manos hacer para evitar (o dificultar) la mayoría absoluta del PP en las próximas elecciones: modificar el artículo 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (y el 162.3) para que la asignación inicial de escaños a cada provincia en el cálculo del tamaño de las circunscripciones sea de 1 o 0, según les convenga.

Como planteo en mi último artículo, la medida no sólo se justifica desde el más estricto rigor democrático, al hacer que el valor de los votos de todos los españoles sea equipare parcialmente y que millones de ciudadanos dejen de estar infrarrepresentados en el Congreso, sino que también les servirá para minimizar la debacle que se les viene encima y -quien sabe- conseguir que si gobierna Rajoy, lo haga sólo durante 4 años.

Si observa la simulación de los resultados de las elecciones generales de 2008 en función del tamaño inicial de la circunscripción observará que la reforma propuesta sólo perjudica al PNV y al PP, partidos claramente privilegiados con el sistema actual, por lo que no les debería costar demasiado reunir los votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria.

A CiU la medida les beneficia claramente: con estos votos, y los suyos, ya suman 180. No obstante, podrían atraer a la causa también a Esquerra, IU, CC-PNC y UPyD, habida cuenta de que -pese a no beneficiarse directamente con los datos de 2008- el crecimiento del tamaño de Tenerife, Barcelona y Madrid hace más difícil que pierdan su actual representación, y les sitúa un poco más cerca de incrementarla.

Además, estoy seguro que el jefe de comunicación del candidato Rubalcaba sabrá cómo convertir esta idea en una campaña de lavado de imagen del partido socialista, que buena falta les hace. Mientras “los que no creen en el valor igual de los votos” califican la reforma de atraco y recurren al Constitucional, el partido socialista resurge de sus cenizas como el paladín de la democracia… y con la coartada perfecta: no sólo no se benefician sobre el papel, sino que la idea la propuso el Consejo de Estado.

Es posible que, bien ejecutada, esta campaña les sirva para recuperar a los menos indecisos y desengañados o, al menos, para frenar la sangría en intención de voto. Desde luego, con el mío no cuenten, ya que aunque no quiero que gobierne el PP, jamás votaría al PSOE para evitarlo. No soy tan tonto como no darme cuenta de lo cercanas que son sus posturas en los asuntos realmente importantes, y el peligro que representa el entendimiento entre ustedes. Al fin y al cabo, del bipartidismo al partido único sólo hay un pequeño paso.

La pregunta es… ¿Cuán grande será la caída?

Con el actual sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones, al PP le basta que el 13% de los votantes socialistas se cambien de bando (o el 22% de los socialistas se abstuvieran) para conseguir mayoría absoluta. Sin embargo, no alcanzaría esa mayoría absoluta si se aplicase alguno de los dos sistemas alternativos propuestos en el artículo.

Resultados electorales en función del sistema de cálculo del tamaño de las circunscripciones
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos.
PP176
(10,278)
176
(11,614)
170
(10,278)
171
(11,614)
172
(10,278)
174
(11,614)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
145
(8,805)
148
(9,821)
140
(8,805)
144
(9,821)

De hecho, analizando los diferentes resultados que depararía el escenario propuesto, y las circunstancias en las que el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con los sistemas alternativos de cálculo del tamaño de las circunscripciones, parece que la mejor alternativa es optar por la propuesta del Consejo de Estado (1 escaño inicial por circunscripción).

Mayorías absolutas del PP según el sistema de cálculo del tamaño de la circunscripción
2 escaños iniciales
(sistema actual)
1 escaño inicial
(prop. Consejo Est.)
0 escaños iniciales – Min. 1
(prop. ReadyforTomorrow)
PSOE -22%
PP =
PSOE -13%
PP +13%
PSOE -30%
PP =
PSOE -18%
PP +18%
PSOE -25,5%
PP =
PSOE -14%
PP +14%
Fuente: Elaborado por ReadyForTomorrow extrapolando sobre los datos de las elecciones de 2008
sobre la (falsa) premisa de que el resto de partidos repiten resultados. Entre paréntesis, millones de votos
PP176
(10,278)
176
(11,614)
176
(10,278)
176
(12,025)
176
(10,278)
176
(11,716)
PSOE144
(8,805)
145
(9,821)
136
(7,902)
141
(9,370)
136
(8,433)
142
(9,708)

De optarse por dicha alternativa, el pacto probablemente sería sólo con CiU y -posiblemente- serían necesarias medidas adicionales, como derogar la última modificación del artículo 169.3 de la LOREG. La lógica de esta derogación es clara: mientras que el PP puede captar a los votantes de partidos extraparlamentarios de (extrema) derecha que no logren presentarse, los de izquierdas y “otros” dificilmente votarán al PSOE (¿o acaso ven a los votantes de C’s, PACMA, PAR, CHA, ARALAR, PUM+J, LOS VERDES… votando al PSOE?).

En cualquier caso, creo que la propuesta bien vale el intento aunque eso implique retrasar un poco las elecciones. Cierto que ver las cargas policiales contra los falangistas en la Cruz de los Caidos en plena jornada electoral (20N) es una publicidad impagable, pero mejor retrasar un mes las elecciones que prolongar cuatro años más la travesía del desierto en la que se embarcan.

Hagan lo que hagan, publicaré en esta misma entrada la simulación de los resultados de las próximas elecciones con los tres sistemas de cálculo del tamaño de las circunscripciones, para que sepan si su decisión fue la acertada o no.

Demócratas antisitema

Las movilizaciones del 15M han congregado en las plazas de toda España a miles de personas reclamando -al unísono- una democracia real a pocas horas de que se celebre otra “fiesta” en su nombre, pero sin su presencia. Mientras, desde la clase política y los medios, se alzan las voces de quienes dicen comprender la indignación generalizada al mismo tiempo que tachan de antisistema a los miles de participantes que exigen -pacíficamente, con un nivel de civismo digno del más idealizado país nórdico y, muchos de ellos, sin saberlo- que se cumpla la Constitución. Yo soy uno de ellos.

Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

Ayuda para presentarse a las elecciones

Estimados/as lectores/as, tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Resulta que me quiero presentar a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid o, al menos, al Ayuntamiento de Madrid, pero la ley electoral me exige que vaya acompañado de -ni más ni menos- 129 y 57 candidatos/as respectivamente (al menos todavía no me piden firmas como aval). Aunque conozco a mucha más gente que entiende que los políticos son el problema, desgraciadamente no conozco a tantos que comprendan que la política es la única salida civilizada al mismo.

Hace tiempo que me aburrí de manifestaciones, recogidas de firmas, de escribir a “mis representados” y de protestas por el estilo. Aun siendo muy loables todas estas iniciativas, ninguna de ellas puede hacer mella en el sistema porque, mientras no haya consecuencias políticas o jurídicas, da igual todo lo que hagamos. Para hacer la limpieza que muchos reclaman es necesario que algunos se arremanguen y bajen a la arena política, porque el poder nunca se cede, siempre se arrebata de las manos de los que antes se aferraron a él.

Este fue el motivo que me llevó a cofundar hace ya más de 3 años Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD), un partido con un proyecto tan sencillo como necesario: lograr la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos sobre los pilares del respeto a los Derechos Humanos, la promoción del Estado del bienestar y el desarrollo de una verdadera Democracia, sin necesidad de intermediarios.

Por ahora somos un partido pequeño: no tenemos pretensiones de gobernar, ni estamos en condiciones de hacerlo. Para estas próximas elecciones nos conformamos con ofrecernos voluntarios como portavoces de la ciudadanía y vigilantes de los gobiernos municipales y autonómicos. Consideramos que, para que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de influencia y decisión en el ámbito político, necesita portavoces a su servicio -no al de sus partidos- en las Asambleas Legislativas y en los plenos municipales… personas que gobiernen para nosotros, por nosotros y con nosotros. Eso es lo que pretendemos.

Sin embargo, para lograr este objetivo no sólo hace falta que la gente así lo decida con su voto, antes es necesario formar candidaturas a las que poder votar, y ahí es donde entras tu. En muchos municipios ya hay grupos organizados que están formando candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD (tu también puedes organizar una si quieres antes del 28 de marzo); sin embargo, en Madrid -mi ciudad, donde pretendo presentarme- faltan candidatos/as.


Ver Candidaturas independientes bajo las siglas de UCiD en un mapa más grande

Nos encontramos en una encrucijada en la historia: el sistema político ha dejado de ser de utilidad a la mayoría de la población, y debe reformarse o morir. Las elecciones de los próximos 2 años son propicias para un cambio real, no basado en la alternancia sino en la adopción de nuevo modelo basado en los ejes sobre los que articula el proyecto político con el que me identifico: acabar con la diferenciación entre gobernantes y gobernados, y hacer que la gestión política responda a los intereses y necesidades de las personas.

Reconozco que no tengo del todo claro cómo se logrará, pero sí que tengo claro que tengo algo que aportar y que el camino empieza por presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada. Aunque parece poco probable que aparezcan los/las candidatos/as para poder presentarnos, y que luego la gente nos vote, sólo lo sabremos intentándolo.

Por eso te pido tu ayuda, y la de tus conocidos, y la de muchas otras personas anónimas que quieran ayudar a completar las listas para que haya más alternativas, más competición y, sobre todo, para que nuestras propuestas se oigan. Los dos sabemos que los problemas de España con la política y los políticos no van a resolverse solos. Si quieres ayudarme, yo quiero intentarlo; pero no puedo presentarme sólo.

Quizás te retraiga el hecho de no conocerme; bueno, yo tampoco te conozco a ti pero -de todas formas- estás invitado o invitada a participar. Por muy mal que lo hagamos, no puede ser peor de lo que ya tenemos (para un ejemplo, véase el vídeo).

Si quieres colaborar, es tan fácil como rellenar la declaración aceptando la candidatura (pdf editable | versión para imprimir) y enviarla, junto a una fotocopia del DNI, a la dirección que se indica al pie de la hoja ANTES de que se acabe el plazo (18 de abril). Obviamente, todo integrante de la lista tiene derecho a participar y decidir sobre el programa electoral, que elaboraremos en el caso de que aparezcan los candidatos.

Para los más desconfiados estoy dispuesto a recoger la documentación en mano en la plaza de aluche a una hora prefijada (laborables de 17h a 20:30h). Así podrás comprobar en persona a quién estás apoyando, y conocer a uno de los candidatos al que -esperemos- podrás votar en mayo.

Decidas lo que decidas, muchas gracias por tu tiempo e interés, y buena suerte en las elecciones. Por mi parte, si logro presentarme esta esta vez, ten por seguro que lo intentará de nuevo en 2012.

La otra barrera electoral

Me entero por el BOE, gracias al aviso de I’m Dario, de algo de lo que -según parece- no se han informado en los medios de comunicación. Resulta que, a partir de ahora, a las elecciones al Congreso y al Senado:

Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria […] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

Partidos políticos que lograrán presentarse al Congreso tras la reforma
PartidoMadridBarcelona
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL1.401.7851.309.171
PARTIDO POPULAR1.737.688470.677
CONVERGENCIA I UNIO547.993
IZQUIERDA UNIDA / INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA164.595155.674
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA184.558
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA132.0955.179
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA¹24.220
LOS VERDES-GRUPO VERDE / ELS VERDS – L’ALTERNATIVA ECOLOGISTA¹10.87512.561
LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID¹9.925
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL¹4.7558.153
PARTIT REPUBLICA CATALA¹4.250
¹ Partido que deberá reunir firmas menos firmas que votos obtuvo en 2008
Fuente: Ready for tomorrow

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Candidaturas políticas al Congreso en peligro de extinción (2012)
CircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin ParlamentariosCircunscripciónCandidaturas ’08Candidaturas sin Parlamentarios
Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.Necesitan firmasVotos < 0,1% elect.
A Coruña17 (100%)12 (70,58%)10 (58,82%)La Rioja18 (100%)14 (77,77%)12 (66,66%)
Álava20 (100%)15 (75,00%)8 (40,00%)Las Palmas24 (100%)19 (79,16%)16 (66,66%)
Albacete18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)León24 (100%)20 (83,33%)17 (70,83%)
Alicante27 (100%)23 (85,18%)16 (59,25%)Lleida28 (100%)22 (78,57%)19 (67,86%)
Almería20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Lugo16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Asturias29 (100%)25 (86,20%)22 (75,86%)Madrid37 (100%)33 (89,19%)30 (81,08%)
Ávila25 (100%)21 (84,00%)20 (80,00%)Málaga21 (100%)17 (80,95%)12 (57,14%)
Badajoz17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Melilla8 (100%)5 (62,50%)3 (37,50%)
Barcelona32 (100%)26 (81,25%)21 (65,62%)Murcia22 (100%)18 (81,81%)16 (72,72%)
Burgos26 (100%)22 (84,61%)17 (65,38%)Navarra21 (100%)16 (76,19%)11 (52,38%)
Cáceres20 (100%)16 (80,00%)12 (60,00%)Ourense16 (100%)11 (68,75%)9 (56,25%)
Cadiz18 (100%)14 (77,77%)10 (55,55%)Palencia19 (100%)15 (68,75%)11 (56,25%)
Cantabria20 (100%)16 (80,00%)13 (65,00%)Pontevedra17 (100%)12 (70,58%)9 (52,94%)
Castellón28 (100%)23 (82,14%)17 (60,71%)Salamanca22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Ceuta11 (100%)7 (63,63%)3 (27,27%)Sta C. Tenerife24 (100%)19 (81,82%)15 (72,73%)
Ciudad Real20 (100%)16 (80,00%)15 (75,00%)Segovia23 (100%)19 (82,61%)16 (69,57%)
Córdoba18 (100%)14 (77,77%)11 (61,11%)Sevilla19 (100%)15 (78,95%)12 (80,00%)
Cuenca19 (100%)15 (78,95%)14 (73,68%)Soria17 (100%)13 (76,47%)7 (41,18%)
Girona28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)Tarragona28 (100%)22 (78,57%)18 (64,29%)
Granada22 (100%)18 (81,82%)15 (68,18%)Teruel21 (100%)17 (80,95%)14 (66,67%)
Guadalajara23 (100%)19 (82,61%)15 (65,22%)Toledo22 (100%)18 (81,82%)16 (72,73%)
Guipuzcua19 (100%)14 (73,68%)9 (47,37%)Valencia28 (100%)22 (78,57%)16 (57,14%)
Huelva17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)Valladolid21 (100%)17 (80,95%)11 (52,38%)
Huesca21 (100%)17 (80,95%)13 (61,90%)Vizcaya21 (100%)16 (76,19%)10 (47,62%)
Islas Baleares20 (100%)16 (80,00%)11 (55,00%)Islas Baleares17 (100%)13 (76,47%)9 (52,94%)
Jaen19 (100%)15 (78,95%)13 (68,42%)Zaragoza23 (100%)19 (82,61%)14 (60,87%)

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

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Café y barrita 96cents… en el Congreso de los Diputados

Bueno, esto no deja de ser una anécdota con tufillo demagógico, pero el otro día estuve en el Congreso de los Diputados y, dado que me tocaba esperar, sentí la perversa curiosidad de saber cuánto costaría un café allí… por aquella famosa respuesta de Zapatero sobre que un café cuesta 80 céntimos en la calle.

Como no había desayunado, me pedí también una barrita tostada -lo cual desvirtúa el experimento-, pero creo que los resultados son igualmente significativos, y sirven para comprender hasta que punto se puede estar desconectado de la realidad. Un café bien hermoso (a medio camino entre taza y tazón) y una barrita tostada, partida por la mitad, y que medía casi un palmo… por 96 céntimos (IVA incluido, of course).

Mira que he probado cafeterías gestionadas por el grupo Arturo CantoBlanco, pero ninguna tan generosa con las raciones, de tan buena calidad y tan barata. Así no hay crisis que duela.

Espero que este post me sirva para recordar que, por algún extraño motivo se tiende a edulcorar la realidad a quienes tienen que tomar las decisiones importantes, de modo que a la tardanza propia del proceso se añade otra producida por la ocultación de la realidad. Seguro que el día de los 80 céntimos marco un antes y un después en la intensidad con la que se luchaba contra la crisis.

Necesitaré este recordatorio porque, después de probar esas barritas, he decidido que tengo que conseguir un escaño como sea :P

A continuación, la prueba del delito. Lástima no haberle sacado también una foto al desayuno (lo siento, estaba hambriento).

Representatividad con Gobernabilidad

Al hacer depender la elección de dos de los poderes del estado de una única expresión de la voluntad popular, el diseño del parlamentarismo obliga a los ciudadanos a optar entre dos características igualmente necesarias de todo sistema político: la representatividad de su cámara de representantes, y la gobernabilidad de su gobierno. La elección, que se plantea como ineludible, es sobre la que versan innumerables discusiones sobre las fórmulas electorales que deben permitir la conversión de votos en escaños. Aunque son muchas las soluciones propuestas, algunas capaces incluso de conciliar ambos aspectos, lo cierto es que el error es de planteamiento.

La naturaleza del ejecutivo y del legislativo es muy distinta, por lo que no parece práctico elegirlos en una misma votación, ni se justifica desde la doctrina de separación de poderes. Al primero se le exige dirigir la política de la nación, mientras que al segundo se le encomienda la elaboración de las normas centrales del ordenamiento jurídico, el control político del Gobierno y la aprobación del régimen de ingresos y gastos del Estado.

Mientras que para el primero es necesaria una figura digna de la confianza de la ciudadanía, que cuente con un programa político que desarrollar y ejerza un liderazgo fuerte, capaz de dar soluciones satisfactorias a los imprevistos que se presenten; para el segundo, lo que se necesitan son portavoces de la pluralidad de puntos de vistas existentes en la sociedad, capaces de mantener en jaque al Gobierno y de auditar -y mejorar- el funcionamiento del Estado.

A este segundo conjunto también le corresponde el introducir en la agenda política los asuntos más relevantes para los grupos a los que representan, y plantear alternativas respecto a las iniciativas de otros. Son los encargados de ofrecer a la ciudadanía otras propuestas y otros modelos de gestión con los que comparar los que tenemos, e introducir -con ello- la competición en la política. De ahí la necesidad de cambiar las mayorías artificiales en el parlamento por la representatividad plural.

La competencia produce calidad, también en política

La competencia resulta fundamental para la democracia, porque es la que aumenta el nivel de autoexigencia de los políticos y la calidad de las ofertas que se formulan. Sin competencia ni alternativas no hay incentivos para mejorar ni para participar, solo mediocridad y desapego. Por eso, sacrificar la representatividad en aras de la Gobernabilidad es suicida, sobre todo habiéndose “superado” la Transición, momento en el que esta medida sí estuvo justificada.

Una vez consolidado el parlamentarismo en España, ya no es necesario mantener un sistema que altera la formación y manifestación de la voluntad popular al imponer altos costes y barreras de entrada a potenciales alternativas. Desgraciadamente, tanto el PSOE como el PP coinciden en la necesidad de perpetuar un sistema tan disfuncional para mantener el status quo, y proteger su duopolio del poder excluyendo a la competencia, y petrificando el sistema de partidos políticos.

Parece claro que el sistema de representación cada vez satisface menos las demandas de quienes lo sustentan, por lo que -de continuar ampliándose la brecha entre representantes y representados- acabará quebrando: siendo desmantelado por la fuerza, o desplegando la suya para reprimir y castigar a quienes lo amenazan, que cada día somos más. Que este pasado diciembre “la clase política y los partidos políticos” fueran percibidos como el tercer problema de los Españoles (p. 5), por encima de la inmigración o el terrorismo por enésimo mes consecutivo; o que 2/3 de los encuestados en noviembre estuvieran poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento (p. 18) y el 60% opine que “en las Cortes se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, en vez de discutir los problemas fundamentales del país” (p. 17) da una idea del desacoplamiento que se está produciendo entre las aspiraciones de los españoles y las prioridades de los políticos.

Como ciudadano, mi máxima prioridad política es obtener los mejores resultados posibles de mi voto y mis impuestos; algo que el sistema electoral español no me permite por su clara disfuncionalidad en términos de representatitividad, que -a su vez- genera también disfunciones en términos de competitividad. Por tanto, congratularse por “la estabilidad y la gobernabilidad” que proporciona nuestro sistema electoral es no comprender el precio que se paga para conseguirla, ni saber que puede obtenerse por otros medios.

Así es: representatividad y gobernabilidad son compatibles. Bastaría combinar la elección directa del Presidente del Gobierno con un sistema electoral plenamente proporcional para garantizar la estabilidad del sistema político, habida cuenta de que el Presidente sería investido por el voto de los ciudadanos y, en un Parlamento fragmentado, difícilmente podría prosperar una moción de censura constructiva. Sería necesario, no obstante, realizar algunos cambios para facilitar al Gobierno el proceso legislativo[¹], habida cuenta de que el aumento de la representatividad dificultaría la construcción de mayorías.

En un sistema como el propuesto, las mayorías artificiales basadas en el sistema electoral y la disciplina de partido darían paso a mayorías basadas en el consenso, sin producir por ello inestabilidad gubernamental. No obstante, el cambi probablemente generaría cierta parálisis legislativa hasta que los supervivientes del proceso de reconversión interiorizaran las nuevas condiciones en las que deberán realizar su trabajo: menos leyes, más consensuadas, más duraderas, y sólo las necesarias.

En efecto, la fragmentación permitirá -creo yo- contener la proliferación legislativa, y obligaría a realizar una política más constructiva y orientada a la ciudadanía. Nos ahorraríamos confusiones como las de Arsenio Fernández de Mesa al afirmar que “el PP representa a la mitad de los españoles“, cuando sólo le votaron un tercio de los que tenían derecho a voto (que son sólo casi dos millones más de los que se abstuvieron).

A estas medidas podrían sumarse otras como sustituir la propaganda electoral por el envío de un folleto en el que cada candidatura disponga del mismo espacio para comunicar su programa electoral, la posibilidad de presentar listas incompletas (a riesgo de que otras formaciones ocupen los escaños si faltaran candidatos), eliminación del umbral de porcentaje mínimo de votos para ser incluido en el recuento (especialmente en aquellas circunscripciones en las que un escaño representa, sobre el total, un porcentaje por debajo de la barrera electoral), el aumento del número de escaños del Congreso a 400, o la selección de los candidatos de cada lista (y su orden) directamente por los afiliados al partido en cada circunscripción.

Con estas, y otras propuestas, es posible construir un sistema político altamente competitivo y flexible, en beneficio del ciudadano. Sólo hace falta que, quienes pueden hacerlo, voten para alejar del poder a las viejas elites dirigentes y sustituirlas por personas sin intereses creados, dispuestas a llevarlas a cabo. Líderes más adecuados a los tiempos que corren, y conscientes tanto de que no deben morder la mano que les da de comer, ni criminalizar a la población por no compartir su anquilosada visión de la realidad, como de que la sociedad española no es ni roja ni azul: hay una amplia gama de colores, y su proporción varía según el tema.

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[¹] Por ejemplo, aumentando la vigencia temporal de los decretos leyes antes de su convalidación.